Siempre se señaló que el acuerdo firmado con el FMI estaba viciado de nulidad y que el Fondo había burlado sus propios estatutos a sabiendas de lo que hacía.
Las objeciones al préstamo otorgado por el FMI están ahora expuestas con mucho detalle y fundamento en la carta que el bloque de senadores oficialistas enviara al organismo multilateral. El tema es ahora qué hacer con ella.
La carta dirigida a la directora gerente, Kristalina Georgieva, recorta un momento particular dentro de la larga y tortuosa relación de nuestro país con el organismo y se hace pública cuando la misión del FMI estaba auscultando las cuentas públicas -paso previo a un nuevo acuerdo- y el ministro Guzmán daba inicio a las negociaciones para lograrlo.
El envío dio lugar a numerosas interpretaciones pero lo que más sorprendió a unos y otros es el tono de la carta. Riguroso en las fuentes y fuertemente crítico del proceso de otorgamiento del préstamo. Este columnista no ha encontrado antecedentes en el plano internacional de una misiva de ese tenor, a tal punto que los medios hegemónicos no vacilaron en caracterizarla de «belicosa» o de «violenta o casi violenta» (Clarín), «Que demoniza al Fondo y lo pone a la defensiva» (Nación).
Corresponsabilidad
Lo que aquí nos interesa destacar es la orientación del escrito. En primer lugar apunta a definir la corresponsabilidad en ese préstamo. Define el fracaso del acuerdo firmado en 2018 por la administración Macri y remarca «la necesidad de entender qué es lo que falló cuando se gestionaron los fondos» que «tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina». De inmediato aclara por qué es importante entenderlo «porque de ello se deriva la responsabilidad de cada parte».
En paralelo se pregunta sobre los criterios utilizados por el Fondo para otorgar el préstamo más grande de su historia, que por otra parte superaba ampliamente la relación monto adjudicado/derechos especiales de giro, según lo establecen las normas internas del organismo. Más aún cuando Argentina mostraba serias dificultades económicas que no permitían inferir que dispondría de los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos asumidos. Encuentra la respuesta en la información suministrada por Claver Carone, actual titular del BID y antiguo director del FMI, que afirma que fue una decisión del presidente Trump para ayudar a Mauricio Macri, a quien consideraba un aliado estratégico, a ganar las elecciones presidenciales de 2019.
Luego los senadores detallan los vicios procedimentales en que habría incurrido la administración Macri, saltearse varios procedimientos estipulados en normas y leyes vigentes para tomar deuda. Asimismo señalan que en el desarrollo del préstamo se utilizaron buena parte de esos recursos para financiar salida de capitales en forma sostenida, lo que a pedido de nuestro país fue autorizado por funcionarios del Fondo, con lo que estaban violando el artículo VI de su carta orgánica.
Reconocimiento
Un trascendido periodístico -Carlos Burgueño en Ambito Financiero- da cuenta de que uno de los integrantes de la comitiva del FMI asumió como ciertas las acusaciones de los senadores: «Están en lo correcto, se subsidió el precio de la divisa para que se retiraran fondos del sistema financiero local», dijo un funcionario, y agregó: «es un error hablar de fuga, sino que es retirada ilegal de fondos».
Finalmente la carta concluye solicitando que el FMI «se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina por los próximos años» y en cuanto a la refinanciación proponen reconsideración de intereses (algo posible ya que los intereses de un programa de facilidades extendidas normalmente son más bajos que los de un stand by), comenzar con los pagos anuales en 2025 (ya solicitado por Guzmán) y varias décadas para pagar el préstamo (una excepcionalidad que difícilmente el Fondo pueda aceptar).
Por el momento en que fue dada a conocer la carta tuvo un claro impacto disruptivo. Es considerada por el establishment y buena parte del FdT como políticamente incorrecta, es decir no se ajusta a los cánones establecidos desde siempre.
No solo coincide con el momento de las negociaciones sino también con las medidas que el ministro Guzmán está tomando para reducir el déficit de este año y la aprobación del Presupuesto 2021, que contiene la eliminación de gastos por Covid 19, para lograr un déficit fiscal primario de 4,5 por ciento (o tal vez menos). El objetivo: mostrar al FMI que se va en un sendero de «consistencia» fiscal.
¿Qué destino?
¿Qué pasará con esta carta? ¿Correrá la misma suerte que el excelente informe que elaborara el BCRA -Formación de Activos Externos 2015-2019- a pedido del Presidente de la Nación y que finalmente terminara convertido en «paper» académico sin resolución operativa alguna? ¿Se convertirá en una referencia solo testimonial? ¿O será el primer paso para profundizar una investigación seria que concluya en una auditoria de lo actuado en el pedido y aprobación del préstamo? Varios de los senadores firmantes integran la Bicameral de la Deuda, ¿Se girará esta carta a esa comisión, y en ese caso qué se hará esta con ella?
Numerosas organizaciones que conforman el Espacio Producción y Trabajo se han expresado contra los condicionamientos del FMI que «inhiben la prioritaria recuperación económica y social». La Autoconvocatoria por la Suspensión de los Pagos y la Investigación de la Deuda viene desarrollando actividades en todo el país bajo ese lema. El FIT y otras fuerzas de izquierda menores han denunciado el endeudamiento.
La firma de la Carta de Intención con el Fondo se ha postergado por lo menos hasta febrero del próximo año. Es la oportunidad de suspender las negociaciones y avanzar en la investigación. Hay tiempo suficiente, las huellas de semejante estafa están frescas todavía. Es el momento para que todas las fuerzas (los trabajadores, los movimientos sociales) las izquierdas populares y las anticapitalistas converjan en una amplia movilización y presionen para que esta investigación se concrete a la brevedad. No es poco lo que está en juego.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).