Qué enseña Argentina sobre el Plan Cóndor 2

Nos ha costado sostener la categoría que parecía entonces una demasía, una calificación exorbitante. Cada vez nos cuesta menos.

Claro, no es un terrorismo de estado como fue en los setenta. No hubo 30.000 detenidos desaparecidos, las torturas no tuvieron el mismo grado de salvajismo. El plan de reconfiguración de la sociedad fue el mismo, o peor aún bajo Macri.

Comienza a comprobarse en tribunales diversos aspectos sobre cómo funcionó.

Una de las causas que lo expone es la de espionaje que se dirime en los tribunales federales del distrito bonaerense de Lomas de Zamora. Allí se ve cómo el servicio de inteligencia del gobierno federal, AFI (Agencia Federal de Inteligencia) cometió todo tipo de atropellos, violatorios del marco legal, para espiar y extorsionar opositores. Una especificidad del caso argentino, aunque habrá que ver otros países, es que el espionaje ilegal se hizo extensivo a políticos oficialistas. Nuestra hipótesis preliminar es que ello se debe a la naturaleza mafiosa ndranghetista de la conducción del Estado argentino entre 2016 y 2019 junto al carácter psicótico del jefe del estado. Pero habrá que ver si se repite como patrón en otros países.

Uno de los disparadores de la investigación fue el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, think tank del kirchnerismo. La ex número dos de la AFI acaba de declarar que el acoso a la entonces gran líder de la oposición fue hecho con cobertura legal. Alega que el juez Federico Villena autorizó el espionaje porque la misma AFI le dijo que recibieron una información de que Cristina podría recibir un ataque.

Se aprecia el mecanismo perverso que consigue fines espurios con cobertura legal aunque las excusas y actuaciones sean risibles.

El juez Villena, paradójicamente (o no), fue quien más hizo avanzar la investigación de estos hechos. Se defendió diciendo que fue víctima de un engaño.

El caso refleja una tipología que interesa destacar. Datos duros con analogía a las dictaduras setentistas del continente: espionaje a opositores, macartismo, extorsión, ahora no clandestino sino cobijado judicialmente. Es verdad que, a priori, parece haber una disparidad de escala y crueldad. No minimizamos la diferencia por respeto a las víctimas de las dictaduras de los setenta, a sus familias y organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que intentamos gritar con toda la fuerza posible es que hay una continuidad clara entre aquellas dictaduras y estos gobiernos neoliberales y que los parecidos son muchos más de los que se cree.

Otra moraleja ejemplar se obtiene respondiendo a la pregunta: ¿por qué la causa de espionaje está en el juzgado de Lomas de Zamora? Está en ese juzgado porque tiene jurisdicción sobre el Penal de Ezeiza, cárcel en que se detectó aparataje para grabar las conversaciones de los detenidos con sus abogados. Es difícil imaginar una violación mayor en términos simbólicos al Estado de derecho. El derecho de defensa es un pilar constitutivo de todo régimen legal moderno. Pues bien, en Argentina, durante el gobierno de Macri, a los opositores políticos se los encarceló y, además se escucharon las conversaciones con sus abogados.

Está en curso de ser acreditado judicialmente, pero es harto evidente, que toda la información recolectada era centralizada en una “Mesa judicial” presidida por el mismo Macri.

Otra especificidad de este terrorismo estatal que padecimos en argentina: esta “mesa judicial” cabeza de la asociación ilícita no era un secreto. La publicitaban en los diarios, radios y televisión. Avisaban de sus reuniones mediante los periodistas al servicio del régimen y ponían, por la misma vía, en ascuas a sus víctimas. Así, pudo escucharse en televisión que había tres jueces sobre los que avanzaría el gobierno (los que eran mencionados con nombre y apellido) y centenares de aprietes análogos.

El espionaje a Cristina nos permite explorar otra singularidad. Los espías tenían instrucciones de detectar bolsos o mudanzas. Acá hay un nudo central. Nuestra hipótesis es que este es uno de los núcleos del terrorismo estatal y paraestatal oligárquico imperial de este tiempo.

No alcanza con la persecución a opositores, con la estigmatización a líderes populares, hay una construcción en clave publicitaria de la realidad. Los nuevos ilotas son construidos a través del escarnio en los medios hegemónicos de comunicación pero el armado requiere de los trucos publicitarios, el primero la apelación sensible a lo emocional. Por eso tienen tanto impacto los procesos de construcción de odio.

Un recurso con que trabajó el grupo mediático Clarín en la erosión del gobierno y luego del prestigio de Cristina Kirchner fue un video que llamaron “la Rosadita” en que aparecía gente contando plata. No podía encontrarse otra cosa en una entidad financiera. Sin embargo en sus medios la vinculaban a negocios espurios en que por algún lado aparecía Cristina. Nunca tuvieron nada e igual hicieron un inmenso daño. Otro tanto ocurrió con un ex funcionario al que atraparon con bolsos con dinero, eso fue el “do de pecho” del régimen macrista.

