Solidaridad total con Lydia Cacho. Presentación ya de Belén Sánchez Mayorga, Diego A. Maldonado y Luis Enrique Castañeda N. La consigna es de Antonio Gramsci. Resume la actitud que los comunistas, en medio de la dictadura fascista mussoliniana de los años treinta, deberían tener para no desfallecer ante la adversidad. Y se corresponde también, […]
Solidaridad total con Lydia Cacho.
Presentación ya de Belén Sánchez Mayorga, Diego A. Maldonado y Luis Enrique Castañeda N.
La consigna es de Antonio Gramsci. Resume la actitud que los comunistas, en medio de la dictadura fascista mussoliniana de los años treinta, deberían tener para no desfallecer ante la adversidad. Y se corresponde también, me parece, a la situación por la que atraviesa México en estos difíciles y decisivos días.
La situación política del país no es, ciertamente, de la misma polarización y crispación política que se vivió en 2006. La incertidumbre no proviene de lo cerrado de la elección entre los candidatos más votados, como en aquel año. Sin embargo, la coyuntura poselectoral se presenta tan compleja como aquélla, condicionada por la actuación de las instituciones políticas, los partidos y los nuevos actores sociales. Un nuevo ingrediente, la generalización de la violencia, selectiva y aparentemente localizada pero irrefrenable y en realidad generalizada, hace quizás más peligrosa aún esta coyuntura que la de seis años atrás.
Conforme transcurren los días y se acerca la fecha en que el Tribunal Electoral debe hacer la declaratoria de presidente electo, las pruebas de lo que fueron la campaña y manejo electoral por la Coalición PRI-PVEM se acumulan mostrando un cúmulo de posibles irregularidades y aun configuración de delitos que complicarán y harán seguramente conflictiva la legalización definitiva del triunfo de su candidato por ese órgano jurisdiccional. El rebase de los topes económicos de campaña, una da las líneas de denuncia de la coalición Movimiento Progresista de AMLO, conlleva inmediatamente a sanciones trascendentes contra los partidos infractores. López Obrador y su equipo están haciendo lo que les corresponde, recurrir legalmente ante los órganos competentes y convocar a la sociedad a aportar las pruebas de tales infracciones. El cumulo acumulado de tarjetas repartidas en el proceso electoral y ahora presentadas como pruebas supervinientes (más lo denunciado desde la campaña, por ejemplo como gasto en espectaculares), tanto de Monex como de Soriana, y ahora de Banamex y telefónicas, harán difícil que tanto la Unidad de Fiscalización del IFE como el TEPJF desestimen los hechos. A ello se agrega la sospecha sobre la cuenta Scotiabank, manejada, de manera inusualmente simultánea entre el gobierno del Estado de México y el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto. El PRI podría ser sancionado económicamente por una cantidad igual a la suma de lo que se demuestre como gasto excesivo, o incluso con la pérdida del registro. La compra y coacción del voto y el uso de dinero ilícito durante la campaña y la jornada electoral constituyen delitos electorales con conllevan pena corporal para los dirigentes partidarios y particularmente en este último caso, para el candidato.
¿Se puede confiar en que las autoridades y órganos jurisdiccionales cumplan con su cometido en el conflicto? Difícilmente. El IFE da todas las trazas de estar haciendo tortuguismo y anuncia que la fiscalización de los hechos denunciados se conocerá no este año sino en enero. El TEPJF genera poca confianza pública, dados los antecedentes de la mayoría de sus integrantes y sobre todo la temeraria declaración de su presidente, Alejandro Luna Ramos, antes de conocer y valorar las pruebas y denuncias: «Nadie ganará en la mesa lo que no haya obtenido en las urnas». Esas solas palabras bastarían para inhabilitarlo como árbitro definitivo de la contienda. Convocan a la desconfianza pública y al pesimismo racional con respecto de la institución.
Más factores enturbian la situación política y social. Las amenazas a la periodista Lydia Cacho, investigadora y denunciante de las poderosas redes de pederastia y lenocinio que operan en México e internacionalmente, la han obligado a salir del país, como lo hicieron antes con el padre Alejandro Solalinde, protector de migrantes centroamericanos de paso por México. Ahora éste, de regreso a México, sufre la represión de la jerarquía religiosa y es obligado a abandonar el albergue que él mismo fundó en Ixtepec, Oaxaca, por presiones del obispo de Tehuantepec. En Paracho el secuestro hace tres semanas de tres jóvenes turistas, uno de ellos activista del partido Movimiento Ciudadano, sigue sin ser resuelto por las autoridades de Michoacán, sumándose a la larga lista de desapariciones forzadas en el Estado. El caudal de sangre en todo el país a cuenta de la llamada guerra a la delincuencia organizada no tiene cuándo terminar, en el crepúsculo del sexenio de los 60 o 70 mil muertos.
Pero lo que no muere es el optimismo. Aun el desenlace más desfavorable para la razón en esta transición intersexenal encontrará la voluntad de una sociedad que despierta y que ha perdido en gran medida su pasividad. La movilización incesante, sorpresivamente no de los simpatizantes del lopezobradorismo sino del Yosoy132 que a algunos de ellos incluye pero sobre todo a jóvenes universitarios sin partido, se ha constituido en la conciencia crítica que empuja a la moralización de un ambiente político cada vez más enrarecido y que busca superar el pasmo ciudadano, a partir de los componentes que un movimiento mayoritariamente juvenil puede aportar. Es la movilización que viene a asumir la recomendación que, por otra parte, hacía también Gramsci a sus compañeros comunistas: «Instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza».
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH