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Propuesta de intervención del Estado en los sectores financiero, comercio exterior, hidrocarburos y minería

Fuentes: Rebelión

Propuestas sobre las posibles medidas de intervención del Estado en Argentina, que podría instrumentar el actual gobierno popular, en algunos sectores económicos muy importantes, como el financiero, comercio exterior, hidrocarburos y minería, de los cuales depende a su vez la evolución de los demás sectores.

El tema de la intervención del Estado me parece de primordial relevancia, tanto en general como en sectores específicos. Se trata de algo permanentemente en disputa entre los diferentes sectores sociales y económicos y si bien quien esencialmente tiene la hegemonía es el sector económico oligopólico, en lo fenoménico, que es donde se actúa en política, es posible que gobiernos progresistas puedan instrumentar la intervención del Estado, al menos dentro de los límites del sistema, en sectores que favorezcan los intereses de los sectores populares y de pequeños y medianos empresarios, lo cual puede a su vez favorecer el desarrollo de la conciencia de los mismos para impulsar avances más esenciales para sus intereses y, por lo tanto, contrarios a los intereses esenciales del sector oligopólico.

En este trabajo expondré algunas propuestas sobre las posibles medidas de intervención del Estado en Argentina, que podría instrumentar el actual gobierno popular, en algunos sectores económicos muy importantes, como el financiero, comercio exterior, hidrocarburos y minería. En efecto, de la evolución de esos sectores dependen a su vez los demás sectores. Un ejemplo de ello es la industria manufacturera, que requiere de apoyo crediticio para su desarrollo, lo cual se vincula con el sector financiero;  a su vez, considerando que en su etapa actual tiene balance negativo entre lo que exporta y lo que importa, impone la necesidad de que el Estado obtenga las divisas necesarias de las exportaciones de otros sectores, lo cual se vincula con el comercio exterior; también necesita de insumos básicos como combustibles, productos petroquímicos, minerales y sus derivados, lo cual se vincula con el sector hidrocarburífero y el minero.   

Intervención del Estado en general 

Estaríamos hablando de reformas estructurales, posibles de desarrollar en el corto y mediano plazo, principalmente en los sectores mencionados, dentro de los límites del capitalismo, claro, pero de carácter progresista y factibles de realizar en la realidad actual nacional e internacional, incluyendo la relación de fuerzas. 

De una manera general, debemos sin embargo expresar nuestra convicción de que el capitalismo, llegado a un cierto nivel de su desarrollo de las fuerzas productivas y de concentración, centralización y globalización del capital, genera la necesidad objetiva de su reemplazo por una sociedad superadora, de un carácter social cualitativamente más elevado, a lo que se acerca aceleradamente el sistema a nivel mundial.

Incluso economistas pro capitalistas han concebido la necesidad de una sociedad superadora del capitalismo, donde al menos en sus comienzos el Estado tendría un rol de principal importancia, entre los que se destaca alguien de la importancias de John Maynard Keynes, quién desarrollando honesta y racionalmente su análisis del capitalismo, llega a conclusiones sobre los límites del sistema y rol del Estado que pueden ser muy sorprendentes para quienes no estén familiarizados con su obra. Citamos como ejemplo las siguientes reflexiones de este célebre economista:

  • “Espero ver al Estado, que está en situación de poder calcular la eficiencia marginal de los bienes de capital a largo plazo sobre la base de la conveniencia social general, asumir una responsabilidad cada vez mayor en la organización directa de las inversiones…”. (Keynes, Teoría General, IV, 12, VIII- Ed. Planeta, 1994). La eficiencia marginal del capital equivale a la tasa de ganancia de una inversión suplementaria de capital.
  • “Ahora bien, aunque este estado de cosas sería perfectamente compatible con cierto grado de individualismo, significaría, sin embargo, la eutanasia del rentista y, en consecuencia, la del poder de opresión acumulativo del capitalista para explotar el valor de escasez del capital. Hoy el interés no recompensa de ningún sacrificio genuino como tampoco lo hace la renta de la tierra.” (Keynes, Teoría General VI.24.II- Ed. Planeta, 1994). Esto escrito en 1936, resulta particularmente aplicable hoy, con la especulación financiera parasitaria como principal método de beneficios.

