[…] la mentira política, […], es el Arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables y hacerlo a buen fin. [Se] denomina Arte para distinguirlo así de la acción de decir la verdad, para la cual al parecer no se precisa de ningún arte. […] se requiere más arte para convencer al pueblo de una verdad saludable que para hacer creer y aceptar una falsedad saludable [, ya que] existen falsedades de ese tipo, es decir, saludables.
John Arbuthnot: Arte de la mentira política (atribuido a Johnatan Swift).
Sería difícil controvertir que la transparencia y derecho a la información y el combate a la corrupción son dos (entre varios más), de los grandes fracasos, mejor habría que decir omisiones, del actual gobierno nacional. No obstante ser de las grandes banderas que el tres veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ondeó en sus campañas, su incumplimiento es evidente, y no por casualidad. De lo que no hay duda es de que se trata de puntos muy sentidos por los ciudadanos que, en su momento, orientaron el voto de muchos de ellos hacia el candidato del Morena.
Por ejemplo, al instalar tras el fraude electoral de 2006 su llamado Gobierno Legítimo, López Obrador anunció como número 2 del programa que se proponía cumplir, el “Defender el derecho a la información y demandar la apertura de los medios de comunicación a todas las expresiones de la sociedad”. Más adelante, en un discurso emitido el 21 de marzo de 2011, consideraba el líder tabasqueño que la mayoría de los medios de difusión eran desconfiables por tratarse de “instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público”, y que por tanto había que reordenarlos.
En el Nuevo proyecto de nación que una diversidad de autores escribió y difundió para dotar de propuesta programática a la campaña de López Obrador de 2011-2012, uno de los puntos era: “Garantizar el derecho a la información de los mexicanos. Establecer figuras como el derecho de réplica y de información sobre asuntos de interés público. Crear una defensoría del público y los derechos de la audiencia, encargada de recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión” (pp. 99-100).
En este final de gobierno no se puede menos que decir que la transparencia y el derecho a la información son todavía una aspiración para la sociedad mexicana, y que prácticamente ninguno de los propósitos anunciados electoralmente en esa materia en 2006, 2012 y 2018 se ha cumplido. Los grandes medios siguen distorsionando y manipulando a la información; no hay derecho de réplica ni defensoría de las audiencias frente a la información oficial.
Desde diciembre de 2018, en cambio, han sido al menos cuatro vías por las que se torpedea el derecho a la información y se implanta cotidianamente la opacidad en el gobierno de AMLO:
- Se ha minado y debilitado al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, restringiéndole presupuestos y, sobre todo, incumpliendo desde hace alrededor de dos años la obligación del Senado de la República de designar nuevos consejeros. Con sólo cuatro consejeros vigentes en sus funciones, de siete que debieran ser, el INAI ha tenido que recurrir a la Suprema Corte para que les autorice sesionar y resolver las demandas de información que les presentan miles de ciudadanos en diversas dependencias gubernamentales.
- Desde noviembre de 2021, el presidente decretó de “seguridad nacional” una diversidad de actividades puestas en manos de las fuerzas armadas, incluidas las obras emblemáticas del sexenio como el llamado Tren Maya, el corredor transítsmico, aeropuertos, etc., con el objetivo de que no puedan ser fiscalizados ni esté accesible la información concerniente a costos, contratos, tiempos y procedimientos de construcción y otros aspectos de interés público. Sólo el 18 de mayo de 2023, con una votación dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional ese decreto.
