No por explicada por el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard y por el mismo presidente López Obrador en su “mañanera”, deja de ser oscura la negociación entre el gobierno mexicano y el de los Estados Unidos que condujo a la virtual liberación (“con las reservas del caso”) del general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Su detención sorpresiva el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles cimbró profundamente las estructuras del Estado mexicano y, sobre todo, las del Ejército. Ahora, su aún más inesperada “deportación”, sacude a la opinión pública mexicana con interrogantes y, en alguna medida lo hará a diversas instituciones de los Estados Unidos.
Ya quedan claras algunas cosas: fue nuestro país, a través de la Fiscalía General de la República y con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien intercedió a favor del general y solicitó su repatriación. El 11 de noviembre, el Departamento de Justicia estadounidense entregó a la cancillería mexicana, a solicitud presentada ante aquél por la FGR, un paquete de 700 documentos probatorios en los que se fundamentan las acusaciones contra el militar; pero la SRE sólo lo entregó a la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero seis días después, el 17 de noviembre, según lo afirmado por el secretario Marcelo Ebrard. Previamente, desde poco después del arresto de Cienfuegos, se había filtrado a diversos medios de prensa que los fiscales de ese país disponían de alrededor de mil documentos, grabaciones y mensajes de BlackBerry que lo inculpaban vinculándolo desde hace diez años con el cártel de los Beltrán Leyva y especialmente con el brazo de éste que opera en Nayarit, conocido como H2. Y esas pruebas tiene que haber sido evaluadas por la juez que, desde más de un año antes del 15 de octubre, emitió la orden de aprehensión que se ejecutó en Los Ángeles.
A pesar del abultado expediente contra el ex secretario de la Defensa Nacional, el fiscal estadounidense Seth D. DuCharme presentó ante la jueza Carol B. Amon el 16 de noviembre la solicitud de que la corte a su cargo desestimara “sin perjuicio” las acusaciones enderezadas anteriormente contra Cienfuegos, conforme a la regla 48 (a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos (el documento correspondiente en https://aristeguinoticias.com/1711/mundo/estos-son-los-documentos-del-caso-cienfuegos-que-la-fiscalia-federal-de-eu-queria-mantener-en-secreto-documentos/). Esa norma establece la hipótesis de que razones de seguridad nacional de política exterior u otras puedan conducir al Departamento de Justicia a desistirse de un litigio o a abandonar un caso ante los tribunales.
Así ocurrió en esta ocasión. El fiscal DuCharme argumentó que en el asunto Cienfuegos existen “consideraciones sensibles e importantes en materia de política exterior [que] superan el interés del gobierno en perseguir el procesamiento del imputado en la totalidad de las circunstancias”. La jueza, en la audiencia del 18 de noviembre, admitió que se trata de un “caso excepcional”, y dijo entender que la petición venía del “más alto nivel” del Departamento de Justicia, es decir del procurador William Barr. El asunto fue tratado, por tanto, en términos diplomáticos por las autoridades mexicanas ante el procurador estadounidense. ¿Por qué lo hicieron?
Según las consideraciones de DuCharme ante la jueza, durante las pláticas recientes con el Departamento de Justicia éste fue informado por el gobierno mexicano de que la Fiscalía General de la República había iniciado su propia carpeta de investigación contra el acusado, y de que, por tanto, podría ser llevado a juicio por nuestro país. Esta última parece haber sido la condición para que los fiscales estadounidenses aceptaran la devolución de Cienfuegos a México, que finalmente se concedió bajo la figura de una “deportación”, es decir, como si el general hubiera violado las leyes migratorias de los Estados Unidos o se encontrara en ese país de manera irregular. Y es por tanto un compromiso entre el gobierno mexicano y el Departamento de Justicia estadounidense de que la FGR investigará y procesará a Cienfuegos por los delitos que se le imputan: tres cargos por narcotráfico y uno por lavado de dinero.
En su conferencia matutina del mismo miércoles18, el presidente López Obrador reiteró que antes de la detención de Cienfuegos en los Estados Unidos no existía en nuestro país ninguna investigación ni acusación contra él. ¿Cuándo inició, entonces, sus indagaciones la FGR? El propio presidente lo respondió: “comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba. La Secretaría de Relaciones Exteriores entrega primero de manera informal a la FGR lo que nos entregan de Estados Unidos y luego, ya formalmente, se recibe y la FGR abre una investigación con esos elementos”. Podemos entender, entonces, que Cienfuegos es investigado en México apenas desde el 17 de noviembre, el mismo día en que se emitió el comunicado conjunto anunciando la intención del Departamento de Justicia de solicitar la desestimación de los cargos, y lo es con base en la documentación entregada por la justicia estadounidense. Es un revire a tercera base del gobierno estadounidense al mexicano, que pondrá a prueba a éste en su voluntad y capacidad para juzgar al general inculpado.
En la misma conferencia de prensa, Marcelo Ebrard afirmó que México no solicitó la extradición de Cienfuegos, puesto que no existe aquí orden de aprehensión contra él. El general en retiro podrá deambular libremente por el país, e incluso viajar sin trabas al extranjero. También sostuvo que, en su caso, será juzgado por las instancias de orden civil, no las militares, porque los delitos que se le imputan desbordan su papel como comandante de las fuerzas armadas.
Lo que hay detrás de la virtual liberación de Salvador Cienfuegos por la justicia estadounidense, un hecho sin precedente, es el interés del gobierno mexicano. Hasta dónde puede haber influido la buena relación que López Obrador mantiene con el gobierno de Donald Trump siendo aquél uno de los pocos en el mundo que no ha felicitado a Joe Biden por su triunfo en las pasadas elecciones presidenciales y atender a los caprichosos recursos del todavía presidente, es algo muy difícil de establecer; pero la solicitud del fiscal DuCharme a la jueza Amon habla de “mantener la cooperación con México en la lucha antidrogas”. Y es que, como lo anunciaron en su momento, López Obrador y Ebrard pueden haber amenazado al gobierno estadounidense con limitar la presencia de los agentes de la DEA en nuestro territorio, e incluso con expulsar a algunos de ellos, como lo registró el diario The Washington Post. También con excluir al ejército de la colaboración en las operaciones antidrogas y con no colaborar en la extradición de delincuentes buscados por la justicia estadounidense.
Queda claro, entonces, que el gobierno mexicano echó toda la carne al asador para traer a Cienfuegos al territorio nacional, como ha ocurrido. A pesar de que el presidente declaró que lo haría por cualquier otro mexicano, en defensa de principios, y que era su obligación hacerlo, se trata de una gestión inédita, que no se ha realizado en el caso de Genaro García Luna ni en ninguno otro. ¿Por qué lo hizo?
En su momento, el presidente López Obrador asumió implícitamente las razones para que el general fuera detenido cuando declaró, el 16 de octubre, que la aprehensión era “muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, refiriéndose al gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto. Ahora gira y afirma que, si bien no hay impunidad, “no se va a permitir la fabricación de delitos”. La presión al presidente para poner en juego la diplomacia ante el gobierno estadounidense proviene, sin duda, del ejército. Al ser detenido Cienfuegos en octubre, categóricamente el presidente afirmó que eso no involucraba a las fuerzas armadas como institución, que se trataba sólo de un asunto individual; el miércoles 18, el canciller Ebrard afirma que la repatriación del reo es un “desagravio” a las fuerzas armadas. Desde el momento en que el ex secretario de la Defensa fue aprehendido, el Estado Mayor y, muy probablemente el propio secretario actual del ramo, operaron presionando al presidente hasta obtener lo que ahora han logrado.
Hay un factor de enorme peso. Cienfuegos en una corte de los Estados Unidos era una amenaza para la estructura superior de la milicia mexicana. Ante la posibilidad de que el ser condenado a cadena perpetua lo llevara a colaborar con la justicia de nuestros vecinos y a delatar las redes de corrupción y colaboración con el narcotráfico que existen en las fuerzas armadas debe haber alarmado a muchos.
Pero la repatriación de Salvador Cienfuegos en virtual libertad deja todavía muchas interrogantes. Echa por tierra una investigación de diez años que involucraría a militares y personajes de la vida civil. ¿Cómo será en el futuro la relación de la DEA, hoy vilipendiada por la decisión del Departamento de Justicia, con el gobierno de López Obrador? ¿Como reaccionará el nuevo presidente Joe Biden ante esa abrupta decisión del trumpismo? Tarde no será para que lo sepamos.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente: https://cambiodemichoacan.com.mx/2020/11/20/rescatando-al-soldado-cienfuegos/