Pasaré ahora a las propuestas para los sectores de nuestra economía que he mencionado más arriba.

Sector financiero:

La Ley 21.526 de Entidades Financieras, dictada por la dictadura militar en 1977, rige aun el funcionamiento de los bancos y, consecuentemente, el otorgamiento del crédito. Desde entonces la ley tuvo varias modificaciones pero no en lo esencial de la misma. Esta ley y la de descentralización de depósitos, dictadas por la dictadura, desregularon la actividad en beneficio de los grandes jugadores del sector y propiciaron el modelo de valorización financiera especulativa, en lugar del desarrollo productivo.

La reforma de la carta orgánica del BCRA durante el gobierno de Cristina Fernández fue un paso positivo, pero muy insuficiente ante la permanencia de las citadas leyes.

Se requiere de una nueva ley que declare al sistema financiero como servicio público, que como tal debe ser regulado, dada su creciente importancia, más aun con el acelerado proceso actual de bancarización de la actividad económica. La actividad financiera no puede estar librada al mercado, regida solo por la denominada ley de la oferta y la demanda. La orientación del crédito, los intereses y comisiones, entre otros, tienen que ser regulados.

Ley que además de regular el funcionamiento de las entidades financieras, regule los derechos de los usuarios de sus servicios, es decir personas y empresas, particularmente pymes.

La ley actual es muy permisiva con los bancos, ya que pueden hacer todo excepto lo que se especifica como prohibido. Contrariamente, se necesita una ley que especifique claramente no solo lo que los bancos pueden hacer sino también lo que no pueden hacer. Hay que considerar que el dinero que prestan los bancos pertenece a los que lo depositaron y su empleo no debe ser regido solo por la búsqueda del máximo beneficio de los bancos.

La nueva ley debe establecer que las entidades financieras, según lo establezcan el Banco Central y autoridades competentes, deben orientar el crédito y las tasas de interés a favorecer las inversiones productivas, particularmente de pymes y cooperativas, los créditos hipotecarios para construcción de viviendas, los préstamos para emprendimientos personales y familiares y a sectores necesitados, es decir, en general, cumplir una función social.

El diputado Carlos Heller presentó durante el gobierno de Cristina un proyecto de ley de entidades financieras que contenía los principios que hemos señalado y que incluía la constitución de un fondo bancario especial para financiar la instalación de sucursales bancarias en lugares necesarios, pero que al no responder al simple criterio de la rentabilidad empresaria de los bancos no se instalan.

Comercio exterior

Desde ya preconizamos que el Estado, como mínimo, desarrolle un riguroso control del comercio exterior para evitar triangulaciones en el interior de empresas multinacionales del sector, subfacturaciones de exportación y sobrefacturaciones de importación, mecanismos mediante los cuales se concretan ingentes fugas de divisas. Para ese control se puede contar con las cada vez más avanzadas herramientas informáticas. Es fundamental asimismo que en la elaboración de los sistemas de control y en su aplicación participen los trabajadores del sector que conocen bien el tema.

Pero además de eso, el Estado debe intervenir directamente como empresario en el comercio exterior. En ese sentido hay que destacar la experiencia de países capitalistas desarrollados, que tienen, al igual que nuestro país, un importante sector agropecuario. Al respecto podemos mencionar los casos de Estados Unidos con la Commodity Credit Corporation (CCC), de Australia con el Australian Wheat Board (AWB) y de Canadá con el Canadian Wheat Board (CWB). El neoliberalismo logró terminar con las dos últimas pero la CCC de EEUU sigue existiendo. Las tres cumplieron un importante rol en el desarrollo económico de esos países.

En nuestro país recordemos la creación de empresas estatales similares, como el IAPI (Instituto Nacional de Promoción del Intercambio), o bien las Juntas Nacionales de granos y de carnes. Cada uno de ellos eliminados luego por las políticas neoliberales.

Actualmente el Estado podría impulsar la creación de una empresa mixta exportadora de productos agropecuarios, integrada por el Estado y las cooperativas ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), vinculada a Coninagro, y AFA (Agricultores Federados Argentinos) vinculada a la Federación Agraria Argentina, que ya actúan como jugadores importantes en esta actividad. Esta empresa mixta podría actuar no solo en esta actividad tan importante para la obtención de divisas, sino también como gran comprador de insumos para el agro, abaratando así los costos de los mismos, particularmente favoreciendo a pequeños y medianos productores y cooperativas. 

