Durante el primer Plenario Presencial del Consejo Agroindustrial Argentino realizado el 13 de octubre, Julián Domínguez, titular del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), propuso su proyecto de reactivación desde el sector: el Plan Agrobio-Industrial Sostenible (PAIS) 2020-2030. Allí dijo: «Les pido que reconstruyamos un lenguaje común, que tengamos un mensaje país». Lo cual parece mucho más que una sigla.
El escenario actual es muy diferente al del 9 de diciembre de 2015. Volver a aquellos índices de crecimiento económico con inclusión social, va a llevar tiempo y lucha popular, evitando caer en una mirada nostálgica o el deseo errado de que la historia pueda volver hacia atrás.
El contexto internacional y nacional han cambiado mucho desde entonces, tras las dos pandemias de por medio. Un salario que no alcanza, una inflación sostenida, 41% de pobreza, miles de familias en situación de calle, se combinan con exportaciones y liquidaciones de divisas record. Todo sujeto a un problema de fondo… de Fondo Monetario Internacional.
En Argentina, desde el regreso del FMI en 2018, se profundizó el proyecto que subordinó a la producción y el trabajo al plan del sector financiero. Un empréstito de 55 mil millones de dólares (de los que se desembolsaron 45 mil millones), determinó un ordenamiento diferente de los actores que disputan el rumbo político y económico del país.
La deuda tomada por el expresidente neoliberal Mauricio Macri hipotecó el futuro de todas y todos los argentinos por un acuerdo con el Fondo que obliga a pagar, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2024, alrededor de 40.000 millones de dólares, que terminó en una fuga del 80% de los dólares que ingresaron.
En Argentina, dos proyectos protagonizan la centralidad de la política económica:
El que impulsa el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), cuyo objetivoes lograr exportaciones por 100.000 millones de dólares anuales (actualmente son 65.000 millones de dólares que se exportan del sector). Para ello, solicitan algunos beneficios: estabilidad fiscal, amortización acelerada, valuación de la hacienda, devolución del IVA, entre otros.
Un consejo conformado por más de 60 cámaras y entidades del sector, presidido por la Bolsa de Comercio de Rosario. Entre ellas encontramos a CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales), que nuclea a empresas transnacionales como ADM, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus; ACSOJA; ARGENTRIGO; ASAGIR; como las más importantes.
Fueron quienes, el pasado 30 de septiembre presentaron al Congreso de la Nación el proyecto de ley titulado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, acompañados por el ministro Julián Domínguez, junto al presidente Alberto Fernandez y la vicepresidenta, Cristina Fernandez de Kirchner.
El otro proyecto es el impulsado por la AEA (Asociación Empresarial Argentina). Sus principales miembros son Héctor Magnetto (Grupo Clarín); Julio Saguier (Grupo La Nación); Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó); Enrique Cristofani (Banco Santander); Pablo Roemmers (Roemmers); Norberto Morita (Fondo de Inversión Southern Cross); David Lacroze (Grupo Lacroze y Sociedad Rural Argentina); Marcos Galperín (Mercado Libre), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group); Mario Ravettino (ABC), Alfredo Coto (Supermercados Coto); Federico Braun (Supermercados La Anónima); Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc – Molinos Río de la Plata).
Dichos actores fueron quienes impulsaron junto a la Alianza “Juntos por el Cambio (Cambiemos), las políticas de gobierno desde 2016 a diciembre de 2019, imponiendo un proyecto financiero y extractivista por sobre el productivista, con tasas de interés inviables para el desarrollo económico, apertura de importaciones, entre otras acciones que perjudicaron a los sectores de la industria y la agroindustria nacional.
Entre estos dos proyectos político-económicos se encuentra la disputa principal. No es una cuestión de buenos o malos, ambos se enfrentan para acumular las riquezas que generan quienes producen y trabajan. Ponen sus proyectos sobre la mesa, uno basado en lo financiero y tecnológico trasnacional, el otro basado en lo agroindustrial.
Ambos favorecidos por la agobiante deuda con el FMI, hacen que el proyecto nacional y popular deba transitar inteligentemente esta contradicción principal, pero sin olvidar que la justicia social y la felicidad del pueblo es el objetivo de gobernar.
Un nuevo modelo para un país que incluya a todos
Resulta fundamental entonces planificar un nuevo modelo agroalimentario productivo y sustentable, bioeconómico y bioético, que conserve los recursos biológicos, su uso directo y su transformación en el marco de los procesos productivos; que utilice el conocimiento de los recursos, procesos y principios biológicos en el desarrollo de productos; que aplique las tecnologías al conocimiento, transformación y emulación de recursos.
Un modelo con bioindustrialización-digitalización-informatización de la ruralidad, que se conecte en red a través de Polos Tecnológicos Regionales, Nodos Científicos y Tecnológicos Provinciales y Células de Innovación y Desarrollo Glocal. Un modelo con soberanía tecnológica y productiva para lograr soberanía agroalimentaria.
Un modelo donde la innovación y el conocimiento de punta se democraticen en pos del desarrollo y el arraigo territorial, que invierta fuertemente en conocimiento y agricultura inteligente, que promueva buenas prácticas agropecuarias, disminuya costos productivos, controle el impacto ambiental, mejore la rentabilidad de la cadena, genere nuevos mercados y puestos de trabajo.
Resulta fundamental poner en el centro a la mujer y al hombre, a quienes producen y trabajan, organizados en comunidad. Con las nuevas tecnologías puesta en función de alcanzar el desarrollo productivo nacional, a partir de la instantaneidad de los datos (virtualidad), las acciones de la realidad y los procesos biológicos, es decir, la combinación de lo virtual, lo real y lo biológico que se ha logrado a partir de los avances científicos tecnológicos de la llamada Cuarta Revolución Industrial-tecnológica que acontece.
Resulta necesario que PAIS sea mucho más que una sigla: ello dependerá de que los actores del sector productivo, organizados y trabajando en unidad, la transformen en una política agrobioindustrial de nuevo tipo, altamente intensiva en conocimiento.
Es urgente avanzar en la construcción de un nuevo modelo agroalimentario desde un proyecto de soberanía nacional, donde producción y sustentabilidad no sean contradicciones, y donde miseria y hambre sean solo un mal recuerdo en Argentina.
Matias Strasorier es analista agropecuario y director del Centro de Estudios Agrarios, Argentina.
María Rizzo es médica veterinaria, Maestranda en Desarrollo Regional y Políticas Públicas de FLACSO, y co-Directora del Centro de Estudios Agrarios Ambos, asociads al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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