Más allá de los índices inflacionarios, está claro que los precios aumentan y como siempre, afectan a la población de más bajos ingresos. Es una situación que genera debates interesantes y por cierto, algunas explicaciones insólitas. Desde el Jefe de Gabinete que señala que los precios aumentan porque existe una mejora en la distribución del […]
Más allá de los índices inflacionarios, está claro que los precios aumentan y como siempre, afectan a la población de más bajos ingresos. Es una situación que genera debates interesantes y por cierto, algunas explicaciones insólitas. Desde el Jefe de Gabinete que señala que los precios aumentan porque existe una mejora en la distribución del ingreso, lo que invalidaría por definición el reclamo por la mejora en la distribución, una consigna extendida en el movimiento popular y el arco político de la izquierda en sentido amplio. Sindicar el consumo de los pobres como parte de la escalada de precios invalida la propia «política social» gubernamental, con 2 millones de beneficiarios directos. La inflación erosiona esos ingresos que en general no se actualizan. Por su parte, el Ministro de Economía pretende radicar el incremento de precios solo en algunos bienes o servicios para no asumir el rebrote inflacionario.
Desde el propio entorno oficial, el secretario de la CGT salió a defender el reclamo salarial por ingresos atrasados, de salarios contra precios y anticipa discusiones y conflictos por reajustes salariales muy lejanos de los valores oficiales de la inflación del 2009. Es cierto que la demanda por ingresos también reaparece desde el lado de los desocupados y sus movimientos territoriales, recreando anteriores reclamos y multiplicando la petición por mejora de ingresos entre trabajadores en actividad y desalojados del mercado laboral. La medición inflacionaria del INDEC registró un crecimiento del 7,7% para el pasado año, y los dirigentes sindicales demandan reajustes entre el 20 y 25% para la ronda de negociaciones colectivas, valores que anticipan la inflación del 2010. Las patronales no quieren sobrepasar montos entre el 12 y el 15%. Para ello presionan sobre las autoridades y cuentan con el bajo nivel de sindicalización de sus trabajadores. Claro que al mismo tiempo intentan sacarse responsabilidad sobre la suba de precios, demandando políticas económicas que favorezcan las inversiones privadas y fundamentalmente se les otorgue seguridad jurídica para satisfacer el objetivo de la ganancia.
Alimentos y carnes
Pero decíamos que el tema suscita debates interesantes y quizá en ellos debamos concentrarnos, pues existen polémicas sobre los índices, el fenómeno inflacionario y mucho menos sobre las causas de fondo y consideraciones de política económica alternativa.
Una de las discusiones de esta hora remite al precio de los alimentos en general y de la carne en particular. Es sabido que se trata de un alimento esencial en la dieta alimentaria de los argentinos, difícil de sustituir, especialmente para economías familiares de ingresos escasos.
El INDEC informó un crecimiento de los precios al consumidor del 1% para enero, de 1,6% para el rubro alimentos, en el cuál sobresale un incremento de las carnes del 4,7%. Los medios de comunicación, enfrentados al gobierno, respondieron con entrevistas a comerciantes (carniceros) que hablaban de crecimientos entre el 25 y 30% en el verano. El INDEC se sintió obligado a aclarar, y el viernes pasado (12/02/10) emitió un comunicado de prensa explicando que el 4,7% de subas es resultado del promedio de todos los tipos de carne (vacuna, aves, pescado, mariscos, fiambres y embutidos) y que para «cortes delanteros y traseros de carne vacuna fresca», aumentó un 7,06% con respecto al mes anterior. Al final del mensaje «recuerda que el índice publicado en esta oportunidad se refiere exclusivamente al mes de enero de 2010, por lo que no incluye las variaciones de precios ocurridas en las últimas dos semanas» (febrero), con lo cual, hay que prepararse para el registro del presente mes.
Adicionemos a la cuestión de los índices que esa suba en carnes fue igualada por el rubro «Diarios, Revistas y Libros» y solo superada por el rubro «Turismo» que alcanzó un crecimiento del 7,9%. Ambos son consumos de sectores que mantienen capacidad de gasto.
Convengamos de todos modos, que el 1% de inflación minorista en enero está lejos de otras mediciones, incluidas algunas provincias que no siguen la metodología implementada en el organismo nacional. Para la ex Directora del IPC del INDEC, Graciela Bevacqua, que continúa la serie abandonada en el INDEC (desde Buenos Aires City, centro insertado en la Facultad de Económicas de la UBA) difundió un guarismo de crecimiento de los precios de 2,3% para enero. En su informe puede observarse que el registro del IV trimestre del 2009, anualizado, alcanza al 17,7%. Muy superior, por cierto, al oficial difundido del 7,7%. Pero aún así, este indicador ubica a la Argentina como uno de los países de la región latinoamericana con mayores incrementos de precios en el 2009 y en la perspectiva del 2010. La mención vale por la importancia cultural que en la historia reciente ha tenido la inflación, aún luego de once años de convertibilidad y estabilidad de precios.
Argumentos en discusión
Estos índices traen la discusión sobre el fenómeno «crecimiento de precios», donde cada quién aporta sus argumentos, sean productores, fabricantes (especialmente frigoríficos), los comercializadores (especialmente los grandes supermercados), exportadores, y donde se perjudican los consumidores de menor capacidad de compra, ya que en los de elevado ingreso poco incide la variación de precio de los cortes más caros, o de otros productos, al momento del consumo. Pero también están los comentaristas (políticos, periodistas, especialistas), que de un lado justifican los elevados precios por la disminución en la producción por imperio de la expansión de la siembra y cosecha de soja (precios y rentabilidad mediante), o la sequía del último año. Cada quién con su argumento pretende colocar en discusión su cuota de razón.
Los productores justifican la retención para intentar recuperar terreno perdido de la ganadería a mano de la agricultura, o por perdidas derivada de la falta de agua. Desde otro ángulo se usa el mismo argumento para sindicarlos como responsables de las penurias de la sociedad que debe pagar más por los consumos cotidianos. Los fabricantes más concentrados, en muchos casos coincidentes con los grandes comercializadores del mercado local y externo, justifican la lógica capitalista de obtener localmente el precio internacional en sus ventas. Desde el gobierno se insiste en que la situación sería distinta con aplicación de las retenciones móviles rechazadas en el Parlamento en 2008. Una forma de asignar a la política fiscal funciones más específicas de un curso de acción productivo, especialmente en el agro y la generación de alimentos.
Por todo ello, el problema es el «modelo productivo», capitalista, lo que supone decisiones mercantiles avaladas por un régimen legal y una política (económica) que no discute los modos para asegurar Soberanía Alimentaria (también energética y financiera), lo que pondría en discusión el régimen de propiedad de la tierra y la dominación monopolista en el encadenamiento productivo que dirigen las transnacionales de la alimentación y la tecnología para su producción. La discusión se aceleró desde Punta del Este, con un discurso del próximo presidente uruguayo, Pepe Mujica, que entusiasma a los empresarios de acá, que fueron mayoría en ese encuentro que la prensa comenta reunió a unos 1.500 empresarios. El discurso envalentona a los que demandan «seguridad jurídica de las inversiones», como base de sustento de una política de acumulación capitalista. El argumento es que la inflación se combate con más producción y para eso se requiere estimular la inversión privada. Algo muy distinto de los que proponemos resolver otras «seguridades», sociales y culturales, de quienes sufren en forma directa el crecimiento inflacionario en la condiciones de funcionamiento del capitalismo.
Por eso la Soberanía alimentaria, energética o financiera, como objetivo de política económica. En tiempos de bicentenario, donde se alude a la dependencia y su contrario, la independencia, resulta importante se cuestione el orden económico social vigente y pensar en términos alternativos, que orienten «otro modelo de producción», con otros beneficiarios. Es la posibilidad de la Argentina y sus ventajas comparativas alimentarias para aportar a la experiencia emancipadora en curso en la región latinoamericana y caribeña.
Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Fundador de ATTAC-Argentina.
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