Wil G. Pansters, en un texto que lleva por título «Del control centralizado a la soberanía fragmentada: narcotráfico y Estado en México», documenta que en la víspera de las elecciones presidenciales de 2000, el New York Review of Books publicó un artículo en el que se inquiría si el Estado mexicano era un narcoestado. La […]
Wil G. Pansters, en un texto que lleva por título «Del control centralizado a la soberanía fragmentada: narcotráfico y Estado en México», documenta que en la víspera de las elecciones presidenciales de 2000, el New York Review of Books publicó un artículo en el que se inquiría si el Estado mexicano era un narcoestado. La preocupación en realidad gravitaba alrededor de la candidatura de Francisco Labastida, exgobernador de su natal Sinaloa, y sobre cuya persona circulaban rumores acerca de presuntos vínculos con el narcotráfico. En esa época todavía existían académicos, funcionarios e intelectuales que sostenían que el narcotráfico era una lacra constitutiva a la supremacía indisputada del Partido Revolucionario Institucional. Naturalmente, las expectativas de esos grupos «críticos» (nótese el entrecomillado) estaban colocadas en el candidato de oposición: Vicente Fox Quezada, del proto-falangista Partido Acción Nacional. Sin embargo, la fallida «alternancia» refutaría esos torpes diagnósticos, y confirmaría que el problema no podía explicarse sólo «en términos de redes y lealtades partidistas en sí» (G. Pansters).
El texto referido tiene algunas virtudes. Pero, como ocurre a menudo con los estudios acerca del narcotráfico, yerra en las premisas de fondo, y atiende el problema admitiendo la hipótesis falsaria que coincidentemente utiliza el discurso oficial para justificar la guerra contra el narcotráfico: a saber, la de una disputa entre soberanías, o bien, la de un desafío del crimen organizado al poder del Estado. Esta lectura es altamente lesiva para la comprensión del fenómeno en cuestión. E inevitablemente refuerza la tesis de ciertos autores como Edgardo Buscaglia, que a nuestro juicio distorsiona la trama de la alianza Estado-narcotráfico en México. Buscaglia escribe: » El crecimiento de la delincuencia organizada extremadamente violenta y transnacional se alimenta siempre de vacíos y fallas del Estado». Si se extiende un poco más este razonamiento, termina desembocando allí donde acaban casi todos los análisis estériles: en sostener que el Estado mexicano es un Estado fallido. Y por extensión, en responsabilizar principalmente a la clase política por el drama del narcotráfico y la narcoviolencia. Esto se traduce en una explicación insolvente, que el propio Buscaglia resume ciñéndose a una falacia teórica garrafal: que «el corazón del narco son los políticos». Desde luego que los políticos están involucrados en el narco. Pero conferirles el rol protagónico en la materia, es por lo menos tan errado como creer que la alternancia partidaria va a resolver el problema.
Por eso se hace necesario definir qué es un narcoestado. Justamente para evitar estos tropiezos explicatorios.
Narcoestado es más que una mera consigna empuñada al vapor del ciclo de protestas en curso. Hay quienes piensan que se trata de un neologismo con un alcance sólo panfletario. La propuesta, no obstante, es que el término tiene un valor conceptual. Y que por consiguiente connota y denota algo preciso, concreto.
Narcoestado es más que un maridaje histórico entre el narcotráfico y el Estado. De hecho, no existe un Estado que se pueda sustraer de esta unión con la criminalidad, o con los ilegalismos que engloba el concepto de «narco». El narcoestado es algo más que esa relación coyuntural o histórica entre crimen y Estado.
Lo que acá se plantea es que un narcoestado es un modo específico de organización de la violencia y los intereses dominantes. Y que estos intereses dominantes están orgánicamente articulados a la criminalidad e ilegalidad. Es la organización de los negocios criminales alrededor del Estado.
Cabe hacer algunas precisiones para entender esta ecuación.
Para situarnos en un terreno común, adviértase que un Estado es básicamente una forma organizada de la violencia. Y que esa organización de la violencia -el Estado- responde a los modos de una clase dominante o un poder constituido. Es decir, el Estado es una violencia al servicio de un poder.
En este sentido, un narcoestado no puede ser llanamente un contubernio entre un partido político y las redes del narcotráfico, como sugirieran algunos documentos como el arriba citado. Tampoco se trata de un Estado donde el crimen organizado tiene injerencia en los procesos y procedimientos de la administración pública. Mucho menos se puede hablar de narcoestado ahí donde ciertas empresas criminales cosechan réditos extraordinarios con el tráfico de la droga. Para tal caso, todos los Estados serían narcoestados.
Por eso es preciso insistir en la especificidad de un narcoestado. En suma, se trata de un Estado que impulsa ciertas políticas (e.g. la guerra contra el narcotráfico) que suministran ex profeso una trama legal e institucional en beneficio irrestricto de los negocios criminales. Es el predominio categórico del binomio criminalidad empresarial-violencia criminal en la trama de relaciones sociales comprendidas en un Estado.
Por ejemplo, en México es virtualmente imposible aspirar a un cargo de elección popular sin el aval y el financiamiento de las organizaciones criminales. Lo cual resulta cierto para todos los niveles de la cadena de mando político, es decir, municipal, estatal o federal. Esto implica que el crimen tenga control de la totalidad de las instituciones de Estado. Por eso se dice que tenemos un narcoestado. Otro ejemplo lapidario es la situación de los ministerios públicos o las instituciones judiciales. Más de un agente ministerial ha confesado en encuentros con periodistas, que la orden de «arriba» es desestimar los casos que involucren personas desaparecidas a manos del crimen, y por consiguiente tienen la instrucción de abortar cualquier seguimiento a esas ocasiones de delito. Con ligeras variaciones en las diferentes entidades federativas, el porcentaje de impunidad oscila entre el 98 y el 100 por ciento. Esto no es un desafío del crimen al Estado: eso es un Estado al servicio del crimen.
Para recapitular, cabe recordar lo sostenido en otra entrega: «Un narcoestado es un Estado donde la institución dominante es la empresa criminal. Los funcionarios de ese Estado están todos coludidos con el narco, pero no por una cuestión de corruptelas personales o grupales, sino sencillamente porque el narco es el patrón de ese Estado. La narcopolítica es la cría de los negocios criminales, creada por y para la empresa criminal. Y con los narcofuncionarios , los patrones -la empresa criminal- ganan mucho más. En este sentido, la impotencia o negligencia de las instituciones para perseguir a los delincuentes es la ley natural de un narcoestado . El Estado es el brazo legalmente armado de la empresa criminal…» (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/11/fin-al-narcoestado.html).
Resumidamente, el narcoestado es la modalidad específica de organización de la violencia en México. Desde luego que no es un Estado fallido: es un Estado criminal. La guerra nunca fue contra las drogas o el narcotráfico. La guerra es una política de Estado para organizar la violencia en beneficio de la empresa criminal. Y el resultado de esa política es la configuración de un narcoestado.
Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2014/12/que-es-un-narcoestado.html