Al inaugurar el 126º período de sesiones del Congreso Nacional la presidenta CFK retomó su propuesta de acuerdo social, esta vez bautizada como Acuerdo del Bicentenario, con objetivos estratégicos y plazo al 2010. Si alguna propuesta hubo en la última campaña electoral -por cierto caracterizada por discursos vacíos y pobreza de ideas- no fue otra […]
Al inaugurar el 126º período de sesiones del Congreso Nacional la presidenta CFK retomó su propuesta de acuerdo social, esta vez bautizada como Acuerdo del Bicentenario, con objetivos estratégicos y plazo al 2010.
Si alguna propuesta hubo en la última campaña electoral -por cierto caracterizada por discursos vacíos y pobreza de ideas- no fue otra que la del acuerdo social, que sería la piedra angular del cambio que comenzaría con el nuevo gobierno, hoy parece relanzada. ¿Qué queda de esta idea fuerza?
Como en su momento registrara esta columna, la propuesta fue planteada como un ‘acuerdo institucional’ orientado a potenciar la continuidad del modelo de acumulación en curso, ‘con inclusión social y fuerte sesgo exportador, cuyos pilares son los superávit gemelos, comercial y fiscal’ .
La oportunidad para proponerlo era un marco político más que adecuado Tanto antes, cuando se debatía el recambio presidencial como ahora en la apertura de las sesiones. Es que ya dejada atrás la crisis -se salió del infierno según la definición kirchnerista clásica- está la posibilidad para la nueva presidenta de presentarse como portadora de políticas de Estado de envergadura.
Claro que en forma subyacente pesa la percepción -no carente de certezas-, que como colofón de un quinquenio de crecimiento sostenido la puja distributiva -viejo fantasma de variados gobiernos- ocupe el centro de la escena. Puja en el sentido vertical: capital/trabajo (por salarios y condiciones laborales), y en el sentido horizontal: intercapitalista por la apropiación del excedente (subsidios, retenciones, incentivos fiscales y crediticios, tipo de cambio…)
No es para menos: altísimas tasas de ganancias empresarias, las arcas del Estado desbordantes de recursos, creación de tres millones de empleos, salarios atrasados, constituyen en conjunto, la base material de esta disputa por el reparto de la torta. Se trata de poner en caja estas tendencias encorcetándolas en una suerte de acuerdo nacional.
Recepción
La recepción que sobre la propuesta original hicieran en su momento los distintos agrupamientos empresariales se diferencia por algo más que matices. La cautela predominó en el sector agrícola-ganadero renuente a firmar cualquier acuerdo que convalide aunque más no fuera un mínimo nivel de retenciones. No porque los perjudique sobremanera, saben que las retenciones son decisivas al momento de sostener el superávit fiscal y un tipo de cambio alto, pero sus objeciones son claramente ideológicas, no quieren sentar precedente.
El sector financiero se hace el distraído. A pesar de la liquidez existente y los márgenes de ganancias que muestran los balances bancarios, no tiene interés en rebajar las tasas para facilitar el crédito a sectores productivos, el financiamiento al consumo le resulta mucho más rentable y seguro. Por el contrario los industriales sí se interesaron, necesitados de la continuidad de la política de subsidios y las exenciones impositivas, pero también controlar el costo de la mano de obra (salarios y condiciones de trabajo), garantizándose mantener la continuidad de la mayor productividad alcanzada y la maximización de sus ganancias. Para esto necesitan contar con el acuerdo y colaboración de las cúpulas sindicales.
Límites
Tal vez porque previó dificultades para acercar las distintas posturas empresarias. Tal vez porque comprobó que el intento de fijar un ‘techo’ salarial del 16,5 por ciento terminó con la fijación de un ‘piso’ en el 2007 (según el hoy cuestionado INDEC el incremento promedio fue del 22 al 24 por ciento). O tal vez porque tuvo en cuenta los pocos felices finales de las experiencias de 1952 y 1973, es que poco antes de asumir la hoy presidenta puso limitaciones claras al acuerdo social.
En sus propias palabras: ‘Algunos creen que se trata de una ceremonia pomposa donde nos juntamos gobierno, empresarios y sindicatos, donde se acuerdan cuatro o cinco y luego todo fluye, esto no es así’ por el contrario ‘Acordar es gobernar todos los días y hacer arreglos sector por sector. Hoy no se pueden proponer políticas generales sin acordar sector por sector’.
En esta línea, impulsada por el ministro Lusteau un amante de la microeconomía -no se sabe si por concepción o por el recorte de funciones-, se definieron los acuerdos sectoriales a alcanzar: alimentación, automotriz, textiles, informático, construcción, financiero. No se conocen los avances hasta ahora realizados en estos sectores, sólo alguna ejemplificación dada por el propio ministro después de estudiar la cadena de valor de la producción avícola. Su conclusión: que el cuello de botella en esta actividad es ‘la falta de galpones’.
¿Qué es lo que queda?
Nadie dijo, al menos oficialmente, que la propuesta del acuerdo social fuera archivada, pero en los hechos corrió la misma suerte que en tiempos del ministro Lavagna, no se volvió a hablar de ella.
En la inauguración de un nuevo período de sesiones del Congreso Nacional volvió a reaparecer la propuesta ahora remozada y con otras perspectivas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner haciendo gala de su notable capacidad oratoria convocó al Acuerdo del Bicentario, estructurado sobre cuatro ejes: económico, infraestructura, conocimiento y salud y desarrollo social. Un acuerdo con plazo al 2010 y objetivos estratégicos: reducción de la pobreza a un dígito y la desocupación al 5%, pero sin mayores precisiones.
Mientras se esperan estas precisiones lo que avanza es un ‘techo’ salarial con el acuerdo de buena parte de la dirigencia sindical, encabezada por el dirigente Hugo Moyano y con el aval de los empresarios. El gremio que agrupa a los camioneros, sin que se conozca discusión o cambio de opiniones alguna, cuatro meses antes del vencimiento del convenio acordó un incremento salarial en cuotas del 19,5% más dos adicionales, A este acuerdo testigo se sumaron ya la Uocra, taxistas y colectiveros, y pronto seguirían otros gremios. De condiciones de trabajo nadie habla.
Para los empresarios transportistas este aumento anualizado es del 22 ó 23%, para el diputado nacional Claudio Lozano si se hace el cómputo de diciembre a diciembre estaría en el orden del 7%. En el mejor de los casos apenas se cubre la inflación real, en el otro se pierde poder adquisitivo.
Lo que hay
Se supone que estos acuerdos le garantizaran al gobierno paz social; a los empresarios productividad; ¿y a los trabajadores?: que Moyano continuará como secretario general de la CGT, y que además tendrá un lugar en la conducción del remozado PJ. No es poca cosa. ¿O sí?
En el acto del miércoles pasado, en homenaje a Moyano por los veinte años al frente del gremio, CFK no vaciló en ‘agradecer en nombre de todos los argentinos, por el esfuerzo que hacen los dirigentes sindicales por darle sustentabilidad al modelo’. A esto parece haber quedado reducido, al menos por el momento, el proclamado acuerdo. Tal vez haya que esperar al Bicentenario por los resultados, o que la espiral inflacionaria se invierta, veremos como evoluciona. Por ahora es lo que hay.
* Eduardo Lucita es integrante del Colectivo Economistas de Izquierda (EDI).