La resolución (4055/2018) del ministerio de educación que dispone el cierre paulatino de las escuelas comerciales nocturnas no parecía el objetivo en 2015, pero los pareceres engañan. Durante ese año en la Ciudad de Buenos Aires, se había comenzado a trabajar con los rectores sobre la adecuación de las escuelas que funcionaban bajo el decreto […]
La resolución (4055/2018) del ministerio de educación que dispone el cierre paulatino de las escuelas comerciales nocturnas no parecía el objetivo en 2015, pero los pareceres engañan. Durante ese año en la Ciudad de Buenos Aires, se había comenzado a trabajar con los rectores sobre la adecuación de las escuelas que funcionaban bajo el decreto 853/74 que ofrecía la carrera en 4 años. Me consta porque fui uno de los rectores convocados y se había comenzado a diseñar la inserción de las nocturnas en el marco de lo que el gobierno llamó Nueva Escuela Secundaria (NES).
Justamente ese año (2015) se aprueba, con la resolución 321, el diseño curricular y la estructura, tanto para el ciclo básico (art. 2), como para la formación general orientada (art. 4). Nada refiere la resolución respecto de los turnos, es decir, que el nuevo diseño curricular tenía validez universal, justamente por ese motivo nos convocaban a pensar la adecuación. Cuestión que fue trasladada al conjunto de los docentes comprendidos en el turno noche puesto que había que encajar las cajas curriculares en 4 años.
Como se trataba del turno noche con alumnos con mayor edad y que en algún momento habían cursado uno o dos años en el escuela diurna y venían a la noche para completar sus estudios, se pensó como una de las propuestas, en dejar 3 años para la formación orientada y uno, el primer año, dividirlo en dos cuatrimestres para cumplimentar la formación básica de manera más concentrada. Pensarlo de esa manera implicaba, también, resguardar los puestos de trabajo.
Hasta aquí un poco de la historia de esta parte de la reforma mercantilista de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires.
La obsolescencia programada, pero no tanto
En general casi todos los funcionarios de este gobierno están vinculados con fundaciones que se proponen diseñar e incidir en las políticas públicas de la mano de los intereses privados que las asisten financieramente. Ya hemos explicado esto en varios artículos y hemos visto las tramas de la colonialidad del poder.
Son estos mismos funcionarios los que siempre esgrimen como argumento para el «cambio», la temática de la obsolescencia del sistema en general y de la educación pública en particular para concretar sus proyectos de vaciamiento y apropiación.
Uno de estos ejemplos es el propio director de escuelas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny (ex titular de la empresa Kuepa.com, que presta servicios educativos y de otras off shore) que con una resolución1 decide dejar sin efecto el convenio2 que algunas escuelas técnicas tenían con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), apelando al argumento: «…el Plan de Estudios vigente está totalmente desactualizado, no adecuándose a las necesidades de la política educativa actual…»
Es decir que el convenio había perdido actualidad, estaba obsoleto puesto que era de 1995.
Sin embargo, pocos meses después otra resolución3 del director de escuelas aprueba el convenio para otorgar una de las escuelas, desvinculada de la UTN, a una fundación.
Pero volviendo a la disolución de la escuela nocturna en la Ciudad de Buenos Aires, parece ser que lo que es obsoleto en algún caso, no lo es en otro. Puesto que en la resolución 4055, la ministra Soledad Acuña, argumenta su decisión con el decreto 1990/97 de Fernando De la Rúa, cuando era jefe de gobierno y no había ministerio, sino secretaría.
Esto dice la resolución de la ministra Acuña: «Que el Decreto N° 1990/97, establece las pautas para la evaluación integral de las necesidades de la estructura organizativa de los establecimientos educativos de los distintos niveles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en este sentido por Resolución N° 1416-01/SEyC/94 se han establecido los criterios para la distribución de los cargos y horas cátedra con la finalidad de mejorar el servicio educativo y atender los derechos del docente».
Es decir, un decreto que a todas luces carece de total legitimidad, por su obsolescencia manifiesta, han pasado 21 años de un decreto de ajuste de gasto de la secretaría de educación de aquélla época. El decreto establece pautas de distribución docente, congela vacantes para ocupar cargos, establece los límites mínimos para crear cursos y los límites mínimos y máximos para funcionar, y en esos límites establece 18 alumnos para funcionar y 45 como máximo. Es decir que de acuerdo con el obsoleto decreto de ajuste de De la Rúa, con menos de 18 alumnos el curso se fusionaría con algún otro, puesto que se establece un máximo de 45 alumnos, cosa que sólo puede pasarle por la cabeza a un burócrata enajenado cultor de la pedagogía instrumental del ajuste.
En el mismo sentido aparece la resolución 1416, que fija el orden de prioridad que tienen los docentes (de acuerdo con las horas vacantes, puntaje, titularidad) en el procedimiento de supresión de cargos o grupos de horas. Todas «normativas» del ajuste.
La fusión de Institutos de Formación Técnica está en la misma sintonía del ajuste, o el traslado de la escuela de Cerámica N° 1, tal vez pensado en una futura fusión o en un negocio inmobiliario.
Nada de todo lo que hagan políticamente contribuye a un debate en educación, sólo responde a las necesidades instrumentales del achique del presupuesto, de cumplir con las demandas de la OCDE y del FMI y de continuar la expansión del mercado educativo como lo demanda esta reforma.
Cabe agregar, para finalizar, que no se trata sólo de un cambio de gobierno, se trata de pensar otro modelo social, económico y político distinto al de las «democracias» empresariales, atendida por sus dueños o por sus gerentes.
Porque aun repasando su propia normativa, todos los «cambios» de este gobierno en educación se fundamentan tanto en esos decretos y resoluciones de los ’90, que tampoco fueron derogados posteriormente por los gobiernos siguientes, como en la Ley Nacional de Educación y en resoluciones y disposiciones del Consejo Federal de Educación, creado por esa ley.
Así como, tampoco fue revisada la Ley de Educación Superior, otro engendro en el que se argumenta también el «Caballo de Troya», llamado UniCABA, un adefesio que para poder ser votada la ley que le dio legalidad, hubo que rodear la legislatura de fuerzas de (in) seguridad por el nulo consenso que tenía el arma para la disolución de los profesorados.
Como vemos todo lo público es degradable o negociable. O desaparece porque no es rentable o es apropiado porque sí lo es.
Estamos en presencia de un proceso que puso en crisis el sistema de educación pública, de un nefasto cambio de paradigma, con la exclusión de quienes la hacen y la transitan todos los días.
Tal vez podamos prescindir de sus obsoletos ministerios que deciden nuestros destinos y de sus fundaciones y ong, que viven parasitariamente de los dineros públicos y aconsejan la charterización del sistema, para tomar el control efectivo sobre las escuelas, sus docentes y lograr la derogación total del estatuto que regula la actividad como lo pretende la OCDE y son, también, sus coloniales objetivos.
Destruir derechos, cerrar escuelas, degradar institutos de formación, despreciar universidades públicas, precarizar la docencia más aun, instalar la competencia entre docentes y centros educativos, es la manifestación de lo perverso. Incluso anunciar el cierre de los primeros años de las escuelas nocturnas, comprendidas en esa resolución para el 2019, en diciembre de 2018 es meramente cinismo ministerial o debería decir gubernamental.
Es hora de un Congreso Pedagógico de amplia convocatoria donde se debata a fondo quién y cómo gobierna la educación, prescindiendo de todos los que han colaborado para que esta reforma continúe, para que este proceso de pauperización de la educación pública continúe.
Encontrar un formato que también defina otro modelo educativo, desde las escuelas, desde los institutos de formación y desde las universidades, que quiebre el modelo colonial – mercantilista que la reforma nos impone.
Notas:
1 RESFC-2018-1187-GDEBA-DGCYE
2 Convenio de Articulación y Acreditación Académica 562/95 suscripto entre la Dirección General de Cultura y Educación y la Universidad Tecnológica Nacional, aprobado por Resolución n° 1956/95
3 RESFC-2018-3237-GDEBA-DGCYE
Darío Balvidares es profesor y licenciado en Letras, egresado de la FFy L de la UBA. Investigador en política educativa. Exrector de la Escuela de Comercio 3 D.E. 7 Hipólito Vieytes.
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