No hay duda ya de que la intención del bloque en el poder es llevar adelante en las próximas semanas la reforma constitucional que les permita abrir el sector petrolero a la inversión privada extranjera. No sólo la burocracia peñista sino, una vez superado el episodio de las elecciones locales y reconocido el real o […]
No hay duda ya de que la intención del bloque en el poder es llevar adelante en las próximas semanas la reforma constitucional que les permita abrir el sector petrolero a la inversión privada extranjera. No sólo la burocracia peñista sino, una vez superado el episodio de las elecciones locales y reconocido el real o artificioso triunfo del PAN en Baja California, también sus aliados del Pacto por México y, desde luego, las cúpulas empresariales, están decididos a impulsar de inmediato la madre de todas las reformas. Tras bambalinas, sin manifestaciones públicas pero siguiendo con atención el proceso en ciernes, el capital internacional que para los efectos personifican las grandes empresas del ramo energético y de hidrocarburos y que son las directamente interesadas en la apertura.
Dicho bloque ha medido ya que cuenta con la fuerza parlamentaria para sacar adelante la reforma. Los dos tercios de los votos necesarios para modificar la Constitución en ambas cámaras del Congreso los completa con los legisladores del PRI y el PAN, aun sin contar a sus aliados menores, del mismo modo que las mayorías en las legislaturas locales. Pero no sólo eso. Dos reformas anteriores, la laboral y la de control magisterial proclamada como «educativa», las sacaron adelante sin dificultad en ese mismo ámbito legislativo, si bien en este segundo caso enfrentando la incesante movilización de los docentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Ya que no hubo en ninguno de esos dos casos una respuesta sindical o popular suficiente para echar atrás las iniciativas del Ejecutivo, hay de entrada un escenario legislativo ampliamente favorable para cocinar la reforma que permita nuevamente la entrada masiva del capital extranjero a las reservas mexicanas de hidrocarburos y convierta a Pemex ―esa nacional empresa de la que no se va a vender «ni un tornillo»― en una más, sólo una más, de las corporaciones interesadas en la exploración, extracción, refinamiento y distribución del petróleo hasta hoy nacional. Porque además se trata de un proceso largamente preparado por los gobiernos tanto del PRI como del PAN no sólo en el terreno de la opinión pública sino en el del soborno y corrupción del sindicato petrolero.
La modalidad de la privatización que se prepara no es la de la enajenación de los bienes hoy en manos de la empresa petrolera nacional sino directamente la de la apertura, mediante los ya conocidos contratos de riesgo, de los yacimientos ―particularmente los ubicados en lechos marítimos profundos, pero no necesariamente sólo éstos― a la explotación por empresas externas. Era ése el contenido esencial de la iniciativa presentada en 2008 por Felipe Calderón y parcialmente abortada por la movilización popular y los foros de expertos realizados en ese entonces en el Senado; pero también significativamente, la que en un reciente artículo (La Jornada, 22 de julio) ha comenzado a manejar Rogelio Montemayor, ex director de Pemex en la última fase del gobierno zedillista. Tales contratos permitirían a las empresas beneficiadas explorar y extraer directamente el petróleo mexicano asumiendo, sí, el riesgo que esas operaciones representan, pero también adueñándose directamente de la renta que los hidrocarburos generan en el mercado mundial a los países productores.
Pero para sacar adelante su reforma, los poderes institucionalizados y los fácticos no tienen, pese a todo, el consenso de la población. Son dos ya los sondeos que muestran con contundencia que la mayoría de los ciudadanos mexicanos no aprueba la apertura del sector al capital privado. Primero, el estudio realizado por académicos del CIDE y que ya mencioné en un anterior artículo, según el cual el 65 por ciento de los encuestados rechaza la privatización petrolera; ahora, un segundo escrutinio de opinión, efectuado nada menos que por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados muestra que el 55 por ciento de encuestados por vía telefónica considera que la inversión extranjera en el petróleo sería un ataque a la soberanía nacional.
El problema para los privatizadores del PAN y el PRI estriba en que, si bien cuentan con una mayoría electoral que se traduce en votos en el poder Legislativo, se trata de una masa social no organizada y que muy difícilmente se manifestaría o movilizaría a favor de la privatización, en tanto que, como se vio en 2008, sí existe un sector social importante dispuesto a expresarse en contra. En ese año se derrotó el intento privatizador mediante la movilización callejera, pero también gracias a los foros que se organizaron en la Cámara de Senadores con expertos que, en general, se mostraron opuestos a la apertura del sector.
Esto último no tendría por qué ser diferente cinco años después; lo que ha cambiado es, sin embargo, la nueva situación política que ha significado el regreso del priismo a la presidencia de la República y su reconstruida mayoría en el Congreso y las legislaturas estatales. Es a eso, a sus alianzas con el PAN y a la neutralización política del PRD a lo que el nuevo gobierno apuesta para sacar adelante el proyecto privatizador.
En el actual contexto, sólo el Movimiento de Regeneración Nacional de López Obrador y sus aliados representan una oposición activa amplia, en tanto que el PRD se encuentra atravesado por sus contradicciones, desprestigiado por la corrupción y entreguismo de sus dirigentes y aislado del movimiento social por la represión que sus gobiernos han desplegado contra él. ¿Cómo leer el que el IFE haya revivido una cuantiosa multa contra ese partido por el plantón de 2006 en Reforma (que no fue un delito electoral), si no como una advertencia para el caso de que éste partido asuma o se sume a formas más radicales de protesta? Se trata de aislarlo del movimiento lopezobradorista que ya ha anunciado manifestarse contra la inminente reforma. Igualmente, una nueva sublevación ciudadana, por pacífica que sea, podría costarle al Morena la negativa de su registro electoral para 2015.
Peña Nieto no tiene otra opción que sacar adelante la reforma de manera fulminante y sin consulta alguna. Por eso sus voceros como Luis Videgaray han ofrecido que la iniciativa se hará llegar al Congreso en el mes de agosto, esto es, antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, seguramente con el fin de que sea dictaminada por las comisiones, y que en los primeros días de septiembre pueda ser votada en el pleno, antes de que inicie la movilización anunciada por AMLO para el 8 de ese mes. Debe adelantarse también a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2014, que ya incorporarán la llamada reforma fiscal.
De lo que no hay duda es de que la iniciativa en materia petrolera dividirá a la opinión pública y a la sociedad mexicana, desatando una oposición activa de una magnitud que no se ha visto en las anteriores reformas. No es sólo lo contrario de lo que Peña Nieto ofreció en campaña hace apenas un poco más de un año, sino también una paradoja histórica, tomando en cuenta que otrora, cuando en 1938 el presidente Cárdenas decretó la expropiación, casi todos los sectores de la sociedad mexicana ―incluso la iglesia católica― se volcaron en apoyo al acto nacionalizador y que seguramente en ese momento la nación estuvo unificada como nunca en su historia.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH