Esta refutación surge a partir de la conferencia de prensa que sostuvo la canciller del gobierno transitorio, Karen Longaric, el día de ayer jueves 21 de mayo, a fin de esclarecer la vinculación de la cancillería con el “caso Respiradores”.
Por lo cual, me remito expresamente a sus declaraciones, de las cuáles se desprenden más preguntas e indignación, que respuestas y certidumbre.
En primer lugar, la canciller aduce no conocer personalmente al Cónsul General de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja Lozada, para poder desvincular su responsabilidad con los hechos de corrupción de los 170 respiradores provenientes de España. Argumenta, que en este asunto ella tan solo se ocupó de brindarle el número telefónico del cónsul al exministro Navajas. Alarma número uno de que existió una coordinación interministerial al respecto y que, por tanto, como autoridad principal debiera darle seguimiento.
Sin embargo, la designación de este funcionario fue firmada por ella misma y la presidenta del Estado. Es, así, vital mencionar que todo funcionario con designación al Servicio Exterior de ese ministerio, como es el caso del señor Pareja, en tanto funcionario público debe cumplir con un formulario de recorrido. Este consiste en breves entrevistas y obtención de firmas de las direcciones principales del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como del viceministro del área correspondiente y, por supuesto, de la propia canciller, con el objetivo de recibir información que coadyuvará con el desempeño de sus futuras funciones y como requisito previo a la partida a su misión correspondiente.
En este caso, no se trata del último puesto de la representación diplomática, se trata de un Cónsul General, nada más y nada menos, que en la segunda legación diplomática más importante del Estado Plurinacional, como es, ante España. La canciller considerará que todos somos tan parsimoniosos de pensamiento como ella misma para no refutar que ella no conozca a quién designa en ese importante cargo. No obstante, dada la firmeza con la que afirma no conocer a esta persona, cabe cuestionarse cuánta autoridad tiene realmente la canciller en su propia Cartera de Estado.
En segundo lugar, ella afirma que funcionarios de su gabinete recepcionaron la nota interna clasificada como “Urgente” que contenía el informe del cónsul (fechada 11 de mayo) y que no le informaron al respecto, derivándola directamente a los viceministerios. Transcurren 7 días y ella se entera por “redes sociales” de la existencia de dicho informe y dicha compra (día 18 de mayo). Este testimonio devela, una vez más, que los viceministros de cancillería no le informan, ni coordinan con ella, ningún asunto en el curso de esos largos y lamentables días de penuria para nuestro país.
Igualmente, la canciller manifiesta drásticamente que los funcionarios de su despacho ya tienen una sanción de carácter administrativo por esta falta. Me pregunto cuán desvergonzada se puede ser para castigar injustamente a funcionarios de bajo y medio rango, entendiendo que ella misma declara no haber consultado siquiera por cuestiones de índole administrativa –como ser la correspondencia a ella dirigida como Máxima Autoridad Ejecutiva– durante ese lapso de tiempo. Al respecto, la acción u omisión del servidor público que cause daño al Estado acarrea responsabilidad civil.
Aún más dudoso es que Mohammed Mostajo, al ser dependiente de cancillería como “Embjaador de Ciencia”, ya el 5 de abril, expuso en una entrevista en televisión nacional que se trataba de la compra de insumos médicos más grande en la historia del país. Muy bien, si se trata de una gestión de tal envergadura, cómo desatina la canciller en dar si quiera seguimiento a las coordinaciones delegadas a funcionarios suyos –el embajador de Ciencias y tecnología y el Cónsul en Barcelona– como parte de su propia gestión interministerial ante un tema tan álgido y urgente. Acoto que ella misma solicitó al consulado en Barcelona que ayudara al ministro de Salud en todos los requerimientos que él tuviera.
En tercer lugar, Longaric manifiesta que ve un afán del MAS por involucrarla en este caso por razones de índole política, puesto que “no le perdonan” que haya roto relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela. Continúa declarando que desde el primer día al frente de cancillería, ha cambiado la orientación de la política exterior del estado. Aunque en la praxis sabemos el penoso desarrollo de los hechos diplomáticos en estos 6 meses, la reorientación de la política exterior no está entre sus atribuciones, simple y llanamente, por que se trata de un gobierno transitorio.
Y con cuánta franqueza se manifiesta frente a la relación con Cuba. Longaric obtuvo su doctorado en Relaciones Económicas Internacionales en ese país, cuando su esposo Franklin Panka Anaya era embajador de Bolivia ante tal nación. Rememoremos que Panka Anaya era considerado un amigo por Fidel Castro, quien como embajador fue parte de uno de los momentos más importantes de la relación diplomática entre ambas naciones. Lamentable es pensar, que, por entonces, Longaric aprovechó los beneficios académicos cubanos, que le valieron de credencial para su posterior desempeño profesional en las lides diplomáticas.
Ahora bien, en los mismos 10 minutos de conferencia, Longaric indica que han exonerado a 180 funcionarios del MAS –tan solo “en estos últimos días” a 18 personas– agregando calificativos que no corresponden a una autoridad estatal. A confesión de partes, relevo de pruebas: masacre blanca. De igual modo, se define discriminación (Art. 5 Párr. A de la Ley 045) por ideología, filiación política o filosófica el hecho de “anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la CPE y el derecho internacional”, dos textos jurídicos que, presumimos, la canciller conoce. Por extensión, no se puede privar de trabajo a ningún ciudadano por razones de ideología o militancia política y menos aún referirse a ellos en los términos que la canciller hizo ante medios nacionales. Sus declaraciones merecen cárcel.
Por último, cabe recordar que el señor Mostajo es funcionario de cancillería. Si bien su designación corresponde a la de Primer Secretario de Bolivia ante las Naciones Unidas en Nueva York, la población nacional sabe que radica en Bolivia. Mostajo percibe un salario de más de 6000 dólares –entre haber básico y compensación de costo de vida de servicio exterior– pero reside en territorio nacional, lo cual es desde ya una falta flagrante y cómplice a la normativa, puesto que ningún funcionario puede ausentarse de la misión a la que fue designado. En caso de hacerlo, debe contar con el beneplácito de su Máxima Autoridad Ejecutiva, ergo, la canciller.
Este es solo un caso sobre Cancillería. Otras madejas familiares en Exteriores fueron denunciadas en estos días. No obstante, ya habrá espacio para referirnos a ello. Lo que urge preguntarse hoy es ¿en qué país vive la canciller Longaric?