El día 10 de noviembre de 2019 un hecho conmovió a todos. En rueda de prensa televisada en vivo y en directo, Evo Morales anunció su renuncia a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el mismo que ayudó a refundar una década antes con la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) que puso como centro del ciclo histórico abierto en 2006 a las masas indígenas originarias campesinas, a los obreros y sectores empobrecidos de las zonas urbanas. Antes de concluir sus palabras anunció: “Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá; los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar”.
Pero, ¿qué ocurrió para que un proceso de tan larga data y con una amplia base popular como el boliviano se desplomara con tanta facilidad? ¿Por qué los propios movimientos sociales y partidos de izquierdas no dieron un paso al frente para ofrecer una resistencia vigorosa a los golpistas? ¿Qué estrategias y tácticas trazó la burguesía criolla para aunar y movilizar a clases medias, gremios, asociaciones patronales, Policía y Fuerzas Armadas, crear bandas paramilitares y parapoliciales a la par de coquetear con la opción electoral, las que con éxito asestaron un nocaut al campo popular?
Esas son algunas de las preguntas que buscaremos responder en este artículo, pues, para nosotros, testigos directos y adherentes del Proceso de Cambio, su colapso precipitado, sin ser inesperado, igual nos causó conmoción.
Afortunadamente, como pocas veces podemos ver en la historia, la propia lucha callejera de los humildes de los últimos meses ofreció una nueva oportunidad al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a todos quienes construyen a diario desde sus espacios y territorialidades una Bolivia mejor.
I
Retazos del golpe de Estado
El golpe de Estado de octubre-noviembre de 2019 [3] en Bolivia fue sui géneris. Y la raíz debe buscarse años atrás, en la articulación de la derecha en torno a la campaña por el “No a la reelección” para el Referéndum del 21 de febrero 2016, en que persiguió el objetivo de mellar la imagen de Evo Morales acusándolo –falsamente– de tener un hijo que no había reconocido y favorecer a una de sus excompañeras sentimentales (supuestamente menor edad al momento de la relación)[4], a la que de paso se le inculpó de lobista de la empresa transnacional china CAMC, beneficiaria de una serie de obra públicas sin concursar en licitaciones, según manipuló oportunamente la reacción en sus medios de comunicación. Pero, a ojos del propio Morales, el cerebro del montaje fue el imperialismo norteamericano, quien planificó, organizó y financió la campaña que consiguió desplegar en unidad y victoriosamente el conjunto de la oposición criolla.
El triunfo del No a la reelección se impuso por un estrecho margen, con el 51.3% frente al 48.7%, aunque tuvo la suficiente contundencia para cohesionar a los sectores más conservadores del país y ampliar sus bases de apoyo en las clases medias urbanas. Por su parte, el MAS, pese a haber aceptado formalmente el resultado, de inmediato se dio a la tarea de hallar una salida leguleya a este revés, concentrándose en una interpretación de la Constitución que hiciera prevalecer el “derecho humano de cualquier ciudadano a elegir y ser elegido”, resquicio que fue sancionado como válido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a finales del 2017.[5] Con todo, esto facilitó a la derecha el posicionamiento discursivo del “rechazo de la reelección indefinida” y tachar al masismo de “totalitario”, propio de un “régimen dictatorial”, en un todo aglutinado ya bajo el alero de un movimiento teóricamente ciudadano que adoptó el nombre de “Bolivia dijo No”.[6]
La bandera de “recuperación de la democracia contra la dictadura masista”, además “corrupta”, tomó fuerza en la medida que una gran campaña mediática en redes sociales y medios de comunicación de masas –periódicos, tv, cadenas radiales– brindó espacios y resonancia a amplios sectores que fueron uniéndose contra Evo y el MAS, así como integrándose entre sí e impulsando la acción directa que fue tomando las calles7; primero con mujeres de edad adulta, generalmente profiriendo discursos racistas, alarmistas y conservadores, y que sumaron a sus familias al bloqueo callejero con objetos inverosímiles hasta ese momento, como muñecos de juguetes, sillas, parrilleros para asar carnes y otros como cuerdas y “pititas”. Se trataba de sectores de ingresos medios, urbanos y de abolengo criollo, es decir, de sectores “no indios”, que siempre tuvieron acceso a la burocracia estatal y forjaron su capacidad de acumulación en la explotación de “lo indio”.
Para las elecciones del 20 de octubre 2019, el MAS participó con el binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, avalados a principios de 2018 como candidatos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que dio pie al discurso adicional de rechazo a este órgano estatal por su presumida “subordinación” al Ejecutivo.[8]
La campaña del MAS en dichas elecciones se caracterizó por un predominante discurso de “inclusión” de una pretendida “clase media”, a la que se incorporó inclusive en candidaturas importantes, en calidad de senadores y diputados, en plazas privilegiadas. Este sector, de creciente incidencia en las decisiones gubernamentales, pasó a encarnar una interpretación liberal de la realidad –por decir lo menos– que fue configurando e imponiendo la idea de que esta “clase media” debía asumir un rol dirigente del Proceso de Cambio ya que aseguraba la reelección del binomio. Empero, esta línea política poco a poco desplazó a los sectores populares, sobre todo a quienes se había definido, a través de un largo proceso en décadas pasadas, como el sujeto histórico de la Revolución boliviana: al indígena, campesino, obrero y popular, lo que terminó por cobrar un factura en el apoyo electoral y material en 2019.
