Luego de las transformaciones políticas y sociales realizadas por el gobierno de Evo Morales Ayma con el apoyo masivo, mayoritario y activo de los sectores populares de Bolivia que se movilizaron por sus reivindicaciones desde el 2000, el mapa político ha cambiado radicalmente en los últimos cinco años, generando una nueva composición de las fuerzas […]
Luego de las transformaciones políticas y sociales realizadas por el gobierno de Evo Morales Ayma con el apoyo masivo, mayoritario y activo de los sectores populares de Bolivia que se movilizaron por sus reivindicaciones desde el 2000, el mapa político ha cambiado radicalmente en los últimos cinco años, generando una nueva composición de las fuerzas políticas que pugnan por controlar las instancias de decisión nacional y regional y los aparatos del Estado.
La nueva gestión del Presidente y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), iniciada en enero último (2010-2015), partió con la gran ventaja de su triunfo electoral del 64 por ciento de votación que le asigna el control mayoritario de la Asamblea Legislativa y sobretodo con la definitiva derrota de los partidos y organizaciones conservadores y neoliberales. Esta situación, sin embargo, ha provocado la emergencia de nuevas fuerzas y formas de acción política dentro y fuera del esquema oficial.
La presión a través de nuevas formas de acción política y social, la falta de una estrategia nacional y los desaciertos y pérdida de control del gobierno, junto a las demandas que proliferan de diversas regiones y sectores, destacan como nuevos elementos en un panorama que comienza a vislumbrar problemas de mayor intensidad provocados inclusive por sectores cercanos al gobierno.
LAS NUEVAS OPOSICIONES
La oposición se manifiesta en dos grandes bloques:
El de los Gobernadores de Santa Cruz, Tarija y Beni, los Alcaldes de seis de las nueve capitales y los diputados y senadores conservadores, que representan a los sectores oligárquicos y tradicionales, con una propuesta de enfrentamiento radical al gobierno y sus decisiones, al que califica de totalitario, y la reivindicación de la democracia representativa y la libertad económica, por una parte.
El de algunos movimientos sociales e indígenas, organizaciones comunitarias, sindicatos, Federaciones vecinales, gremios diversos, ex aliados como el Movimiento Sin Miedo (MSM) y disidentes del MAS y grupos que demandan atención a sus reivindicaciones particulares y consideran que el gobierno ya no los representa, por otra parte.
En esta perspectiva emergió, con Filemón Escobar (Ex dirigente minero y ex Senador del MAS), Román Loayza (Ex Senador, Ex Ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia y Ex Jefe de Asambleístas del MAS), Lino Villca (Ex Senador del MAS) y Felipe Quispe Huanca (Ex Ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia y Ex Diputado del Movimiento Indio Pachacuti) a la cabeza, una nueva fuerza política de oposición a Evo Morales «rescatando el proceso de transformación y a sus lideres originales».
Escobar, quien fue considerado mentor de Evo Morales, manifestó que la nueva elite que rodea al Presidente está formada por ministros kharas (blancos) encabezados por el Vicepresidente Alvaro Garcia Linera, los que, según él, han distorsionado el proyecto de los movimientos sociales.
EL PROCESO INCONCLUSO
Desde el año 2000, las fuerzas populares de Bolivia se movilizaron en contra de las políticas neoliberales y los partidos tradicionales y el 2003 se produjo el mayor levantamiento popular (la denominada «Guerra del Gas») que destruyó el sistema de partidos políticos, expulsó violentamente al ex Presidente Gonzalo Sanchez de Lozada y permitió proyectar el liderazgo de Evo Morales con un programa de nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente y lucha contra la corrupción.
La nacionalización de los hidrocarburos, del 1 de mayo de 2006, se convirtió en la readecuación de contratos con las transnacionales petroleras, las que, encabezadas por PETROBRAS, orientan la política petrolera del gobierno desde 2007. La renta del gas exportado ha permitido al gobierno la aplicación de bonos y acciones de respaldo a sectores vulnerables de la sociedad boliviana, quedando rezagados los proyectos de industrialización y consumo masivo de energía barata.
A su vez, la Asamblea Constituyente permitió avanzar en la elaboración de una Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, incluyendo las Autonomías Departamentales, Regionales, Indígenas y Municipales, las que han generado una expectativa desmedida en todo el territorio nacional desbordando al propio gobierno. El reconocimiento a 36 ficticias naciones indígena originario campesinas, impulsado por Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones europeas que asesoraron a la Constituyente, no solamente ha ampliado estas expectativas, sino ha generado el peligro de la desintegración nacional.
ANTIIMPERIALISMO Y CAPITAL TRANSNACIONAL
Esta tendencia produce un cortocircuito con los proyectos integracionistas bolivarianos de la unidad de la Patria Grande, puesto que en lugar de impulsar acercamiento y fortalecimiento común entre los pueblos, tiende a potenciar las fuerzas disgregadoras que fragmenten el territorio bajo la consigna de administrar «territorios libres».
Evo Morales ha participado activamente en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) con fuertes discursos antiimperialistas, junto a Hugo Chavez, Rafael Correa y Raúl Castro.
Las alianzas regionales latinoamericanas y sudamericanas y la defensa de la hoja de coca, importante sector agrícola de Bolivia, frente a la política intervencionista de Estados Unidos, han radicalizado las posiciones del gobierno que, en la crisis separatista de 2008, determinó una fuerte crisis diplomática y la expulsión del Embajador de Washington, Philip Golberg, hasta ahora no aplacada. En los últimos meses, frente a la Marcha de Indígenas de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), las autoridades nacionales amenazaron a USAID de Estados Unidos de expulsarla por apoyar ONGs que respaldan la marcha.
Sin embargo, los capitales financieros, bancarios y agroindustriales y las transnacionales petroleras y mineras se han mantenido en Bolivia y consiguen importantes ganancias explotando los recursos naturales, exportándolos como materias primas, monopolizando la tierra y controlando los ahorros y recursos económicos del país.
LOS PERFILES DEL GOBIERNO
Varios interrogantes se han abierto sobre el contenido y la estrategia del gobierno, sobre la caracterización del proceso y sobre las prioridades y objetivos económicos, sociales y políticos, abriendo algunos espacios de controversia, a pesar del silencio que muestra el jefe de estado al respecto.
Las tendencias dentro y fuera del gobierno han generado un debate ideológico en torno a las características del proceso, desde aquellas que consideran que se mantiene el proyecto económico y político liberal, hasta aquellas que fundamentan que se trata de uno de carácter comunitario. Algunos proponen un ideal socialista del siglo XXI y otros plantean el capitalismo del estado como fase previa de consolidación de la unidad nacional. En esta perspectiva se inscribe la creación de una entidad supraministerial encargada de llevar adelante los proyectos Macroregionales bajo el control directo del Presidente.
Por otra parte, el nacionalismo, el populismo, el latinoamericanismo y el indigenismo son los calificativos que se plantean para definir el régimen de Evo Morales, quien combina su fuerte liderazgo con el apoyo de determinados sectores sociales como los cocaleros, colonizadores, campesinos, mujeres y juntas vecinales, aunque las decisiones mas importantes son adoptadas en su gabinete y equipo mas estrecho de colaboradores.
Otro debate se ha abierto entre los denominados industrialistas que consideran imprescindible avanzar en la transformación productiva del país, en base a la industrialización de los recursos naturales, especialmente petroleros, mineros y forestales, y la integración carretera de todas las regiones, y los conservacionistas, quienes sostienen que se debe mantener una posición de defensa de las reservas ecológicas bajo la administración de las autonomías indígenas. Esto ha provocado una confrontación de ONGs y grupos internacionales que cuestionan al gobierno, como ocurrió en Cochabamba en oportunidad de la realización de la Cumbre Mundial de los Pueblos en Defensa de la Madre Tierra.
LOS DESAFIOS EMERGENTES
En este panorama el gobierno tiene retos de alta importancia, en una coyuntura en que se ha reducido el apoyo popular y las debilidades se manifiestan con las concesiones al capital foráneo, el retraso de proyectos de cohesión nacional y la ausencia de un proyecto histórico integral.
A pesar de tener una base social de apoyo en los sectores indígenas y campesinos, las políticas de desarrollo agrícola y de autosuficiencia y soberanía alimentaria están ausentes, en medio de un freno a una reforma agraria que afecte a los grandes terratenientes y redistribuya la tierra. Por otra parte, los proyectos de industrialización de las importantes reservas de gas, litio, hierro y otros minerales han quedado retrasados, en tanto que transnacionales de esos rubros continúan operando y negocian otros contratos, en el marco del tradicional modelo de exportación de materias primas.
Los cambios y reformas en las estructuras sociales, culturales y jurídicas, son evidentes y de alta importancia, sin embargo, los relacionados a la economía y a la subordinada inserción internacional están ausentes y se convierten, paulatinamente, en el talón de Aquiles de Evo Morales. Con el control del Poder Judicial, el MAS tendrá el monopolio de las cuatro instituciones fundamentales del Estado Plurinacional, pero en la economía si bien ha tenido buenos resultados, su futuro es incierto por falta de una conducción clara.
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