Es decir, no es solo imputar un delito al enemigo, el delito tiene que constituirse por sí mismo en un spot publicitario. Es más, el spot vale más que el caso judicial. Si el juicio no avanza, si no hay pruebas, si se demuestra que es todo un bluff, no importa, el daño ya está hecho. Esto no tiene que confundirnos. Esto no quiere decir que “al fin y al cabo son inofensivos y no hacen más que ficción”, no, no es así. Son capaces de matar (y lo han hecho) para tener un buen spot.

Otro de los patrones que aparece en las revelaciones presentes en Argentina, ahora con pruebas, es la coordinación de las agencias estatales. AFIP (impuestos), UIF (antilavado), OA (Oficina Anticorrupción), coligadas en el entramado terrorista. Al enemigo le escuchaban sus teléfonos, lo seguían, armaban una carpeta de su familia, husmeaban su situación impositiva, su operación bancaria y de todo orden. Con esa información fabricaban extorsiones. En general, la extorsión era acusar a Cristina. Aunque también podían ser otras cosas. Y nunca faltó la cometa, que llevan en el ADN.

Acá aparece otro componente. La palabra la usó recientemente el juez Alejo Ramos Padilla para describir la causa investiga: “paraestatal”. En el caso del juez de Dolores, una persona que está bastante acreditado que servía a alguna agencia de espionaje estadounidense, que era presentado como asesor estrella de la ministra de seguridad Patricia Bullrich en los programas de televisión, el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, realizaba operaciones de espionaje y extorsión a empresarios en concurso con periodistas, jueces y fiscales. El sistema, denunciado por el empresario Pedro Etchebets era el siguiente: apuntaban un empresario, lo “trabajaban” diciéndole que el juez lo encarcelaría por alguna corrupción vinculada con el gobierno de Cristina, no importaba que la acusación fuera falsa, le decían que para evitar ir a prisión tenía que declararse arrepentido, acusar a Cristina y pagar un soborno.

El armado del rompecabezas recién empezó. Faltan piezas y no aparecen todas las conexiones.

Algunos elementos a tener en cuenta, al menos preliminarmente, para establecer patrones:

– Como en los ’70, existe una fuerte tendencia a que los procesos políticos excedan el marco de un solo país. Sea por imperialismo explícito, implícito, por fuerzas culturales, económicas o corrientes ideológicas, cuando se fortalece la derecha, avanza sobre múltiples países. Lo inverso ha ocurrido en los tiempos populares.

– Los procesos represivos con que van asociados tienen elementos comunes tanto como especificidades.

– Lo que hoy verificamos en Argentina acerca los años oprobiosos del régimen macrista representan una sofisticada referencia para el resto de los países, reconociendo las particularidades nacionales.

– En Argentina se ve:

• Alto grado de centralización y coordinación. Articulación de distintas instancias administrativas, jueces, fiscales y periodistas,
• Estos jueces y fiscales no vinieron de Marte. Son los mismos que ya estaban en el sistema, ahora puestos a cometer delitos inconcebibles. Los periodistas del régimen, igual.
• Presencia paraestatal en mecanismos extorsivos. En el caso argentino al menos parcial tutela estadounidense de la vertiente paraestatal del mecanismo. También articulación con el hampa local.
• El mecanismo represivo no es opaco, está a la vista. La tarea política democrática consiste en señalar el aberrante delito que comete la maquinaria que se exhibe publicitariamente en la televisión. En consecuencia, la tarea reparatoria se simplifica pues el delito queda configurado desde la publicidad de la norma legal y el registro fílmico.
• Existe una enrevesada relación entre burocracia y delito. La norma no impide el terrorismo estatal y sin embargo ese terrorismo se atiene a una supuesta formalidad, al menos en la pretensión de los autores.
• Los medios hegemónicos tienen una inédita centralidad en el dispositivo represivo-político.

La acción transcurre. La forma verbal es el gerundio. Necesitamos recopilar datos, reconstruir el sistema de terror y establecer las categorías cognitivas que nos permitirán operar sobre la realidad.

Como dijimos al inicio, para nosotros, el régimen macrista, relacionado con otros en la región, se describe como terrorista de estado, aunque también tiene componentes paraestatales y mafiosos. Y neoliberales clásicos.

Lo que no podemos es inscribirlo en el marco de los vaivenes de la alternancia democrática. Argentina ya gritó “Nunca Más” y, sin embargo, vino Macri. Ahora hay que volver a gritarlo y ojalá sea para siempre.

Carlos Almenara es docente y periodista. Mendoza, Argentina. Autor de “El Faneróscopo de Eliseo. La máquina semiótica del grupo Clarín”.