En otro golpe del lawfare en Latinoamérica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicano declaró inválida por completo la reforma electoral del presidente Andrés Manbuel López Obrador, también conocida como «plan B», acusándola de generar incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Disconforme con la Corte Suprema, López Obrador consideró «importantísimo» que el pueblo elija por voto directo a los integrantes del poder judicial «como se elige al presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los legisladores, que los elige el pueblo, que no representen a una élite». Por eso reiteró que presentará una iniciativa constitucional para la elección popular de los ministros de la Corte Suprema.
La Corte completó su golpe a la autonomía del Poder Legislativo, anulando la segunda parte de las reformas político-electorales conocidas como plan B, la alternativa ideada por el oficialismo para racionalizar el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y acotar las facultades abusivas que sucesivas modificaciones jurídicas fueron entregando a ese y otros organismos, ante la falta de una mayoría calificada en el Congreso que pudiera aprobar cambios a la Constitución.
Nuevamente quedó patente la falta de escrúpulos de los cortesanos al emitir este fallo, que confirma la alianza política entre la cúpula del Poder Judicial y los partidos de la oposición derechista -Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática-, poniendo de relieve la casi total coincidencia de las resoluciones de la Suprema Corte y tribunales menores con las peticiones, necesidades e intereses de la oposición.
Como ocurrió cuando se invalidó la primera parte del plan B en mayo pasado, los ministros no calificaron el contenido de las reformas, sino que adujeron “violaciones graves” -que no detallaron- al procedimiento legislativo para echarlas abajo, vulnerando el principio de separación de poderes para de mantener un sistema de privilegios cónsonos con sus preferencias ideológicas y del que son beneficiarios, como muestra su rechazo a renovar la Ley Orgánica que rige a su propia institución.
El ministro ponente, Javier Laynez, sostuvo que las violaciones cometidas en la Cámara de Diputados y en el Senado incluyeron el cambio de texto de la iniciativa, la omisión de cumplir con el quórum necesario en comisiones y el hecho de que no se repartió a tiempo el proyecto para que los legisladores pudieran estudiarlo y emitir su voto de forma razonada.
Era la reforma electoral más importante en los últimos 20 años, que pasó por el Congreso sin dictamen y cuya discusión y aprobación llevó en total unas cuatro horas y media, afirmó Laynez.
Lawfare
La palabra lawfare es una fusión de las palabras law (ley) y warfare (conflicto armado o guerra) y se refiere al uso de la ley como arma de guerra política, para eliminar a un enemigo político, delegitimándolo o incapacitándolo. Los presidentes Cristina Kirchner, Rafael Correa, Dima Roussef, Lula da Silva o Evo Morales , entre muchos otros, lo han vivido en carne propia.
La comunidad jurídica ha resumido sus tácticas: a) manipulación del sistema legal; b) dar apariencia de legalidad a las persecuciones políticas; c) uso de demandas sin mérito, sin contenido, con acusaciones frívolas; d) abuso del derecho para dañar y deslegitimar a un adversario; e) promoción de acciones legales para desacreditar al adversario; f) intento de influir en la opinión pública; g) uso del derecho para obtener publicidad negativa u opresiva.
Y también h) judicialización de la política: el derecho como herramienta para conectar medios y fines políticos; i) promoción de la desilusión popular; j) crítica a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar demandas contra el Estado; k) uso del derecho como medio para constreñir y castigar al adversario; l) acusación de inmorales e ilegales las acciones del enemigo, con el fin de frustrar los objetivos contrarios.
Las situaciones límite de la lawfare se crean mediante un paciente y minucioso camino que empieza por afirmar el poder político del Poder Judicial, a través de sus decisiones judiciales.Ha sido también abundante la desacreditación, destrucción o desvanecimiento de acciones del gobierno progresista de López Obrador , que buscan combatir la corrupción del régimen neoliberal, o desarrollar obras necesarias.
Esta connivencia del Poder Judicial con las derechas partidistas –y con las que se encuentran enquistadas en los organismos autónomos– le ha entregado a los sectores reaccionarios todo aquello que no consiguen en las urnas y se ha convertido en la mayor rémora para el proyecto transformador elegido por la mayoría de los ciudadanos.
Como era de esperar, los partidos de oposición que integran la alianza Va por México celebraron el fallo de la Corte. El dirigente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que una vez más, la SCJN hace respetar la Constitución y que los nueve ministros que votaron por la nulidad defendieron la libertad y la democracia en nuestro país.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseveró que la reforma fue aprobada con total desaseo por las y los legisladores oficialistas. A su vez, el líder del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que triunfa la democracia y ganó la legalidad y el estado de derecho.
Si a los recientes embates judiciales se suman episodios como la entrega indiscriminada de amparos a favor de poderes fácticos que sabotean obras públicas y parasitan el erario, está claro que el Poder Judicial ha abandonado la imparcialidad que forma parte indisoluble de sus funciones para convertirse en trinchera de la oposición, señala el diario La Jornada.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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