Pese a la cacería represiva, el conflicto en Jujuy se sostiene

En el “aniversario” que los propios educadores marcaron como un “mes triste” decidieron concretar una nueva Marcha de Antorchas por calles céntricas y confluencia frente a Casa de Gobierno.

La misma medida se replicó el viernes 7 con gran participación de maestros y profesores no solo de capital sino también del interior.

Los trabajadores del área educativa se mostraron expectantes y esperanzados de conseguir soluciones en la mesa técnica salarial a la que fueron convocados para el día lunes 10. El encuentro entre ADEP y gobierno se concretaría a las 11:00 en el Ministerio, previo al encuentro paritario previsto para el jueves 13.

El gobierno no ofreció nada en la paritaria docente

En horas del mediodía del jueves finalizó la reunión paritaria en el ministerio de Educación. Los funcionarios no ofrecieron nada a los gremios docentes. Una provocación, siendo que fue el mismo gobierno, el que propuso la continuidad de la mesa paritaria.

Desde Adep reclamaron el reintegro de los descuentos que en algunos casos llegaron a los 200.000 pesos. Pero no hubo respuesta.

Por parte los gremios de la Multisectorial llevaron adelante un paro de 24 horas.

Libertad de los detenidos, apoyo a la lucha docente, abajo la Reforma

El jueves 13, los gremios enrolados en la Multisectorial volvieron a las calles en el marco de un paro por 24 horas. La medida fue llamada contra la Reforma constitucional. Pero también se reclamó contra las detenciones arbitrarias que tuvieron lugar, el miércoles, en Humahuaca.

El Gobierno de Morales intenta meter miedo con estas detenciones. Es parte de una política persecutoria, que se viene llevando adelante para intentar frenar la lucha del pueblo jujeño contra la Reforma. A eso hay que agregar las 150 imputaciones que se anunció desde la Fiscalía del Estado y la conformación de una “comisión” trucha para investigar los hechos del 20 de junio, votada este miércoles. En este tema, merece mención especial el peronismo. Si bien no acompañó con su voto la propuesta, adhirió a la “teoría” de que hubo “infiltrados” de otras provincias el 20 de junio. Rubén Rivarola, aliado fundamental de Morales, pidió que “investigue la Justicia”. O sea, el Poder Judicial que maneja el gobierno radical.

Como parte de ese intento de amedrentar, el miércoles, la Policía provincial entró en el predio de la Universidad de Jujuy, mientras se reclamaba que el Consejo Superior se pronunciara contra la Reforma. Estudiantes y docentes echaron a las y los efectivos.

Estos intentos de atemorizar vienen fracasando. El pueblo trabajador de Jujuy le viene respondiendo a Morales en las calles. Con las marchas de antorchas. Con los cortes en las rutas, que se mantienen a pesar de las amenazas represivas. Con el paro de la docencia primaria que sigue a pesar de los durísimos descuentos que se conocieron el lunes.

Si el Gobierno no retrocede en los descuentos -como anunció el martes- es necesario que sindicatos, organizaciones sociales y organizaciones políticas impulsen un gran fondo de huelga. Hay que evitar que esta lucha se debilite por hambre.

Reunión de la Asamblea contra la Reforma

El miércoles, en la sede de la Facultad de Humanidades, se reunió la Asamblea contra la Reforma del pueblo, trabajadores, comunidades, estudiantes y organismo de Derechos Humanos. A lo largo de un rico debate tomaron la palabra estudiantes, docentes, integrantes de las comunidades originarias, trabajadoras de la salud, trabajadores municipales, compañeros desocupados, entre muchos otros.

La Asamblea definió movilizarse el jueves 13, en el marco de la jornada convocada por diversos gremios. Se debatió y resolvió marchar contra los descuentos a docentes, contra las persecuciones, por la libertad de los detenidos y para que el paro sea el inicio de un plan de lucha hasta que caiga la reforma.

Además, se definió continuar acompañando los cortes de las comunidades en la Quebrada y Puna. Continuar colaborando con donaciones que ya dejaron un aporte de $300.000. A eso hay que sumar, además, medicamentos, abrigos y juguetes. A esa campaña se agrega el pedido de donación de libros y juguetes. Además, se definió continuar acompañando la permanencia de docentes de Adep en el ministerio de Educación. La Asamblea resolvió además impulsar un fondo de lucha para docentes contra los descuentos y pedir que los gremios aporten y se sumen a esta campaña.

Miles en las calles contra la represión y por la libertad de los detenidos

El régimen totalitario de Gerardo Morales en Jujuy redobla su escalada represiva contra los que luchan, que desde hace semanas vienen exigiendo “abajo la reforma, arriba los salarios”.

Al momento, hay por lo menos 10 detenidos, entre ellos Iván Blacutt, docente de la UNJu y candidato del Frente de Izquierda Unidad en la provincia. En San Salvador también están detenidos Santiago Zamora, Gabriel Taboada, Walter Puca, José Donaire, Gonzalo Marino y Gabino Cruz.

A pesar del intento, el jueves miles de personas no se dejaron intimidar y salieron nuevamente a las calles contra la represión, la reforma y por la libertad de los detenidos, en el marco de un paro convocado por los gremios de la Multisectorial. Estuvieron presentes Seom, Cedems, Apuap, Adiunju, PTS, MTR-Cuba, Polo Obrero, MST, FOL, Política Obrera, CCC, agrupación 9 de abril, CTA, MTL y Movimiento Evita.

Dirigentes de la multisectorial anunciaron un paro para el viernes, Estas acciones deben continuarse como parte de un plan de lucha, con cortes de ruta, con la exigencia de paro general a la CGT y la CTA. Para dar esta pelea es necesario una Asamblea Provincial de gremios, organizaciones sociales, comunidades originarias, donde las bases puedan definir en forma democrática y coordinada el plan de lucha que hace falta para conquistar el paro general hasta que caiga la Reforma, todas las causas, se liberen a los detenidos y se conquisten todos los derechos.

Reclaman por la libertad de los presos frente al penal de Alto Comedero

Cientos de personas se concentran en la puerta del penal de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador. Reclaman la liberación de todos los detenidos y detenidas, en momentos en que también existe orden de captura para al menos 30 personas más.

Hay familiares de los detenidos, docentes, trabajadores de otros gremios, integrantes de organizaciones sociales y referentes del PTS-Frente de Izquierda, como el diputado nacional Alejandro Vilca. Los sectores movilizados vienen demostrando que, lejos del amedrentamiento que busca imponer Morales, están dispuestos a seguir peleando contra la reforma reaccionaria de la Constitución provincial y contra la persecución a los sectores en lucha.

Movilización de docentes contra los descuentos

Maestras y maestros, nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), marcharon el martes hacia la Casa de Gobierno en San Salvador de Jujuy para rechazar los descuentos de hasta 200.000 pesos en sus recibos de sueldos, por parte del Ejecutivo que encabeza Gerardo Morales.

Los y las docentes, en su mayoría de nivel primario, fueron acompañados por la Asamblea contra la Reforma del Pueblo, trabajadores, comunidades, estudiantes y organizaciones de Derechos Humanos.

