Se vuelve a anunciar, el domingo 9 de noviembre, un plan del gobierno federal que busca resolver la abrasadora situación de la inseguridad pública en Michoacán, arraigada e ignorada por las autoridades del Estado y de la Federación, pero visibilizada ahora por asesinatos de alto impacto como el del dirigente limonero de Apatzingán Bernardo Bravo Manríquez y el del presidente municipal de Uruapan Carlos Alberto Bravo Manríquez, que se han sumado a los muchos otros para los que no ha habido una respuesta suficiente de los poderes públicos. El denominado Plan Michoacán por la paz y la justicia, anunciado y armado con la premura de ofrecer a la sociedad del Estado y la del país una respuesta frente a la violencia criminal y el deterioro social que le sirve como incubador, ya ha comenzado a ser cuestionado por su parcialidad, el apremio con que se ha confeccionado y por no haber tomado en cuenta a sectores importantes de la sociedad michoacana para su elaboración. Si bien la cúpula empresarial moreliana ya ha dado su beneplácito y su confianza al proyecto, otros grupos, como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, lo denuncian como parcial, discriminatorio y engañoso por no tomar en cuenta a los pueblos y comunidades del Estado https://n9.cl/7299s.
La intervención del gobierno federal en las tierras michoacanas se anuncia con 12 ejes, más de 100 acciones y una inversión de 57 mil millones de pesos, si bien no queda claro cuántos de éstos son obras y programas ya planteados con anterioridad y cuánto adicional, además de que será inversión “mixta”, es decir, convenida con el sector privado. Para en 2026, por ejemplo, se destinarían 37 mil 450 millones en becas y programas para el Bienestar “en beneficio de 1.5 millones de michoacanas y michoacanos”; es decir, recursos ya programados en el presupuesto federal para ese año con anterioridad al anuncio del plan. Éste se compone de dos grandes áreas: la de seguridad, que comprende una mayor presencia de la Guardia Nacional, la Marina y el ejército, reforzamiento de las estrategias de inteligencia, investigación y combate a la corrupción, y la de desarrollo económico con bienestar para la población, con acciones de inversión en infraestructura caminera, electrificación, apoyos al campo, al turismo y la producción forestal; y becas a estudiantes, ampliación de la oferta educativa en bachillerato, acciones de vivienda, hospitales, apoyo a la cultura y otras.
En realidad, nada nuevo. Y, más que un plan de contingencia de seguridad, un plan de rescate ante la impetuosa respuesta social a la persistente y violencia delincuencial y al artero asesinato de Manzo el 1 de noviembre. Es una intervención más del gobierno federal ante la falla de diversas instituciones del gobierno estatal, de los municipios y de la misma federación. Un intento de recuperación electoral ante la amenaza de que en 2027 el Morena pierda el gobierno estatal, las diputaciones federales y los principales ayuntamientos de la entidad. Pero, en realidad, sus componentes ya se han ensayado anteriormente con resultados pobres o discutibles, por los que la situación social y la inseguridad se han mantenido y hasta empeorado en muchos lugares.
El antecedente más remoto lo encontramos en el homónimo Plan Michoacán de 1989, con el que Carlos Salinas de Gortari buscó recuperar el Estado donde el año anterior había obtenido la menor votación en la elección presidencial y su partido había perdido las dos senadurías y doce de las trece diputaciones federales en disputa. El gobernador Luis Martínez Villicaña, desgastado en el enfrentamiento con la Corriente Democrática del PRI y el Frente Democrático Nacional que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, había sido removido; había que reforzar a su sustituto Genovevo Figueroa Zamudio y rehabilitar desde el poder central al entonces partido oficial, el PRI. Para 1989 habría, en julio, elección del congreso local y, en diciembre, de los 113 ayuntamientos. El gobierno estatal, cinco secretarías y otras dependencias del gobierno federal anunciaron ese primer plan presidencial para crear empleos, instalar agroindustrias, construir viviendas, mejorar las comunicaciones, electrificar y dotar de apoyos a las actividades agropecuarias a través de riego, créditos y comercialización. Con un presupuesto aproximado de dos billones de pesos de entonces, el programa “orientado a promover los cambios estructurales que demanda la modernización del gobierno y la sociedad locales” se exhibió de manera inmediata e impúdica como un esquema de recuperación electoral. En aquel entonces, si bien el plan se anunció en Morelia, se hizo sin la presencia del presidente Salinas; en su lugar asistieron cuatro secretarios de Estado, directores de empresas paraestatales y el gobernador Figueroa.
Las pocas obras que se inauguraron o echaron a andar como parte del plan especial fueron entregadas a la población no por los gobiernos federal o estatal sino, como era usual en esas situaciones, por los candidatos priistas a diputados. En otros casos las obras sólo fueron iniciadas, pero no concluidas y menos aún entregadas.
