El 4 de noviembre pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) publicó en su página la acción urgente 10, que da cuenta del desplazamiento forzado de más de 3 mil personas del municipio de Aldama, Chiapas, cuya población registrada no pasa de 5 mil habitantes.
En la nota se contabilizan 47 ataques recientes con armas de fuego de alto poder contra 10 comunidades, por un grupo paramilitar que opera desde Santa Martha, municipio de Chenalhó, y se denuncia la permanente ausencia y complicidad del gobierno mexicano para atender esta grave situación de violencia extrema, también revelada desde hace varios meses por otras organizaciones sociales, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el propio EZLN, que en comunicado del 19 de septiembre, Chiapas al borde de la guerra civil, constata que las alianzas del gobierno de Rutilio Escandón con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares, como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha.
De manera reiterada, el Frayba ha puesto de manifiesto que la ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano siguen favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades de Aldama, que desde el 28 de marzo de 2018 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, “frente al riesgo a la vida e integridad física y sicológica por los constantes ataques de arma de fuego que estaban –y continúan– recibiendo por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que ocasionan desplazamiento de personas”. Tres años después de esta solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por el Frayba y del Estado mexicano, finalmente, el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo la resolución 35/2021, decidió otorgar medidas cautelares, registradas con el número MC-284-18.” A pesar de la adopción de estas medidas, se han contabilizado más de un centenar de agresiones, que han causado la pérdida de la vida de siete personas y otras 22 han resultado heridas, provocándose un ambiente de inseguridad total que ha trastocado la vida comunitaria.
El EZLN en su comunicado evidencia las acciones de la Orcao, a la que caracteriza como organización político-militar de corte paramilitar que tiene uniformes, equipos, armas y parque obtenidos con el dinero que reciben de los programas sociales. Se quedan con una parte y la otra la dan a los funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo con el asistencialismo. Con esas armas disparan todas las noches contra la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi.
En este contexto, es muy preocupante que los mayas zapatistas adviertan: “Ante la acción y omisión de las autoridades estatales y federales frente al crimen actual y los anteriores, tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que los apadrinan […] Para otra ocasión ya no habrá comunicado. O sea, no habrá palabras sino hechos”.
¿No parece evidente que estamos ante un escenario similar al que precedió a la masacre de Acteal? Con recomendaciones de una instancia internacional, como la CIDH, hacia el Estado mexicano, sus representantes no se percatan de la gravedad de los hechos en la entidad federativa que concentra el mayor número de personal militar en todo el territorio nacional. ¿Será que los altos mandos de la Sedena no están informados por su sección segunda de la existencia de estos grupos paramilitares que han asolado Chiapas desde 1994 hasta la fecha? ¿Su comandante en jefe, ocupado como está en otorgar aumentos presupuestales considerables, misiones, tareas, funciones, responsabilidades y prebendas a las fuerzas armadas, al margen de la Constitución, va a seguir manteniendo la vieja tesis de los conflictos comunitarios, para evadir su responsabilidad sobre una situación que está llegando a los límites?
El racismo histórico del Estado mexicano, que desprecia a los pueblos indígenas, considerados objetos pasivos de sus políticas y acciones de gobierno, continúa en Chiapas, con las múltiples violencias que conlleva la estrategia de contrainsurgencia que se está siguiendo, con la complicidad de la clase política local, a través de la saturación del teatro de la guerra con soldados, cercos de penetración, grupos paramilitares y crimen organizado, pese a los riesgos y costos políticos y sociales evidentes.
Por omisión o comisión, será el Estado mexicano el que deberá responder por otra tragedia humanitaria anunciada.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/11/12/opinion/022a2pol
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.