A Alejandro Olmos (1.5.1924-24.4.2000)
In memoriam
Hace 20 años fallecía Alejandro Olmos quien luego de una exhaustiva investigación, el 4 de abril de 1982 -mientras la dictadura militar fomentaba la euforia popular por la invasión a las Islas Malvinas- se presentaba como querellante al Juzgado Criminal Federal N° 2 e iniciaba el juicio a la deuda externa.
En el transcurso de 18 años, la causa N° 14.467 reunió 30 cuerpos principales de expedientes y más de 500 anexos. Más de 50 peritos trabajaron en la investigación. Se presentaron más de 40 testigos e igual cantidad de declaraciones informativas.
El 13 de julio, 80 días después de su muerte, el juez Ballesteros dictaminó que la deuda externa de la Nación «ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de diversos métodos […] que tendían, entre otras cosas, a sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día». El fallo del magistrado, de 195 páginas, declara la deuda como «ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta».
El Gobierno presentó el 16 de abril su propuesta para renegociar 21 títulos por US$ 66.238 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera, en la que prevé un período de gracia de tres años sin ningún tipo de pagos, con una quita reducida sobre el capital y un recorte del 62% en los intereses, que suman un monto total de US$ 41.500 millones.
Desde el Gobierno argentino «lo que proponemos es cambiar la estructura de deuda por otra que implique un período de tres años, con lo que Argentina no pagaría nada en el 2020, 2021 y 2022, y recién en el 2023 comenzaríamos a pagar un cupón promedio del 0,50% y esas tasas irían creciendo hasta una tasa de interés promedio del 2,33% «, señaló el ministro.
Esta propuesta «conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La reducción de capital sería de US$ 3.600 millones, equivalente a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción en los intereses de US$ 37.900 que implica una reducción del 62%», agregó.
Guzmán advirtió que «esta oferta tiene una fecha de cierre, va a haber aproximadamente 20 días después de su lanzamiento formal».
Además, Guzmán le solicitó formalmente al Club de París posponer por un año el pago de US$ 2.100 millones que vencen en mayo próximo y planteó la posibilidad de encarar una renegociación del acuerdo alcanzado con ese foro de países en 2014.
Argentina mantiene además un diálogo con el FMI para renegociar una deuda de US$ 44.000 millones que mantiene con ese organismo multilateral de crédito, al tiempo que prorrogó para el año próximo, sin fecha, el pago de unos US$ 8.000 millones de títulos de deuda en dólares, pero emitidos bajo legislación local.
El gobierno ha reiterado así su férrea voluntad de seguir pagando los servicios de la Deuda Pública como lo ha venido haciendo desde que asumió. Desde entonces ya habría abonado más de U$S 5.000 millones.
Es por este motivo que el gobierno Fernández mantuvo la ficción de no-default de la Deuda Pública cancelando continuamente vencimientos por medio de colocación de Nueva Deuda y pagando Intereses con Reservas Internacionales del BCRA si se trata de obligaciones en moneda extranjera o con Emisión Monetaria sin respaldo si se trata de Deudas en Pesos.
El Período de Gracia hasta el 2023 implica el traspaso del comienzo de pagos al próximo gobierno y el plazo de las nuevas colocaciones de bonos se patea para adelante sin demostración alguna de la capacidad de repago del Estado para ese momento.
Dos días después de conocida la propuesta, el economista experto en Deuda Pública y Externa y asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa, Héctor Giuliano, analizaba en “OFERTA A LOS ACREEDORES DEL NUEVO MEGACANJE”: […] el gobierno sólo pide una reducción de la deuda por Capital de U$S 3.600 millones, que representa un 5.4 % del total a renegociar.
Ergo, la primera de las variables financieras en juego -la Quita sobre el Monto negociado- es declinada así de hecho por el gobierno Fernández a favor de los Acreedores.
[…] Siendo que la Quita sobre el Monto Elegible es mínima y el Plazo de las futuras Operaciones deviene discrecional o técnicamente no fundado, la Tasa de Interés resulta ser la variable clave y más importante que está en juego dentro de la negociación por la nueva reestructuración de la Deuda Externa.
Según plantea el gobierno la Tasa de Interés promedio que ofrece pagar a los acreedores es del 2.33 % anual, partiendo de 0.5 % en 2023 y variando en forma creciente hasta un 5 % final.
[…] Pero aquí cabe una reserva fundamental, que es que la mayoría de los títulos en juego en este nuevo Megacanje de la Argentina no estarían ya en manos de los tenedores originales de la Emisión Primaria hecha por el Gobierno sino ya habrían pasado a grandes y poderosos nuevos Fondos Buitre que entraron a comprar Deuda Argentina a precios de Bonos-Basura cuando la Crisis de Deuda Macri del 2018, en que cayeron desde entonces al 40 % y hasta el 30 % de su Valor Nominal.
Es decir, que la ganancia por Valor Presente Neto en el Canje de Deuda comparado contra el valor real de compra y no contra el valor nominal de los Bonos les confirma un margen de ganancia extraordinaria a los Fondos de Inversión (FI) internacionales que los adquirieron con la Crisis de Deuda.
Y ésta es una de las claves del nuevo Megacanje en curso, que ahora se consolidaría bajo el tándem Macri-Fernández a favor de los nuevos Fondos Buitre (FB: BlackRock, Templeton, Fidelity, PIMCO y otros), que no es que “van a entrar” ahora como FB en caso de Default sino que ya entraron y son los que están negociando con el gobierno. (Negritas mías)
Tenedores de bonos extranjeros rechazan plan del Gobierno
El Grupo de Titulares de Bonos de Canje, conformado por fondos como Cyrus Capital Partners LP, Monarch, HBK Capital Management y VR Capital Group Ltd., con sede en Nueva York y que posee títulos por más de 4.000 millones de dólares, criticó en un comunicado el plan ofrecido.
«En lugar de seguir un curso de compromiso constructivo, la Argentina ha optado por hacer una oferta unilateral… no representa el resultado de negociaciones de buena fe. El Grupo de Titulares de Bonos de Canje la considera inaceptable y no tiene intención de apoyarla», advirtió.
Otro grupo acreedor mayoritario, integrado por grandes fondos de inversión como Blackrock, Fidelity, Rowe Price, Western Asset Management Company o Alliance Bernstein, y que poseen el 35 % de los bonos de la deuda, también cuestionó el plan presentado por el gobierno. «Busca colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos de ajuste a largo plazo de Argentina sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales», afirmó.
-Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo.
El mexicano Gerardo Rodríguez, director ejecutivo de Mercados Emergentes de Blackrock, soltó la amenaza en una de las últimas reuniones virtuales que mantuvo por Zoom con representantes de los fondos acreedores el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El de Blackrock no fue el único que intentó amedrentar a Guzmán. Un enviado de un fondo más chico lo comparó con Yanis Varoufakis, el ministro de Economía que designó la coalición izquierdista Syriza en Grecia apenas asumió Alexis Tsipras. «Vimos otro ministro con ideas parecidas a las tuyas. Con otros modales, sí. Pero parecido a vos. Mirá que él se fue, vino otro y nosotros salimos ganando», le espetó, también por videoconferencia. «Lo que nos tienen que mostrar es un sacrificio que duela», completó.
Se formalizó la decisión de no pagar vencimiento por U$S 500 millones
Mientras tanto, el Ministerio de Economía envió un comunicado a los inversores en el que sostuvo que «en el marco del lanzamiento de esta oferta, cuyos términos expiran el día 8 de mayo de 2020, la República decidió valerse de los períodos de gracia contemplados para los servicios de renta» de los vencimientos previstos para el 22 de abril.
De este modo, el gobierno argentino hizo uso legal del período de gracia de 30 días y no pagar los vencimientos previstos por 500 millones de dólares,al tiempo queratificó «la voluntad de pago» en el marco del proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha.
Los títulos en cuestión son los Bonos Internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 6,875% 2021, los Bonos Internacionales en dólares 7,50% con vencimiento en 2026 y los Bonos Internacionales en dólares 7,625% 2046.
En el mismo comunicado el gobierno ratificó «su voluntad de pago aun en el gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del COVID-19, y busca dentro del marco de los contratos existentes un perfil de endeudamiento sostenible que no atente contra, sino que sea en un todo compatible con, un sendero de crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo».
En unos documentos suplementarios a la oferta enviados a la SEC, el gobierno argentino especificó que los títulos en circulación de los tenedores que podrán ingresar al canje, que totalizan unos 68.400 millones de dólares, se dividen de la siguiente forma, según moneda de origen de emisión: 45.250 millones de dólares, 17.200 millones de euros en bonos europeos y 400 millones en francos suizos.
La Argentina invitó a los inversores a elegir entre 10 bonos cuyos vencimientos van desde el 2030 al 2047, en el marco de la operación en la que los bancos Bank of America Securities y HSBC fueron designados «administradores de las invitaciones».
Campaña por el no pago
La propuesta a los acreedores de deuda argentina con legislación extranjera la hizo el gobierno de Alberto Fernández rodeado de todos los gobernadores, opositores y oficialistas, como señal de unidad política del país ante los acreedores externos.
No obstante, distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas señalaron que frente a una coyuntura tan grave como la pandemia del covid-19, proseguir con el pago de la deuda externa pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de los pueblos, y demandaron la declaración del “estado de necesidad” y la suspensión inmediata del pago del capital e intereses de la misma, mientras se realizan auditorías sobre su contratación.
Miserables I: A tres días del 1º de mayo, la burocracia sindical homenajea al capital
El 27 de abril el Consejo Directivo Nacional de la CGT firmó un acuerdo con la Unión Industrial Argentina -con la venia del ministerio de Trabajo-, en el que aconsejan que los trabajadores suspendidos en el marco del covid-19 puedan ver reducido en un 25% el salario de bolsillo que cobrarían en condiciones laborales normales.
En el texto del documento se establece que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado”. Y que sobre ese monto “deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23660 (obras sociales) y 23661 (seguro nacional de salud) y el pago de la cuota sindical”.
El acuerdo fue presentado al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni. Lleva las firmas de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; del titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló y el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez. Por el lado de la UIA, rubricó el acuerdo su presidente, Miguel Acevedo, y el vice, Daniel Funes de Rioja.
El convenio fue aceptado por la CGT a cambio del compromiso por parte de las empresas de no despedir. Abarca a las compañías forzadas a paralizar sus actividades debido a las restricciones decretadas por el gobierno durante la cuarentena. Las cláusulas del convenio tendrán validez por 60 días contados desde el 1º de abril.
El acuerdo dio cobertura para que varios gremios enrolados en la CGT salieran a convalidar las reducciones salariales.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dirigida por Antonio Caló, pactó con 3 de las 5 cámaras del sector empresarial el pago del 70% del salario bruto, que representa el 86% del neto, para los empleados que estén suspendidos.
Pero se aseguró la caja. Las empresas deberán pagar a la Obra Social de la UOM un plus de $ 80 por día por cada trabajador suspendido. También admite que sean suspendidos los trabajadores que estaban eximidos de cumplir tareas por la Resolución 207 del ministerio de Trabajo de marzo pasado por ser mayores de 60 años, embarazadas o población de riesgo.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), dirigida por Armando Cavalieri y las tres cámaras empresarias del sector -Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca)- acordaron una baja salarial del 25 % en el marco de restricciones por el aislamiento social. Pero también los empresarios se comprometieron a continuar ingresando los aportes y contribuciones para la obra social del gremio (Osecac) y la cuota sindical.
“La reducción salarial es, en este momento, necesaria para evitar despidos masivos”, dijo por su parte el secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).
Pedro Milla se jactó de lograr que en lugar de una reducción salarial del 70%, como proponían las empresas, solo les quiten un 40% a unos 25.000 trabajadores suspendidos. “Es para evitar despidos masivos”, aseguró.
Sin embargo, las empresas petroleras realizan despidos encubiertos. A miles de trabajadores les ha llegado, durante los primeros días del mes de mayo, un comunicado formal de un grupo de empresas que les anuncian que no se les puede abonar en tiempo y forma el salario que les corresponde, y que dudan que puedan hacerlo realmente. En otros casos los invitan a adherirse a un plan de retiro voluntario, donde los trabajadores que renuncien serán tenidos en cuenta en un futuro incierto.
Las empresas que han acudido a estos mecanismos si bien se presentan como pequeñas y medianas empresas (Pymes), en realidad son multinacionales que lejos de estar impedidas de abonar los sueldos durante uno o más meses, están entre las que más facturan en el país. Ellas son Pecom, San Antonio Internacional, Halliburton, Weatherford, y Schlumberger que es la mayor empresa de servicios petroleros del mundo y su facturación equivale al 10% del PBI de Argentina. De conjunto facturaron en el país durante el año 2.019 más de 100.000 millones de pesos.
Además, las empresas recibirán como subsidio del Estado el 50 % de los salarios de bolsillo de sus trabajadores, la postergación para el pago de las contribuciones patronales a la seguridad social o su posible reducción en un 95 %.
Luego de la reunión de Gabinete Económico realizada el lunes, informaron que serán al menos de $ 27.000 millones del presupuesto nacional los que requerirá abonar una parte de los salarios de un mínimo de 1.310.000 trabajadores del sector privado, para el mes de mayo.
Al respecto, Clara Posse, del Observatorio Despidos durante la Pandemia declaró: “El Gobierno viene demostrando cómo su verdadera prioridad es sostener a los empresarios. Primero planteando garantizar el pago del 50% de los salarios privados de 1,3 millones de trabajadores y luego firmando el acuerdo entre la UIA y la CGT que habilita a más reducciones salariales. Quieren hacer pagar los costos de la crisis a los 2,5 millones de trabajadores registrados (y otros tantos de precarizados) que desde el comienzo de la cuarentena vieron sus salarios reducidos”.
Posse también afirmó:”Lo que debería hacer el Gobierno es prohibir de forma efectiva los despidos, suspensiones y rebajas salariales, una medida elemental para proteger a los trabajadores en esta crisis sanitaria y económica. En lugar de proteger los patrimonios de los empresarios debería aprobar un impuesto a las grandes fortunas”.
Mientras tanto, la CTA Autónoma manifestó su “absoluto rechazo” al pacto CGT-UIA y dijo que “tiende a colocar al trabajador en estado de indefensión” poniéndolos en situación desventajosa frente a futuras negociaciones colectivas.
La Central sostuvo que con el acuerdo “se pretende universalizar una quita del 25% del salario de los trabajadores, sumado a un sistema de subvenciones, donde sectores de empresas concentradas transfieren el pago de salarios al erario público”.
“De esta forma, solo se hacen cargo de una pequeña parte con un costo insignificante en función de sus ingresos y ganancias habituales. El acuerdo pone en el mismo plano a las pequeñas y medianas empresas que verdaderamente requieren el apoyo del Estado”, agregó.
También el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), que conduce Carlos Ortega, rechazó el acuerdo suscripto entre la CGT y la UIA. “Nuestra Organización sindical que está regida por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), rechaza totalmente cualquier rebaja o descuento salarial, en la modalidad que se quiera imponer. Desde nuestra organización gremial exigimos el pago completo de salarios comprendido por la Ley de Contrato de Trabajo”, remarcó.