El segundo proyecto de rescate y, ahora, pacificación de Michoacán ante el auge delincuencial, fue el del panista Felipe Calderón en diciembre de 2006. Con éste, llamado “Operación Conjunta Michoacán”, el mandatario, oriundo de la entidad y llegado al poder por un triunfo electoral fraudulento, inauguró su “guerra al narcotráfico” desplegando siete mil efectivos, aviones, helicópteros, patrullas de intercepción marina y 246 vehículos para el transporte de tropas y policías. En septiembre de 2006 el grupo delictivo La Familia había arrojado a la pista de baile en un centro nocturno de Uruapan cinco cabezas cercenadas a sus adversarios zetas.
El despliegue militar no impidió que el crimen organizado subsistiera; éste se extendió a pesar de que el cártel dominante La Familia Michoacana se escindió y fue desplazado de muchas plazas por los llamados Caballeros Templarios. Los homicidios se multiplicaron, y en mucho mayor medida también las violaciones a derechos humanos por los militares: cateos y aprehensiones sin orden judicial, retenes, torturas y las llamadas “bajas colaterales” de civiles no involucrados en la dinámica delincuencial. El 15 de septiembre de 2008 dos granadas estallaron durante la ceremonia del Grito en el centro de Morelia, dejando varios muertos y heridos, como un claro acto de terrorismo.
El tercer plan de emergencia vino el 15 de enero de 2014, con un decreto presidencial de Enrique Peña Nieto que echó a andar la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, a cuyo frente puso a su hombre de confianza Alfredo El Virrey Castillo Cervantes. Éste sobrepuso su poder al del gobierno local e incluso condujo el relevo del gobernador Fausto Vallejo por el dócil y manipulable sustituto Salvador Jara Guerrero. Integró como asesor al general colombiano Óscar Naranjo, exitoso en su país en la reducción de los cárteles que habían hecho presa de grandes territorios y de la población.
El Plan Michoacán de Peña se anunció con una inversión federal de 45 mil 500 millones de pesos para promover la infraestructura y las actividades económicas del Estado, con especial atención a la región de Tierra Caliente. Se definieron cinco grandes líneas o ejes de acción: 1. Establecer condiciones para recuperar el desarrollo social y económico; 2. Educación y cultura para prosperidad; 3. Infraestructura moderna y vivienda digna; 4. Salud y seguridad social; y 5. Desarrollo social sustentable. Al anunciarlo, el presidente Peña proclamó: “Quiero asegurarles a los michoacanos que estaremos junto a ustedes… estaremos aquí el tiempo que sea necesario” para restablecer la seguridad y garantizar el desarrollo del Estado.
A fin de cuentas, el plan claudista para Michoacán retoma tanto la estrategia militarista de la “guerra” de Calderón como una política de supuesto desarrollo económico y social, para una entidad que se ha convertido en epicentro de la actividad delincuencial de alto impacto y de la inconformidad social contra la violencia y la inactividad y complicidades de las autoridades. Como sus antecesores de 1989 y 2014, es el rescate del Estado ante el fracaso de gobiernos locales indolentes y salpicados por la sospecha de la complicidad. El despliegue militar ha comenzado, con el operativo anunciado como “Paricutín”, que establecerá un virtual estado de sitio en las regiones del Valle de Apatzingán y la costa michoacana, y la actuación de cinco unidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México que tendrán como misión “cazar” a los principales capos de los cárteles que ahí operan, empleando aeronaves no tripuladas para labores de inteligencia, equipo antiminas y seis buques patrulla para interceptar buques vinculados a la delincuencia en la zona costera.
Es indudable que el uso de la fuerza pública federal es necesario en el terreno para enfrentar a grupos que han logrado enorme poder de fuego, con armamento de nivel superior y tecnología avanzada como vehículos de combate blindados, drones y minas terrestres. Ese empleo de la fuerza no ha sido, empero, suficiente, desde que la Sedena de Felipe Calderón lo diseñó, para acabar con la trama delincuencial y la violencia. Tampoco el siempre insuficiente gasto en inversión y desarrollo social ha bastado, y no lo hará en esta ocasión. La estrategia tendría que abarcar, además y sobre todo, la destrucción de la red de vínculos económicos y políticos que han hecho posible la expansión del sicariato, no sólo en Michoacán sino en gran parte del país: empresas reales y de fachada, instituciones financieras, políticos de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno en todo el territorio. La violencia se ha expandido como un cáncer sólo en función de todos esos participantes y cómplices; y sin atacarlos de raíz, el riesgo de que los muy lucrativos negocios ilícitos conduzca nuevamente hacia ella permanecerá en el ambiente. La pacificación será viable y exitosa si vemos pronto afectados esos niveles de la delincuencia organizada, hasta ahora intocables.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
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