La lucha por la recuperación de la democracia en Bolivia tendrá en las elecciones del próximo domingo 18 de octubre un momento trascendental porque se pondrán en juego el destino de la patria, la dignidad y la soberanía nacionales frente al proyecto geopolítico e intervencionista de Estados Unidos que ha impulsado el Golpe de Estado de noviembre de 2019 y busca ahora afianzar su control en América Latina y el Caribe ante su pérdida de hegemonía en el contexto mundial debido al avance de la multipolaridad política, militar, diplomática y económica.
Si bien la historia política de Bolivia ha estado marcada por la dominación colonial e imperialista con algunas manifestaciones esporádicas de lucha por la independencia y la liberación, particularmente en el siglo XX con la Revolución Nacional de abril de 1952 y los gobiernos nacionalistas militares de Ovando y Torrez de 1969 a 1971, es en las dos primeras dos décadas del siglo XXI, con el gobierno de Evo Morales Ayma del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se logra un avance sustancial en el proceso de liberación nacional-popular con transformaciones culturales, políticas, económicas y sociales muy profundas.
Dos de los protagonistas centrales del Golpe de Estado de hace once meses, Carlos Mesa y Fernando Camacho, le disputarán al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, la presidencia del Estado Plurinacional en las elecciones, como representantes de los sectores fragmentados de las oligarquías locales apadrinadas por el gobierno de Estados Unidos.
Mesa, exvicepresidente del ultraneoliberal Gonzalo Sanchez de Lozada, fue derrotado en las elecciones de octubre de 2019 por Evo Morales y atribuyó la misma a un fraude; discurso que sirvió de base para que Camacho comande la conspiración, junto a representantes de las Embajadas de Estados Unidos y Brasil en Bolivia, al propio Mesa y a Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos (OEA), instrumentalizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que consumaron el derrocamiento de Evo Morales con las masacres de Sacaba en Cochabamba, y Senkata en la ciudad de El Alto.
El indicado discurso del fraude fue sustentado por Almagro de la OEA y nunca fue comprobado; por el contrario varias universidades, expertos y medios de comunicación, incluso de Estados Unidos, refutaron los argumentos del fraude electoral.
El resultado del golpe fue la autoproclamación de la escogida -por Camacho, Mesa, el embajador brasileño Octavio Dias y el funcionario de la embajada norteamericana Erick Foronda- Jeanine Añez, con el respaldo además de una corporación mediática encabezada por la CNN. Añez se presentó después como candidata a las elecciones y finalmente desistió en su intento ante el fracaso de su gobierno denunciado por corrupción, ineficiencia e incapacidad ante la crisis económica, sanitaria y social.
Los intereses del imperialismo económico y financiero se encuentran en controlar los recursos naturales estratégicos como el litio, el gas, el petróleo y los minerales que durante el gobierno de Morales pasaron a ser administrados e industrializados por el Estado Nacional en el contexto de los procesos de integración emancipadora latinoamericana y caribeña del ALBA, UNASUR y CELAC, al margen del control de Estados Unidos y Canadá. Asimismo se prescindió del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se expulsó en 2008 al embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Golberg, por injerencia en asuntos políticos internos.
A pocos días de los comicios, las tendencias electorales dan ventaja a los candidatos del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, con porcentajes superiores al 42% de preferencia por encima de Mesa que tiene un porcentaje de 30% y Camacho de 22%, lo que daría la victoria al MAS en primera vuelta, de acuerdo a la Ley Electoral que determina que si el candidato ganador acumula más del 40% y una diferencia de 10% es proclamado presidente del Estado Plurinacional. Ante este panorama, los sectores radicales de la oligarquía en el gobierno, después de haber visitado el Departamento de Estado y la OEA, intentan generar una situación de violencia para justificar un nuevo Golpe de Estado, aunque ahora existe un movimiento popular organizado y dispuesto a defender la democracia.
Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente-investigador de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.