Este escenario explosivo y contradictorio, con Carlos Mesa como claro candidato opositor apoyado por Washington, permitió que, luego de una infortunada acción como fue la abrupta decisión del TSE de detener la transmisión del conteo rápido en un sistema informático que se usaba por primera vez y que aunque legalmente no brindaba un informe oficial sobre los escrutinios, posibilitó que se tendiera la sombra suficiente y necesaria para sembrar las dudas sobre el conjunto del proceso eleccionario,[9] arrojando el que cuando el TSE publicara los datos oficiales –que dieron la victoria al MAS– estos fuesen rechazados inmediatamente, esparciéndose la tesis del “fraude” como pólvora, movilizando a un nutrido número de sectores y grupos urbanos como inicio de lo que fueron 21 días de conflicto, hasta la renuncia de Evo Morales, cuyas repercusiones trataremos.
Ante la ofensiva golpista las organizaciones y movimientos sociales reaccionaron de forma desorganizada y con dificultades, ya que desde sus direcciones y el propio Gobierno no se atinó a diseñar las acciones necesarias para controlar la situación que equivocadamente se interpretaba como tendiente a diluirse por sí sola. Empero, la realidad demostró que las estrategia y tácticas empleadas por la derecha encausaron las experiencias de risibles y pequeños bloqueos anteriores con la conformación ahora de grupos parapoliciales y paramilitares y el complemento de organización, manejo territorial en las ciudades del eje central,[10] financiamiento e infraestructura y, como corolario, el amotinamiento de la Policía a nivel nacional el 8 de noviembre y la solicitud de renuncia que le hace al presidente Morales el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman,[11] el 10 de noviembre, dando el golpe de gracia al progresismo y aupando la movilización efectiva y de acción contra cualquier tipo de resistencia. El presidente Evo Morales renunció al instante y, en un escenario caótico y una argucia falaz e ilegal, la senadora Jeanine Áñez se autonombró Presidenta de Bolivia.[12]
En los días posteriores, las fuerzas populares que habían superado a sus direcciones –en franca retirada–, comenzaron a resistir y movilizarse, tanto en ciudades intermedias del Departamento de Santa Cruz, como en las capitales de los departamentos de Cochabamba y La Paz. Fue ahí cuando las Fuerzas Armadas, como veremos, salieron a “pacificar” para, con una cruenta represión, consolidar el golpe de Estado. En paralelo, una comisión reunida en la sede central de la Universidad Católica en La Paz, en la que participaron partidos políticos, la Iglesia católica y asociaciones gremiales y patronales, negoció y consensuó un convenio para “pacificar Bolivia”, básicamente aceptando: 1) La presidencia de Áñez; 2) Dar luz verde a la represión militar y policial; y 3) Acordar la realización de elecciones en 90 días, como indicaba la Constitución.
II
La derecha en el poder
Seguidamente de asaltados los poderes del Estado [13], con las pandillas paramilitares controlando sectores claves de las principales ciudades del país, la derecha dio curso a una estrategia represiva abierta –sin precedentes en la historia reciente–, desplegando efectivos del Ejército y la Policía, quienes se encargaron de llevar a cabo las masacres del 15 de noviembre en Sacaba, Departamento de Cochabamba, y el 19 de noviembre en Senkata, Departamento de La Paz, causando más de una treintena de muertos y centenares de heridos, en búsqueda de aterrorizar, traumatizar y aleccionar a un campo popular que ya estaba en repliegue.[14]
Quizás la acción más simbólica en cuanto a la proyección ideológica del bloque reaccionario en el poder se pueda identificar días antes de aquellos crímenes, cuando el coronel de la Policía de Santa Cruz, Miguel Mercado, en vivo y en directo por televisión, arrancó la wiphala[15] de su uniforme y exhortó a sus compañeros de armas a hacer lo mismo al llamado de “no hay dos Bolivia(s)”, tirando literalmente al tacho de la basura una de las conquistas más significativas del Proceso de Cambio: el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado boliviano.[16] En respuesta a eso se produjo la primera gran concentración indígena-originaria-campesina en el Altiplano después del golpe de Estado, cuando decenas de miles de indígenas marcharon por las calles del centro de La Paz exigiendo el respeto a la wiphala y sus tradiciones. Quedaba así al desnudo un conflicto que polarizó la sociedad en dos grandes grupos: blancos-urbanos-clases medias y burguesas vs. indígenas-rurales y semirurales-clases populares.
La tónica del gobierno de facto, en su casi año de vida, no fue otra que la violación sistemática de los Derechos Humanos de los pobres del campo y de la ciudad; la persecución judicial de los adversarios políticos –pasando a llevar el Derecho Internacional en ocasiones[17]–; los montajes en torno a supuestas “actividades terroristas”, entre otros.
