Paro en las universidades nacionales por la crítica situación salarial

También se decidió peticionar a los rectores de las distintas casas de estudio la declaración de emergencia salarial en todas las universidades públicas y participar del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que tendrá lugar en La Pampa el próximo 30 de agosto, en donde, en caso de no recibir una respuesta favorable, se definirá la fecha para una próxima marcha universitaria.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, resaltó: “Durante los siete meses de Javier Milei como presidente, los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales perdimos más del 50% de nuestro salario frente a la inflación. Luego de la marcha del 23 de abril, donde toda la sociedad se expresó a favor de las universidades, tuvimos una reunión con la ministra Sandra Pettovello, a partir de la cual, hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna respuesta”.

Y agregó: “Esta situación nos parece una falta absoluta de respeto y consideración por parte de la funcionaria y del gobierno, ante la durísima situación salarial que atravesamos las y los trabajadores de las universidades de todo el país. Por eso retomamos el plan de lucha con estas medidas, para la recuperación de nuestros ingresos”

“No hay universidad pública de calidad, sin salarios dignos”, concluye el texto.

Según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU, “el financiamiento universitario exhibió una caída mayor a 120 puntos en el primer semestre del año aunque se haya completado la mayor parte de su ejecución, por lo que alertan que si no se amplía ”será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año“.

El análisis reveló que “en los primeros seis meses de 2024, las universidades nacionales recibieron del Estado 1.351.829 millones de pesos”, lo que implica “un 152,8% más que lo que obtuvieron en los primeros seis meses del año pasado”, pero “esa variación queda muy rezagada frente al promedio interanual de inflación, que alcanzó los 276,4 puntos”.

Los docentes universitarios perdieron hasta un tercio de su salario en los últimos ocho meses

Por Carolina Berardi

A pesar del relato del Gobierno, que les atribuye aumentos superiores a los de los trabajadores del Estado Nacional e insiste en hacer el corte temporal excluyendo la megadevaluación de diciembre, los números muestran que el poder adquisitivo se recortó hasta 32,2% de noviembre a julio.

El Ministerio de Capital Humano acusó recibo del reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre la situación crítica de los salarios y de la declaración de emergencia salarial de parte de algunas universidades nacionales como las de Buenos Aires y Córdoba y esta semana intentó en redes una respuesta. La cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló al enfrentamiento entre trabajadores y argumentó que entre diciembre y julio los docentes universitarios incrementaron sus ingresos un 71%, mientras que la pauta general establecida para los salarios del Estado nacional fue de 58,5%.

Resulta al menos curioso que en el mismo comunicado termina reconociendo lo que los sindicatos de docentes universitarios, de no docentes, así como las autoridades mismas vienen denunciando: la licuación de los salarios resulta ya insostenible.

Asimismo, continúan asegurando en el Poder Ejecutivo que el problema de las universidades nacionales, por el cual se produjeron masivas marchas en abril de este año, ya está solucionado: los gastos de funcionamiento fueron incrementados 270%.

Sin embargo, como señaló este diario en mayo tras el anuncio, es un aumento significativo, para una porción insignificante del presupuesto universitario: menos del 10% del total (8% en lo que va de 2024). La gran mayoría de los fondos (más de 80%) se destinan a salarios. Pero la medida le sirvió al Gobierno en términos políticos: desmovilizó a la comunidad en general, y a la universitaria en particular, y logró postergar, con complicidad de sus aliados, el debate en la Cámara de Diputados sobre diversos proyectos tendientes a garantizar el financiamiento de la educación superior. 

Así, mes a mes las transferencias a universidades continúan cayendo en términos reales. En el primer semestre, los fondos recibidos por las casas de estudio fueron 37% menores a los del mismo período de 2023. A su vez, se ubican 36% por debajo del promedio de los últimos 8 años.

