«Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer para venir a servir a vuestra merced». Don Quijote de la Mancha Los números fríos no reflejan las angustias, temores, penalidades y sentimientos de quienes se ven obligados a abandonar, por diversas razones, sus países originarios. Sólo informan los efectos, aparentes, de la fenomenología […]
Don Quijote de la Mancha
Los números fríos no reflejan las angustias, temores, penalidades y sentimientos de quienes se ven obligados a abandonar, por diversas razones, sus países originarios. Sólo informan los efectos, aparentes, de la fenomenología del arduo y contradictorio proceso inhumano de la migración-inmigración, propio de la dinámica inherente al funcionamiento del sistema capitalista que padecen millones de personas y que se agudiza día a día en todo el mundo.
Los informes oficiales, los doctos análisis de los especialistas y las informaciones que proporcionan los medios corporativos de comunicación y algunos organismos civiles, sólo dan cuenta de las apariencias que generalmente tienden a justificar las medidas restrictivas y punitivas que están implementando los gobiernos, particularmente, de Estados Unidos y México para supuestamente «resolver» el éxodo migratorio que en los últimos años se ha convertido en una profunda y compleja problemática en ambos lados de sus fronteras.
El Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) consideró que al cierre del año 2019 se habrán efectuado alrededor de 1 millón de detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos. Asimismo, señala que en los primeros meses del «año fiscal» (que en este último cubre el período del 1 de octubre y el 30 de septiembre de cada año) se registraron 688 mil detenciones en la frontera; más del doble del mismo periodo cada año desde 2014.
Otro de los datos que proporciona ese Instituto es que, en lo que va de 2019, han sido arrestados 64 mil «menores no acompañados» contra, por ejemplo, 69 mil detenidos en 2014. Se informa que entre enero y julio de ese año entraron «irregularmente» a Estados Unidos unos 170 mil menores de edad.
Las personas que han sido enviadas a México para esperar la respuesta oficial de Estados Unidos a su solicitud de asilo para internarse en ese país (alrededor de 27 mil 424 hasta la fecha) provienen de 14 países, principalmente albergados en Nogales, Sonora. Los que proceden de Centroamérica constituyen la mayoría, junto a 2 mil 348 cubanos, 812 ecuatorianos y 314 ciudadanos de Venezuela. Por número, le siguen de Colombia (29), Perú (20), República Dominicana (ocho), Costa Rica (dos) y Uruguay, Brasil y Trinidad y Tobago con un caso cada uno. La mayoría de los solicitantes de asilo son guatemaltecos (10 mil 432), hondureños (9 mil 510) y de El Salvador (3 mil 587).
Pero las deportaciones no ocurren solamente de Estados Unidos a México («país seguro» bautizado así por Trump), sino de este a Centroamérica. Así, el Instituto Nacional de Migración informa que las «repatriaciones» de centroamericanos, entre el 21 y 27 de julio, sumaron un total de 3 mil 349 personas: 738 de Guatemala, mil 993 de Honduras y 618 de El Salvador, mientras que permanecen en las estaciones migratorias unos 2 mil 914 de estas mismas nacionalidades en espera de su deportación, más otro tanto que no corresponde a ellas lo que eleva el total, al 27 de julio, a 8 mil 469 personas (información recabada de La jornada, 4 de agosto de 2019: https://www.jornada.com.mx/2019/08/04/politica/004n1pol).
El número de migrantes detenidos ha ido en aumento desde el mes de abril de 2018 cuando se detuvo al doble o al triple de migrantes. Pero el INM indica que junio fue el mes en el que se detuvo a más migrantes (alrededor de 30 mil) justamente a raíz de la firma del «acuerdo migratorio» con Estados Unidos cuando el magnate de la Casa Blanca amenazó con la imposición de aranceles a productos mexicanos si no se frenaban los flujos migratorios hacia su país.
Uno de los más crudos episodios de las injusticias cometidas por las autoridades migratorias norteamericanas fue la redada que detuvo a 680 personas-trabajadores migrantes y que tuvo lugar en 6 plantas de procesamiento de productos agrícolas en seis ciudades de Mississippi. Según la Cancillería entre ellos fueron detenidos 122 mexicanos.
Una de las aristas que pone de relieve este bochornoso e inhumano hecho fue que, una vez sometidos a investigación se percataron de que muchos de los detenidos eran ciudadanos estadounidenses que, una vez comprobada su nacionalidad, fueron puestos en libertad, lo que demuestra que las detenciones se efectuaron, no por indicación de alguna autoridad u orden judicial, sino por el aspecto y el color de la piel; por el fenotipo de los trabajadores de las plantas bajo una perspectiva racista y xenofóbica que alimenta fehacientemente el mismo presidente norteamericano.
Cifras del gobierno mexicano y de la Associated Press indican que al menos 40 mil migrantes están en las listas de espera y permanecen en la frontera (La Jornada, 9 de agosto de 2019) sin visos de que su situación se resuelva en un mediano plazo que muy bien se puede extender por meses o, aun, por años. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, colindante con El Paso, Texas, esperan, sólo en el mes de mayo, 5 mil 600; en Nuevo Laredo (colindante con Laredo, Texas), mil 800 y en Matamoros (contiguo a Brownsville, Texas) mil 500. Y en San Luis Río Colorado (Yuma, Arizona), Reynosa (McAllen, Texas) y Piedras Negras (Eagle Pass, Texas) había alrededor de mil en las listas de espera y desesperados en ese mismo mes.
A esta tragedia se agrega la reciente masacre perpetrada por un supremacista blanco contra latinoamericanos y mexicanos que mató, después de viajar en automóvil más de 10 horas, a 22 personas en El Paso, Texas, de los cuales 8 eran mexicanos en Wal-Mart «Cielo Vista» en El Paso, Texas, el 3 de agosto. Y para coronar, en esta etapa anti-inmigratoria, el gobierno de Trump decretó una «norma» (el 12 de agosto) para reducir y limitar significativamente la cantidad de personas migrantes que permanecen legalmente en el país y poseen la famosa «tarjeta verde» (green card) o, incluso, visas para trabajar. Esta nueva disposición significa que muchos solicitantes de tarjetas verdes y de visas podrán ser rechazados si tienen «bajos ingresos o poca educación» porque se presupone que necesitarán «asistencia del gobierno en el futuro». La norma, que puede ser todavía rechazada en los tribunales, será efectiva a los 60 días después de que sea publicada en el Registro Federal. En otras palabras: todo a aquél que sea considerado por las autoridades norteamericanas bajo sus particulares criterios como una «carga pública», o sea que reciba beneficios tales como asistencia alimentaria o vales de ayuda para vivienda o alimentación, con esta nueva disposición será inmediatamente deportado o rechazada su solicitud.
Así se cierra el círculo de muros y obstáculos que el gobierno de Donald Trump ha interpuesto entre su país y los millones de trabajadores que se ven obligados a abandonar sus países y hogares para preservar sus vidas y conseguir, supuestamente, un mejor nivel de vida que -¡desafortunadamente es la creencia popular!- se los proporcionaría el desdibujado y utópico «sueño americano».
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