Pero dos son los casos más llamativos de la impiedad de la oligarquía criolla antes y durante la dictadura de Áñez, cuyos patrones comunes son: 1) Víctimas mujeres; 2) Ejercicio de la tortura; 3) Marca de los cuerpos. El primero dio la vuelta al mundo, cuando una turba, el día 6 de noviembre, retuvo a la alcaldesa del poblado de Vinto, Departamento de Cochabamba, Patricia Arce,[18] y junto con golpearla le cortaron el pelo, le pintaron la cara de rojo y le obligaron a caminar descalza, escupiéndole y vejándola durante horas. El segundo caso tuvo como protagonista a la jefa de gabinete de Evo Morales, la joven abogada Patricia Hermosa, detenida a fines de enero, a quien, pese a encontrarse en avanzado estado de gestación, se le negó deliberadamente asistencia médica en prisión, ocasionándole un aborto.
La gestión administrativa del Estado no disimuló tampoco su desprecio por las necesidades del conjunto de la población en un año particularmente difícil por la contracción económica y sobre todo por la crisis sanitaria a causa de la pandemia del Covid-19.
A la incapacidad de las autoridades para implementar una política acertada y ajustada al contexto nacional que hiciera frente a la propagación del virus, se sumó la escandalosa compra de 170 respiradores a la compañía española GPA Innova, cuyo costo unitario fue declarado por el valor de 27 mil 683 dólares, pese a que la propia compañía reconoció haberlos vendido a 10 mil dólares, en un acto delictivo que costó al fisco 4.2 millones de dólares en pérdidas,[19] sin mencionar que los equipos no fueron utilizados por el personal de salud por inservibles. Al momento de terminar de escribir este artículo [20] han pasado por la cartera de Salud tres ministros y el saldo de víctimas fatales por coronavirus, según datos publicados en la web de la Johns Hopkins University, se empina a ocho mil 758 y los contagios ascienden a 142 mil 062 personas,[21] para una letalidad de 6.1%, es decir, tres veces superior a la media mundial.
En la misma línea de desidia, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, el 2 de agosto anunció el cierre anticipado del año escolar –que culmina habitualmente en diciembre–, dejando a las escuelas públicas y sectores rurales sin acceso educativo en ningún formato –presencial, semi-presencial o virtual–[22] y, lo que es más significativo, cerrando los espacios físicos de las unidades educativas, donde la inmensa mayoría de los niños reciben desayuno y almuerzo diario gratuitos.
Esta estrategia política de retroexcavadora y rauda reversión de los derechos políticos y sociales adquiridos en tres lustros quedó expresada en la sujeción de Bolivia al Fondo Monetario Internacional (FMI) vía un ilegal [23] préstamo adquirido por el Ejecutivo por la suma de 327 millones de dólares; el empoderamiento de la burguesía agroexportadora oriental con la aprobación, el 7 de mayo de 2020, del Decreto Supremo 4232, que autorizó el uso de semillas transgénicas de maíz, algodón, caña de azúcar, trigo y soya, además de beneficios para intensificar este tipo de exportaciones; y en la arena diplomática, con la ruptura de relaciones con Venezuela y la salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) el 15 de noviembre 2019; y el cese de relaciones con Cuba el 24 de enero de este año.[24]
III
El campo popular y el MAS antes y durante el golpe de Estado
Hay coincidencia entre analistas, escritores, historiadores, cientistas políticos y líderes sociales y de izquierdas en la ausencia –y urgencia– de un estudio minucioso de los 14 años del MAS en el poder, en que, por ejemplo, se identifique y caracterice etapas, con sus correspondientes implementaciones, correlaciones de fuerzas, alianzas tácticas y estratégicas, avances, vacilaciones y retrocesos. Una suerte de historia integral del gobierno de Evo Morales.
Un parteaguas en ese decurso lo creó, sin lugar a dudas, el desenlace del proceso constituyente, hubo un antes y un después de la promulgación de la nueva Carta Magna en 2009,[25] especialmente en lo referido a una paulatina pero creciente desmovilización de los sectores sociales más dinámicos (indígenas, obreros, campesinos, entre otros) y el acercamiento desde el Gobierno a los grupos más rancios de la burguesía agroexportadora y sus patronales,[26] a quienes, a cambio de beneficios para la reproducción e incremento de sus capitales –que van desde ampliación de frontera agrícola; construcción de infraestructura para sus exportaciones; subvención de materias primas como el combustible; privilegios financieros y tributarios, entre otros–, se les invitó a participar de un Estado que se conformó con controlar parte del excedente económico[27] a ser reinvertido en políticas públicas redistributivas, con el compromiso de no inmiscuirse en política.
Aquel economicismo estrecho y enceguecedor, pragmático y despolitizante, acreedor de las cifras de crecimiento del PIB más altas de la región en la última década,[28] tuvo su correlato teórico en las tesis esgrimidas por el vicepresidente Álvaro García Linera en la campaña electoral de 2014, cuando en un malabarismo ideológico llamó a los adherentes del MAS a que “no olviden, siempre hay que sumar a Lenin con Gramsci, al adversario hay que derrotarlo, eso es Lenin; Gramsci, al adversario hay que incorporarlo. Pero no se incorpora al adversario, no en tanto adversario organizado, sino en tanto adversario derrotado”. A partir de allí, el adversario fue sumado e “incorporado” –hay que añadir que a regañadientes de muchos–, aunque la historia demostró que no derrotado, dando paso así a un precipitado proceso de confusión, desencanto y desideologización del campo popular y la rearticulación y fortalecimiento de la reacción, que terminó por instalar la iniciativa política hasta el golpe de Estado del 10 de noviembre.
Mientras Evo Morales y su equipo se encerraron en un electoralismo continuo que negó los espacios de revisión y autocrítica al interior del Proceso de Cambio en el último lustro, impidiendo discusiones programáticas de fondo, amparados siempre en el argumento de que “no es el momento”, luego de su fortalecimiento económico y ocupación de los espacios cedidos la derecha se dio a la estrategia, como ya vimos, de ganar poco a poco las calles con conflictos muy focalizados pero en escalada y enarbolando las banderas de la lucha contra “la corrupción”, “el narcotráfico” y fundamentalmente “la defensa de democracia”, esto último a partir del Referéndum del 21 de febrero de 2016.
Aún están por identificarse y estudiarse las motivaciones detrás de corrientes específicas y personajes al interior del Gobierno de Morales, que influyeron decisivamente en la burocratización y cooptación de las direcciones altas y medias de los movimientos sociales; la obsecuencia de una bancada parlamentaria sin ideas propias; el potenciamiento de un sindicalismo presa de lo gremial y sin visión de país; la ausencia de formación política y movilización de masas; el viraje al encantamiento de las clases medias urbanas y blancoides que llegaron a ocupar puestos vitales del aparato del Estado; la imposición de estilos de liderazgos verticalistas fundamentados en el culto a la personalidad;[29] y un guiño más que notorio a la derecha continental con la entrega –a petición de Jair Bolsonaro– del militante Cesare Battisti [30] a las autoridades italianas en enero de 2019, la asistencia a la fundación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) en Santiago de Chile en marzo del mismo año y la invitación de Luis Almagro al país a mediados de 2019, además de sumarse en los hechos al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela al congelar parcialmente los activos de estos en Bolivia.
Solo el ordenamiento y sistematización de los elementos nombrados y otros tantos, permitirán advertir la desorientación e inactividad del movimiento social boliviano en las jornadas de octubre y noviembre del año pasado, sus acciones de defensa improvisadas e intuitivas, con claros signos de impotencia al no saber qué proyecto defender ni cómo, en una coyuntura vertiginosa en que el golpe de gracia en menos de 72 horas, entre los días 10 y 12 de noviembre, lo dieron: primero, un amotinamiento de la Policía a nivel nacional; segundo, la Central Obrera Boliviana (COB), que pidió la renuncia a Morales; tercero, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que se sumó oportunistamente al petitorio de aquellos, dando el jaque mate; cuarto, la entrega de la ciudad de La Paz a los amotinados y bandas filofascistas sin resistencia alguna y las inmediatas renuncias de Evo Morales y otras autoridades a sus respectivos cargos; y quinto, la ida de Evo Morales y su círculo más estrecho rumbo a México.[31] De esta forma, que escapaba a toda comprensión, se derrumbó como un castillo de naipes un de los procesos nacionalistas, populares, antiimperialistas y progresistas más vigorosos de América Latina y el Caribe en lo que va de este siglo.
IV
Rumbo a la victoria y desafíos por venir
El 25 de noviembre de 2019, representantes de la COB, del Pacto de Unidad [32] y del gobierno de facto se reunieron para firmar un acuerdo de 13 puntos con el fin de pacificar Bolivia. Este documento se ciñó a garantizar: 1) Que no hubiese más asesinatos ni persecuciones contras quienes encabezaron la resistencia popular al golpe de Estado; 2) La investigación para dar con los responsables de las masacres y el resarcimiento a los familiares de las víctimas; 3) La confirmación de la realización de elecciones en 90 días; y 4) La desmovilización de los sectores movilizados.
El régimen de Áñez se había impuesto y una dirigencia social nacional asumía un papel desmovilizador en una coyuntura confusa ya que fueron las bases de cocaleros del Trópico de Cochabamba las que habían asumido la decisión de exigir el respeto al voto y la populosa Zona Sur de Cochabamba impulsó una movilización con vecinos, sobre todo jóvenes, conformando un nuevo actor político donde sobresalió la “Coordinadora Popular por la Defensa de la Democracia y la Vida de Cochabamba”, que hizo el primer cabildo popular de Bolivia el 5 de diciembre de 2019. Entre tanto, sectores movilizados resistieron en las localidades de Montero y Yapacani, así como en barrios populosos de la capital del Departamento de Santa Cruz, en el Oriente.
La confrontación fue desigual, quienes enfrentaron a los golpistas lo hicieron desprovistos de organización, logística y financiamiento, mientras que los grupos parapoliciales y paramilitares contaban con un alto nivel de organización, capacidad logística y financiamiento,[33] además del apoyo directo e indirecto de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Solo en esas condiciones se entiende que toda esa fuerza social que empezó a responder al golpe terminara aceptando a regañadientes el acuerdo firmado por dirigentes a quienes ya no les depositaban una confianza plena.
En este escenario, en la primera quincena de diciembre, la derecha inició una campaña por la destitución de los representantes de la Defensoría del Pueblo, como la representante nacional, Nadia Cruz; la representante en La Paz, Teresa Zubieta; y el representante en Cochabamba, Nelson Cox. Igualmente se concentraron en elegir los vocales de Tribunales Electorales Departamentales (TED) de cara a los comicios agendados. En Cochabamba la reacción popular urbana no se dejó esperar y pronto agrupaciones como la mentada Coordinadora Popular marcharon a acompañar a Cox haciendo presencia contra grupos paramilitares que habían tomado las puertas de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.
De todos estos hechos fue testigo la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a Bolivia a finales de noviembre 2019 y que, pese a la desconfianza fundada del MAS en la OEA, supo reunirse con víctimas, afectados y autoridades que denunciaron los crímenes de lesa humanidad cometidos. Su informe final condenó las muertes y habló de “masacres”, contribuyendo a bajar la intensidad de la represión contra el campo popular.
Ya en 2020, la conmemoración por el aniversario de la creación del Estado Plurinacional, el 22 de enero, congregó a cientos de miles de personas en Cochabamba, visibilizándose públicamente el rechazo a Áñez y su pandilla y el apoyo al MAS. Era un día lluvioso que vio el clamor y el enojo popular vigoroso y con ganas de revancha, mientras los asistentes se emocionaron al escuchar la voz de Evo Morales desde Argentina.
Las tensiones al interior del amplio espectro que representa al MAS terminaron de ceder ante la consigna de unidad contra el golpismo y la urgencia de designar al binomio presidencial, ya que el nuevo TSE había fijado el 3 de mayo como la fecha de elecciones, transgrediendo los 90 días acordados, designación que recayó en Luis Arce y David Choquecuanca, ambos exministros en las carteras de Economía y Relaciones exteriores respectivamente.
La derecha movilizó sus fuerzas en la búsqueda de anular la sigla del MAS e impedir la inscripción de Arce y Choquehuanca como candidatos, debido a la presunción de culpabilidad en supuestos casos judiciales en su contra. Pero la movilización popular se hizo presente alertando su rechazo y poniéndose en apresto de tomar medidas radicales en caso de oficializarse la censura.
En ese momento de inicios de conflictividad, entre enero y marzo de 2020, la pandemia del coronavirus irrumpió en Bolivia, decretándose una cuarentena rígida en todo el territorio nacional el 22 de marzo, lo que condujo a la prórroga del régimen de Áñez y la postergación de las elecciones dos veces más, para finalmente definirse su realización el 6 de septiembre.
No cabe duda que la crisis sanitaria fue macabramente utilizada por la derecha para llevar adelante, con militares y policías en las calles, un proceso de disciplinamiento social y la represión sistemática de dirigentes sociales, sindicales y políticos, misma que, por las condiciones socioeconómicas del país,[34] tuvo que estrellarse con una economía popular endeble que obligó a amplios sectores de la ciudadanía a exigir el levantar la cuarentena para poder salir a trabajar y proveer a sus familias de alimentos y otros insumos necesarios, como el pago de servicios y deudas. La respuesta del Gobierno fue brutal, con represión y persecución política, mientras la reacción popular se concentró en la protesta a nivel territorial, en espacios locales. Estos enfrentamientos engrosaron el número de detenidos y detenidas políticas, entre ellas Lucy Escobar, candidata suplente a la primera senaduría por Cochabamba.
La represión no acalló las protestas populares, por lo que en agosto, frente a la determinación del TSE de postergar nuevamente la fecha de las elecciones para el 18 de octubre y la posibilidad real de que se proscribiera al MAS, el pueblo salió a las calles y a las carreteras, generándose un gran movilización nacional que pedía democracia. Vale detenerse en el hecho de que la movilización fue desde la base, ya que las estructuras del MAS no habían convocado a la protesta, y que formalmente la COB asumió ese rol, aunque no tenía la capacidad de articulación nacional ni control de la esta. En efecto, la movilización no tuvo dirección clara, ni supo gestar una demanda común, pero consiguió lo fundamental: definir una fecha inamovible para las elecciones generales, 18 de octubre, y que no se proscribiera al MAS y a sus candidatos.
Las elecciones dieron el triunfo del MAS con el 55.1% de la votación, con una masiva participación y una presencia protagónica de veedores internacionales, que coincidieron en la transparencia del proceso electoral. La diferencia entre el MAS y el partido de Carlos Mesa fue tan contundente que esta vez no pudieron objetar los resultados.[35]
La derecha ha intentado patalear contra esta victoria, pero el pueblo boliviano ha reconquistado la democracia y se encuentra en la tarea histórica de definir un nuevo rumbo para superar los errores que hicieron posible un golpe de Estado.
Bibliografía
Alcócer Hurtado, Mauro. “El debate sobre Bolivia y el rol de García Linera en el estancamiento del Proceso de Cambio”, La Época, 20 de mayo de 2020.