Quienes pagan el peso de este ajuste son los docentes y no docentes universitarios. Desde diciembre, perciben incrementos unilaterales, sin ningún espacio para la negociación colectiva. Así, el primer aumento de la era Milei fue un 6% para diciembre, frente a una inflación que escaló a 25,5% tras la mega devaluación y la desregulación de diversos sectores de la economía. En enero, los salarios permanecieron inalterados, frente a una inflación de 20,6%. Esa profunda licuación está lejos de recuperarse: a julio, los docentes perdieron 23% de poder adquisitivo en relación a noviembre de 2023. En dicho período, la inflación escaló 134,6%, mientras que los salarios universitarios sólo subieron 80,4%. 

Twitter CEPA – 8

En el comunicado publicado, sin embargo, utilizan otra referencia temporal, y comparan con diciembre, en una estrategia que lleva adelante el gobierno en términos discursivos que implica desresponsabilizarse por la enorme pérdida de poder adquisitivo que implicó la devaluación y la consecuente tasa de inflación de 25,5% en diciembre. Así, hacen referencia a un 71% de aumento desde dicho mes. Pero aún si tomáramos ese corte temporal, la inflación también estuvo muy por encima (87%).

A su vez, un importante conjunto de docentes está en peor situación, y paradójicamente son los que se encuentran en la base de la pirámide. Gran parte de quienes tienen cargos de dedicación simple sufrieron recortes salariales mayores. Por ejemplo, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple perdió de noviembre a julio 32,2% de su poder adquisitivo. Es decir, le recortaron prácticamente un tercio de su salario. 

¿A qué se debe esta diferencia? A la decisión del Gobierno Nacional de congelar la garantía salarial docente, esto es, el mínimo que debe percibir un docente universitario. Al dejar fijo este monto, los salarios que estaban alcanzados por este piso, recibieron aumentos menores al resto: en el ejemplo señalado, el sueldo sólo creció 59,2% entre noviembre y julio, frente a una inflación de 134,6%.

Al igual que sucede en el caso de los jubilados, con el congelamiento del bono para quienes cobran la mínima, entonces, los más perjudicados son los de más abajo.

Alertan que no se podrán afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año

El financiamiento universitario exhibió una caída mayor a 120 puntos en el primer semestre del año, aunque se haya completado la mayor parte de su ejecución, por lo que alertan que si no se amplía “será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año”, según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU.

El análisis reveló que “en los primeros seis meses de 2024, las universidades nacionales recibieron del Estado 1.351.829 millones de pesos”, lo que implica “un 152,8% más que lo que obtuvieron en los primeros seis meses del año pasado”, pero “esa variación queda muy rezagada frente al promedio interanual de inflación, que alcanzó los 276,4 puntos”.

De esta manera, se observa que, en la primera mitad del año, el financiamiento universitario quedó 123,6 puntos por debajo de la variación de precios durante dicho periodo. En cuanto al destino de los fondos, el estudio muestra que se incrementó la proporción de los fondos destinados a los Salarios con respecto al mismo período del año pasado (de 89,7% a 90,9%), y se redujo la participación del resto de las actividades, en particular los Gastos de Funcionamiento (de 6,7% a 6,4%).

La caída del presupuesto se profundizó en junio, ya que “las casas de estudio perdieron incluso más en relación a la inflación”, a raíz de que “en esos 30 días, recibieron poco más de 364.800 millones de pesos, solo un 106,3% sobre junio de 2023, frente a una inflación de junio a junio de 271,5%, lo que constituye un atraso de 165,2 puntos por detrás de ese índice”. 

El informe recordó que “como ocurre en otras áreas del Estado, las universidades poseen el presupuesto prorrogado de 2023, que solo se incrementó en un 1,6% durante los primeros seis meses”, advirtiendo que “esa escasez hizo que el nivel de ejecución sea casi completo, lo que augura que será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año”.

En este sentido, indicó que “el nivel de ejecución de las transferencias a UUNN de la Administración Pública Nacional al finalizar el mes de junio del presupuesto disponible fue de 93%, superior al promedio de los años 2015-2023 (51%)”.

Al respecto, señaló que “este alto nivel de uso del crédito, para esta altura del año, explica la necesidad de ampliar el presupuesto anual, dado que el saldo sin ejecutar es notoriamente insuficiente para cubrir las necesidades presupuestarias de los próximos meses”.

Al detallar los recortes dentro del financiamiento, el reporte aportó que “se redujeron a cero las transferencias de otras jurisdicciones que no sean el Ministerio del Capital Humano (es decir, por donde pasan los fondos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias); se ajustaron en miles de millones los montos dedicados a Actividades de Ciencia y Técnica, Institutos Tecnológicos, Proyectos Especiales y Hospitales Universitarios y los fondos para becas tuvieron una caída real de nada menos que el 61%”.

Asimismo, desde el IEC estimaron que “de persistir esta tendencia, al concluir el año se habrá destinado a la educación universitaria tan solo el 0,24 % del Producto Bruto Interno, el valor más bajo de las últimas décadas (a título ilustrativo: en los últimos años estuvo en torno al 0,70%)”.

Emergencia universitaria

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su «profunda preocupación» ante la situación salarial «crítica e inadmisible» que atraviesan docentes y no docentes del sistema universitario público. Además, durante la reunión, el Consejo advirtió por la falta de actualización de los programas de asistencia a estudiantes de las universidades, «sustanciales y muchas veces definitorios para la continuidad de su carrera».

El encuentro se llevó en julio y agrupó a rectores y representantes de todas las federaciones docentes, nodocentes y estudiantiles del país (FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA, FAGDUT y FUA). «Reclamamos urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas», expresaron desde el CIN en un comunicado de prensa.

En ese marco, aseguraron que la no resolución del conjunto de problemas enunciados a lo largo de este año somete al «sistema a una situación de emergencia que requiere atención y resolución con celeridad». «No hay solución del problema universitario si no encontramos con celeridad respuesta a estas preocupaciones, que no son solo de la comunidad universitaria, sino del conjunto de la sociedad argentina», expresaron.

El parte de prensa lleva la firma del Frente Sindical de Universidades Nacionales Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Pullaro anunció que descontarán el día a quien haga paro

El gobernador de Santa Fe apuntó de lleno hacia la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) por el paro docente que anunció para el pasado miércoles, al tiempo que Maximiliano Pullaro confirmó que descontarán el día a quienes se plieguen a la medida gremial.

El titular del Poder Ejecutivo ratificó la postura que adoptó la Provincia durante la última medida de fuerza. De esta forma, cada persona que quiso ir a trabajar el miércoles en el sistema educativo debe hacer la declaración jurada en la página Mi Legajo para asegurar el cobro de haberes y el premio de Asistencia Perfecta.

A diferencia de lo que resolvió AMSAFE, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) aceptó la oferta de aumento del Gobierno. Pero no dejó de haber polémica. El lunes, momento en que se debía tomar la decisión, las posturas de SADOP Rosario y Santa Fe (las que definen) fueron distintas: la primera quería acordar y la segunda, ir al paro. Finalmente, aceptaron, pero “en absoluta disconformidad”.

Maximiliano Pullaro no modificó su interpretación sobre el impacto de las docentes. En vísperas de la protesta de Amsafe, manifestó: “El paro no se lo hacen al Gobierno de Santa Fe, se lo hacen a los chicos que pierden un día de clases”.

“No esperábamos esta actitud del sindicato y de los sindicalistas”, indicó el funcionario en conferencia de prensa. A continuación, recordó que otros gremios aceptaron el aumento trimestral del 9,95 % en las paritarias. En este sentido, precisó que la recomposición de este año “supera en 3 puntos a los índices de inflación” de la provincia.

“Este es el paro número 13 que enfrentamos”, comentó Pullaro a través de redes sociales. Luego añadió: “No solo debemos gobernar para los empleados públicos, sino para todos los santafesinos, especialmente aquellos que pierden su empleo”.