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cuestionó a la CGT por el acuerdo alcanzado con la UIA y consideró que «es una señal pésima para el conjunto de los trabajadores», ya que se centra en «hablar de recorte» salarial y no de cuidar fuentes de trabajo.
Para el secretario General de la Unión Ferroviaria Sección Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, “los grandes empresarios, que han hecho fortunas, ahora van a recibir que el 50 % del salario del trabajador se lo va a pagar el Estado, pero no les alcanza eso, tienen que ir más allá, y rápidamente algunos dirigentes gremiales les ofrecen bajarle el 25 %. Esas actitudes muestran que tenemos dirigentes que me dan asco. En vez de representar a los trabajadores parece que representan a los empresarios”.
En este contexto, la textil Eseka, fabricante de las medias Cocot y Dufour, le avisó a sus 600 trabajadores que van a tener que devolver parte de la primera quincena de abril que ya abonó porque el monto «sobrepasa» el acuerdo de suspensiones al 50% que pactó el gremio (AOT).
La Asociación Obrera Textil que nuclea a unos 33.000 obreros firmó que a partir del 1º de abril y, en principio, por tres meses, se puede suspender a cambio de una suma no remunerativa. Además dejó abierta la posibilidad de extenderlo. Los operarios suspendidos cobrarán una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos según la categoría.
Como la firma asegura que la AFIP ya le aprobó la ayuda estatal que representa un salario mínimo, y debe pagar haberes entre 17 y 20.000 pesos según lo definido con el gremio, en el mejor de los casos deberá pagarle a cada operario algo más de 3.000 pesos.
Y como ya había abonado entera la primera quincena de abril antes de que se conociese el acuerdo con el gremio y el plan de salvataje estatal, definidos casi en simultáneo, le informa a cada uno que le descontará la diferencia entre esos 3.000 pesos y lo que ya cobró en la primera quincena de mayo.
«Nos aclaran que vamos a tener que devolver lo que nos depositaron la quincena anterior», contó uno de los trabajadores afectados por la determinación. «La semana que viene junto a los compañeros vamos a tomar medidas y a manifestarnos», adelantó.
El total de afectados relevados por el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario (ODP-LID) desde el inicio de la cuarentena hasta el día 2 de mayo es de 2.502.538trabajadores que han sido despedidos, suspendidos o cuyos salarios han sido reducidos. De ellos, los que sufrieron despidos y suspensiones son 1.791.912 (de los cuales 1.070.410 percibieron su salario con reducciones). Además hay 710.626 trabajadores que han visto su salario reducido como principal forma de ataque. Se destaca la enorme cifra de nuevos afectados a causa de los acuerdos salariales entre las cámaras empresariales y las dirigencias sindicales, con el aval del gobierno.
Las patronales avanzan, con el aval gubernamental, sobre los decretos 297 y 329, que establecen tanto el cobro completo de los salarios para los trabajadores afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, así como la prohibición de despidos y suspensiones respectivamente. A esta avanzada, se suma ahora el acuerdo firmado entre la Central General de Trabajadores y la Unión Industrial, con el visto bueno del Gobierno Nacional, que oficia de “ejemplo a seguir” para los distintos sindicatos y que convalida recortes salariales del 25%, los cuales serán homologados de forma exprés por el Ministerio de Trabajo, sin revisión alguna. A su vez, habilita las suspensiones, con la mediación de una comunicación emitida por el empleador, con la nómina de los trabajadores afectados a la entidad sindical correspondiente. Los casos de suspensiones y rebajas acordadas por las direcciones de los sindicatos aumentaron de forma exponencial. Los nuevos acuerdos presentan números alarmantes de trabajadores afectados, como en Comercio (1.200.000) y Gastronómicos, que incluye a 300.000 trabajadores.