Brignole, Alejo. “Triunfo del MAS en Bolivia… ¿Y ahora qué?”, Correo del Alba, Bolivia, 22 de noviembre de 2020.
Larraín, Javier. “En exclusiva. Luis Arce sin censura”, Correo del Alba, Bolivia, 23 de marzo de 2020.
Moldiz, Hugo. Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales, Ocean Sur, Australia, 2020.
Movimiento Guevarista de Bolivia. Colección de revista Maya, No. 47 (Nov.-2019); No. 48 (Dic.-2019); No. 49 (May.-2020); No. 50 (Jun.-2020); No. 51 (Jul.-2020); No. 53 (Sept.-2020); No. 54 (Oct.-2020).
Ríos, Boris. “Odio de clase y horizonte en Bolivia”, Correo del Alba, Bolivia, 24 de abril de 2020.
————–. “Golpe de Estado en Bolivia: ideas para un debate crítico”, Correo del Alba, Bolivia, 2 de julio de 2020.
————–. “El medio, un lugar para la derrota de la izquierda”, La Época, Bolivia, 24 de agosto de 2020.
————–. “‘Coincidir con la derecha’: reflexiones luego de un golpe de Estado en Bolivia”, Correo del Alba, Bolivia, 24 de septiembre de 2020.
Viaña, Jorge. “El ciclo estatal de las luchas en Bolivia (2006-2019): crónicas de una muerte anunciada y la política actual”, artículo inédito, Bolivia, febrero de 2020.
Notas:
[3] Si bien las revueltas se suceden entre los últimos días de octubre y primeros días de noviembre, se precisa el 10 de noviembre como el de consumación del golpe de Estado, día cuando Evo Morales anuncia su renuncia.
[4] Este episodio se le conoce como el “Caso Zapata” en alusión al nombre de la expareja de Morales, Gabriela Zapata.
[5] Aquí advertimos uno de los mayores errores políticos de la dirección del MAS en su última gestión, pero que a la vez da muestras de la concepción de hacer política: lejos de aceptar el resultado del referéndum y preparar una futura movilización de las masas o convocar a otra consulta, se atrincheraron en resquicios legales que sacaron bajo la manga una camarilla de abogados que concluyeron que el “Pacto de San José de Costa Rica”, en su calidad de tratado internacional, estaría por sobre la Constitución boliviana y ofrecería apelar al “Derecho Humano” de Evo Morales a reelegirse de manera indefinida. Esta fue la tónica de los últimos años: obtener por secretaría lo que pudiese alcanzarse con la concientización y movilización de las masas.
[6] Allí coincidieron gremios, colegios profesionales, sindicatos, comités cívicos, juntas vecinales, centros estudiantiles, entre muchas otras organizaciones.
[7] Resulta interesante observar cómo en el tiempo, durante el último lustro, y bajo una multiplicidad de conflictos aparentemente aislados, la derecha fue: 1) Movilizando a sus bases; y 2) Ganando la calle, por ejemplo, con el copamiento del centro de La Paz y empleo de dinamita para reivindicar mejoras locales con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en 2015; con la marcha de los discapacitados por bonos en 2016; con los piquetes a nivel nacional de los colectivos por “Bolivia dijo No” en 2016 y hasta 2019; con la movilización del gremio médico contra las políticas de salud y el nuevo Código Penal en 2018; con la protesta estudiantil universitaria por presupuestos en El Alto en 2018, que acabó con un joven estudiante asesinado en medio de enfrentamientos con la Policía; con las protestas medioambientalistas contra el biodiesel y la quema de la Amazonía en 2019, entre otras.
[8] Por Constitución, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), encargado de las elecciones, es un poder del Estado independiente.
[9] Tres fueron los episodios que contribuyeron a la consolidación del cuestionamiento del proceso electoral: 1) El que se dejaran de publicar los resultados de conteo rápido la noche del domingo, con un 83% del recuento y una diferencia estrecha entre Morales y Mesa, y se prendieran 30 horas después, con la diferencia justa que daba la victoria al MAS en primera vuelta; 2) Que aún en esas circunstancias, la noche del mismo día domingo Evo Morales se proclamara ganador y Mesa a su vez dijera que los resultados le aseguraban el paso a una segunda vuelta; y 3) La más grave, que cuando el TSE oficializó el triunfo de Morales y la oposición pidió una auditoría, el MAS accedió a esta con una condición: que el árbitro fuera la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo informe debía ser vinculante. Esto último constata la miopía política imperdonable de Morales y su entorno que no solo no recurrió otra vez a la movilización popular en momentos de crisis, sino que apeló a que Luis Almagro y su misión dirimieran la legitimidad o no del proceso, con el resultado que ya conocemos.
[10] Las llamadas ciudades del Eje central corresponden a La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, las que juntas concentran más del 60% de la población nacional.
[11] La agencia noticiosa rusa Sputnik publicó un llamativo reportaje denunciando que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia se habría reunido en junio de 2019 en Argentina, con pares estadounidense, recibiendo el pago de un millón de dólares por apoyar un eventual golpe de Estado; mientras que al Alto Mando de la Policía se le habría ofrecido 250 mil dólares a cada uno.
