Los acontecimientos del jueves 17 de octubre en Culiacán no sólo seguirán siendo comentados y discutidos desde los más diversos puntos de vista, desde la sociedad mexicana y el extranjero; también tendrán efectos duraderos en la región sinaloense y el resto del país, en las políticas de seguridad y, quizás lo más importante, la relación […]
Los acontecimientos del jueves 17 de octubre en Culiacán no sólo seguirán siendo comentados y discutidos desde los más diversos puntos de vista, desde la sociedad mexicana y el extranjero; también tendrán efectos duraderos en la región sinaloense y el resto del país, en las políticas de seguridad y, quizás lo más importante, la relación entre el gobierno nacional y la sociedad civil.
Muchas interrogantes siguen abiertas en relación con el operativo policiaco-militar en el que se intentó aprehender a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera que ahora encabezan la fracción del cártel de Sinaloa que este último dirigía. Desde luego que Ovidio era y es una pieza apetecida por las fuerzas de seguridad mexicanas por tener, además, solicitud de extradición por el gobierno estadounidense. Sin embargo, a diferencia de otros golpes del pasado contra capos de las grandes organizaciones delictivas como la captura del propio Chapo en Mazatlán en 2014, la de Édgar Valdez, La Barbie, o el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en 2009, en esta ocasión no participaron directa ni indirectamente agentes de los órganos de seguridad de los Estados Unidos. La responsabilidad del fallido operativo en el que se tuvo que poner en libertad al detenido.
¿Quiénes y cómo diseñaron el operativo? Aún no lo sabemos a cabalidad. A pesar de la sentencia del gobierno morenista de «no mentir», el secretario de Seguridad y Protección Alfonso Durazo mintió en su primera comparecencia pública al afirmar que la detención de Ovidio Guzmán se había dado en un patrullaje de rutina de la Guardia Nacional por las calles de Culiacán y un enfrentamiento casual con sicarios sinaloenses. Tanto el presidente López Obrador, que salió a justificar la liberación del aprehendido como única opción para evitar el derramamiento de sangre de civiles, algunos de ellos rehenes de los sicarios del cártel de Sinaloa.
Ahora, López Obrador ha declarado en su conferencia mañanera que él no fue informado previamente de esa acción de captura del narco. De ser así, alguno o algunos de los funcionarios que se reúnen diariamente con él a las seis de la mañana para dar el parte de seguridad, le ocultó información. Y puede ser. El viernes 18, en otra conferencia de prensa con Alfonso Durazo y los titulares de la Marina Armada y de la Guardia Nacional en la capital de Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, reconoció que sí había sido una operación intencional, mal diseñada y peor ejecutada, y asumió la responsabilidad: «Con el afán de obtener resultados, el personal militar omitió la aprobación del gabinete de seguridad y actuó con precipitación, sin la orden de cateo que debía otorgar un juez, amen de desestimar el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta del grupo agresor». ¿Hasta dónde llega, entonces, la autonomía de los mandos de las fuerzas armadas y de la seguridad pública para ese tipo de operativos de gran envergadura? ¿De qué sirven entonces las reuniones madrugadoras del Consejo Nacional de Seguridad, si el Presidente y el secretario Durazo no saben lo que está haciendo el Ejército?
Para una parte de la opinión pública, que el PAN pretende capitalizar políticamente, la liberación de Guzmán López fue no sólo un error táctico sino una violación grave a las leyes, que ameritaría la remoción de los funcionarios a cargo y aun la del presidente de la República. Directivos y ex directivos de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos, entrevistados por el corresponsal de la revista Proceso Jesús Esquivel, reprochan al gobierno mexicano haber claudicado ante la presión armada del cártel sinaloense y haber entregado el territorio de Sinaloa a la delincuencia organizada. La visceralidad de los ex presidentes Fox y Calderón se desbordó en tuits contra el gobierno. Y pese a ello, la explicación de López Obrador en favor del no enfrentamiento con la fuerza del sicariato fue aceptada, según sondeos, por la mayor parte de la población y, particularmente por la de Sinaloa, donde el cártel cuenta con un apoyo social importante y donde los ciudadanos en general vieron mejor no verse en medio del fuego cruzado entre los pistoleros y las fuerzas armadas del Estado.
Estando en terreno del enemigo, en inferioridad numérica y de capacidad de fuego, la capitulación de las fuerzas del orden, y la consecuente liberación del jefe mafioso detenido, era de esperarse. El teórico por excelencia de la guerra moderna, Karl von Clausewitz, lo había aprendido: «En una batalla perdida queda quebrantado el poder del ejército y en más alto grado el poder moral que el físico. Una segunda batalla conduciría a la derrota completa, quizás a la destrucción, a menos que entren en juego nuevas circunstancias favorables. Esto es un axioma militar. […] La magnitud de las pérdidas sufridas, el alcance de la derrota, pero sobre todo el carácter del enemigo, acercarán o alejarán [el] momento de equilibrio. ¡Cuántos ejemplos existen de ejércitos vencidos que se han rehecho de nuevo a corta distancia, sin que las circunstancias se hayan alterado en modo alguno desde que se produjo la batalla!».
El antiguo estratega chino, Sun Tzu, observaba por su parte: «Hallarse en terreno cerrado significa que existen lugares escarpados que te rodean por todas partes, de manera que el enemigo puede llegar e irse con libertad, pero a ti te es difícil salir y volver. Existen rutas que no han de seguirse, ejércitos que no han de ser atacados, ciudadelas que no deben ser asediadas, terrenos sobre los que no se debe combatir, y órdenes de gobernantes civiles que no deben ser obedecidas.
Ante una superioridad no prevista del enemigo, y sin condiciones para la victoria, el repliegue de las fuerzas estatales era lo que la sensatez indicaba, sobre todo por la amenaza que el grupo delincuencial había establecido contra la población civil, especialmente las familias de los militares en los edificios que habitan en Culiacán. Todo esto es lo que no considera la crítica de derecha -el PAN de Markito- porque lo ignoran o porque el sacrificio de militares y civiles no les genera prurito alguno.
Pero de lo que no hay duda, y el comandante militar Sandoval lo reconoció en sus declaraciones, es que las fuerzas gubernamentales mostraron debilidades e incapacidad en la planeación y ejecución de la operación Culiacán. Subestimaron la posible respuesta del cártel sinaloense y el sigilo de la operación se revirtió por no tener cerca los refuerzos que hubieran necesitado para vencer. Fue, sin más, un error por el que el precio a pagar fue alto: la fuga de un capo poderoso, ocho o más muertos, algunos heridos y más de 30 delincuentes tanto por delitos federales como del fuero común que escaparon de la cárcel. Pero pudo ser más alto si lo hubieran sido más vidas de agentes del orden y civiles. También el presidente López Obrador reconoció en su mensaje por el primer informe que no hay mejoría en materia de seguridad pública, lo cual es muy grave a estas alturas de su gobierno.
La respuesta del cártel el 17 de octubre fue una acción de insurgencia delincuencial en desafío a los gobiernos estatal y federal que, si bien tiene precedentes en Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, alcanzó una escala hasta ahora no vista por sus dimensiones, el armamento empleado y los efectos directos en la sociedad. Culiacán, y el Estado de Sinaloa en gran parte, son terrenos ganados por el grupo delictivo que ha tomado el nombre de éste. No es mera ni principalmente un esquema de fuerzas de combate, sino de la presencia de las bandas del narcotráfico en las grandes oquedades que el poder público dejó en la población durante décadas, desatendiendo las necesidades sociales de empleo, salarios, educación, salud, etcétera. En colectividades alejadas de la satisfacción, las fuerzas y negocios irregulares pudieron crecer y desarrollarse, para usar una expresión de Mao, como peces en el agua. El capitalismo depredador (de la economía social, de vidas y de la naturaleza) está cobrando ahora, al Estado que durante 35 o 40 años lo ha prohijado, una cuota de violencia social imprevista, un efecto secundario muy explicable.
Desarmar y derrotar con la fuerza a las organizaciones que se han hecho no sólo del control del tráfico de estupefacientes sino del secuestro, la extorsión y el terror su modus vivendi es imprescindible; pero no será una tarea fácil si no se logra antes aislarlas del medio social que las nutre, esto es, conforme lo postulan los manuales de contrainsurgencia, quitarle al agua al pez, y cortarles las vías de abastecimiento de dinero, armas y apoyo social con los que crecen. el Estado tiene que volver a cubrir los espacios que abandonó para dar paso a las leyes implacables del mercado y la competencia en la regulación social. En ese aspecto, la política de López Obrador parece estar bien orientada, pero no es todavía suficiente. La autoorganización de la sociedad para los mismos fines es también decisiva para revertir la espiral de violencia que hasta ahora se vive en muchas regiones y ahí en donde la autoridad legítima se ha replegado en favor de la fuerza brutal de las armas, los ejércitos privados y la ley del más fuerte.
la fallida operación Culiacán será por mucho tiempo todavía una herida sangrante para el gobierno de López Obrador y para las fuerzas armadas, muy difícil de restañar a menos que en breve se logre abatir los imparables indicadores de la muerte y la violencia que cruzan transversalmente a la sociedad mexicana, con cifras sin precedente de homicidios dolosos, feminicidios, robos con violencia, extorsiones, secuestros, trata y delitos de todo género con alto impacto en la población.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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