A los acuerdos por sector hay que sumarle la situación de los informales y todos aquellos que están siendo atacados pero no aparecen en los medios y cuya situación por ende, es imposible relevar. Por su propia condición de informalidad es el sector más invisibilizado y, a la vez, el que sufre de manera más cabal el impacto de la crisis. Se calculan alrededor de 500.000 mujeres afectadas por recortes o suspensión total de pago del salario. Estas cifras, resultan aún más impactantes si tenemos en cuenta que los empleos del sector son los de más baja remuneración de la economía, promediando los $ 8.167, un equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil de $ 16.875. El sector -que representa un 5 % del empleo nacional- constituye el 17% del trabajo femenino. Es decir, no solo son cientos de miles las trabajadoras afectadas, sino que son en su inmensa mayoría mujeres, cuyas condiciones de desigualdad y vulnerabilidad se ven reforzadas por la amplia situación de informalidad que registra el sector: apenas 1, de cada 4 trabajadoras de casas particulares se encuentra registrada.
Denunciá tu situación en [email protected]
Pandemia de suspensiones, despidos y rebajas salariales
A través de un comunicado de prensa, desde la seccional municipal de CICOP Tigre, denunciaron al intendente Julio Zamora por despedir a más de 14 trabajadoras esenciales y mantener en vilo la renovación de otros 35 contratos. Se trata de trabajadoras de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento Familiar y de la Dirección General de Políticas de Género y Violencia Familiar.
Los despidos realizados por el intendente Julio Zamora se dan en el marco de la Pandemia de COVID19 y en detrimento del DNU 329/2020 del Poder Ejecutivo nacional que prohíbe los despidos. Tras la decisión de Zamora, se deja sin atención a “10.500 niñxs y adolescentxs en situación de vulneración de derechos y a 17.500 mujeres en situación de violencia de género del partido de Tigre”.
En respuesta a los despidos y a la precarización laboral, convocaron a una asamblea y radio abierta a fines de acompañar el reclamo de las 14 trabajadoras despedidas y los 35 contratos suspendidos. La misma se realizó -con tapabocas y respetando las medidas de distanciamiento social- el lunes 4 de mayo frente al Palacio Municipal.
Entre los referentes de Cicop estuvo presente Marta Márquez, quien informó que “despidieron a 14 trabajadoras del Área de Fortalecimiento Familiar, no sabemos por qué, después de declararlas personal esencial cuando se inició la pandemia”.
“Son trabajadoras absolutamente precarizadas, con contratos de monotributistas, desde hace 3 o 4 años, es decir que facturan, pagan de su bolsillo el monotributo, no desde hace 2 meses, desde hace años. Esto es fraude laboral encubierto”, continuó la representante gremial.
La UOM La Matanza se convirtió en la única seccional metalúrgica que cuestiona el acuerdo al que llegó la conducción del sindicato para suspender trabajadores sin tareas con el pago del 70% del sueldo bruto. Como consecuencia en la planta de Acindar de La Tablada, donde los trabajadores votaron en contrade lo que firmó el gremio, la empresa no les renovó el contrato a seis empleados y le descontó a todo el personal entre un 35 y 40% del sueldo.
En las otras plantas de Acindar, ubicadas en Villa Constitución, San Nicolás y Villa Mercedes, las seccionales metalúrgicas aceptaron el acuerdo que firmó la UOM con las cámaras empresariales, por lo que allí habrá personal suspendido por encontrarse sin tareas que cobrará el equivalente al 70% del sueldo bruto, o el 86% del neto, durante un período de cuatro meses.
¿Por qué en la planta de La Tablada se votó en contra? “Porque nos tomamos el trabajo de hablar con la gente. Hay que ver si en otros lugares se les da al Cuerpo de delegados, al gremio o a los compañeros la posibilidad de participar. Nosotros hicimos la votación vía WhatsApp y salió 60 a 40 en contra de la propuesta de reducir los sueldos”, señalóHugo Melo, el titular de la UOM La Matanza.
Trabajadores repartidores de Glovo, Rappi, Pedidos Ya, Uber-Eats, entre otras empresas de reparto a domicilio, convocaron a un paro general para el próximo viernes, con movilización en distintos puntos del país, en reclamo de un «aumento salarial del 100 %» y para denunciar su precariedad laboral en el sector, agravada por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
Miserables II
Las empresas del megaempresario Carlos Blaquier, comunicaron a sus empleados papeleros que sus salarios tendrán un recorte del 30%, de acuerdo a la necesidad de la firma de convocarlos o no a cumplir tareas en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, es decir, que los trabajadores que se encuentran en las categorías más bajas y que hoy cobran alrededor de 30.000 pesos, podrían quedarse en sus casas cobrando solo 20.000 pesos.
Cabe acotar que las ganancias de las empresas de la familia Blaquier facturaron 20.000 millones de pesos en 2019 y sus ganancias operativas aumentaron un 128% llegando a 1.704 millones de pesos.
Denunciaron penalmente a la empresa del hombre más rico de la Argentina, Paolo – Rocca, por violación de la cuarentena. La demanda es contra la planta de la firma Ternium Siderar de la localidad bonaerense de Canning.
Según la acusación, se están realizando operaciones no autorizadas para desarrollar en medio del aislamiento preventivo, social y obligatorio en el que se encuentra nuestro país.
La presentación fue hecha por los dirigentes Ceferino Fernández y Sergio López de la seccional Avellaneda de la UOM.
Por otra parte, radicaron otra denuncia administrativa ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires «que impone penas de seis meses a dos años de prisión para quien ‘violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia’».
En la presentación se advierte que “sin contar con autorización expresa de autoridad competente, la empresa ha intentado obligar a más de 100 trabajadores que se encontraban cumpliendo aislamiento obligatorio para que concurran al establecimiento a cumplir tareas habituales”.
Por los medios
El 1º de mayo, Día del Trabajador, tres decenas de delegados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se reunieron en la puerta de la redacción de Clarín. Con barbijos y respetando la distancia social, se ordenaron para sacar una foto con la leyenda de “#PeriodismoEnEmergencia”.
Los trabajadores de prensa del principal diario de papel y el segundo portal Web de noticias más importante a nivel nacional -ambos integrantes del primer grupo mediático y de comunicaciones del país- están inmersos en un plan de lucha contra el intento unilateral de la empresa de abonar el 40% del salario el 22 de mayo. Con quites de firmas y ceses de actividades reclaman que la empresa retroceda en su decisión adoptada horas después de que, con patrocinio del gobierno, la CGT sellara un acuerdo con la UIA para reducir salarios en hasta un 25 %.
Agustín Lecchi, secretario de organización del SiPreBA, confirmó que “Clarín es la punta de lanza de un ajuste que lleva años y que ahora avanzó en Atlántida, Publiexpress, Diario Popular y Radio Metro”.
Publiexpress, que edita la Revista Pronto (la más vendida del país), cerró su redacción y su planta gráfica IPESA para, según sus delegados, reabrir con personal fuera de convenio. La empresa, gerenciada por Eduardo Lerner y Abel Nahon, decidió desoír la conciliación obligatoria y pasar por alto el decreto 329/20 que prohíbe los despidos. Editorial Atlántida, en tanto, despidió a una cuarentena de trabajadores reteniendo el pago de salario y forzándolos a “acuerdos voluntarios”. Diario Popular, tercero en ventas, presentó un preventivo de crisis para despedir y reducir salarios.
En la rama televisiva, América TV/A24 anunció el pago del salario en cuotas, al igual que se viene haciendo en C5N.
El cuadro en otras provincias del país es peor. Miguel Iademarco, prosecretario de interior de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) explicó a Tiempo que “según el convenio 541/08, el salario bruto de un redactor es de $35.900, muy por debajo de la línea de pobreza”. Miguel Lademarco, prosecretario de interior de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) refirió que el grupo que encabeza el empresario Aldrey Iglesias impuso a sus trabajadores de los diarios La Capital, de Mar del Plata, La Voz de Tandil y La Prensa, de Capital Federal, el cobro del 50% del salario por dos meses apelando a los hechos consumados y amenazas.
