El comercio exterior argentino fue superavitario (las exportaciones superan a las importaciones) en lo que va desde el primer día hábil del siglo XXI hasta el 31 de agosto de 2022 (último dato oficia en 267.363 millones de dólares, sin contar la exportación récord de septiembre de 2002 con los 8.123 millones de dólares de la venta de la soja. Sin embargo, la deuda externa bruta de la Administración Nacional asciende al 30 de junio de este año (último dato oficial) a 378.506 millones de dólares.
Es más, durante la gestión del presidente Alberto Fernández, el superávit acumulado desde el 1° de enero de 2020 al 31 de agosto de 2022 fue de 29.471 millones de dólares. No obstante, las reservas internacionales del Banco Central descienden de 45.190 millones de dólares en diciembre de 2019 a 37.625 millones de dólares al 30 de septiembre de 2022 (incluyendo la liquidación de la venta de la soja).
Es obvio que la restricción externa (la falta de divisas) no es un problema comercial, sino de evasión tributaria y fuga de capitales por parte de grandes operadores, y lo es en forma cada vez mayor.
Durante el gobierno de los Kirchner (Néstor y Cristina, de 2003 a 2015) las grandes corporaciones que operan y están en el país frenaron las exportaciones y adelantaron sus importaciones para enriquecerse e impedir la gestión, dado que se impulsaba el trabajo y la producción nacional, la defensa del mercado interno, una inteligente integración con los países de la región y la apertura al comercio con China.
En cambio, las administraciones que le sucedieron se subordinaron y se subordinan al capital ligado al extranjero, y en ello se debe ponderar el rol que jugaron y juegan las grandes empresas en un país como Argentina, donde al sujetar su accionar a la cadena de valor internacional, condicionan el nivel de actividad y de comercio en general y son causantes sistemáticos de la crisis del sector externo, que provocan vía endeudamiento.
A nivel mundial, grandes corporaciones retienen para sí resortes claves de la producción y de la comercialización (pensemos en las grandes empresas petroleras y gasíferas, en las acopiadoras y comercializadoras de granos, en los buques mercantes, etcétera, que están y operan en nuestro país).
Esto les asegura la apropiación de parte del excedente físico de producción, ya sea a través del conocimiento (por ejemplo, la patente de determinadas semillas híbridas, o de fertilizantes o plaguicidas, o el sistema de extracción del gas y del petróleo) o de la propiedad de máquinas, equipos, tierra, etc. Igual pasa con cualquier cadena productiva o de comercialización, de manera que se dependa de la decisión de esas grandes corporaciones.
El mecanismo se adoptó bajo el pretexto de que el déficit comercial de 2015 fue de 2.035 millones de dólares (cuando desde junio de 2003 a diciembre de 2014, el superávit comercial acumulado fue de 137.578 millones de dólares) y que el déficit fiscal que el kirchnerismo dejaba en 2015 fue de 221.344 millones de pesos, y valuado en dólar a $9,10 –que era la paridad oficial– resultaba equivalente a 24.300 millones de dólares (4,5% del PIB). Esa deuda fiscal en pesos es invocada por el gobierno de Cambiemos como justificación para endeudarse en divisas.
Además se reconoció y pagó sobremanera la deuda con los fondos buitres (Elliot Management Corporation, liderado por Paul Singer; NML Capital Ltd.; EM Ltd.; etcétera) por 9.300 millones de dólares, pagos que fueron justificados por el gobierno de Cambiemos como la condición de posibilidad para el retorno de las inversiones al país, la recuperación del crecimiento económico y la reducción de la tasa de riesgo país internacional.
El vertiginoso proceso de sobreendeudamiento externo iniciado a partir de esos pagos conformó el plan de endeudamiento esencial para enriquecer a una minoría y obligar a la Nación a acordar con los acreedores, ante la falta de investigación de la evasión fiscal y la fuga de capitales realizadas por las empresas y personas aún más enriquecidas con la maniobra.
Las corporaciones que operan en el país sólo aceptaron, y forzadamente, compartir parte de su poder con la administración kirchnerista porque obtuvieron tasas de ganancias mayores que en otros mercados, e incluso del que lograron con el gobierno del neoliberal Mauricio Macri, pero a sabiendas de que, en algún momento, esa relación no podía continuar por la simple razón de que su objetivo es vender desde nuestro país alimentos, materia prima, minerales y energía al exterior. No les interesa apuntalar el mercado interno y menos recomponer el poder adquisitivo de la población. Al contrario, tratan de reducir el consumo local para tener mayores saldos exportables.
En ese marco y con estas contemplaciones, se entiende la lógica de acumulación y reproducción de los gobiernos encabezados por Mauricio Macri y Alberto Fernández. En el primero hubo un Estado que propició el endeudamiento y la fuga de capitales, y el que lo continuó no sólo no investigó ese proceso, sino que fue dejando en el olvido el tema como si no hubiera existido. Mientras tanto, del presupuesto nacional se pagan los intereses de una deuda acrecentada por el gobierno de Cambiemos y se condiciona toda la gestión acordando con el FMI. Es más: el reconocimiento total de la deuda hace que se deba pagar el capital en los títulos en poder de los bonistas desde el segundo semestre de 2024. Respecto al FMI, en cada vencimiento de capital se contrae una nueva deuda a pagar en diez años.
Fin del ciclo populista y retorno a los mercados
En un mundo fuertemente centralizado y concentrado, donde las grandes empresas (trasnacionales o nacionales transnacionalizadas) pueden igualar tasas de ganancias con sus inversiones en el país y en el exterior, se torna imprescindible el control del Estado. Máxime ante la necesidad de invertir y mejorar la competitividad industrial, que es lo que permite diversificar la canasta exportadora, por un lado, y la necesidad imperiosa de acordar con esas grandes empresas la sustitución de parte de lo que importan.
Son pocos los países en los cuales la industria y los bienes de alto valor agregado ocupan una porción mayoritaria de sus exportaciones, de allí que abrir el comercio a la región, a Asia, y a África –como se hizo durante el kirchnerismo– exige incrementar la inversión productiva por trabajador, y con ello mejorar los costos en moneda dura de la producción.
No existe contradicción entre la profundización del mercado interno y el aumento de las exportaciones. En verdad, la causa principal de la carencia de exportaciones específicamente industriales ha sido la baja productividad relativa del sector industrial (que surge históricamente con costos y precios más altos que los internacionales). Precisamente, el desarrollo del mercado interno, de los acuerdos en la región, y el comercio hacía África y Asia es un aporte sustancial a la superación de esta heterogeneidad estructural y sentaría las bases más sólidas y genuinas para el aumento de las exportaciones no tradicionales.
Lo que hicieron los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos es de manual. Lo han hecho todas las administraciones reaccionarias y conservadoras que buscan recomponer la tasa de ganancia a costa de disminuir los salarios para reducir el consumo interno y generar mayores saldos exportables.
En la gestión de Cambiemos devaluaron violentamente y ajustaron las tarifas energéticas y de transporte, transfiriendo recursos de los trabajadores a los sectores concentrados que dominan los mercados del sector. La administración actual continuó con la misma inercia y tomó la decisión de pagar con las reservas internacionales del BCRA la deuda y los intereses de las grandes empresas privadas tomadoras de créditos del exterior.
Las grandes corporaciones empresariales (nacionales y extranjeras) que operan en el país tienen sus principales mercados afuera y nuestros trabajadores son vistos más como un costo que una potencial demanda. Pero no es así para el grueso de la población que vive y trabaja para el mercado interno. En grandes proporciones, cerca de las tres cuartas partes de lo que producimos se destina al mercado interno, y es a la vez la que mayor parte de la población comprende (la amplia mayoría de los trabajadores, de los pequeños y medianos emprendimientos productivos y comerciales, de los jubilados y pensionados, etc.).
Todo ello explica por qué, si bien el tipo de cambio tiene como función relacionar todos los precios de nuestro país con el mundo (de los bienes y servicios, de los salarios, de la energía, de las tarifas, etc.), esa función debe subordinarse a los niveles de bienestar de la población. De otro modo, si se fija el valor del dólar por la rentabilidad de las empresas, lo que se consigue es una economía dual, donde sólo se integra al resto del mundo las economías en que somos beneficiados por la naturaleza (productos primarios: granos y sus derivados –pellets, harinas, aceites, biocombustibles–, petróleo, gas, litio y minerales raros).
Pero en el resto de las producciones y comercios no vamos a ser más competitivos por una fuerte devaluación que reduzca nuestros salarios en dólares. China y Corea del Sur ya existen y no podemos competir con ellos por ese camino.
El actual gobierno tiene como objetivo cambiario y monetario crear principalmente dinero por el ingreso de divisas del exterior (monetización de la Balanza de Pagos), por eso los mayores beneficiarios son el sector financiero y los dueños de la tierra y del subsuelo. Al primero lo beneficia liberando las tasas de interés y abonándole un encaje remunerado a tasas cada vez mayores y, al segundo, con la devaluación y las prebendas que se les otorga, que van de no aumentar las alícuotas de las retenciones (Derechos de Exportación) y permitirles a las empresas quedarse en divisas y/o cambiarlas en el mercado interno, fuera del sistema oficial, una parte de sus ventas al exterior declaradas, etc.
El caso del llamado “dólar soja” nos exime de mayores comentarios. El Tesoro incentivó la liquidación de 8.123 millones de dólares de ese grano por ventas al exterior de 13.725.198 toneladas, asumiendo una deuda de 406.150 millones de pesos que los beneficiados percibieron a razón de $50 por dólar liquidado (el precio oficial era $150 y, por cada dólar, se le pagaron al sector $200).
Y a su vez se benefician los bancos, porque para inmovilizar parte del dinero creado por el ingreso de esas divisas, el BCRA captó en Leliqs y Notaliqs (encajes remunerados) la suma de un billón de pesos más, a una tasa del 75% nominal anual, con lo que el total de encajes remunerados al 13 de octubre supera los 8,5 billones de pesos, cifra que es el doble del total del dinero emitido y puesto en circulación por el BCRA (Base Monetaria) y que supera en un tercio el total del crédito concedido por el conjunto de entidades del sistema financiero legal.
Conclusión
Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en la Argentina hay un total de 12.079.103 trabajadores registrados, si se considera a los asalariados, autónomos, monotributistas y al personal de casas de familia. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos determina que gran parte de los trabajadores tienen empleo y son pobres, y ésto es cada vez mayor a medida que continúan aumentando los precios de los productos de la canasta básica total, esencialmente alimentos, energía y transporte.
Argentina es exportadora de alimentos y, dada la potencialidad de los yacimientos de Vaca Muerta y de los minerales raros y litio en la Puna, puede convertirse en exportadores netos de energía. Claramente, ésto beneficia a unos pocos, no más del 1 ó 2% de la población. La pregunta es: ¿qué hacen los demás, el resto?
El 98 ó 99% de los argentinos debe pensar que la Patria les pertenece a todos. Tomar conciencia de la situación extrema a la que los llevan y ser capaces de generar una alternativa que modifique la matriz de producción y distribución para incrementar la generación de valor y el nivel tecnológico, con el debido conocimiento de las principales causas que generan las distorsiones señaladas, sabiendo del poder de las grandes corporaciones en la cadena de valorización a nivel mundial y la imperiosa necesidad de un Estado que se debe legitimar ante la población con las medidas que toma en defensa del trabajo y del mercado interno.
Se debe garantizar la soberanía alimentaria y energética para generar puestos de trabajo y valor agregado en el país, que se produzca primero para abastecer al mercado interno y el saldo que queda se vende al exterior, y no al revés. Los problemas tienen solución. No son fáciles, y menos con la burguesía que padece el país y las grandes corporaciones que operan en y con la Argentina.
Si no se ve el problema y se trabaja en resolverlo, Argentina a ser una factoría exportadora, una mera colonia subordinada al capital extranjero.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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