Entre 1998 y 1999, varios colectivos, agrupaciones, pueblos y personas participamos en la organización de Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, por convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En Cuernavaca, Morelos, por ejemplo, además del centro de enlace en Casa Betsie, conformamos comisiones de seguridad, prensa y educación; entre otras. Las primeras se activarían durante la visita de las y los delegados zapatistas a nuestro estado; la comisión de educación, en cambio, se dedicaría a desplegar un intenso trabajo de estudio y análisis sobre la misma consulta de manera previa, y, después, a diseñar y replicar un modelo de diálogo inscrito en la mejor tradición de la educación popular no-violenta en donde hubiera aunque fuera una sola persona dispuesta a escucharnos.
El punto de partida del ejercicio de reflexión-discusión a replicar consistía en diseccionar el nombre de la misma consulta en preguntas: ¿Qué entendíamos por Consulta?; ¿qué por Nacional? ¿Qué entendíamos por Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios?; ¿qué por Derechos de los Pueblos Indios?; ¿qué por Pueblos Indios? ¿Qué entendíamos por Guerra de Extermino? Y, finalmente, ¿qué entendíamos por el Fin de esa Guerra de Exterminio? La sesión, entonces, consistía en un viaje dialogado en medio respuestas construidas en colectivo.
No era la primera consulta en que participábamos; algunos habíamos participado organizando una consulta por los 11 puntos de la I Declaración de la Selva Lacandona, organizada entre el EZLN y la CONAC-LN en abril de 1994 (a mí me tocó en La Laguna), o la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, convocada por el EZLN en 1995, cuyos resultados fueron la pauta para la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) a raíz de la IV Decaración de la Selva Lacandona.
Inclusive, sin organizarlas, acudimos a las consultas que siguiendo el ejemplo del EZLN hicieron el Frente Cívico Morelense y el PRD para exigir juicio político a Carrillo Olea, la primera, o convertir al Fobaproa en deuda pública, la segunda. Y, más tarde, participamos en la Campaña y Consulta Continental sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); articulando un Comité Nacional y varios comités estatales para el desarrollo de las mismas (de esa experiencia trataron mis primeros artículos de opinión en La Jornada Morelos).
Los resultados de las tres consultas zapatistas marcaron de manera inédita el andar de una organización político-militar que le había declarado la guerra al Estado mexicano, a su ejército y a quien usurpaba la Presidencia, y su organización fue verdaderamente popular. Con recursos públicos y privados, el Frente Cívico Morelense y el PRD obtuvieron distintos resultados: el general Jorge Carrillo Olea terminó renunciando y el Fobaproa se volvió deuda pública: una derrota legal que no por ello significaba una derrota legítima. La Consulta Continental sobre el ALCA y su campaña significó, por su parte, una movilización tal que su principal promotor: Estados Unidos, así como sus socios en las presidencias de varios países latinoamericanos, tuvieron que recular llevar a cabo su firma.
¿Qué tiene de inédita, entonces, la consulta mal llamada popular de este 1 de agosto? R: a) Que la promovió el jefe del Poder Ejecutivo esquivando el mandato constitucional de hacer cumplir la ley y hacer justicia, b) Que la organiza el INE, una de las instituciones del Estado, en teoría autónoma del gobierno, más desprestigiadas de nuestra historia reciente por cómo ha organizado los procesos y jornadas electorales federales los últimos 14 años, y c) Que se ha promovido para opinar (que no decidir) sobre una cosa muy distinta a la que verdaderamente consulta. Porque, no, la consulta del domingo no es para juzgar a los ex-presidentes por sus presuntos crímenes y delitos; es para preguntarnos si estamos de acuerdo o no «en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas».
¿Sabemos cuáles son esas acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? ¿Serán las mismas que, por ejemplo, han garantizado que viva y muera impune un criminal como el ex-presidente Luis Echeverría Álvarez? ¿Sabemos cómo puede y debe ser ese proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? ¿De qué actores políticos se está hablando? ¿Sólo las decisiones políticas?, ¿y las económicas, las sociales o las jurídicas? ¿Qué podemos entender por «encaminado» a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Un proceso sólo encaminado puede ser nada más la creación de una comisión especial, como las que les encanta a este y otros gobiernos, y ya. ¿Qué entendemos por «posibles» víctimas? ¿Quién va a determinar que una víctima lo es o no lo es?; ¿funcionarias y funcionarios con el mismo rigor de quienes están detrás del Quién-Es-Quién-De-Las-Fake-News lopezobradorista? ¿Cómo se les garantizaría justicia?, ¿cuáles son sus derechos?
Nadie se tomó la molestia de hacer el ejercicio didáctico de responder a todas estas preguntas para que quienes acudieron este domingo a dar su opinión lo hagan sobre la base de que están entendiendo qué les están preguntando, y no a partir de una propaganda que les ha mentido diciéndoles que se trata de una consulta para saber si quieren o no que se juzguen a los ex-presidentes por sus presuntos crímenes y delitos. Porque no, insisto, la consulta no está preguntando eso.
Y, sin embargo, a pesar de tanto desaseo para organizar esta consulta, de tanta falta de seriedad, del grado de desdén y desinformación para hacer de esta consulta un ejercicio informado y a conciencia, de tal despliegue de simulación y evasión de quién ahora detenta el poder de arriba para hacer justicia, vale la pena salir a las calles y acudir a las casillas mañana. Justo para evidenciar la simulación, para arrebatarle al poder de arriba la batuta y conducir un montaje que es una farsa (con perdón de quienes hacemos farsa en serio) en un proceso de justicia real. Para acostumbrarnos, como ya nos había mostrado el zapatismo, a ejercer la democracia de manera directa, no representativa; exigiendo la puesta en práctica de consultas y plebiscitos verdaderamente populares, figuras como la revocación del mandato o el presupuesto participativo… por sólo mencionar algunos de sus instrumentos.
Para, a partir del 2 de agosto, ponerle nombre y apellido a esos actores políticos que la mezquindad política nos ha regateado y ampliar su alcance no sólo a los ex-presidentes (que desde luego), sino también a sus cómplices y colaboradores dentro y fuera de sus gobiernos; en las estructuras del poder económico y las extensas redes del crimen organizado. Para imaginar cómo se va a encaminar que se haga una justicia verdadera a las víctimas todas (probables, posibles o imposibles), y, sobre todo, cómo se va a garantizar que lo que se encamine llegue hasta donde tenga que llegar: ¡Hacerles justicia!
P.D.: Qué rico será ver todos los archivos de esto que llamamos Nación abiertos, y los nombres de quienes desde el poder han cometido crímenes y delitos, desfilando ante comisiones de la verdad que l+s lleven a ell+s mism+s a desfilar frente a sus víctimas… para empezar.