También advirtió sobre la situación en Corrientes, donde la empresa dueña de El Litoral, el principal medio de esa provincia, “pagó salarios desdoblados y sin el aumento de emergencia establecido por decreto en enero. La patronal no garantiza las condiciones sanitarias mínimas e impone una brutal sobrecarga de tareas luego de los despidos (entre ellos los de un delegado) que se produjeron el año pasado”.
La pandemia también es excusa para modificar las condiciones de trabajo. Por caso, Editorial Perfil decidió volcar toda su producción al formato digital y, con esa excusa, busca extender la jornada laboral.
Diego Pietrafesa, delegado de Sipreba de Telefé, señaló que “a los trabajadores de prensa televisada nos preocupa mucho el ahora pero aún más el después. Con la excusa de la pandemia se está instaurando un modelo de negocio periodístico que hace ajena la participación de los trabajadores de prensa”. Pietrafesa explicó que “vía Skype u opinadores se quita al trabajador de prensa su función esencial. Se están haciendo la misma cantidad de horas de aire, o más, con menos personal y el material generado por los trabajadores de prensa no supera el 10 %”.
Movimientos sociales denuncian al Gobierno de Córdoba
En un comunicado el FOL (Córdoba) denuncia: la BAJA DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PROVINCIALES: XMI, PPP, PILA, PIP. Como se ha denunciado desde UTEP Córdoba: “la gestión provincial se “ahorraría” con esta medida de suspensión durante 3 meses de todos los programas, un monto equivalente a $ 225 millones, ajustando y dejando desamparadas a más de 27.000 cordobeses y cordobesas, muchas mujeres y hombres humildes de esta provincia. Entendemos que ese mismo monto puede obtenerse, por ejemplo, de una contribución única, equivalente al 0,2% sobre el valor de las 8 explotaciones agropecuarias más grandes de la provincia”. Es absolutamente repudiable este hecho, cuando gran parte de las trabajadoras de estos programas hoy siguen trabajando en los barrios, cocinando centenares de raciones alimentarias por día, cociendo barbijos, haciendo tareas de promoción de salud y cuidados, atendiendo incansablemente todo tipo de emergencias por violencias de género, etc.
A todo esto hay que agregar la suspensión de las cuadrillas provinciales de trabajo del Programa de la Economía popular, que no cobraron más de UN MES DE TRABAJO Y que DEJARON CESANTES aprovechando el desembarco del programa de restauración de escuelas que también duró un solo mes.
A estas situaciones se agrega la falta de pago de más de 25.000 kits escolares de mochilas y cartucheras que han confeccionado organizaciones de la Economía popular y que todavía no han sido pagados por el Ejecutivo provincial.
Por tal motivo, repudian la baja de los programas provinciales de empleo y exigen su reactivación inmediata al servicio de las necesidades de los barrios.
De tal palo tal astilla
En un 1° de mayo distinto, sin marchas ni movilizaciones por el aislamiento social, preventivo y obligatorio,el PRO dio a conocer su flamante pata sindical. Con mensajes en las redes sociales, la organización se presentó y habló de empresas y competitividad.
«Un desafío impostergable para los argentinos», se tituló el comunicado con el que se presentó la OTPro en las redes sociales.
«Nos proponemos confluir en un gran acuerdo colectivo, que deje atrás los conflictos y las luchas que hasta ahora nos impidieron adelantarnos a un cambio que hoy está en presente», agrega.
Horas más tarde, la pata sindical de Juntos por el Cambio difundió el comunicado por el que ese bloque legislativo se pronunciaba en contra del pago de un bono a los empleados del Congreso que haya trabajado en cuarentena.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Infobae, Télam, Infogremiales, Anred, Red Eco Alternatio, APU, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Clarín, Ambito Financiero, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia