34.748. Es la cifra de desaparecidos en México durante la última década, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED); Pero organizaciones como Data Cívica -que señala casos «borrados» de las listas-, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, familiares y activistas han cuestionado la estadística oficial. Además, sólo […]
34.748. Es la cifra de desaparecidos en México durante la última década, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED); Pero organizaciones como Data Cívica -que señala casos «borrados» de las listas-, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, familiares y activistas han cuestionado la estadística oficial. Además, sólo durante la presidencia de Felipe Calderón, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, en México se cometieron más de 100.000 homicidios; el exmandatario, miembro del Partido de Acción Nacional (PAN), fue el impulsor de la Guerra contra el Narco. El «sexenio» de Peña Nieto -actual presidente, del PRI- no ha representado un cambio de tendencia y, de hecho, el número de asesinatos ya supera al de su antecesor. En medio de la violencia estructural, un capítulo específico es el de los periodistas. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 hasta hoy han sido asesinados 133 periodistas en México y 21 han desaparecido, con una impunidad que alcanza el 90% de los casos.
Desde hace 30 años, la asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) trata desde el país centroamericano de «contribuir al cambio social y la democratización de los medios» con una perspectiva de género. Cuentan, desde 1988, con una agencia informativa en Internet (Cimacnoticias), que produce noticias, reportajes, artículos de opinión y contenidos audiovisuales, además de documentar la violencia de la que son objeto las periodistas. Según su página Web, más de 5.000 personas suscritas en las listas reciben las informaciones -diarias y semanales- de la agencia. Debido al trabajo en un contexto hostil, la Unió de Periodistes Valencians otorgó a CIMAC el Premi Llibertat d’Expressió 2018, en un acto celebrado el tres de mayo en la Universitat de València; la organización profesional distinguió asimismo a los periodistas y fotógrafos agredidos por grupos fascistas durante la manifestación del 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar en Valencia.
En la rueda de prensa previa a la entrega de los galardones, la periodista y directora general de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, recordó la situación deacoso sexual a la que se vio sometida la reportera del canal FOX Sports, María Fernanda Mora, tras la celebración el 25 de abril de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre el Guadalajara (México) y el Toronto (Canadá). Mientras la periodista informaba en directo ya concluido el partido de fútbol, un hincha le realizó tocamientos y manoseó; la informadora se defendió golpeando al agresor con el micrófono. Cuatro días después de los hechos, María Fernanda Mora escribió una carta, reproducida en su cuenta de Twitter, en la que afirmaba: «Me inquietan los titulares que minimizan, cuestionan o entrecomillan el acoso del cual fui víctima, que tergiversan el escenario y me señalan como agresora; todos debemos ejercer nuestra profesión con libertad, exigimos respeto».
Uno de los grandes ejemplos de resistencia es el de la periodista y defensora de los Derechos Humanos Lydia Cacho Ribeiro, que el 16 de mayo presentará la miniserie documental «Somos Valientes»; en el audiovisual ha entrevistado a niñas y niños mexicanos con un enfoque de Educación para la Paz y erradicación de la violencia. En julio de 2017 la escritora fue amenazada por un individuo en el estado de Quintana Roo, días antes de publicar el reportaje «Puerto Morelos: otra tierra de ambiciones» en el periódico digital Aristegui Noticias. El texto documenta el acaparamiento ilegal de tierras en la costa y los allanamientos practicados por grupos armados, con la protección de políticos, en el principal puerto quintanarroense. En 2015 la periodista informó en otro reportaje -publicado por Aristegui Noticias y Newsweek- de los homicidios, amenazas y despojos de tierra a ejidatarios en Tulum, localidad turística de la Riviera Maya. Lydia Cacho es una periodista de largo recorrido, autora de 12 libros. En 2005 fue detenida por la policía, incomunicada y torturada, tras revelar en el libro «Los demonios del Edén» los vínculos empresariales de una red de pederastia y pornografía infantil. Debido a las amenazas, en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la investigadora, que se vio forzada a abandonar -temporalmente- México en 2012.
El informe anual de la ONG Article 19, «Democracia simulada, nada que aplaudir», concluye que México es el país peligroso de América Latina para el ejercicio del periodismo. En 2017 la organización defensora de la libertad de expresión documentó 12 asesinatos y 507 agresiones contra periodistas (1.986 durante los seis años en que Peña Nieto preside México). En 2016 CIMAC presentó el informe «El poder del cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas 2014-2015»; la mayoría de las agresiones se produjeron durante el seguimiento de mítines, marchas y plantones de movimientos sociales (2014); y durante procesos electorales, investigaciones de corrupción y compra de votos (2015). «Los autores de los ataques a las periodistas son básicamente funcionarios públicos, aunque la narrativa del Gobierno los achaque al crimen organizado», destaca Lucía Lagunes, coordinadora de la investigación; «es cierto que en México se producen estas graves situaciones de crimen, pero no son ajenos a las estructuras estatales; porque la violencia organizada no nació en 2006, con la ‘guerra’ de Calderón, sino que fue gestándose durante muchos años, de manera que políticos y militares también encontraron una forma de poder a través del delito».
En marzo de 2017 fue asesinada en Chihuahua con ocho disparos de bala -cuando salía de su domicilio y en presencia de su hijo- la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua durante 20 años y colaboradora del diario Norte de Ciudad Juárez. En marzo de 2016, la periodista informó en La Jornada de que el «crimen organizado» logró imponer a candidatos del PRI y el PAN en las listas para las elecciones locales en municipios de la sierra. «Centenares de familias desplazadas de las comunidades y pueblos serranos de Chihuahua han perdido sus casas, ganado y tierras, a manos de narcotraficantes que con amenazas de muerte les impiden regresar», escribió en La Jornada en agosto de 2016 (tras la publicación del reportaje fue objeto de amenazas). Diez días antes del homicidio, Miroslava Breach Velducea difundió que la Fiscalía General del Estado investigaba la existencia de cementerios clandestinos en el municipio de Madera. Además la periodista indagaba, en el momento de su asesinato, la perforación ilegal de pozos y la adquisición de tecnologías para el riego -en al menos nueve municipios-, con el fin de blanquear dinero procedente del narcotráfico.
«Más de un año después -apunta Lucía Lagunes- no tenemos la respuesta de quién asesinó a Miroslava, más bien hay evasivas por parte de las autoridades; asimismo este crimen lleva una doble marca»; porque en Ciudad Juárez, de 1,3 millones de habitantes, localizada en el desierto de Chihuahua y fronteriza con Estados Unidos, comenzó a difundirse en 1993 la desaparición de mujeres y niñas humildes, sometidas a violencia sexual, torturadas y abandonadas entre los escombros; esto fue el inicio, pero la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez ha contabilizado 1.452 mujeres asesinadas entre 1993 y 2015, lo que la antropóloga mexicana Marcela Lagarde calificó como «feminicidio».
La reportera del periódico Proceso en Chihuahua y fundadora de la Red Libre Periodismo, Patricia Mayorga, salió de México tras la muerte de Miroslava Breach. «Juntas, investigaban sobre precandidatos a alcaldías que eran familiares de grupos criminales, cuando empezaron las amenazas para ambas», detalla Proceso. Mayorga denunció las redes de corrupción, la censura y el endeudamiento en la etapa del exgobernador César Duarte Jáquez (2010-2016), del PRI, actualmente prófugo de la justicia (la Fiscalía se ha incautado de manera provisional de un rancho de 30.000 hectáreas presuntamente comprado con dinero público por Durarte en 2012). La corresponsal ha informado, además, de la lucha que sostienen las comunidades tarahumaras contra las talas ilegales en los bosques de la sierra, conflicto que explica el asesinato del líder indígena Isidro Baldenegro en enero de 2017. «Detrás de la guerra del agua, corrupción gubernamental», ha titulado Patricia Mayorga otro reportaje reciente en Proceso, en el que aborda la sobreexplotación de pozos en Chihuahua y las consecuencias en forma de homicidios impunes: tres defensores de derechos humanos liquidados, según las organizaciones comunitarias.
Tras una visita conjunta a México a finales de 2017, los Relatores Especiales sobre la libertad de expresión de Naciones Unidas y la CIDH recordaron que -según informes de las ONG- «ha habido un aumento del 200% en los ataques contra mujeres periodistas»; las profesionales también refirieron a los relatores situaciones de «acoso» por parte de autoridades públicas y «ataques físicos» de la policía durante el desempeño de su trabajo. De acuerdo con las fuentes consultadas, «el 99,6% de los crímenes contra periodistas continúan sin resolverse»; además, «no se concibe que el Gobierno mexicano haya fracasado para determinar las circunstancias en que al menos 20 periodistas han desaparecido», destacaron los dos expertos. Pese a las advertencias que realizaron en las visitas de 2010, ocho años después concluyeron que la violencia persiste, «acompañada de impunidad».
En 2012 se creó el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente cuenta con 652 personas beneficiarias (282 periodistas). Esta instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, tiene como fin proteger a activistas e informadores que sufren amenazas, agresiones físicas o secuestros. «El Mecanismo no cuenta con recursos suficientes para realizar su mandato de manera efectiva», concluyeron en 2017 los relatores internacionales. En cuanto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), constituida en 2010 y dependiente de la Procuradoría General de la República, «los resultados han sido negativos», resume Lagunes, por la «ineficiencia» en la investigación y sentencia de los asesinatos a periodistas.
Un ejemplo representativo de la lucha por la libertad de expresión en México es el de Carmen Aristegui. En 2015 la periodista fue despedida de MVS Radio, uno de los grandes grupos mexicanos de radiodifusión. El despido, del que se hizo eco la prensa internacional y generó un escándalo político en México, se produjo después que Aristegui anunciara la adhesión del grupo de periodistas de la Primera Emisión de Noticias MVS a la plataforma independiente «MéxicoLeaks», que permite a los ciudadanos la filtración anónima de informaciones; además su equipo de investigación publicó en 2014 un reportaje titulado «La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto», que revelaba la compra de una mansión por parte de la esposa del presidente de la República, Angélica Rivera, en la zona exclusiva de Lomas de Chapultepec (al oeste de ciudad de México).
La residencia de lujo, valorada entonces en siete millones de dólares, estaba registrada a nombre del grupo Higa, beneficiado según el reportaje por los contratos de obra pública cuando Peña Nieto ejercía como gobernador en el Estado de México. La periodista, que dirige un noticiario («Aristegui en vivo») en Internet, afronta una demanda del grupo MVS por «daño moral», como autora del prólogo del libro que da cuenta de la investigación. Asimismo el periodista Humberto Padgett fue demandado en enero -también por «daño moral»- por un capítulo del libro «Los suspirantes 2018», editado por Planeta, en el que informa sobre relaciones sexuales con menores de edad en las que estaría implicado el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, del PRI. Si prospera la reclamación, Padgett tendrá que indemnizar al presuntamente difamado con 10 millones de pesos (428.000 euros). «Es la respuesta de muchos políticos cuando no les gusta lo que escribe un periodista; en otros casos actúa la policía y el ejército», remata Lucía Lagunes.
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