“Se llenan la boca hablando de ‘diálogo’, pero descargaron un brutal descuento a docentes por los paros, los que van de 60.000 a 80.000 pesos, hasta 100.000 o más. Con cinismo llamaron a ‘negociar’ a ADEP, pero no se avanzó por la indignación y repudio ante este saqueo a salarios que revisten carácter alimentario. Morales insiste en querer ‘apagar’ los incendios que provoca con su ajuste, echando nafta”, expresó Betina Rivero, docente y actual concejala en Palpalá.

En tanto, desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) convocaron a un paro de 24 horas para el jueves 13 de julio. Además, desde el gremio denunciaron “el hostigamiento y persecución de algunos supervisores que amenazan a docentes con posibles descuentos por no llegar a sus puestos de trabajo en un contexto de conflictividad social”.

El reclamo de los pueblos originarios y la amenaza de Gerardo Morales

Las comunidades indígenas agrupadas en el Tercer Malón de la Paz ratificaron en Jujuy los cortes de ruta por tiempo indefinido y denunciaron que “el mal accionar” del gobierno de Gerardo Morales “está provocando grandes perjuicios a toda la provincia”. El mensaje de los pueblos originarios -uno de los actores centrales del rechazo a la Reforma constitucional en la provincia- se conoció después de que el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) convocará al diálogo… pero avisando que no dará “ni medio paso para atrás” (sic).

En simultáneo, organismos de Derechos Humanos exigieron el cese del “delicado contexto de criminalización” contra la protesta social en territorio jujeño.

A poco más de un mes de iniciado el conflicto en Jujuy, las comunidades originarias difundieron una declaración donde señalaron que “hasta el día de hoy, el gobierno no se hizo responsable” de la situación generada con la reforma de la Constitución local. Reclamaron que “se declare la nulidad de la nueva Constitución provincial”, al tiempo que volvieron a rechazar el “procedimiento por el cual se realizó” la modificación del texto y objetaron su “contenido, puesto que viola los derechos indígenas”. En ese sentido, pidieron que se debata un nuevo proyecto y que se respeten “los marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional”.

Las organizaciones indígenas también solicitaron el cierre de “las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio de derecho a la protesta de forma pacífica”, y exigieron “el cese de la represión, persecución y amedrentamiento de las personas que participaron de las diferentes manifestaciones”. A la vez, pidieron la renuncia del gobernador Morales y de sus funcionarios Guillermo Corro (Seguridad) y Sonia Ochoa (Derechos Humanos), así como también del jefe de la policía jujeña, Horacio Herbas Mejías, “quienes ejercieron violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados física y psíquicamente en toda la provincia”.

Los comuneros mantienen cortes de ruta en la intersección de los caminos 9 y 52 a la altura de Purmamarca, además de otros bloqueos en las localidades de Maimará, Tilcara, Uquía, San Roque, Iturbe y Hornaditas.

La Secretaría de Seguridad Vial emitió un nuevo reporte con los cortes de ruta, que protagonizan las comunidades aborígenes y pobladores contra la nueva Constitución. El informe es del jueves a las 7:30.

Ruta Nacional 34

Fraile Pintado, sobre el acceso: Corte Total

San Pedro de Jujuy, sobre el puente: Corte Total

Ruta Nacional 66

Perico, altura Finca El Pongo: Corte total

Ruta Nacional 9

Purmamarca, cruce con Ruta 52: Corte total con paso cada 3 horas
Tilcara, acceso Sur: Corte total con paso cada 3 horas
Uquía, acceso Norte: Corte total con paso cada 3 horas
Paraje San Roque: Corte total con paso cada 3 horas
Hornaditas: Corte total con paso cada 3 horas
Iturbe, cruce con Ruta 13: Corte total con paso cada 3 horas
Abra Pampa, acceso Sur: Corte total con paso cada 3 horas
La Quiaca: Corte total con paso cada 4 horas

Ruta Nacional 40

Acceso a Coranzulí: Corte total con paso cada 12 horas

Ruta Nacional 52

Susques: Corte total con paso cada 6 horas
Cruce con Ruta Provincial 79: Corte total con paso cada 1,5 horas

Ruta Provincial 11

Camino a Tusaquillas: Corte total con paso cada 1 hora

Ruta Provincial 67

Altura Cangrejillos: Corte total por tiempo indeterminado

La CIDH recibió las quejas de pueblos indígenas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió las quejas de los pueblos indígenas de Argentina por la vulneración de sus derechos durante una audiencia, realizada en forma virtual, en la que participaron funcionarios nacionales, referentes de organizaciones originarias y también organismos de Derechos Humanos.

“En la provincia se llevó a cabo una reforma constitucional que no tuvo la deliberación que corresponde a un proceso político tan importante”, afirmó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

“La respuesta del gobernador (Gerardo Morales) fue una cruenta represión, que desconoció absolutamente los derechos de la integridad, la protección judicial, la defensa, la libertad de expresión, reunión y asociación, etc. Esto nos parece inaceptable y por esa razón nos constituimos personalmente en Jujuy, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres”, agregó.

Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pudieron ponerse al tanto de los reclamos de los pueblos originarios del norte del país, que aún mantienen su reclamo y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, criticó la falta de voluntad política tanto de gobiernos provinciales como del gobierno nacional para la entrega de títulos de propiedad comunitaria indígena. “Tenemos una Constitución absolutamente contundente y tenemos constituciones provinciales, como la de Neuquén, que marcan absolutamente la obligación del Estado de ponerse al día con una deuda histórica. Esa deuda histórica tiene como base fundamental la seguridad territorial de la cual carecemos”.

En esa línea, relató que se trata de “cientos de comunidades sin la propiedad de la tierra, con un programa de emergencia que se aprobó hace 16 años y que, sin embargo, no se aplica porque no hay voluntad política de los gobiernos provinciales, porque no hay decisión más firme de parte del gobierno nacional para hacer cumplir esa ley”.

Por eso, apuntó que existe “una forma muy deficitaria de aplicar una ley que es de emergencia, porque no aborda todavía la propiedad comunitaria de la tierra, que es una deuda, por un lado, del Congreso, que no aprueba una ley de propiedad comunitaria y, por otro lado, de los gobiernos provinciales que no están decididos y quieren mantenernos en una total inseguridad para hacernos presa fácil del extractivismo”.

“Nuestros territorios están amenazados, nuestros territorios poseen enormes riquezas que la madre naturaleza nos cedió para nuestro bienestar con esa enorme generosidad y, sin embargo, hoy es objeto de un mercado extractivista, que lo que busca es destrozar los territorios y junto con ellos toda nuestra cultura”, añadió.

En la audiencia, el integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró, apuntó a los sectores políticos de derecha que promueven discursos racistas en Argentina. “El año pasado, después de un violento desalojo, cuatro mujeres mapuches fueron trasladadas a la capital nacional como presas de máxima peligrosidad para ser devueltas luego a su provincia dos días después y permanecer presas durante ocho meses, acusadas de un delito que en cualquier otra situación es excarcelable”, relató a su turno.

Para el representante del CELS, “esta situación estructural se viene agravando en los últimos años por la consolidación de sectores políticos que explícitamente abogan por una represión violenta de las demandas indígenas y promueven la idea de que los pueblos indígenas son una amenaza a la soberanía o incluso que son terroristas”.

Otro punto preocupante que planteó Tufró es que muchos de esos sectores políticos, que son los mismos que gobernaron entre 2015 y 2019, “hoy gobiernan varias provincias de la Argentina y tienen fuertes chances de asumir el gobierno nacional a fines de este año, lo cual es un motivo de inmensa preocupación para los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos”.

Además, recordó que durante ese período “desplegaron una estrategia de militarización, judicialización y espionaje ilegal contra las comunidades mapuche que tuvo como resultado dos personas muertas, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.

Para Tufró, “las campañas racistas movilizadas por sectores políticos y medios de comunicación afines se intensificaron como respuesta al activismo indígena en torno a la recuperación del territorio ancestral y a la defensa de los bienes comunes”.

“Es decir, se trata de una reacción anclada en sectores económicos concentrados que bajo la bandera de la defensa de la propiedad privada y la soberanía nacional no admiten ninguna política de reparación a los pueblos indígenas que incluya la devolución del territorio”, concluyó.

Asamblea del Tercer Malón de la Paz

El12 de julio, las comunidades indígenas del Tercer Malón de la Paz llevaron adelante una gran asamblea que convocó a representantes de más de 150 Comunidades Indígenas de los 19 pueblos originarios que habitan Jujuy.

Lucía Apaza presidenta Comunidad de Caspala, remarcó la violación de derechos de pueblos Indígenas, ya que Gerardo Morales no consultó el consentimiento libre, previo e informado.

Además, denunció que el gobierno criminalizó al pueblo omaguaca. Y exigió justicia para los pueblos originarios.

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Comunidades elevan una presentación judicial

Sesenta comunidades indígenas elevaron una presentación judicial contra la Reforma de la Constitución, con el aval de la abogada Alicia Chalabe en carácter de apoderada de los pueblos aborígenes de la provincia. Presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de inconstitucionalidad en contra la de Carta Magna jujeña, sancionada por la Convención Constituyente el 20 de junio de este año. En el documento dirigido al Poder Judicial señala que en el hipotético caso de que no se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la totalidad de la Constitución reformada, solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos 10, 22, 50, 67 inciso 4, 95 y de todo otro artículo que exceda el mandato constituyente otorgado por la Ley Nº 6.302. Asimismo, requieren una medida cautelar de no innovar urgente a efectos de que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto recaiga sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad. 

También ponen de manifiesto que no existió en ningún momento del proceso de reforma constitucional participación de pueblos y comunidades indígenas en abierta contradicción con el marco constitucional, convencional y legal que establece que las comunidades deben ser consultadas frente a cualquier decisión administrativa o legislativa que pueda afectarlos (Art 75, inc. 17 de la Constitución Nacional y Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)); y la participación pública en los marcos normativos interno e internacional, y otros procesos de toma de decisión en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú). En tanto, se evidenció una falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad. 

En el expediente además resalta que el gobernador Gerardo Morales, fue electo como uno de los convencionales constituyentes y fue propuesto incluso para presidir dicha comisión, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución de Jujuy de 1986. En efecto, su artículo 100 dice que “Los convencionales constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones”. 

En este contexto, detalla que la Legislatura provincial sancionó el 17 de mayo de 2023 la Ley N° 6.348 que permitió a Morales asumir como constituyente y a su vez tener la posibilidad de solicitar licencia para ejercer como gobernador y, viceversa, tantas veces como fuera necesario. “Ello, en abierta oposición al principio republicano de división de poderes. Este proceso de reforma constitucional se caracterizó por la falta de transparencia, de publicidad, el desconocimiento de los textos en análisis, y la ausencia de consulta, de participación ciudadana y de un debate amplio, integral y plural. Todo esto atenta contra la legitimidad social que un proceso de estas características debe tener. Más allá de la participación ciudadana en la elección de los convencionales constituyentes, el lugar central que ocupa un proceso de esta magnitud no puede ser impuesto sobre las minorías”. 

Menciona que se aceleraron los procesos y se limitaron las intervenciones de distintos actores sociales, manteniendo una profunda incertidumbre en torno a los procedimientos y contenidos de los distintos borradores del texto de reforma propuesto. También quedó en evidencia la falta de esfuerzos para generar un debate abierto y transparente, por cuanto no se ha asegurado el acceso al texto de los artículos y contenidos que se busca reformar. Varios de los artículos se presentan como sujetos a una redacción posterior, lo que imposibilitó un debate sobre el alcance que se pretende dar al ejercicio de distintos derechos en el marco de la Constitución en su conjunto. 

Apunta que recién en esos días, del 16 y 17 de junio, la ciudadanía jujeña conoció la propuesta del texto de reforma de la Constitución que los convencionales aprobarían en ese mismo momento. Así, el proceso tendiente a la reforma constitucional se desarrolló en un tiempo excesivamente escaso, como si el establecimiento de un nuevo ordenamiento constitucional fuera un mero trámite. 

Otro punto en que se enfoca la presentación judicial es que la Ley de declaración de la necesidad de la reforma parcial de la constitución provincial de Jujuy (Ley Nº 6.302) dispuso que, desde la elección de los convencionales constituyentes, se dispondría de hasta 30 días para la sesión preparatoria, y luego de celebrada, se otorgarían hasta 90 días más para finalizar el proceso. Sin embargo, desde la elección de los convencionales constituyentes que tuvo lugar el 7 de mayo de 2023, los procesos se aceleraron drásticamente, al punto que se anunció que la nueva Constitución sería votada el día 19 de junio de 2023, y, posteriormente, se adelantó al día 14 del mismo mes. Según indica la presentación de “Acción de Inconstitucionalidad”, los fundamentos son por: violación del derecho de las comunidades indígenas a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. El derecho a la consulta se encuentra consagrado por nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), por el Convenio 169 de la OIT, por el Acuerdo de Escazú, por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por la Declaración Americana de Derechos Humanos y por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previa e informado de las comunidades indígenas se ha visto vulnerado por el Gobierno de Jujuy en una doble dimensión. 

La vulneración de la consulta en el proceso de reforma, la mención explícita al derecho a la consulta la encontramos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por nuestro país por la Ley Nº 24.071. 

Cabe señalar que este instrumento internacional goza de jerarquía superior a las leyes de conformidad con el orden de prelación legal establecido en nuestra Constitución Nacional (art. 31). 

En relación a la vulneración del derecho a la consulta en el proceso de reforma constitucional, el Convenio 169 establece que, cuando se debatan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a comunidades indígenas, como sucede con un texto constitucional reformado, la autoridad a cargo del proceso de toma de decisión debe llevar adelante, con carácter previo, un proceso de consulta libre, previa e informada. Además, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de respetar el otorgamiento del consentimiento o bien su rechazo. 

Los estándares fijados en dichos instrumentos también advierten que el proceso de consulta debe ser acordado con las comunidades involucradas en cada caso. En este sentido, puede suceder que tales comunidades ya cuenten con procesos establecidos específicamente para la consulta, y estos deben ser tenidos en cuenta a los efectos de garantizar un proceso de consulta culturalmente adecuado, entre otros puntos.

Criminalización de la protesta

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes) ofrecieron una conferencia de prensa junto a referentes de comunidades indígenas y reclamaron el cese del “delicado contexto de criminalización” contra quienes protestan contra la reforma de la Constitución local, y exigieron una respuesta de la Justicia Federal para “generar los mecanismos de protección necesarios” ante la continuidad de los reclamos.

“El derecho a ejercer la protesta en Jujuy atraviesa una seria crisis y en ese sentido el rol de la Justicia local viene mostrando deficiencias en cuanto a la dilación para resolver estos reclamos”, comentó Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes. Vallino expresó preocupación por la actuación de la fuerza de seguridad local, “apuntando (con armas no letales) al rostro de las personas y generando lesiones oculares. Son muchos los casos, lo cual da cuenta de un patrón que se reitera y que preocupa profundamente”, remarcó.

En materia de acciones de protección de los manifestantes, Diego Morales, del CELS, recordó que está vigente un habeas corpus en la justicia federal. “Primero los jueces federales provinciales decidieron no intervenir, se declararon incompetentes, y hubo una orden de la Cámara de Casación que los obligó. En ese contexto, el habeas corpus tiende a proteger los derechos de aquellas personas que se están manifestando en rutas nacionales, como la 9 y la 52”, señaló el director de Litigio del organismo. Morales explicó que ahora se reclama a la Justicia Federal que “convoque a una audiencia y genere los mecanismos de protección necesarios” para “resguardar a las personas de los hechos de violencia institucional que ya se vienen dando en Jujuy”.

El referente del CELS advirtió sobre un “profundo y lamentable proceso de persecución de referentes sociales, sindicales y comuneros”, en el que “las autoridades políticas y del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy ponen el foco en la necesidad de criminalizarlos”, mientras “no hay investigaciones en relación a la violencia policial”.

A su turno, Néstor Jerez, cacique del pueblo ocloya, y de la Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas de Jujuy, reclamó “el cese de la represión, de la persecución y de las imputaciones que se están generando”. “Se están expresando los pueblos indígenas, los movimientos gremiales, sociales, de Derechos Humanos, todos estamos reclamando la nulidad de esta Reforma por ser inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales y de la Constitución Nacional”, agregó Jerez.

Raúl Sajama, de la comunidad Indígena Angosto el Perchel, de Tilcara, recordó que, antes de la sanción de la ley que convocó a la reforma constitucional, ya habían expresado formalmente que se debía cumplir con la consulta previa, que no ocurrió. La misma situación, agregó, se repitió durante las reuniones de la Convención Constituyente, cuando se presentaron varias comunidades y pidieron que “antes de aprobar el nuevo texto realicen la consulta a las 400 comunidades que hay en Jujuy”.

Lejos de buscar apaciguar el conflicto, el gobernador Gerardo Morales difundió un breve spot en el que avisó que no dará “ni medio paso para atrás”. El precandidato a vicepresidente por JxC insistió en vincular la situación que sufre la provincia con un plan de sus opositores. Primero dijo que, desde 2015, cuando fue electo, tuvo que “desmantelar un Estado paralelo que comandaba Milagro Sala con la organización Tupac Amaru”, tras lo cual se generó una “gran transformación” en Jujuy y se logró la “paz”. “Esa es la primera de tres cosas que el gobierno de Fernández y Fernández no me perdonan”, acotó el mandatario, aludiendo al presidente y la vicepresidenta. Como segundo punto, vinculó el conflicto con su decisión de “integrar una fórmula presidencial” con el propósito de “lograr una transformación en el país y que dejen de seguir destruyendo los sueños y proyectos de vida del pueblo”.

Morales defendió la reforma parcial de la Constitución (avanza en “generar nuevos y más derechos”, dijo) y volvió sobre la idea de un “intento de golpe de Estado” en su contra. “No se lo vamos a permitir”, sentenció. Allí fue cuando esbozó un “llamado” al diálogo, que pronto desconoció con sus propias palabras. “Convocó a las comunidades reales a dialogar para reafirmar nuestro compromiso de siempre por sus derechos. Insto a los violentos y delincuentes a deponer sus actitudes y hacerse cargo de las consecuencias”, amenazó. “Señor y señora Fernández, la nueva Constitución jujeña genera más derecho y les corta a ustedes la ruta de la violencia y la impunidad, y la del Estado paralelo, por eso los jujeños elegimos en las urnas repetidamente vivir en paz, no vamos a dar ni medio paso para atrás. Respeto a la Constitución y a la ley siempre, nunca más a la violencia y a la corrupción”, concluyó.

Allanan las casas de 22 personas

El Centro de Estudios Legales y Sociales denunció en sus redes sociales: “Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30 de junio en Humahuaca. Se los acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad, para que queden detenidas. El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.

El CELS indicó que la denuncia la hicieron algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca que pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro. La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social.

Ese día la policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas con heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión. Al mediodía se informó que por orden del Fiscal Enrique Alancay algunas personas fueron detenidas por los delitos anteriormente mencionados. Al parecer los citan a la comisaría y allí los detienen.

Pobladores indican que: «Detuvieron a un empleado municipal de apellido Laguna, afiliado a ATE y a uno del sindicato SEOM. Los citaron en la comisaría 15 y ahí los detuvieron».

Detenciones en Humahuaca

Pobladores de la localidad jujeña denuncian que en el mediodía del miércoles fueron detenidas, por orden del fiscal Enrique Alancay, varias personas acusadas de sedición, secuestro, lesiones doblemente agravadas, entre otros delitos. Advierten que son citados en la comisaría donde son aprendidos. Entre los detenidos, que serían en principio 21, se encuentran dos trabajadores municipales de apellido Laguna y Zamboni. En todos los casos se trata de personas que han participado de distintas manifestaciones en rechazo de la Reforma Constitucional.

Desde la Multisectorial en contra de la Reforma de Jujuy vienen advirtiendo sobre el avance de la criminalización de la protesta social por parte del Ejecutivo local. En este sentido, señalan que tanto el viernes de la semana pasada a través de un discurso grabado, como el último lunes en una entrevista pautada, el gobernador Gerardo Morales continuó con amenazas e intimidaciones públicas: “Hablando para una audiencia ajena a la provincia que gobierna, dando un mensaje alejado de la realidad jujeña, donde hace más de un mes, amplios sectores sociales sin pertenencia política partidaria rechazan una Reforma Constitucional viciada y nula desde su origen hasta su aprobación, que además carece de consenso social”, afirman.

“El inicio de este conflicto es porque usted fue el que metió la política partidaria nacional en los asuntos internos de Jujuy, dado que el trámite de la Reforma Constitucional se apresuró desmedidamente a raíz de su candidatura en la fórmula presidencial, usted no tiene ninguna prueba contundente de que la crisis está manejada desde Nación, no nos subestime como sociedad y no subestime a los Pueblos Originarios que resisten, no son tontos y no se dejan llevar de las narices por demandas ajenas o intereses políticos partidarios. Su gestión nunca incluyó el diálogo sincero, dado que nunca se resolvió nada a través del diálogo con su gobierno. Usted impone Paritarias, impone una Reforma Constitucional sin consulta previa, libre e informada y sin la debida publicidad, impone multas millonarias en juicios sin derecho a la debida defensa. Impone y luego anuncia el diálogo, con los hechos consumados, nada más alejado de la Democracia y el consenso.
Los salarios en Jujuy están deprimidos no sólo por la inflación nacional, sino por las imposiciones salariales debajo de la inflación, que viene dictando desde el inicio de su primer mandato en el 2015. Se olvida de mencionar que se les descuenta el Presentismo a los docentes que faltan por razones de salud o por problemas de transporte. Lo cual es extorsivo. En relación a los Femicidios, actualmente, no se destinan los presupuestos necesarios, para la ampliación de los equipos interdisciplinarios, que se estima deberían cuadriplicarse, para atender eficientemente todo el problema de la violencia contra la mujer. Usted habla de los privilegios de la política, pero a nivel país es el Gobernador que más familiares tiene dentro de la gestión gubernamental”, agregan desde la Multisectorial.

Las razones detrás del encono de Gerardo Morales con la sede de la UBA

Por Juan Ignacio Provéndola

Como si en Jujuy no existieran suficientes problemas y conflictos pendientes de resolución, el gobernador Gerardo Morales parece decidido a acumular otros tantos: los necesarios para demostrar hasta dónde está dispuesto a tensar la cuerda con tal de dejar en claro que el poder le pertenece, especialmente el que le permite abrir nuevas grietas e infundir más temor del que ya generan todas las disposiciones reñidas con la legalidad. Un repertorio que va desde la autorización a la policía para que reprima disparando balas de goma en la cara de manifestantes, hasta el expreso pedido a sus legisladores provinciales de la creación de una Comisión parlamentaria con el claro propósito de perseguir a sus opositores políticos.

Ese embate se enhebra ahora además con una afirmación temeraria contra los trabajadores del Centro Universitario de Tilcara que funciona en la base del Pucará, a quienes no solo acusó de ser quienes “incentivan los cortes”, sino que también los amenazó: “Sabemos quiénes son, tenemos la identificación. Todos esos están cometiendo delitos, van a tener condena y van a tener problemas porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño”. Fue en una entrevista que le realizó el lunes pasado Guillermo Jenefes, ex vicegobernador jujeño en tiempos de la gestión de Eduardo Fellner. “Esto no va a quedar así. Vamos a terminar de restablecer el orden en Jujuy”, redobló Morales, evidentemente dispuesto a mucho más de lo que cualquiera pueda imaginar.

No conforme con esa provocación al ámbito académico, dos días después la policía provincial que responde a su mando ingresó de manera ilegítima al predio residencial de la Universidad Nacional de Jujuy que funciona en la avenida Bolivia del barrio Los Huaicos, hacia el oeste de la ciudad de San Salvador. Los efectivos hicieron su intromisión mientras se desarrollaba una sesión ordinaria del Consejo Superior (órgano máximo de gobierno de la UNJu) con la participación de representantes de organizaciones estudiantiles y del sindicato docente ADIUNJu.

Si Morales buscaba con todo esto provocar a los distintos actores de la docencia universitaria, lo logró de inmediato: casi al instante la propia UNJU emitió un comunicado de repudio. El daño colateral para el gobernador es que el texto además enumera una serie de ilegalidades del procedimiento policial que van desde reglamentaciones educativas hasta la propia Carta Magna: “Estas acciones violentan la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra vulnerando el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, y el artículo 31 de la Ley de Educación Superior que dice que la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Luego se sumaron también el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, el sindicato y docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUBA, y la propia Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Señalar y perseguir

Aunque a muchos haya sorprendido esa violenta exposición de Morales en el prime time de Canal 7 (el más visto de la provincia que gobierna), el propósito final de esas declaraciones está lejos de constituir algo descolgado o producto de la improvisación. Por un lado, sirve para darle más músculo a la narrativa que Morales y su séquito vienen componiendo para configurar la idea de un enemigo externo o desestabilizador, ya que previo a su alocución dijo que a los cortes de ruta “va gente que es de afuera”. E inmediatamente después mencionó a “los de la Universidad de Buenos Aires que están a cargo de Tilcara”, una enunciación por cierto bastante peyorativa (decir “los de” es muy distinto que describirlos tal lo que son: investigadores y personal educativo que, además, trabaja en la conservación del lugar arqueológico).

Pero, por otro lado, Morales aprovecha todo este conflicto para volver a poner sobre la mesa una inquina personal que se arrastra desde septiembre del año pasado, cuando el gobierno le hizo un pedido formal a la Universidad de Buenos Aires para que le entregue a la provincia el manejo del Pucará de Tilcara. “Yo ya le hice una presentación a la UBA, que si no me contestan, vamos a expropiar”, dijo al inicio de su violento aunque desordenado exordio sobre Tilcara, el Pucará, la UBA, los cortes y “los de afuera”, todos nombrados juntos aunque de manera inconexa, con espacios y silencios. “Esos son los que incentivan los cortes, no todos, (pero) la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara”, expuso con una sintaxis oral desprolija, pero al mismo tiempo clara.

El pedido lo hizo público en enero Miguel Ángel Rivas, el mismo Fiscal de Estado que tomó la palabra en la conferencia de prensa de la semana pasada para anunciar que el gobierno jujeño se presentaría como querellante en las más de cien denuncias realizadas contra distintos manifestantes.

«En el mes de septiembre de 2022, el propio gobernador Gerardo Morales, en representación del pueblo de Jujuy, requirió formalmente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA la restitución del Pucará de Tilcara con el museo y demás áreas de valor arqueológico, histórico y cultural que fueran expropiados por la provincia de Jujuy y donados a esa facultad”, explicó Rivas según un texto publicado el 25 de enero en el micrositio web de prensa de la provincia.

En otro párrafo, Rivas daba por supuesto que “se descarta que las autoridades de Filosofía y Letras y de la Universidad Nacional de Buenos Aires rápidamente van a responder y van a avalar la inquietud de la provincia para devolver su patrimonio, compartiendo que existen organismos que pueden hacerse cargo de la protección de tan rico material arqueológico, histórico y cultural, pero sin dejar de reconocer también que por el año 1948, no sucedía lo mismo”.

El Pucará, pasarela para la moda

Para otros, el problema tiene otro trasfondo: por aquella fecha Tulia Snopek, la esposa del gobernador llevó a Jujuy el evento de moda Argentina Fashion Week con la idea de hacer cuatro desfiles en distintos puntos de la provincia. El primero sería en San Salvador, el segundo en la plaza de artesanos de Purmamarca, otro en las Salinas Grandes y uno más en el propio Pucará. 

Tulia Snopek es conocida por distintas cuestiones, desde su apellido vinculado a tres generaciones de abonados a puestos políticos o estatales en Jujuy (entre los que se encuentran ex gobernadores, diputados, senadores), o su propia inclusión en el Consejo de la Magistratura sin que se le conozca idoneidad para tal ejercicio. Lo que significó toda una novedad entonces fue su interés por el mundo de la moda. Y mucho más su deseo de utilizar el Pucará como una pasarela de moda, utilidad que lejos está de su propósito arqueológico. Naturalmente la UBA no le concedió el permiso por motivos obvios y, casualmente, poco después Morales inició su embestida contra la Facultad de Filosofía y Letras con el pretexto de recuperar el dominio del lugar. A pesar que, en 2005, cuando era senador nacional por Jujuy, había manifestado al Congreso su preocupación por la posible utilización privada del lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Repudio del decano de la UBA

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Manetti, repudió el miércoles, en la sesión del Consejo Superior de esa Universidad, las amenazas del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a trabajadores del Centro Universitario de Tilcara, que depende de la UBA.

Manetti se refirió a la presencia de trabajadores de la institución en los cortes de ruta, especialmente en Tilcara y Purmamarca, entendiendo que pertenecen a esas comunidades e hizo referencia a la responsabilidad que tenemos como “Universidad de Buenos Aires de acompañar determinados reclamos”.

A continuación, el decano hizo hincapié en la terminología que utilizó el gobernador jujeño para referirse a la presencia de los trabajadores universitarios en la ruta. Manetti dijo “para que todos tengamos en cuenta algunos de los términos que usó el gobernador de Jujuy: sabemos quiénes son, tenemos sus identificaciones, todos van a tener condenas, todos van a tener problemas”. Seguidamente el decano indicó que esa terminología es propia de una “que hemos superado, justamente este año que vamos a recordar lo que significan los 40 años de la democracia”. Más aun, dijo, para aquellos que tenemos más de 40 años.

Me preocupa la responsabilidad que tengo como decano, como consejero en este Consejo superior y la responsabilidad que tiene este cuerpo en relación a los Derechos Humanos, dijo Manetti.

Finalmente, dijo frente a la “situación amenazante que ha planteado el gobernador de Jujuy afecta la salud física, mental y laboral de todos ellos y ellas” y la necesidad de velar por los trabajadores que dependen de la UBA.

Detuvieron a docente universitario

El temor que la embestida represiva de Gerardo Morales sembró este miércoles en la población de Humahuaca por las masivas detenciones de manifestantes en contra de la reforma constitucional se trasladó en la mañana del jueves a la capital jujeña, donde la justicia libró la orden contra 20 varones, entre ellos, un docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Iván Blacutt.

La orden de allanamiento, registro, secuestro y detención realizada por el Fiscal del Ministerio Público de la Acusación jujeño, Diego Funes, se produce en el marco de la investigación penal respecto a los hechos sucedidos el pasado 20 de junio, cuando Gerardo Morales juraba el texto de la reformada Constitución provincial.

Las imputaciones, tal como había adelantado Funes en conferencia de prensa, son por delitos penales de la mayor gravedad como “sedición”, “secuestro de personas”, lesiones doblemente agravadas, entre otras, lo que implica condenas de hasta 25 años. También irán por el castigo económico librando embargos y aplicando multas que podrán llegar hasta los 2 millones de pesos.

Las detenciones libradas argumentan “peligro de entorpecimiento, fuga y peligro objetivos”.

Siguiendo las directivas del gobierno provincial, los fiscales están imputando el delito de “sedición”. “Pretenden así que la protesta sea considerada como un alzamiento contra el gobierno. Otra forma de generar miedo para coartar el derecho a manifestarse”, denunciaron desde el CELS.

Durante esta mañana una de las víctimas del ataque represivo dejaba registro de lo que estaba sucediendo: “mi nombre es Iván Blacutt, soy docente de la Universidad de Jujuy y me están deteniendo en este momento”, fue lo único que pudo manifestar ante la detención policial.

Según informa el portal regional Jujuy Dice, Blacutt estaba dentro de una lista de 20 personas sobre las cuales se pidió su detención este jueves y que se completa con:

Miguel Ramos

Santiago Zamora

Walter Armando Puca

Gabriel Taboada

Martin Antonio Abad

Luis Santiago Zalazar

Gabino Cruz

José Darío Donaire

José Luis Leopoldo Vilca

Nelson Javier Mamani

Mayuk Nasib Mamani

Héctor Luis Gerónimo

Walter Damián Brizuela

Arnold Alfredo Flores Ricaldi

Lautaro Joaquín Rivero

Leonardo Alejandro Rosales

Dan Leonel Liborio

Gonzalo José Marino Díaz

Fabián Alberto Cruz

La Policía irrumpió en el Rectorado de la UNJu

Decidido a defender la reforma constitucional hecha a su medida, Gerardo Morales inició una cacería contra toda persona que manifieste su oposición a los cambios en la Carta Magna provincial, incluso, sin importar la violación de leyes nacionales vigentes, algo que se pudo ver claramente cuando efectivos policiales ingresaron en la sede del Rectorado de la UNJu.

Fue en horas de la tarde del miércoles, cuando el Consejo Superior desarrollaba una sesión ordinaria en la cual se estaba debatiendo sobre el pronunciamiento institucional respecto al rechazo de la reforma. En ese momento, agentes de la Policía de Jujuy se hicieron presentes en la sede universitaria, lo que generó un malestar generalizado debido a la violación de su autonomía.

Son dos leyes de rango nacional que efectivos violaron con el ingreso al Rectorado de la UNJu: la primera y principal, la Constitución Nacional que, en su artículo Nº 75 inciso 19, establece la autonomía y autarquía de las universidades nacionales; la segunda, es la violación de la Ley de Educación Superior (Nº 24.521) respecto al artículo 31, el cual señala “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no mediare orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Ninguno de los agentes esgrimió dicha orden.

La respuesta de trabajadores de la UNJu fue inmediata, les señalaron que no podían estar allí, además de pedir que se identificaran. Por su parte, efectivos no sólo se negaron a brindar su identidad, sino que además una mujer policía se retiró la identificación que estaba pegada en uno de sus brazos.

Frente a este hecho, desde la Universidad de Jujuy lanzaron un comunicado repudiando lo sucedido en la sede del Rectorado y consideraron que el ingreso de policías a su sede reviste “suma gravedad institucional” y condiciona e interfiere “en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social”.

CONADU Histórica manifestó su repudio a las detenciones y allanamientos

“Adherimos a lo dicho por ADIUNJU acerca de que ‘el accionar de la Policía Provincial es parte de un plan sistemático anunciado públicamente por el Ejecutivo provincial para hostigar, perseguir, reprimir, encarcelar y condenar a lxs que luchan defendiendo derechos históricamente conquistados y garantizados plenamente en nuestra Constitución Nacional’. Exigimos el cese inmediatamente toda acción represiva y de amedrentamiento ordenada por el Gobierno Provincial. Libertad inmediata a los detenidos”, manifestaron desde Conadu Histórica.

En tanto, desde Frente de Izquierda Unidad emitieron un comunicado en relación a la detención Blacutt: “Su detención se produce en una cacería donde han sido apresados otras cinco compañeras y compañeros, se han librado 20 órdenes de detenciones y de allanamientos a distintos luchadores, lo mismo está ocurriendo con 22 de ellos en Humahuaca, y se ha violado la autonomía universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy ingresando personal policial al mismo, lo que fue denunciado por todos los partidos del Frente de Izquierda. Iván Blacutt es víctima como tantas compañeras y compañeros en Jujuy de la repudiable represión y persecución salvaje por parte del gobernador Gerardo Morales y precandidato presidencial de Larreta, con el objetivo de sostener una reforma constitucional represiva que prohíbe el derecho a la protesta, votada con la complicidad del PJ y siendo resistida por la docencia, las comunidades originarias y el incondicional apoyo del Frente de Izquierda Unidad”.

Más allanamientos

Efectivos de la policía de Jujuy allanaron, en la mañana del jueves, el domicilio del referente social Miguel Ramos, de AJI 20 / Fundador y vicepresidente actual de la Biblioteca Popular Niños Pájaros.

Si bien no pudieron apresarlo, a quien además fue ex presidente de CE de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y ex Secretario de DD HH de la FUA, le secuestraron el celular a uno de sus hermanos quien se encontraba en el domicilio cuidado a sus padres y registraron toda la casa.

Del operativo, participaron el Ayudante de Fiscal, abogado Andrés Ugarte y el Coordinador de Fiscalía, abogado Congio.

Al momento se desconoce el argumento policial, pero este hecho se suma a la ola de detenciones y allanamientos que está realizando el gobierno de Gerardo Morales. Se estima que de un listado de 20 personas las cuales están siendo buscadas por la policía en Jujuy, casi la mitad ya fueron detenidas, en San Salvador. Cabe recordar que en Humahuaca fueron detenidas tres personas de un listado de 21.

El jueves fueron detenidos seis integrantes más de organizaciones sociales que se manifestaron contra la Reforma constitucional provincial impulsada por el gobierno de Gerardo Morales. 

Golpe institucional al municipio de La Quiaca

Por Analía Brizuela

El gobierno de Jujuy no depositó el total de los fondos para pagar los sueldos de junio y empleades municipales pidieron la suspensión del intendente Blas Gallardo. En Abra Pampa hasta ayer la intendencia tramitaba una solución al conflicto. Son dos comunas que se pronunciaron contra la reforma constitucional de Gerardo Morales.

A las intendencias de La Quiaca y Abra Pampa, en los departamentos Yavi y Cochinoca, les llegó el apriete del gobierno jujeño. Son comunas en donde no solamente se mantienen firmes los cortes sobre la ruta nacional 9, sino que además sus Concejos deliberantes se manifestaron en contra de la reforma constitucional aprobada el 20 de junio en Jujuy. Debido a esos dos factores, y al ser municipios no amigos al gobierno de Gerardo Morales, La Quiaca y Abra Pampa soportan conflictos con sus empleades municipales porque no percibieron todavía sus haberes de junio.

Al cierre de esta edición, la intendencia de La Quiaca estaba en llamas. Les empleades municipales nucleados en el SEOM y trabajadores afiliades a ATE mantenían el paro de actividades iniciado a primera hora de la mañana de ayer y reclamaban ante les concejales una pronta solución para que el municipio abone los sueldos. Como el intendente, Blas Gallardo, se encontraba en Buenos Aires en gestiones oficiales, la presidenta del Concejo Deliberante, María Ester Laimes, a cargo del municipio quiaqueño, se encontraba en San Salvador de Jujuy. Durante toda la jornada de ayer, gestionó ante funcionaries de la provincia respuestas por la demora en las transferencias que permiten pagar los sueldos municipales. De esa gestión dependían alrededor de 700 personas.

“Nos tuvieron toda la mañana de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de oficina en oficina, y no dieron ninguna respuesta”, se quejó Laimes. “Tampoco nos recibieron por la tarde”, explicó a Página/12 ayer a última hora, mientras preparaba su regreso al altiplano jujeño.

“En La Quiaca está ocurriendo un golpe institucional”, denunció. “Están presionando al vicepresidente segundo, que se ha descompensado”, sostuvo refiriéndose al concejal del Frente de Todos, Sergio Gorena. “Esto es un apriete político”, insistió. “Encontramos en los pasillos al ministro de Economía, Carlos Sadir”, contó sobre el breve encuentro que tuvo con el gobernador electo de Jujuy. “Le planteamos que necesitamos que nos depositen la parte faltante de los fondos y nos mandó a hablar con el secretario de la Gobernación (Héctor) Freddy Morales, porque él seguramente tendría una respuesta. (Pero) No nos recibió”, contó Laimes. “Nos adeudan conceptos coparticipables para pagar los sueldos”, agregó luego en alusión a la asistencia financiera que el gobierno de Jujuy transfiere a los municipios desde 2005. “Casualidad ahora, que no llegó al municipio de La Quiaca”, ironizó. “Nos adeudan exactamente 66.823.642 pesos en concepto de Ayuda Financiera. El municipio no puede hacer frente a ese monto y ahora nos dicen que es un préstamo”, añadió sobre las escasas respuestas que pudo encontrar en el gobierno de Gerardo Morales.

En La Quiaca, el Concejo Deliberante había quedado en manos de les concejales Hugo Barro y Felisa Nieve, de Juntos por el Cambio; Mirta Moscoso (PJ); Jorge Tejerina y Sergio Gorena, del Frente de Todos. Los medios quiaqueños documentaron a trabajadores municipales cuando presionaban ayer en las afueras del Concejo para que les ediles sesionen. A esa altura, María Ester Laimes ya había comunicado vía telefónica a todes les empleados comunales reunides en los patios del edificio del Concejo que el gobierno jujeño no la recibía y que era imposible llegar a un acuerdo o solución para pagar los sueldos a la brevedad.

Alrededor de las 6 de la tarde, cuando comenzó a sesionar el Concejo con el Frente de Todos en minoría, les ediles de la mayoría ya no buscaban exclusivamente solucionar el pago de los sueldos adeudados. Celia Flores, delegada del SEOM en La Quiaca, confirmó a este diario que “las familias municipales piden la suspensión del intendente”, Blas Gallardo. Avivando aún más la tensión, el concejal Hugo Barro, aliado del gobierno de Morales, denunciaba en medios quiaqueños que no le permitían revisar las cuentas municipales.

El jefe comunal quiaqueño, aún en Buenos Aires, denunció pasadas las 18:00 por redes sociales que el “Concejo Deliberante con el aval del gobernador Morales y Rubén Rivarola (dirigente del PJ jujeño)”, se encontraba “sesionando para suspenderme del cargo de intendente”. Detalló además que el gobierno jujeño “forzaba a sesionar a concejales, en contra de su voluntad y reteniéndolos en el recinto, privándolos de su libertad. Uno más de los tantos actos que rompen todo pacto democrático de una comunidad”, aseveró. “La provincia vive un caos social, institucional y político que nadie escapa a esta persecución salvaje y fascista”.

Durante las primeras horas de la tarde de ayer Gallardo explicó durante una entrevista con Página/12 las razones de su presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Me reuní (el martes) con funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y pudimos subsanar problemas con las carpetas técnicas (de los relevamientos territoriales). No estoy de vacaciones”, aclaró. Desde la intendencia de Abra Pampa, Ariel Machaca solo dijo a este diario: “estamos en reunión para solucionar el problema”.

Concejales de Humahuaca desmienten cargos contra detenidos

Por Tramas

En Jujuy se ha desatado una verdadera cacería humana orquestada por el Poder Judicial provincial que obedece a Morales. A los docentes, trabajadores municipales, referentes de comunidades originarias y líderes sociales, se suman ahora los abogados que han expresado reparos jurídicos con la Reforma Constitucional. En la lista de los juristas a detener figuran Ariel Ruarte, Alberto Nallar, René Casas, Roberto Aleman y la doctora Alicia Chalabe. Se acaba de confirmar la detención del abogado Dr. Alberto Nallar, en inmediaciones de su domicilio. Está acusado de sedición. Concejales de Humahuaca han enviado una carta al Fiscal Fernando Alancay aclarando que no fueron denunciantes, ni retenidos contra su voluntad, ni existieron los hechos por los que se han dictado 23 órdenes de captura. La denuncia de estos concejales agrava el verdadero escándalo judicial e institucional que está promoviendo una justicia que, amparándose en la nueva reforma constitucional, reparte acusaciones de sedición a diestra y siniestra. Por el lado del oficialismo de Unión por la Patria la primera reacción ha sido una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi del Congreso, para el viernes a las 12:00 donde además de organizaciones sociales y sindicales alineados con Unión Por la Patria, se ha invitado al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El problema del oficialismo con los hechos de Jujuy es que el Frente Renovador liderado por Sergio Massa es aliado de Morales, y que el Partido Justicialista de esa provincia acompañó la Reforma Constitucional.

Abogado refugiado en Ciencias Agrarias

El Dr. Ruarte es uno de los 6 abogados con pedido de captura por parte de la justicia del gobernador de Jujuy y en este momento está cercado por las fuerzas represoras de Gerardo Morales en la Facultad de Ciencias Agrarias, está acompañado por el asesor legal de la Universidad Nacional de Jujuy.

Convocan a desobediencia civil

Así se expresó la Multisectorial contra la Reforma Constitucional de Jujuy en un comunicado publicado el miércoles 12 de julio: «el Gobernador de Jujuy no respetó la Constitución Provincial cuando la reformó, dado que no cumplió con los requisitos que la misma Constitución establece para su reforma. Asimismo, una vez aprobada y publicada, la Constitución reformada viola derechos y garantías que estaban vigentes, previamente, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales. En consecuencia, es nula, por no cumplir con los requisitos constitucionales establecidos para realizar su reforma y es anticonstitucional por no respetar derechos y garantías vigentes en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional», sentencian desde la Multisectorial.

En la misma línea, detalla: «la Constitución de la Provincia de Jujuy de 1986, en su artículo. 98, inciso 3, obliga como requisito de validez de una reforma, que el Poder Ejecutivo publique en el Boletín Oficial de la provincia y en diarios locales, en un solo acto, la Declaración de la Necesidad de Reforma y la Convocatoria a Elecciones de Convencionales. Resulta que la ley y convocatoria sólo fueron publicadas en el Boletín Oficial sin cumplir con la obligatoriedad de publicarlo en diarios locales. En virtud de que se reformó la Constitución provincial de 1986 violando este procedimiento, la misma dispone que frente a una derogación realizada por otro medio distinto al que la misma Constitución dispone, cualquier reforma es nula y la Constitución de 1986 no pierde su vigencia (Art. 6, inciso 4, primera parte) asimismo y para estos casos de incumplimiento ‘es deber de todo funcionario y ciudadano contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden constitucional y de sus autoridades legítimas’ (Art. 6, inciso 4, segunda parte) como también ‘le asiste al pueblo de la Provincia el derecho a resistencia cuando no fuera posible restituir el orden constitucional por otro medio’ (Art. 6, inciso 5)», especifica la multisectorial».

Además, consideran que, entre otro de los tantos requisitos violados, también está la «prohibición expresa establecida en el Art. 100 donde se determina que ‘Los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones‘, prohibición que fue violada por el mismísimo Gerardo Morales, que actuó simultáneamente como Presidente de la Convención Constituyente y Gobernador de la Provincia, ejerciendo la suma del Poder Público, que condena a ‘una Nulidad insanable’ o absoluta a la Constitución Reformada y representa el delito de Traición a la Patria. Nulidad y delito establecidos en la Constitución Nacional (Art. 29)».

Por todo lo señalado, la Multisectorial considera que «el pueblo jujeño no debe respetar otra constitución provincial que no sea la del año 1986, que frente a la constitución de Gerardo Morales y frente a los poderes del Estado que no respeten la Constitución del año 1986, es absolutamente válido el derecho y la obligación de la resistencia y a la desobediencia civil», remarcan.

Asimismo,la Multisectorial contra la Reforma anunció que presentará «una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se expida sobre la anticonstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la Provincia, en virtud de la nulidad del proceso de tratamiento de la ley de necesidad de reforma de la constitución y la convocatoria a las elecciones de convencionales constituyentes».

Y agrega: «esta acción legal es una más de las presentaciones que se vienen realizando para poner freno al avance del gobierno contra los derechos democráticos del pueblo, contra las comunidades originarias y su territorio, avasallando el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, el derecho a un ambiente sano, a la manifestación, petición, reunión, huelga, al control del gasto público, entre otros derechos que le dan a la Constitución de Gerardo Morales el carácter de nula y anticonstitucional. Arriba los derechos, abajo la reforma. En defensa de la democracia», finaliza el comunicado.

Marcha

El viernes 14 de julio, a las 18:00, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia marchó desde el Obelisco hasta la Casa de la Provincia de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Avenida Santa Fe al 900, para exigir basta de represión, libertad a lxs detenidxs y abajo la Reforma Constitucional de Gerardo Morales.

Acto en la Casa de Jujuy

El jueves se realizó en CABA un acto en la casa de Jujuy con miles de personas en repudio a la represión, los allanamientos y las detenciones del régimen totalitario de Gerardo Morales.

Se exige la libertad de los 22 compañeros detenidos, entre ellos Iván Blacutt, docente de la UNJu y candidato del Frente de Izquierda Unidad en la provincia. En San Salvador también están detenidos Santiago Zamora, Gabriel Taboada, Walter Puca, José Donaire, Gonzalo Marino y Gabino Cruz.

Acto frente a la Casa de la Provincia de Jujuy

Así lo anunciaron las organizaciones que integran el Bloque Popular 20 de Diciembre: «convocamos al Acto Político este Jueves 13 de julio en la Avenida Santa Fe 967, CABA, frente a la Casa de Jujuy. Rechazamos y repudiamos la dictadura de Morales, que avanza con la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, una reforma antidemocrática, inconsulta y entreguista, ampliamente rechazada por el pueblo jujeño. Gerardo Morales persiste en su represión y el valiente pueblo jujeño continúa resistiendo con coraje la represión, persecución y hostigamiento, organizados en las calles. Jujuy resiste junto a las y los trabajadores docentes en su lucha por mejores salarios, y los pueblos originarios que defienden nuestra soberanía territorial contra la entrega del litio y el agua», destacan.

También apuntan contra el gobierno nacional: «es inaceptable el débil y poco efectivo repudio del Gobierno Nacional y los sectores oficialistas de Unión por la Patria, cuyas declaraciones se quedan en meras palabras vacías. No solucionan la política de represión y saqueo que Gerardo Morales lleva adelante en Jujuy desde hace años. Observamos con preocupación que los candidatos como Sergio Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei, en el marco de las elecciones, no garantizan nuestros derechos en Jujuy, ni en el país en general. Estos candidatos son cómplices y actores históricos del ajuste y represión», sentencian.

Y convocan: «enfrentemos con organización, en las calles, el ajuste del FMI, el saqueo y la entrega de nuestros recursos naturales, en unidad y construyendo una amplia solidaridad del campo popular, con trabajadores ocupadxs y desocupadxs. Arriba los salarios, abajo la reforma, arriba la whipala», finaliza la convocatoria de bloque, integrado por las Asambleas Populares Tierra, Vivienda y Trabajo, la Columna Boli Lescano, la Secretaría de Trabajadorxs Migrantes Refugiadxs de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), el Movimiento Chispa Popular (MCP), La Matancera Organización Popular, el Colectivo Matancero y el Centro Cultural Azucena Villaflor.

Fuentes: Radio La Revuelta, Red Eco Alternativo, Anred, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Página 12, Agencia Farco, Minka Comunicación, Jujuy Dice, Cels, Biblioteca Popular “Niños pájaros, Tramas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.