Según el cálculo del jefe de la Casa Gris, un punto porcentual de aumento salarial equivale a 40.000 millones de pesos. “Para que tengan una idea, ese monto equivale a ocho escuelas, 40 kilómetros de ruta, todos los patrulleros nuevos que compramos para la policía y el doble de ambulancias que vamos a adquirir”, enumeró.

Finalmente, Pullaro puso la lupa sobre la postura de los sindicatos para afrontar las discusiones salariales. A la hora de analizar la situación actual, acotó: “Han sido muy duros con nuestro gobierno, pero mucho más blandos en otros momentos”.

Docentes neuquinos reclaman al gobierno una mesa de diálogo para quitar el presentismo

A partir de las 7 am y hasta las 15 docentes realizaron una permanencia en la Casa de Gobierno de Neuquén y así bloquearon el ingreso del personal a la misma. Es el primer día del Paro por 72 horas de ATEN como plan de lucha para exigir que el gobierno de Neuquén a cargo de «Rolo» Figueroa se siente a negociar y quite el presentismo, entre otros reclamos.

«Lo llama «Plus Salarial» pero en realidad es un presentismo y una modificación del régimen de licencias para docentes» dijo Enzo, docente. También les docentes se oponen a «los descuentos masivos indiscriminados, y la modificación de la organización de las jornadas institucionales a las que desjerarquiza para no pagar», agrega.

Desde ATEN realizaron una conferencia de prensa con otras organizaciones sindicales que acompañaron la protesta, como SIPROSAPUNE, CTA y los movimientos sociales que fueron recientemente criminalizados y allanados de manera ilegal.

En un momento de la jornada, la policía intimó a les docentes para que desalojen la permanencia en la vereda, pero fue rechazada de plano. Además, les trabajadores nucleados en los sindicatos docentes realizaron una olla popular para compartir el almuerzo. También organizaron una charla sobre cómo el ajuste genera crisis en los barrios, en el sistema educativo y al sistema de salud. Las banderas reivindicando al docente fusilado Carlos Fuentealba flamearon en el piquete.

Docentes repudiaron la visita del presidente Milei a Neuquén

Las trabajadoras y trabajadores de la educación se manifestaron en la ruta 22 contra la presencia de Javier Milei en la provincia de Neuquén. La manifestación de los docentes se llevó adelante al finalizar la asamblea donde resolvieron la continuidad de la lucha contra el presentismo y en defensa de la educación pública.

Al finalizar la asamblea donde votaron la continuidad del plan de lucha, se trasladaron a cortar la ruta 22 y Olascoaga. Fue una acción realizada por el conjunto de la Multisectorial en repudio a la visita de Milei que fue recibido por el gobernador Figueroa, socios en el saqueo y la entrega a las multinacionales de nuestras riquezas petroleras y gasíferas.

La secretaria adjunta de Aten Capital, Yazmín Muñoz Sad, habló sobre la asamblea de Aten Capital que se desarrolló y repudió masivamente la presencia del presidente Javier Milei en Neuquén. “Un sector mayoritario de la misma se sumó al corte de la ruta 22 y Avenida Olascoaga para junto con los movimientos sociales y la izquierda decir bien fuerte Malvenido Milei”, expresó.

Asimismo, Muñoz Sad dijo que se trata de “una perfecta sintonía entre Figueroa y Milei para profundizar el extractivismo en la provincia enriqueciendo a las petroleras y dejando solo pasivo ambiental, miseria y represión. Mientras beneficia a las petroleras como YPF, PAE, CGC, Tecpetrol, Vista, Chevron y Shell con quienes hoy se reunieron en pos del saqueo de la provincia, la escuela pública en Neuquén a la que asisten los hijos de la clase trabajadora es la última prioridad”.

Entre la denuncia de la docente sobre el estado de las escuelas mencionó que hubo escuelas incendiadas, algunas con casos de explosiones, y otras inundadas por las cloacas. “El gobierno culpa a las docentes y nos persigue porque no bajamos la cabeza y denunciamos la política de destrucción de la escuela pública y el beneficio al negocio de la escuela privada”, finalizó.

Martes y miércoles paro en Jujuy

En Jujuy, la asamblea del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), ratificó el lunes 5, en un comunicado, el paro por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo.

La medida responde, según lo expresado por los y las docentes: «Al incumplimiento del gobierno provincial imponiendo una propuesta insatisfactoria, paupérrima que nos condena a sueldos de hambre».

Córdoba: la docencia respondió a los ataques de Llaryora con un paro y movilización multitudinarios

No sólo el paro de 48 horas contó con un alto acatamiento, superior al 70 % en toda la provincia, sino que la movilización en las calles de la ciudad de Córdoba del martes fue multitudinaria. La jornada había sido precedida por las distintas acciones zonales, semaforeadas y carteleadas que realizaron el lunes distintas escuelas en múltiples puntos de la provincia para hacer activo el paro, calentando los motores de la movilización del martes donde se hicieron sentir con fuerza miles de docentes de la Ciudad y el interior provincial.

Los creativos carteles expresaban el hartazgo y bronca contra el gobernador Llaryora: “Llaryora miente”, “Exceso en sobrecarga laboral”, “Llaryora: no somos tus esclavos”, fueron los más repetidos. Es que Llaryora eligió a la docencia de blanco de sus ataques para imponer un duro ajuste provincial en sintonía con el gobierno nacional. No sólo impuso la conciliación obligatoria para evitar las medidas de fuerza luego del rechazo masivo de las dos propuestas de miseria anteriores, hizo una tercera propuesta peor que la anterior y, violando su propia conciliación obligatoria, impuso el aumento por decreto y aplicó descuentos por paro y asambleas; sino que todo esto fue acompañado de una campaña de provocaciones permanentes contra la docencia. Buscó poner la opinión pública contra la docencia. Por un lado, queriendo instalar la idea de que la docencia de Córdoba tendría “el mejor salario del país”, cuando Córdoba es la cuarta provincia con menor inversión de presupuesto por establecimiento educativo y con el aumento del gobierno la enorme mayoría seguirá estando muy por debajo de la línea de pobreza: “quiero ver si Llaryora puede vivir con un salario docente”, “nos pagan salarios de pobreza y tenemos que trabajar más horas, sumar más cargos y a veces hasta changas en otros trabajos para llegar a fin de mes”, comentaban docentes de la Escuela Etchegoyen.

Por otro lado, dijo que las y los docentes trabajan sólo 4 horas, cuando hay una sobrecarga laboral cada vez más extendida e insoportable que se profundiza con permanentes medidas arbitrarias del Ministerio como la Feria de Ciencias, ese “homenaje a la sobrecarga laboral” como sintetizó Karina, al tiempo que Ezequiel, docente del Ipet 383, señaló “que venga él a ser docente por un día a ver si con 4 horas se puede dar clases, planificar, preparar las clases, armar materiales didácticos, llenar planillas, hacer reuniones de área y todo lo que hacemos.”

Ninguno de los intentos del gobierno de poner la opinión pública contra la docencia funcionó: en las acciones zonales se hizo sentir el apoyo con bocinazos, aplausos y gestos de aprobación, y en la movilización también participaron familias. “Vine porque quiero defender la educación de mis hijas, es muy importante lo que reclaman, les tienen que pagar salario justo a los docentes”, dijo Anahí, mamá de una estudiante de la escuela Etchegoyen, al tiempo que Martina, estudiante, dijo “el gobierno le tiene que dar prioridad a la educación, es lo más importante.”

La movilización también expresó la voz de las y los jubilados que vienen sufriendo un duro ajuste: “a los jubilados nos quieren matar de hambre. Al diferimiento se suma el ajuste jubilatorio y los recortes que nos hacen por APROSS. Estamos en la indigencia. A Llaryora lo voté, le creí el discurso contra los ´pituquitos de Recoleta´ y resulta que después se arrodilló con Milei. No van contra la casta sino en contra nuestro”, dijo Susana R., docente jubilada.

La movilización también fue un mensaje contundente para la conducción Celeste de UEPC provincial, mostrando que la docencia tiene voluntad de lucha y rechaza su política de entrega. El desprestigio de la conducción Celeste es notorio: las columnas de las escuelas que movilizaron con UEPC Capital triplicaron las de los celestes. En esto también falló el operativo del gobierno que lanzó una campaña macartista contra la conducción de UEPC Capital y la izquierda, buscando correr el eje de las justas demandas de la docencia a la vez que demonizar a los sectores que luchan consecuentemente contra esta política de ajuste mientras las conducciones sindicales peronistas como la Celeste lo garantizan.

Luego de la contundente respuesta que muestra que hay fuerzas para pelear la docencia tiene que exigir a la conducción provincial medidas a la altura. Convocatoria a asambleas escolares donde las escuelas puedan debatir y preparar un nuevo paro en unidad con las familias, estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa. Como se mostró ante el intento de Llaryora de avanzar en cierres de cursos en escuelas de barrios vulnerables, la unidad de las escuelas con las familias y los barrios es clave para ganar la pelea. Lo mismo mostraron las y los trabajadores de salud, que ante el intento del gobierno de cerrar dispensarios (CAPS) se unieron a las vecinas y vecinos de los barrios, mostrando la potencialidad de luchar junto a la comunidad. Es necesario fortalecer esa unidad y unir la pelea a las y los docentes universitarios, de los SRT en lucha en defensa de los puestos de trabajo, para darle fuerza a una gran lucha educativa en la provincia.

Protesta frente a Casa de Gobierno contra los despidos en el ministerio de Educación

El miércoles 7, trabajadores del ministerio de Educación volvieron a protestar frente a Casa de Gobierno de Tucumán contra los casi 100 despidos que afectan directamente a programas como el de Terminalidad Educativa, Coros y Orquestas, del programa «La escuela sale del aula», y otros.

«Seguimos pidiendo por la reincorporación de los 100 compañeros que fueron despedidos, que cesen los despidos en el Ministerio de Educación y a la ministra Susana Montaldo que nos dé una audiencia y nos reincorpore (…) Hace muchísimos años que existen programas de contención social y políticas para la inclusión con personal idóneo, que ahora la ministra diga que [los trabajadores] no están titulados es una excusa de último momento. Son varios los programas y áreas [afectadas] del ministerio», sostuvo Fernando Barros, despedido del programa de Coros y Orquestas de la provincia.

«La mayoría del personal administrativo está siendo despedido del programa [de Terminalidad Educativa]. Queremos que nos escuchen, queremos la reincorporación inmediata de todos nosotros y la continuidad de estos programas que tienen que ver con el derecho a la Educación», manifestó Soledad.

El programa de Terminalidad Educativa tiene más de 600 inscriptos por año, y apunta a dar todas las herramientas necesarias para que los adultos puedan terminar la secundaria. Gracias a este programa, en 2023 más de 250 personas lograron concluir sus estudios.

«Esto corresponde a una política de ajuste. Si hubieran evaluado nuestro trabajo, se justificaría. Pero cuando hacen hincapié en que lo que están evaluando es la manera de designación están mintiendo, porque en la gran mayoría de los programas que están diezmando, [los trabajadores] están contratados de la misma manera. Eso da la pauta que esto es un recorte y quizá esto sea solo la primera parte. Hoy a la mañana nos dijeron que hay una resolución con 55 despidos más. Esperemos que no sea así, que dé marcha atrás la ministra y sepa que hay familias detrás de cada despido», sostuvo Fernando Barros.

Estos despidos son parte de una política de ajuste más general en Educación por parte del gobierno de Jaldo, y que ya se podían anticipar en el Presupuesto provincial de este año, que incluye fuertísimo recorte global en términos reales del 33% respecto al año anterior, con las partidas destinadas a Educación como principal variable del ajuste. Esta política de ajuste permanente se tradujo en cierre de programas como el de ESI, FORMAR, cierre de escuelas, despidos y una fuertísima licuación de los salarios en la docencia, trabajadores de la Salud y el sector público en general. Hasta el momento los gremios docentes no se han pronunciado públicamente ni han tomado ninguna medida para frenar los despidos, ni el ajuste en los programas.

Es necesario rodear de solidaridad el reclamo de las y los trabajadores despedidos del Ministerio de Educación, no solamente para que no pasen los despidos y frenar los que están preparando, sino también en defensa del derecho a la Educación pública que está siendo avallado por el gobierno nacional y provincial en pos de un ajuste fiscal que busca bajarles los impuestos a los ricos y hacerse de los recursos para pagar una deuda externa fraudulenta.

Salta: ¡Mari Montoya, hasta la victoria siempre!

El viernes falleció María Montoya, profesora de artes visuales y ex delegada autoconvocada de la docencia provincial. Una incansable luchadora por la educación pública, contra la violencia machista y la pobreza estructural en las barriadas populares.

Como organizadora de un sector de la docencia, siempre actuó de forma independiente de los gobiernos de turno, tanto de Urtubey como de Sáenz, y fue una contra tendencia a la dirección peronista y libertaria de autoconvocados. Impulsando el debate, el diálogo y la toma de decisiones desde abajo, y la necesidad de una asamblea docente unitaria de la Capital.

El 21 de junio pasado envió a sus seres queridos un video donde contaba que llevaba 8 meses de quimio por el cáncer que afectaba su cerebro. Comentaba: «estoy en la lucha con medicamentos y todos eso (…) tengo mucha esperanza, muchas ganas de vivir, tengo ganas de volver a la escuela, pero sobre todo para mi familia, para mi pequeña hija. Les mando un beso a todos».

Con el aporte de Mari, en defensa de la educación pública, laica, científica y con perspectiva de género. Y por una sociedad sin opresiones. ¡Hasta la victoria, siempre, querida Mari!

La Secretaría de Cultura prohíbe películas con contenidos feministas, LGBT+, que critiquen a la dictadura y que incluyan a Lali Espósito

Por Daniel Cholakian

La censura rige en los espacios dependientes del Ejecutivo. Advierten el riesgo de naturalizar estas prácticas.

La existencia de listas negras circulaba entre pasillos y no tanto. Pero por primera vez alguien con nombre y apellido la hizo visible en forma pública. El director y docente Goyo Anchou reveló que cuando presentaba una propuesta para un ciclo de cine a un grupo de programadores de un espacio dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, estos le informaron de una serie de “contenidos prohibidos en centros nacionales”. El listado incluye temáticas “LGBT, feminismos, críticas a la dictadura, defensas del gobierno previo”, y aquellas películas “que incluyan a Lali Espósito”. Sus interlocutores afirmaron en la reunión que «es la primera vez que nos sucede, trabajamos acá desde siempre y nunca nos habían supervisado la programación de esta manera». Desde la Secretaría de Cultura de la Nación no hicieron ningún tipo de descargo y parece que su intención es seguir en esa tesitura.

“Cuando nos decían que había una restricción para programar contenidos que hablaran mal de la dictadura, sentí una sensación de irrealidad”, cuenta Anchou. “Pero uno lo racionaliza y tiene sentido con lo que sabemos acerca del Gobierno”. Aunque sorprende que se impida proyectar películas que narren el terrorismo de Estado, “la censura tiene sentido con todo lo que está pasando en otros ámbitos. Son verosímiles las restricciones a los contenidos feministas y LGBT cuando desde las cúpulas del gobierno están profiriendo barbaridades contra las minorías sexuales. Pero en el momento en que te lo plantean, cobra la gravedad de la realidad que se manifiesta”.

Esto es consistente con otras restricciones que en distintas áreas de gobierno se han conocido. La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria denunció la decisión de las autoridades del INTA al prohibir el uso de términos como “agroecología”, “cambio climático”, «biodiversidad», «género», «sustentabilidad», “huella de carbono” y “prohuerta”, entre otros. Distintas fuentes de organismos dependientes de la jefatura de gabinete de la nación, cuando Nicolás Posse estaba al frente, relataron haber participado de reuniones en las que se les informó algunas palabras que no podían incluir en sus comunicaciones: “soberanía”, “festival” o “referente”, esta última porque denota territorio y militancia.

Más evidente es la política asumida por la Cancillería, que impulsó al menos en dos ocasiones la supresión de palabras en documentos multilaterales. En el Consejo de DD HH de la ONU apoyó un proyecto de enmienda que eliminaba el término “género” en una resolución sobre violencia de género. La propuesta fue rechazada. Algo más grave ocurrió cuando solicitó que se quiten términos como “perspectiva de género”, “familias”, “defensores de derechos humanos”, “paridad de género”, “salud mental”, “discriminación”, “violencia sexual” y “mujeres trans” en el documento final de la 54º Asamblea General de la OEA, que se llevó a cabo el mes pasado en Paraguay. Es un secreto a voces que ningún documento que emane de sus dependencias puede incluir referencias a cuestiones de género, sobre la defensa de los DD HH y la problemática ambiental.

Películas, prohibiciones y silencio

Sin embargo, como remarca el director de La peli de Batato y Homofobia, mucho se comenta en los pasillos, pero poco se dice públicamente. “Me preocupa el silencio que rodea a estas prácticas entre la gente que no está de acuerdo con estos métodos. Porque hay un silencio que está por debajo, hay gente que termina aceptando las restricciones que se les imponen y se quedan callados la boca, y dice mejor me hago el boludo y veo cómo me acomodo hasta que cambie la situación. Pero ¿qué hace falta para que cambie la situación? Ojo que este totalitarismo está todavía en un bajo nivel de aplicación. Si nos cruzamos de brazos esperando que los errores de esta administración la hagan caer por su propio peso, estaríamos esperando a que se prenda fuego el país. Y si el país se prende fuego, ¿qué nos garantiza que nosotros vamos a sobrevivir al incendio?”.

Es por eso que se decidió a contarlo. “Cuando me tocó ser partícipe de una de esas situaciones podía dar mi testimonio o callarme la boca y mirar para otro lado. Ver en qué hendija me escondo hasta que pase la tormenta. Creo que la disyuntiva ética es bastante simple. Desde entonces me llegan otros testimonios, todos off the record. Hay mucho miedo, sea a que los dejen cesantes o a perder la posibilidad de participar de alguna convocatoria o de obtener apoyo para alguna producción artística. El punto es que todos tienen miedo de perder algo a su propia escala, cuando en realidad estamos perdiendo como sociedad. Es muy preocupante lo que está pasando en ese sentido. Quizás también esté el miedo atávico a entrar en una lista negra y que, cuando el fascismo de baja intensidad se desplace un fascismo mucho más represor y mucho más asesino, te dejen escrachado. El punto es que ese deslizamiento entre el fascismo de baja intensidad y el fascismo de alta intensidad, si nos hacemos los boludos y nos escondemos, es muy posible que suceda. Porque el fascismo se cimenta con los silencios”.

“Este silencio habla mucho acerca del estado de aturdimiento del colectivo cultural. El arte no es esto. El arte no es conformismo. El arte es la búsqueda de alternativas, de combinaciones impensadas”. A pesar de las movilizaciones del sector en los primeros meses del gobierno de Milei, que Anchou reconoce como muy importantes, ese proceso de lucha en las calles parece haber menguado. “A partir de la desmovilización de estos sectores, lo que hay que buscar son formas diferentes para complementar la presencia en la calle. Sabemos que, si esto se da vuelta, posiblemente se dé vuelta en la calle. Pero hasta que suceda hay que buscar formas alternativas de articular con toda la gente que se está quedando en pelotas, para que en esa articulación empiece a perder el miedo a actuar. Tenemos que ir encontrando respuestas a los atropellos a las minorías y a las libertades individuales que está planteando este gobierno”, concluye.

Fuentes: ANRed, La Izquierda Diario, Perfil, Resumen Latinoamericano, Página/12

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