Recientemente, en varias dependencias del gobierno federal y de gobiernos locales, la parte más vulnerable de la base de los trabajadores del Estado se ha visto afectada ante los despidos, recortes salariales e incremento en la contratación de personal «eventual» (por cierto, trabajadores que no gozan de ninguna garantía laboral). Bajo el plan de austeridad […]
Recientemente, en varias dependencias del gobierno federal y de gobiernos locales, la parte más vulnerable de la base de los trabajadores del Estado se ha visto afectada ante los despidos, recortes salariales e incremento en la contratación de personal «eventual» (por cierto, trabajadores que no gozan de ninguna garantía laboral).
Bajo el plan de austeridad republicana del nuevo gobierno, uno de los objetivos del sexenio es prescindir de 222 mil 515 trabajadores. De hecho, en los primeros 38 días de este gobierno «progresista» ocurrió el despido de 12 mil 817 trabajadores estatales de distintas dependencias. En este periodo, tan sólo en el DIF de la Ciudad de México se solicitó la renuncia a más de 150 trabajadores de estructura y de 750 que laboraban por honorarios.[i]
Estos recortes, del gobierno en turno, ya han contribuido a incrementar el empeoramiento de las condiciones laborales en México, prueba de ello es que a inicios del año aumentó la tasa de desempleo por esta razón.[ii]
Ante las grandes expectativas que se tenían del gobierno morenista, una temprana desilusión se les presenta a los trabajadores, y es que una de las promesas del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue que no habría bajas salariales a los trabajadores cuyos ingresos fueran menores a los 20mil pesos e incluso que habría un aumento, lo cual no ha ocurrido para estos trabajadores.
Más aún, lejos de afectar a la alta burocracia, en la que únicamente ha sucedido un recambio de altos y medios mandos, los recortes han afectado a un voluminoso contingente de trabajadores del Estado con sueldos menores a los 20 mil pesos mensuales e incluso menores a los 10 mil pesos.
En este contexto, el gobierno federal y local está aplicando a rajatabla y draconianamente bajas salariales y despidos masivos al sector más vulnerable de los de trabajadores del Estado: personal contratado por honorarios, interinato o subcontratados, que en general son trabajadores totalmente precarizados.
Ante esta ola de atropellos a los derechos laborales, los trabajadores estatales han comenzado a organizarse.
Sin embargo, debido a la presión, el acoso laboral, la inexperiencia organizativa y política, el desgaste, el temor, y un largo etcétera que se supone es parte de un movimiento de resistencia y lucha, quizá pueda pensarse que una salida viable sea capitular y conseguir otro trabajo.
¿Será ésta una salida? Veamos, toscamente, algunas estadísticas de las tendencias laborales en el país: [iii]
1. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para 2017 la Canasta Alimentaria urbana ascendía a $1491 y la rural a $1066. Aun con esta ultraconservadora ponderación, el 41% de la población ocupada no alcanzaba esta canasta.
2. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, se necesitarían $245.34 diarios para alcanzar una Canasta Alimentaria recomendada. Con los salarios mínimos de 2017, más de dos terceras partes de la población solo podía acceder a una tercera parte de la Canasta Alimentaria recomendada.
3. El Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana-Puebla, indica que para lograr un salario constitucional, es decir que los salarios mínimos deben ser «suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos», se requieren $17,953 mensuales. Ingresos de los que están excluidos casi el 80% de los trabajadores en el país.
Estas cifras nos remiten al 2017, no obstante, aunque el salario mínimo recientemente haya aumentado y bajo el supuesto de que mantuviera un crecimiento del 16% (con una inflación promedio del 4.9%), según estimaciones del CAM, los trabajadores tendríamos que esperar hasta el 2040 para recuperar el poder adquisitivo similar al de los años ochenta, que sin cubrir con un salario constitucional, era mucho mayor que el de ahora. [iv]
Las tendencias de la precarización laboral tampoco son nada alentadoras, un ejemplo de ello es que en el último trimestre del año pasado la informalidad creció en 1.8% en comparación con el mismo periodo de 2017. [v] De 54 millones de población ocupada, 30 millones lo hacen en la informalidad, esto significa 6 de cada 10 personas. Cifra que se puede contrastar con los informes de la OXFAM que señalan que el 1% de la población en México concentra casi un tercio de la riqueza nacional.
La tendencia de la precarización salarial es profunda. A finales de 2012, el 36% de la población ocupada percibía hasta 2 salarios mínimos, mientras que seis años después, a finales de 2018, se elevó a 43.7%. Y si los trabajadores ocupados con ingresos mayores de 5 salarios mínimos representaban al 8% en 2012, para fines de 2018 éstos se redujeron al 4.5%.[vi]
Es así que aunque los trabajadores prefirieran buscar otra fuente de empleo, en caso que la consiguieran, lo más probable es que no pinte mejores condiciones.
Es por ello que si la coyuntura actual les ha ofrecido cierta unidad, compañerismo y solidaridad, una colectividad que está planteándose seriamente la resistencia ante estas terribles condiciones laborales en el país, lo más honroso, prudente y sensato es emprender la lucha por la defensa de mejores condiciones de trabajo y de vida.
¿Cuándo se volverá a presentar un momento así? Ingresando a otro empleo volverán desarmados, desunidos, fragmentados y contrapuestos al resto de sus compañeros. Tardarán tiempo en configurar una nueva colectividad, pero tarde o temprano volverá la misma disyuntiva.
Notas:
[i] Guzmán, S. (2019). A 38 días, despedirían a 12 mil 817 trabajadores. El Financiero. [online]. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.
[ii] Migueles, R. (2019). Recorte de burócratas sube tasa de desempleo. El Universal. [online]. Disponible en: https://www.eluniversal.com.
[iii] Para estos datos véase Rios Vera, J. L. México frente al globalismo neoliberal: Superexplotación, Despojo y Barbarie. Parte 3 de 4. Disponible en: https://www.lahaine.org/mundo.
[iv] Centro de Análisis Multidisciplinario, UNAM. Reporte especial 131: Lo que el gobierno de AMLO no dice al usar nuestras cifras sobre el poder asquisitivo del salario. Nada cambia por decreto. Disponible en: https://cam.economia.unam.mx/
[v] Villanueva, D. (2019). Creció la precariedad laboral en 2018: Inegi. La Jornada [online]. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/
[vi] Redacción El Economista, (2019). Zozobra. El Economista. [online]. Disponible en: https://www.eleconomista.com.
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