- Ha sido claro el aval otorgado por el presidente al ocultamiento de datos por el ejército en los casos de Iguala y la llamada guerra sucia, que mantienen la oscuridad sobre hechos que agredieron a la sociedad, en los que ha participado el ejército. Aunque el presidente ha declarado públicamente que la Sedena “entregó todo”, hay evidencias de que mantiene oculto un cierto cúmulo de documentos que han escamoteado tanto al GIEI como a la Comisión para el Acceso a la Verdad (véase “Así el Ejército ocultó información sobre el caso Ayiotzinapa”. Proceso X, abril de 2024; https://aristeguinoticias.com/1210/aristegui-en-vivo/enterate/sedena-impide-acceso-a-expedientes-argumentando-que-no-estan-vinculados-a-violaciones-a-dd-hh-meh-enterate/). No han entregado tampoco a la FGR, a ciencia y paciencia de la presidencia, los expedientes relativos a los “vuelos de la muerte”, recientemente documentados por una investigación periodística. “Me consta que han entregado todo lo que tienen”, declaró el presidente en su mañanera del 12 de octubre de 2023.
- La opacidad pasa por la creciente asignación de contratos de manera directa, sin licitación, contraviniendo el Plan Nacional de Desarrollo y dejando al albedrío libre de los altos funcionarios de las dependencias gubernamentales el manejo de una parte importante de los recursos presupuestales (https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-otros-contratos-de-la-Cuarta-Transformacion-20220218-0061.html).
No se faltaría, así, a la verdad, si se caracteriza al de López Obrador como un gobierno de opacidad, sin el debido acceso a la información pública. La política informativa cuatroteísta parece estar inspirada en el escritor y médico escocés John Arbuthnot cuando escribía: “[…] debe entenderse que el pueblo tiene derecho a la verdad privada: a esperar que sus vecinos les digan la verdad en sus asuntos propios; que todo el mundo tiene derecho a la verdad económica, es decir a exigir que los miembros de su familia le digan la verdad a fin de que no le engañen su mujer, sus hijos o sus criados. Pero que no existe ningún derecho a la verdad política; que el pueblo no tiene derecho alguno a pretender ser instruido en la verdad de la práctica del gobierno, como tampoco tiene derecho a pretender poseer grandes patrimonios, tierras o casas señoriales” (Arte de la mentira política. Madrid, Eds. Sequitur, p. 35).
De dos cosas no deberían caber dudas. Una, que López Obrador es un excelente comunicador que logra, con ideas breves y claras, pero machaconamente repetidas, conectar su discurso con su audiencia y hacerlo creíble para ésta. Y dos, que las conferencias de prensa mañaneras son en principio un excelente instrumento para difundir información que puede ser relevante en el quehacer gubernamental.
Sin embargo, ese instrumento se ha pervertido por su uso faccioso por parte del comunicador. En la mañanera no sólo se tratan asuntos de gobierno o de Estado sino, con demasiada frecuencia, las opiniones y posiciones políticas personales del presidente, bajo el supuesto de que tiene “libertad de expresión”, omitiendo el pequeño detalle de que es el representante del Estado mexicano y que todo lo que él diga desde un recinto oficial, en horas hábiles y empleando los medios de difusión del Estado, no puede tomarse como una mera opinión ciudadana, sino como la expresión de lo que él representa: el gobierno que encabeza y el Estado mismo. Desde esa tribuna privilegiada se comporta López Obrador como dirigente de partido y jefe de campaña de su candidata presidencial, con una trama discursiva dirigida a su feligresía, y no al conjunto de la nación.
Pero no sólo eso. También con demasiada frecuencia, la tribuna del Estado y sus funcionarios sirven para una ya institucionalizada guerra contra opositores y críticos a los que se conduce inmisericordemente al patíbulo mediático cubriéndolos de adjetivos que luego son difundidos y amplificados en redes sociales con memes y descalificaciones instantáneas, dirigidas también a quienes expresan críticas al imperial gobernante.
Desde luego quiero referirme al más reciente caso de linchamiento promovido desde el recinto del poder, el de María Amparo Casar Pérez, una intelectual de tiempo atrás crítica de este gobierno, como en su momento también lo fue de los anteriores, ex asesora de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox y actualmente presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que ha venido denunciando —como es de esperarse— casos de corrupción y deficiencias en el actual gobierno morenista.
La andanada contra la politóloga y periodista es, aunque una más, insólita. Al informar de las finanzas de la empresa estatal a su cargo, el director de Pemex Octavio Romero Oropeza, mencionó, como parte de la lucha contra la corrupción, el caso de Casar, que recibiría de la paraestatal una supuesta abultada pensión por la muerte, hace veinte años, de su esposo Fernando Márquez Padilla García, entonces alto funcionario de la empresa. En la interpretación del hoy director general de la petrolera nacional, y del presidente López Obrador, ese deceso se trató de un suicidio, por lo que la viuda y sus hijos no merecían esa prestación y se trata de una grave irregularidad que afecta el patrimonio de la nación. Se trata, dice el funcionario, de más de 30 millones de pesos que Casar ha cobrado indebidamente a lo largo de estas dos décadas.
¿Pero qué es esto? Cuando los grandes beneficiarios de la corrupción del pasado y del presente pasean libremente por el país y el mundo, el gobierno elige para demostrar la fiereza de su lucha anticorrupción un caso añejo del pago presuntamente indebido de una pensión a los deudos de un fallecido funcionario.
En realidad, no es la primera vez que, en este gobierno, ese caso sale a relucir. En su libro ¡Gracias!, publicado hace algunos meses, López Obrador hace referencia al mismo caso, presentándolo como un ejemplo destacable de tráfico de influencias. Ya ahí la relacionaba con Mexicanos contra la Corrupción y el empresario Claudio X. González. Y también ahí relata el presidente que el entonces procurador el DF, Bernardo Bátiz le contó que en ese entonces la propia Amparo Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín —hoy también crítico del gobierno— se entrevistaron con él para solicitarle que la Procuraduría modificara el dictamen de suicidio y lo presentara como un accidente.
Pero resulta que, tanto Casar como Aguilar Camín niegan que eso haya ocurrido, y en entrevistas con diversos medios, Bernardo Bátiz, hoy miembro del Consejo de la Judicatura, dice no recordar que se realizara esa entrevista, aunque “confía en la memoria” de López Obrador. ¡Pero éste se enteró de oídas de la supuesta audiencia con el procurador; los hechos no le constan! (https://aristeguinoticias.com/0705/mexico/no-recuerdo-reunion-con-casar-pero-confio-plenamente-en-memoria-de-amlo-batiz/)
El linchamiento mañanero, en que Romero Oropeza no hizo más que repetir lo escrito por el presidente en su reciente volumen, no quedó ahí. El gobierno del país difundió en un sitio oficial de Internet el expediente de hace veinte años con el dictamen de la Procuraduría de Justicia en el que supuestamente se sustenta la conclusión del suicidio del finado. Lo hace a pesar de que el mismo director de Pemex ha dicho también que el caso, por el que Pemex recuperaría lo pagado como pensión a Casar y sus hijos, está en litigio.
Pero resulta que el mencionado dictamen difícilmente probará judicialmente con certeza el supuesto suicidio. Firmado el 7 de octubre de 2004 por el agente ministerial Alejandro Badillo Corrales, el informe recoge los testimonios de los posibles testigos, además de los familiares que reconocieron el cuerpo: un hermano del fallecido que declara que “no le constaban los hechos”; un agente de seguridad de Pemex, que vio cuando el funcionario llegó a su oficina y lo saludó “no viendo nada anormal en la actitud del licenciado, enterándose al otro día de lo sucedido”; otro agente de seguridad que vigilaba el acceso a los elevadores privados, quien declaró que “no se enteró de lo sucedido, hasta que se lo habían mencionado”. Otro declarante, asesor del director corporativo de Administración, señaló que “no le constaban los hechos”, aunque era cierto que a la oficina del fallecido sólo se podía entrar con anuencia de éste. Y así, otros cinco declarantes citados en el dictamen manifestaron que no les constaban los hechos.
Pero sobre todo, el dictamen del agente ministerial parece haber concluido el posible suicidio sin tomar en cuenta el testimonio de Victoria Eufeno [sic] Martínez Ramírez, secretaria asistente del difunto, quien declaró que “desde su lugar podía ver en algunas ocasiones que éste se sentaba en el filo de la ventana que siempre tenía abierta, y se recargaba contra la estructura del inmueble, para fumar y en otras ocasiones, abría la ventana y se sujetaba con una mano, para asomarse hacia abajo; y que un día antes del día de los hechos no notó ninguna actitud diferente en el Licenciado”.
El mencionado dictamen, difundido por López Obrador, descarta, en ausencia de ninguna evidencia de violencia sobre el fallecido, que se tratara de un homicidio, y concluye que “se consideró que muy probablemente en los hechos no hubo participación de terceras personas”; pero asombrosamente, sin que ningún testimonio lo sustentara ni hubiera evidencia de ello, el agente concluyó “que el ahora occiso realizó maniobras de tipo Suicida [sic] para privarse de la vida” (subrayados en el original), y que “él se quitó voluntariamente la vida, por lo cual es procedente aprobar el No Ejercicio de la Acción Penal Definitivo”.
Sobre esas bases, que el propio gobierno ha divulgado indebidamente, y por lo cual el INAI ha anunciado una investigación de oficio por violar la protección de datos personales, López Obrador y su colaborador Romero se proponen probar en juzgados —y sobre todo convencer a la opinión pública de ello— que la señora María Amparo Casar, presidenta de MCCI, es corrupta y debe devolver la pensión por viudez que por casi veinte años ha recibido de Pemex.
Pero resulta que las pretensiones anunciadas públicamente por el director de Pemex y el presidente tampoco tienen fundamento. La empresa petrolera no hizo pagos que ahora dice querer recuperar. Los gastos funerarios y el seguro de vida fueron pagados por la aseguradora Banorte Generali, conforme a la póliza que la empresa contrataba para todos sus funcionarios. Y la pensión recibida se rige por el artículo 88 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, que establece que esa prestación se cubre a los beneficiarios del trabajador “independientemente de la causa del fallecimiento”. El mismo beneficio (art. 89) lo reciben los deudos de los trabajadores jubilados, cuyo fallecimiento no puede ser atribuido a un accidente laboral. (Más información en https://aristeguinoticias.com/0705/opinion/el-caso-marquez-padilla-y-la-voluntad-de-torcer-la-ley/).
¿Corrupción de la viuda y sus hijos, entonces?
Pero lo que no puede ser visto como una casualidad es que, un día antes del anuncio con que el nuevo Santo Oficio matutino colocó en la pira del descrédito a la analista, María Amparo Casar presentó su más reciente libro Los puntos sobre las íes. El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó, en el que, por supuesto, hace una detallada crítica de la gestión de López Obrador, sus fracasos e incongruencias.
Otro de los señalamientos contra la politóloga Casar es la de que sus hijos estudiaron en el ITAM, una institución educativa privada de muy altos costos. Y eso, entre otras cosas, plantea el tema de los altísimos ingresos y prestaciones que no sólo Pemex, sino otras dependencias del gobierno, han otorgado a sus altos funcionarios. Fernando Márquez Padilla no fue, a ese respecto, una excepción. Y de ello otro caso podría ser el de Rocío Peña Nahle, hija de la ex secretaria de Energía y actual candidata del Morena al gobierno de Veracruz, que acaba de terminar sus estudios en una universidad de Nueva York y ofrece en subarriendo el departamento que habitaba, en una zona exclusiva de esa ciudad, por el que pagaba —además de las colegiaturas correspondientes— alrededor de 7 mil dólares mensuales, unos 125 mil pesos.
En fin, el uso de la información por el gobierno lopezobradorista, así como su siempre proclamado combate a la corrupción, difícilmente pueden ser vistos con acierto y conducción con apego a la legalidad. Y menos cuando estamos en medio de un proceso muy polarizado de disputa electoral, por la presidencia y por el Congreso. Mientras tanto, cabe esperar que la perversidad contenida en las acusaciones del gobierno contra la analista Casar Pérez no prospere, y que la verdad salga al final avante.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo –UMSNH.
@ednava7
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