En diciembre de 2019, el senador por MORENA, Napoleón Gómez Urrutia, propuso una iniciativa de regulación del outsourcing.
Al empresariado no le pareció que se tocara el esquema, para ellos, cualquier modificación es una prohibición, y no es para menos, ya que así han logrado expropiar grandes sumas de dinero a las y los trabajadores.[1]
Fue entonces que se lanzaron contra la iniciativa de ley. Ricardo Monreal, también senador por MORENA, fue uno de los que defendieron los intereses empresariales y se dedicó a sabotear la propuesta.
En noviembre de 2020, López Obrador, mandó otra iniciativa. Nuevamente, la intención era regular la subcontratación ya que el esquema evade al fisco miles de millones de pesos[2] y dado que el gobierno de la 4T tiene graves problemas con las finanzas públicas, una regulación significa una forma de recaudar recursos. Esta situación se da principalmente por las presiones que ejerce el capital financiero a través de los pagos de la ilegítima deuda pública, que el gobierno dijo expresamente que no se cancelarían, para este año, por ejemplo, se destinarán más de 700 mil millones de pesos para cubrir sus pagos, mientras que, en contraste, para el programa social más grande de la 4T, la pensión de adultos mayores, se destinarán poco más de 100 mil millones de pesos.
Además del rédito económico que la regulación de la subcontratación tendría para el gobierno, también tiene un rendimiento político, pues estas reformas le permiten legitimarse ante una población que sigue padeciendo la precarización laboral y por la cual se ve presionado si quiere mantenerse en el aparato de Estado.
Sin embargo, a pesar de que el gobierno pretendía regular la subcontratación con reformas mínimas. A la clase empresarial seguía sin parecerle la iniciativa, ya que a sus ojos seguía apareciendo la palabra prohibición, así como otras inconformidades (como los montos del pago de utilidades) que se apresuraron a modificar. ¿Cómo lograron su cometido?
Desde 2019, agentes del gobierno y la clase empresarial han tenido más de 80 reuniones, entre ellas tres foros «abiertos» en materia de subcontratación. En todo ese espacio de negociación (imposición de sus intereses) pudieron modificar hasta la última coma del documento de López Obrador, por su parte el gobierno también colocó, de manera menor, la recaudación de impuestos, lo que también beneficiará (directa o indirectamente) al capital financiero nacional y extranjero.
Por su puesto, para lograr legitimar las modificaciones de esta iniciativa, que seguirán perjudicando a las y los trabajadores, a esta farsa la llamaron «acuerdo histórico». Para decir que fue un acuerdo tripartito, es decir, entre empresarios, gobierno y clase trabajadora, invitaron a sus paleros que no dijeron ni pío, nos referimos a lo más putrefacto del sindicalismo corporativo mexicano (CROM, CROC, CTM, etc.) e incluso a un sindicalismo que se reclama “democrático” (como la UNT) pero alineado a las patronales.
A las y los trabajadores, a sus organizaciones, sindicatos y colectivos, nunca se les consultó, no se les dio una sola reunión, un solo foro. Fuimos monumentalmente excluidos.
En recientes reuniones, por fin, se obtuvo el resultado: el dictamen de una reforma acorde a los intereses de la clase empresarial, la cual se aprobará pronto en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos centrales que se modificaron era el referente al Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en la iniciativa de Obrador, decía, «Artículo 13.- Se prohíbe la subcontratación de personal…» aunque inmediatamente después se flexibiliza la interpretación, permitiendo que en los servicios especializados se mantenga el esquema, “Artículo 14.- No se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados…».
El dictamen del «acuerdo histórico» (la farsa) que pudimos consultar, el empresariado dejó la redacción a modo, “Artículo 12.- Queda prohibida la subcontratación de personal…” e inmediatamente después dice:
«Artículo 13.- Se permite la subcontratación de servicios especializados…»
Parece una contradicción, pero no es así. De esta manera, las empresas que subcontratan personal podrán ajustarse a la ley sin dejar de recurrir al outsourcing. Por ejemplo, objeto del DIF-CDMX no es dar servicios de limpieza, por lo que podrá seguir recurriendo a la subcontratación; o el caso de Greenpeace que recurre BHRS Value para subcontratar a su personal, esta última empresa no desaparece, pues ofrece servicios especializados de otra índole, como “selección de personal” y Greenpeace podrá violentar derechos laborales contratando por honorarios o bajando más el sueldo.
También se permitirá la subcontratación en su modalidad de servicios compartidos, por ejemplo, el caso de Banamex, que subcontrata a parte de su personal mediante otra empresa del mismo grupo. Ya encarrilados, las patronales también le pusieron un tope al reparto de utilidades, el máximo será de 90 días de salario (3 meses).
Esta situación hace recordar los análisis políticos de Marx, de los cuales compartimos con el lector dos fragmentos:
«Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva -por la vía legal se entiende-, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente.»[3]
«¿Es que la Montaña, a pesar de toda su experiencia de la Asamblea Constituyente, no había comprendido todavía que la interpretación de la Constitución no pertenecía a los que la habían hecho, sino solamente a los que la habían aceptado; que su texto debía interpretarse en su sentido viable y que su único sentido viable era el sentido burgués…»[4]
Las y los trabajadores, no nos quedamos de brazos cruzados, nuestra lucha es por la prohibición de la subcontratación y por plenos derechos laborales, los cuales tendremos que conquistar con nuestra organización, con independencia política del gobierno y las patronales. Es lo que pretendemos desde el Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos.
Notas:
[1] Recientes estudios han estimado que las y los trabajadores subcontratados pierden alrededor de 42 mil pesos anuales, véase “Subcontratación en México: efectos sobre el bienestar laboral y la evasión fiscal”, disponible en: https://ciep.mx/subcontratacion-en-mexico-efectos-sobre-el-bienestar-laboral-y-la-evasion-fiscal/
[2] La Secretaría del Trabajo estima que son 21 mil millones de pesos anuales, véase su Comunicado número 002/2020, disponible en https://www.gob.mx/stps/prensa/stps-trabaja-en-conjunto-con-otras-instituciones-para-terminar-con-la-subcontratacion-ilegal
[3] Marx, K., El 18 Brumario de Luis Bonaparte.
[4] Marx, K., Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850.