Washington y con ello el activista secretario general de la organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, están intensificando su interferencia en la política interna boliviana, para evitar que este estado sudamericano vuelva a una determinación independiente de su desarrollo como país.
No es casual, que tanto la secretaría de estado norteamericana como la OEA critiquen fuertemente las movilizaciones sociales contra Añez y defiendan a una administración sometida a acusaciones de corrupción y el pésimo manejo de la pandemia por el Covid 19. El propio Almagro desnudó su apoyo irrestricto a los ayer golpistas, hoy gobierno, afirmando que “los cortes de ruta – que se vivieron hasta hace pocos días -representan actos bajos al pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante el Covid 19. Es inmoral e indigno” sostuvo este activista de las políticas estadounidenses en la región, quien durante el golpe y la posterior represión contra los militantes y adherentes del MAS, no levantó su voz de condena. Resulta hipócrita condenar ahora a las movilizaciones de la población y no las muertes propiciadas por los golpistas. Condena a quienes exigen democracia y enmudece, frente a la corrupción galopante de Añez y los suyos.
La llegada al poder de Jeanine Añez, como resultado del golpe de Estado de noviembre del año 2019, que propició la renuncia del ex mandatario Evo Morales, ha propiciado la irrupción y el control manual de los grupos políticos hoy en Palacio Quemado, de una manera favorable a los intereses y objetivos de Estados Unidos y sus aliados regionales. A pocas semanas de las elecciones presidenciales (definidas para el 18 de octubre) y los porcentajes de apoyo ciudadano, que favorecen claramente al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, los grupos desestabilizadores externos e internos, aupados por el trabajo de los servicios de inteligencia y organizaciones político-sociales, que suelen aparecen en escenarios electorales, para favorecer los movimientos más a la derecha, se han puesto en acción para desacreditar al MAS y a sus dirigentes de tal forma de asegurar el puesto de jefe de Estado, ya sea con la actual mandataria de facto, Jeanine Añez o sectores también proestadounidense representados por el dirigente supremacista Luís Fernando Camacho y el ex presidente Carlos Mesa Gisbert. Asegurando, de ese modo, el control de esta nación sudamericana en la dirección diseñada desde Washington.
En estas semanas, hemos sido testigos de propuestas de suspender las elecciones (que ya han sufrido tres postergaciones) con la excusa respecto a los efectos de la pandemia sanitaria por el Covid 19. Una idea surgida, principalmente, desde los sectores oficialistas y socios políticos que dieron el golpe de Estado. Esto, a contrapelo de los movimientos sociales, organizaciones de trabajadores y el MAS, que se movilizaron para que las elecciones no sufrieran más retrasos y se efectuaran el pasado 6 de septiembre. Las presiones sobre Añez, políticas y comunicacionales (desde su mismo sector) a quien se le asignaría toda la responsabilidad por la situación epidemiológica del país, llevó a intensificar la propuesta de postergar la fecha de las presidenciales. Así, la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) favoreció la tesis de la derecha, pero no ha logrado mermar el apoyo, que surge de las encuestas y de la calle, a la dupla conformada por Luis Arce y David Choquehuanca.
Ha quedado comprobado, que el aplazamiento de las elecciones, para el 18 de octubre, no tenía que ver con el tema Covid 19 sino que hacer efectiva la estrategia destinada a aumentar el tiempo necesario para atacar a las fuerzas del MAS, desacreditar sus figuras políticas, sobre todo al el ex presidente Evo Morales, para quien las acusaciones sobre supuestos abusos sexuales van encaminadas a perjudicar a su partido y candidatos. Esta persecución se ha concretado con la decisión del Tribunal Constitucional de La Paz, que inhabilitó el pasado 7 de agosto a Evo Morales para postularse como candidato al Senado luego de que un tribunal constitucional de la capital La Paz rechazara su participación en las elecciones del 19 de octubre. Línea de ataques del oficialismo y enemigos del MAS cuyo eje va dirigido, fundamentalmente, a comprometer la imagen de Luís Arce como candidato presidencial ante su electorado. El propio Arce denunció al gobierno «golpista» de la presidenta interina, Jeanine Añez, de estar llevando a cabo una «cacería judicial contra dirigentes obreros y campesinos».
Resulta a todas luces incuestionable, que si los candidatos pronorteamericanos triunfan el 18 de octubre el país va a enfrentar tiempos difíciles, que hacen prever un estallido social similar a aquel que comenzó, en el otrora estable y dinámico desarrollo del vecino Chile desde octubre del año 2019. Una sociedad chilena que portaba en su seno, profundas desigualdades que salieron a la luz. Y menciono Chile, pues ha sido un país que ha contado con el apoyo y el beneplácito de las administraciones de gobierno estadounidenses, como una especie de alumno ejemplar. Esto, a pesar del impacto desastroso de las políticas neoliberales en la población, sobre todo los sectores más desposeídos. Una política exterior de sometimiento a Washington con evidentes resultados de inequidad social, económica y deficiencias estructurales, que luego de 30 años de democracia post dictadura ha explosionado con toda la fuerza de una sociedad, que exige cambios profundos, incluyendo las reivindicaciones de sus pueblos originarios, postergados históricamente.
Si el pueblo de Bolivia no desea un escenario similar de explosión social para su patria multiétnica “esta República Plurinacional” como fue declarada constitucionalmente, entonces, el elegir quien encabece la presidencia, no es un tema menor. Resulta, a estas alturas, incontestable, que en el abanico de postulantes, sólo la dupla Luís Arce–David Choquehuanca tiene una propuesta programática, de futuro, seria y de beneficio para el conjunto de la población boliviana, para esos millones de hombres y mujeres, que cambiaron radicalmente sus condiciones de vida en los 14 años de gobierno masista, como también un cambio en el conjunto del país en el plano social, económico, en política exterior.
La victoria de Luís Arce da más chances de permitir el mejoramiento de la posición de la población indígena, como parte de planes gubernamentales prioritarios, resolviendo problemas urgentes vinculados a la representación política en el poder, por ejemplo. Las capas de bajos ingresos de la sociedad boliviana y los habitantes rurales son los que miran con mayor esperanza el triunfo de Arce y el MAS. Una espera cargada de anhelos, para que el bienestar social y la protección del estado abarque las distintas esferas de la vida de estos bolivianos. Si ello no es así, no es necesario ser vidente, para visualizar que la dependencia frente a Estados Unidos y con ello la inestabilidad interna y el empobrecimiento de la gran mayoría de ciudadanos de este país sudamericano, será una realidad indesmentible.