De la represión sangrienta de Chilpancingo el 12 de diciembre no todos extrajeron lecciones. Aún un hecho que impactó fuertemente a la opinión pública nacional e internacional como el asesinato de dos estudiantes normalistas por la policía (al parecer la Ministerial del estado), no ha refrenado las tendencias represivas en otras autoridades. Tal vez sea […]
De la represión sangrienta de Chilpancingo el 12 de diciembre no todos extrajeron lecciones. Aún un hecho que impactó fuertemente a la opinión pública nacional e internacional como el asesinato de dos estudiantes normalistas por la policía (al parecer la Ministerial del estado), no ha refrenado las tendencias represivas en otras autoridades. Tal vez sea porque, más de un mes después de los hechos de Guerrero, no hay ningún consignado y la impunidad campea en medio del peloteo entre autoridades estatales y federales. Tal vez porque los gobernantes presumen que la vida de los ciudadanos es un elemento prescindible cuando de imponer la ley del más fuerte y de defender poderosos intereses se trata.
El 19 de enero murió en un hospital de la ciudad de Oaxaca Bernardo Méndez Vásquez, miembro de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle Central, como resultado de tres disparos, uno de ellos en el abdomen que le atravesó el cuerpo, que a corta distancia recibió en el municipio oaxaqueño de San José del Progreso el día anterior. Junto con él, la ciudadana Abigaíl Vásquez Sánchez, del mismo municipio, fue herida de un balazo en una pierna, que la mantiene también hospitalizada y que le dejará secuelas permanentes. Más de 20 pobladores sufrieron en la misma acción golpes y lesiones varias. ¿Delincuentes? ¿Abigeos? ¿Asaltantes? No. En el momento de ser lesionados gravemente se encontraban en una movilización de ciudadanos para demandar información de las autoridades municipales acerca de un pozo profundo excavado en su comunidad para abastecer de agua a la Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Co, asentada en ese municipio para la explotación de plata de la mina La Trinidad. El presidente municipal priísta de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, encabezaron a la Policía Municipal, según los testimonios recabados, para enfrentar la movilización ciudadana usando armas largas contra los pobladores que exigían parar las obras.
La comunidad del municipio de San José del Progreso ha padecido de años atrás por el déficit de agua, un bien muy escaso en la región. Se ha organizado en la coordinadora, en principio, para recuperar, con relativo éxito, los recursos hídricos de que se dispone en la región. La excavación de un pozo profundo y el tendido de tubería para abastecer a la Minera Cuzcatlán llevaron a la movilización ciudadana que ahora tiene por segunda vez un saldo trágico.
No es un conflicto nuevo. Dice el desplegado al respecto publicado por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que se ha solidarizado con los agredidos: «El día 14 de marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio, en ejercicio del derecho universal a la libre autodeterminación y como dueños ancestrales de sus tierras, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras, manteniéndolas así por más de dos meses sin que las autoridades municipal, estatal y federal atendieran su inconformidad (…). Posteriormente, el 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José (El Cuajilote, Maguey Largo) y de otros municipios -que también se oponen a la operación de la Minera Cuzcatlán-, como Magdalena Ocotlán, participaron en el bloqueo de un camino local que pretendía utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina. En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso (Óscar Venancio Martínez Rivera) y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera».
La empresa transnacional ha sabido proteger sus intereses. Los habitantes de San José del Progreso -ubicado en la región de los Valles Centrales oaxaqueños- han denunciado repetidamente la presencia de un grupo paramilitar que se hace llamar Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos, el cual actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las actuales autoridades municipales. Su objetivo: enfrentar las protestas de los ciudadanos frente al saqueo de la empresa minera. Con anterioridad, tal «asociación civil» ha golpeado y amenazado a los activistas que se oponen a las condiciones en que se da la explotación argentífera en la zona. El presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, es partidario incondicional de la filial canadiense, y su hermano Carlos Sánchez Muñoz es contratista de la misma. Casi desde el inicio de su gestión ha tenido que despachar en casas particulares, pues el Palacio Municipal se encuentra tomado por los opositores a la empresa minera.
El yacimiento explotado por Fortuna Silver ocupa al menos 702 hectáreas dentro del municipio. En algún momento, el comisariado ejidal canceló el permiso de explotación de los yacimientos, pero las autoridades municipales avalaron, sin estudios de impacto ambiental ni declaración formal de cambio de uso del suelo, la continuidad de la empresa extractiva.
Desde 2008 se ha mantenido vivo el conflicto entre la empresa minera y los habitantes de San José, arreciado porque aquella tiene a las autoridades estatales y municipales de su lado. Se estima que el costo de producción de una onza de plata en La Trinidad es de 7.40 dólares, misma que se cotiza en el mercado internacional a 32.20 dólares, con una ganancia de 24.80 dólares. Cuzcatlán estaría produciendo anualmente cinco millones de onzas de plata, con una ganancia de 124 millones de dólares. ¿Qué beneficios ha traído a la región de San José esta riqueza? Ninguno. Sí, en cambio, la división de la comunidad, la extracción no sólo de la plata, sino de recursos acuíferos, la violencia, la manipulación electoral para imponer autoridades afines a su conveniencia…
El asesinato de ciudadanos inermes viene a corroborar la criminalización creciente de la protesta social, lo mismo en Guerrero que en Oaxaca y en otras entidades. Los guardianes del capital, lo mismo que los del principio de autoridad, no se detienen en minucias como la vida de los habitantes de una región saqueada, para preservar el boyante negocio. Las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno no ceden. En Chilpancingo, la Policía Federal y la Ministerial; en San José del Progreso, la Policía Municipal y los paramilitares.
Pero la experiencia de San José puede ser también aleccionadora de la senda que han de recorrer los pueblos y comunidades para enfrentar los poderes que los someten. Más de un año de un gobierno pretendidamente democrático en el estado, como el de Gabino Cue Monteagudo, no ha sido suficiente para resolver este conflicto, como tampoco ha servido para mejorar el del municipio autónomo de San Juan Copala, donde los expulsados aún no pueden volver a sus tierras por la represión de los cuerpos paramilitares. Sin embargo hay por parte de los sanjosefinos una manifiesta voluntad de resistir, que requiere de la más amplia solidaridad, no sólo en el plano nacional, sino en el internacional. Son víctimas no ya sólo de las prácticas caciquiles tradicionales, sino de la subsunción de los cacicazgos mismos por intereses de naturaleza global. La respuesta debiera ser de la misma dimensión.
Fuente original: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=6124
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