[12] Hasta ahora se desconoce porqué además del Presidente y el Vicepresidente, las autoridades del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya presidencia de Diputados y Senadores detentaban, optaron por renunciar y con ello conceder el “barniz de legitimidad” que los golpistas buscaban ante la comunidad internacional con el ascenso de una senadora al Ejecutivo, como pasó con la hasta entonces desconocida Áñez.
[13] Hablamos en plural porque los golpistas acceden al Ejecutivo previo control viciado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante sesiones sin quórum, para pronto intervenir el Judicial y desde ahí perseguir a líderes y lideresas progresistas y de izquierdas. El poder represivo estuvo a su orden meses antes del golpe de Estado.
[14] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe condenatorio el 10 de diciembre de 2019 y la Clínica Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Harvard hizo lo propio en julio de 2020, coincidiendo ambas en lo cruel y masivo de los atropellos, ejecutados como política de Estado. Sobre estos hechos cabe destacar al menos tres cosas: 1) La renuncia y posterior ida de Evo Morales del país no provocó que cesara la represión, por el contrario, al ver al movimiento popular acéfalo y desorientado los golpistas apostaron a masacrar a la población; 2) Para prolongar el shock entre los testigos de esta tragedia los militares desaparecieron algunos de los cuerpos de los asesinados, negándolos hasta hoy a sus familiares; y 3) En plena ejecución de las masacres Jeanine Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, deslindando de responsabilidad a los militares que participaron en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”, validando con ello asesinatos selectivos y masivos –según fuese el caso– y ganándose de paso la lealtad de las Fuerzas Armadas.
[15] Bandera de origen precolombino ampliamente usada en el Tahuantinsuyu y en los Andes centrales hasta hoy. En el caso específico de Bolivia fue adoptada como bandera oficial tras la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009.
[16] Con la nueva Constitución Política del Estado el país pasó de llamarse República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia, en una franca ruptura con el pasado colonial y neocolonial, cuya “plurinacionalidad” contenía el reconocimiento de las 36 naciones originarias que habitan el territorio.
[17] Durante el mes de noviembre de 2019 una decena de exministros y autoridades del gobierno de Evo Morales ingresaron a la residencia del embajador de México en Bolivia para solicitar asilo político, el que les fue conferido. Sin embargo, la Cancillería boliviana se negó a darles los salvoconductos para que los asilados pudieran ir al Aeropuerto y tomar un avión para salir del país.
[18] Patricia Arce ha sido recientemente electa senadora por el Departamento de Cochambamba.
[19] La negociación estuvo a cargo del embajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Mohammed Mostajo, yerno de Áñez, el que en plena investigación de la Fiscalía se fugó del país, aterrizando el 16 de junio de 2020 en Miami.
[20] Viernes 6 de noviembre de 2020.
[21] Sobre este punto cabe decir que las cifras son relativas en tanto el examen de detección del virus solo se aplica comprándolo, con un costo promedio de 45 dólares, por lo que gran parte de la población no tiene acceso a este y puede contraer el virus sin ser diagnosticado. Esto llevó a los periodistas del The New York Times, Anatoly Kurmanaev, María Silvia Trigo y Allison McCann, a publicar el 22 de agosto de 2020 el reportaje “Bolivia y el coronavirus: la tasa de mortalidad al alza durante la crisis política”, donde denuncian la existencia de un subregistro en las muertes por el orden de al menos 20 mil personas.
[22] Las escuelas privadas, a las que acceden las clases acomodadas y cuya matrícula no alcanza a cubrir al 15% del estudiantado, continúan con clases virtuales vía Internet.
[23] Los préstamos de esta naturaleza, según dicta la Constitución, deben ser aprobados por el Legislativo.
[24] Las hostilidades hacia Cuba fueron inmediatas, acusando a miembros de la Brigada Médica Henry Reeve de ser “instructores terroristas”, expulsando parte de la misión diplomática e, inclusive, requisando propiedades legalmente adquiridas por la nación caribeña, como la Clínica del Colaborador, asaltada por pandillas de la derecha y apropiada por el Gobierno, cuyo inmueble se encuentra aún en litigio y en espera de un fallo judicial porque los tribunales de la ciudad de La Paz reconocen la propiedad cubana.
[25] El proceso constituyente en Bolivia partió en agosto de 2006 y fue cerrado en febrero de 2009, es decir, tuvo una duración de casi tres años. Si bien contó con una alta participación y representación popular, el texto emanado por los constituyentes fue modificado, a puertas cerradas, con sectores de la burguesía. Autores como Jorge Viaña hacen hincapié en esto para destacar cómo se impuso una forma de hacer política de espaldas al campo popular, de negociaciones entre pasillos, estilo que se profundizó con el correr de los años.
[26] Sobran los antecedentes y documentos que prueban que una de las fuentes de financiamiento del movimiento separatista cruceño de 2008 así como de las bandas paramilitares de 2019 provino de instituciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (Cao) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz.
[27] Destacamos el “parte” porque la estructura económica y el régimen de propiedad en Bolivia fue alterado únicamente en el sector de hidrocarburos con su nacionalización, cuya participación en la economía siendo importante tampoco acabó siendo gravitante, es más, con la baja del precio de las materias primas como el gas natural, pasó a representar no más del 12% del PIB nacional, ubicándose por debajo de la agroindustria.
[28] El PIB pasó de nueve mil 674 millones de dólares en 2005 a 43 mil 080 millones de dólares en julio de 2016, para una tasa de crecimiento promedio del 5% en esos años.
[29] Tempranamente la experiencia boliviana dio espacios para el empoderamiento de estilos caudillistas que conllevaron un culto a la personalidad materializado, por ejemplo, en un museo dedicado a Evo Morales y estatuas, bustos, avenidas, escuelas, productos alimenticios, sistema de transporte público e incluso juegos deportivos escolares que llevaban su nombre o su foto. Un caso polémico fue cuando, en plena campaña electoral de 2019, Álvaro García Linera asistió a la inauguración de la Escuela Álvaro García Linera en el municipio de Punata, Departamento de Cochabamba, develando un busto de casi dos metros de él mismo. En conjunto, más de 140 obras públicas llevaban sus nombres. Apuntamos esto a modo de plantear una futura discusión política acerca de este tipo de conductas, pues vemos allí un genuino problema político-ideológico.
[30] Battisti es un excomunista y escritor italiano acusado de terrorismo y condenado a cadena perpetua en su país, que tras fugarse de prisión en 1981 se mantuvo prófugo de la justicia y en calidad de asilado en México, Francia (aceptado por Mitterrand) y Brasil (aceptado por Lula da Silva y Rousseff). Tras el golpe de Michel Temer en Brasil, este firmó su extradición a Italia, lo que llevó a Battisti a cruzar ilegalmente a Bolivia y solicitar refugio en enero de 2018. Contra lo esperado, fue detenido por las autoridades bolivianas y entregado a Italia, sin que se le concediera el anhelado asilo.
[31] En numerosas entrevistas Evo Morales ha declarado que la decisión de irse del país la tomó porque lo intentaron matar en esos días. Sin embargo, causó pesadumbre en el campo popular la ida no solo de él, sino de exministros y otros dirigentes partidarios, lo que acrecentó la sensación de desamparo.
[32] El Pacto de Unidad es una alianza conformada el 2002 entre organizaciones sociales, sindicales y campesinas con una mirada de izquierda indigenista.
[33] Las jornadas de octubre-noviembre exhibieron tres cosas inéditas en Bolivia: 1) Bandas paramilitares apertrechadas y con formación y despliegue de lucha, asistencia médica, jefaturas territoriales, entre otras; 2) Protagonismo de extranjeros, venezolanos y colombianos, en el “campo de batalla” y las calles; 3) Empleo de armamento de alto poder de fuego, como bazucas hechizas, entre otros.
[34] El empleo informal se empina sobre el 60% de la fuerza laboral, por lo tanto la cuarentena rígida fue imposible de sostener cuando la población en masa empezó a golpear las cacerolas por las noches al grito de: “Tenemos hambre”.
[35] La contundente victoria ha posibilitado que MAS obtenga mayoría absoluta en las dos cámaras del Parlamento, al asegurarse 21 de los 36 senadores y 78 de los 130 diputados.
Cortesía de revista Temas, Cuba.
http://cubarte.cult.cu/revista-temas/reflexiones-en-torno-al-golpe/
Boris Ríos. Licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia (2010). Autor del libro Presidentes y representación política. Lo demo-neoliberal en Bolivia (1985-2005) (Kipus, Bolivia, 2016); coautor de los libros Ejército de Liberación Nacional 1966-1990 (Escaparate, Chile, 2018); Ejército de Liberación Nacional. Documentos y escritos (1966-1990) (CIS, Bolivia, 2017). Ha investigado sobre el agua como bien común, comités de agua, el trabajo sexual y el mundo laboral en Bolivia. Articulista en publicaciones de Bolivia, Chile y otros países, fue el encargado de la Comisión de la Verdad por Cochabamba (2017-2019) y actualmente trabaja en una biografía de Inti Peredo.
Javier Larraín. Profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción, Chile (2010). Máster en Historia Contemporánea con mención en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de La Habana, Cuba (2011). Maestrante en Filosofía y Ciencia Política por el Cides-UMSA, Bolivia (2020). Autor del libro La izquierda chilena en tiempos de Allende y la Unidad Popular. Estrategias y tácticas políticas (Intiedit, Bolivia, 2020); coautor de los libros Ejército de Liberación Nacional 1966-1990 (Escaparate, Chile, 2018); Io e il Che (Nova Delphi Libri, Italia, 2017); Ejército de Liberación Nacional. Documentos y escritos (1966-1990) (CIS, Bolivia, 2017); Cuba y Latinoamérica en los años 60 (La Tierra, Ecuador, 2009). Docente, editor y articulista en publicaciones de Bolivia, Chile y otros países, exdirector del semanario boliviano La Época (2015-2016) y actualmente jefe editorial de la revista Correo del Alba en sus ediciones boliviana, venezolana e internacional (2016-2020).