El Golpe de Estado de noviembre de 2019 contra el gobierno democrático de Evo Morales ha sido digitado por el imperialismo norteamericano de Donald Trump en coordinación con el gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro de Brasil e implementado por el motín policial, los militares traidores de la Patria y las oligarquías establecidas en Bolivia. Sus primeras manifestaciones han sido las masacres de Sacaba y Senkata, las manifestaciones de racismo y discriminación en contra del pueblo y el vejamen a la whipala y al Estado Plurinacional.
En las entrañas del golpe se encuentran las clases sociales dominantes y los intereses del imperialismo y las oligarquías que aprovecharon el descontento de algunos sectores medios y acomodados urbanos para intentar la restauración del neoliberalismo y el control directo del imperialismo sobre los recursos naturales estratégicos de Bolivia como el litio, el gas, el hierro o los hídricos y las telecomunicaciones.
El embajador de Brasil, Octavio Enrique Dias, estuvo presente en la reunión del 10 de noviembre en la Universidad Católica de La Paz con Fernando Camacho, Jorge Quiroga, un delegado de Carlos Mesa y Waldo Albarracín cuando nombraron a Jeanine Añez y ésta se autoproclamó presidenta. Su Secretario Privado desde ese momento ha sido el ex funcionario de la Embajada de Estados Unidos, Erick Foronda y los primeros gobiernos en reconocer al gobierno de facto fueron los de Estados Unidos y Brasil.
En este contexto se responde y explica la interrogante de ¿quiénes gobiernan Bolivia? Están los asesores directos del imperialismo en el gobierno que han comenzado a operar con USAID, la Misión Militar y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la presencia directa de la oligarquía oriental y sus aliados, sobretodo agroindustriales, terratenientes y burguesía comercial y financiera en el manejo del poder en el país. Alrededor del 50% de la tierra productiva del oriente boliviano es de propiedad de empresarios brasileños dedicados a la soya y están vinculados a los poderosos terratenientes y políticos rurales de los estados brasileños limítrofes con Bolivia como Rondonia, Matogrosso y Matogrosso Sur.
Ha emergido con mucha fuerza esta oligarquía oriental a través de Fernando Camacho y el Comité Cívico de Santa Cruz y de Jeanine Añez y su partido –que obtuvo sólo 4% de votos en octubre de 2019– durante el golpe. Esta estructura de poder está presente en el actual gobierno con el Ministro de Economía José Luis Parada, el actual Ministro de Desarrollo Productivo Oscar Ortiz, el ex ministro de Desarrollo Productivo y actual embajador en Brasil Wilfredo Rojo, la Ministra de Agricultura y Medioambiente María Elva Pinkert, la Ministra de Tierras Beatriz Capobianco, el Ministro de Defensa Fernando López o el Ministro de Planificación Carlos Melchor Diaz.
Todos ellos pertenecen a esa oligarquía oriental como propietarios de tierras, agroexportadores, burócratas de la Gobernación, comerciantes y miembros de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) o Asociación de Productores de Oleaginosas (ANAPO) y eso hay que tomar en cuenta por la orientación de este gobierno que ha ido tomando medidas con la concesión de grandes extensiones de tierras a ganaderos del Beni, la expansión de la frontera agrícola con incendio de bosques para los agroindustriales, la libre exportación y revisar concesiones a pueblos indígenas y campesinos para que nuevamente se entreguen tierras a estos grupos de poder.
A esto sumamos las ventajas dadas a los dueños de la banca y las finanzas que están recibiendo más de mil quinientos millones de dólares para administrarlos bajo el argumento de la lucha contra la pandemia y les han bajado el encaje legal poniendo en riesgo los recursos de los ahorristas.
Ante la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) que, según la encuestas, tiene un respaldo del 42% y ganaría en la primera vuelta de las elecciones del próximo 6 de septiembre con su candidato Luis Arce, el bloque de poder económico gobernante busca recomponerse para conseguir ganancias y ventajas, pero es incapaz de enfrentar la crisis sanitaria y económica. La autoproclamada presidente Añez se presenta como candidata y cuenta con el respaldo del 13%, en tanto que Carlos Mesa cuenta con el respaldo del 26%.
Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.