Hidrocarburos:

En mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la transnacional española Repsol.

Es importante considerar lo establecido en el Artículo 1º de dicha ley: “Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.”

En el contexto actual de precios a nivel mundial, agravado por la pandemia, se torna imposible el funcionamiento del sector basado en la sola tasa de ganancia. Por ello se podría considerar que para cumplir con los fines fijados en el mencionado Artículo 1º de la ley, resultaría una necesidad objetiva que YPF se haga cargo de la totalidad de la actividad del sector.

Con respecto al importante yacimiento de Vaca Muerta, considerado de importancia estratégica para el país, la caída del precio internacional de los hidrocarburos torna imposible la rentabilidad de las empresas privadas, máxime considerando que la explotación de yacimientos de roca equisto (shale) por el sistema de fracturación hidráulica (fraking) implica costos mucho más elevados que la explotación de yacimientos convencionales. Aquí es aún más evidente la necesidad de que YPF se haga cargo de la explotación de ese yacimiento. Teniendo en cuenta que YPF es una empresa de sociedad anónima, para conseguir capitales y tecnologías puede asociarse con otras (joint ventures), para desarrollar su actividad económica, como fue el caso con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. Sin embargo, en las condiciones mundiales actuales es muy difícil que las empresas capitalistas internacionales tengan interés en hacer joint ventures con YPF para aportar capital y tecnologías para, por ejemplo, desarrollar la explotación de ese enorme yacimiento de shale, que es Vaca Muerta. Pero habría que considerar negociar con China, que por tener empresas estatales en el sector, puede ver conveniencias económicas y estratégicas de largo alcance en asociarse con YPF para esa actividad. También con Rusia, por iguales razones.

Minería:

 Aquí hay que considerar que rige la leonina ley de inversiones mineras Nº 24.196, sancionada el 28 de abril de 1993, que estipula particularmente que los yacimientos pertenecen a las provincias, que son entonces quienes otorgan las concesiones de explotación, pero en el marco establecido por la ley.

Al respecto la ley establece un <límite a las regalías provinciales: Las provincias adheridas al régimen y que perciban regalías o decidan hacerlo no pueden cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor a “boca de mina” del mineral extraído>

Asimismo, el marco de la ley establece que el Estado queda de hecho inhabilitado para participar directamente de actividades extractivas, debiendo concesionar forzosamente las mismas.

Aun así, si al igual que con YPF en la actividad hidrocarburífera, el Estado nacional creara una empresa de minería, bajo la forma de sociedad anónima, con el 51% en manos del Estado, podría recibir concesiones de las provincias para la explotación minera, lo cual podría asegurarles condiciones más convenientes a las provincias y una gran ventaja a la nación.

Asimismo, a medida que finalizaran las concesiones actuales a las mineras internacionales, la empresa aquí preconizada podría ocupar su lugar.

También aquí habría que explorar la posibilidad de que empresas estatales de China y/o Rusia participen como integrantes o como asociados con la sociedad anónima a crear por el Estado argentino, ya que sus objetivos pueden estar más ligados a lo estratégico que a la rentabilidad económica inmediata que motiva a las multinacionales privadas.

En lo inmediato, el Estado debería reinstaurar las retenciones a las exportaciones mineras establecidas por el gobierno de Nestor Kirchner en diciembre del 2007, que tenían alícuotas entre 5 y 10 % según los minerales.

Por otro lado el Estado nacional debe acordar con las provincias un sistema de control sobre el volumen y composición química de lo producido y exportado por las empresas concesionarias, con participación de los trabajadores del sector en la elaboración de la metodología y aplicación del control. Entre otros aspectos leoninos del sistema actual, resulta que las concesionarias multinacionales solo presentan declaraciones juradas sobre volumen y composición química de lo que producen y sobre lo cual pagan a las provincias la irrisoria regalía del 3%.

Carlos Mendoza, ingeniero, escritor, especializado en temas políticos y de economía política, miembro de la Comisión de Economía y del Consejo Editorial de Tesis 11.

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