De manera aparentemente absurda e inexplicable, el recién establecido derecho a la revocación de mandato se ha convertido en un nuevo punto de discordia entre el gobierno y sus aparatos, incluyendo al partido denominado Morena, y el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova Vianello.
Seguramente, para alguien que observe desde el extranjero este peculiar conflicto, o para quien no tenga los elementos de contexto, resultaría un asunto totalmente excéntrico, incluso surrealista, kafkiano. En la situación actual de la política mexicana, gratuito podrá ser, pero con una lógica clara.
La revocación, según Rodrigo Borja, se ubica como una de las formas de la participación popular en los asuntos del Estado, dentro de un régimen democrático, y consiste en la “opción que se da a los electores para que puedan, en nueva votación, revocar el mandato político otorgado electoralmente a un magistrado de naturaleza representativa, antes de que cumpla el periodo para el que fue elegido, cuando consideren que ha incurrido en falta de capacidad o de probidad en el ejercicio de sus funciones. Donde existe la institución [de la revocación] el cuerpo electoral tiene el derecho de elegir pero conserva también el de destituir en las urnas al magistrado elegido. […] implica el retiro de la confianza depositada en él. Es un mecanismo constitucional para asegurar la responsabilidad de los gobernantes” (Enciclopedia de la política. Tomo II, p. 1665).
Como debiera resultar claro, se trata de un derecho colectivo que implica la existencia de un gran descontento de los gobernados con sus gobernantes una vez que éstos se encuentran en el desempeño del cargo, y no de una formulación abstracta de derecho constitucional aplicable en cualquier momento. Y es un derecho, en lo particular, del sector de ciudadanos insatisfechos con el actuar del gobernante o representante.
Pero no; en México resulta que no son los opositores y descontentos con el gobierno lopezobradorista quienes promueven la revocación, sino el presidente mismo, sus operadores y sus seguidores incondicionales. ¿Así o más absurdo, como lo expresan los jóvenes? Si el presidente mismo se siente incapaz, ¿por qué no simplemente renuncia o solicita una licencia por tiempo indeterminado? ¿Sí la gente está satisfecha, por qué ha de recurrir a un procedimiento extremo —extremo, subrayo—, como es el de la remoción constitucional o revocación?
Está claro, a estas alturas, que el procedimiento ya iniciado tiene para sus impulsores tres aspectos bien claros. Primero, dar una muestra de respaldo aún más contundente al presidente que el que los diversos sondeos de opinión muestran, y que en todos los casos lo ubican por arriba de un 60 por ciento de aprobación, y usar el instrumento revocatorio para infligir a la muy disminuida oposición realmente existente una nueva derrota política, más allá de las que electoralmente ya ha recibido; segundo, un nuevo gran movimiento de distracción de la atención pública como otras tantas bolas de humo que desde el gobierno mismo se ha aprendido en tres años a lanzar para evitar el debate en profundidad de los problemas de la nación; y tercero, cobrar agravios no al gobernante mismo sino al órgano facultado para realizar la consulta, el Consejo General del INE, como una instancia que demostradamente el presidente no ha logrado incorporar a su esfera de control. En los tres casos, se trata de un uso no sólo abusivo sino distorsionado del procedimiento, muy alejado de los propósitos democráticos para los que fue concebido.
Por eso, y no porque la disputa real se ubique entre los impugnadores y los defensores del presidente López Obrador, es que se ha elevado el tono del discurso hasta niveles de encono contra quienes cuestionan ese empleo provocador del instrumento de democracia directa y, peor, contra el organismo operativo de la consulta misma. Estamos ante una de las formas supremas del autoritarismo presidencial: el uso de una postura pseudodemocrática para expropiar a los ciudadanos de la sociedad civil un instrumento que a éstos les pertenece por derecho propio, para ponerlo al servicio de los fines del presidente mismo y su aparato de poder.
¿Cómo explicar si no que, ante el acuerdo del INE de prorrogar algunas de las fases del proceso revocatorio, sea el mismo presidente el que, molesto, anuncia recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia para asegurar que la consulta que, en teoría, puede removerlo del cargo, se realice?
Pero a esa perversión demagógica (“el pueblo pone, el pueblo quita”) de un instrumento de efectiva democracia directa, se agrega el segundo de los usos que AMLO ha decidido darle. Resulta que cuando en tres años no hay resultados visibles en seguridad pública; cuando la economía se mantiene insuficientemente reanimada y la inflación retoma niveles que no había tenido en más de dos décadas; cuando la pandemia no ha sido vencida y el país se sigue ubicando entre los de mayor mortalidad en el mundo por Covid-19; cuando en el sur del país se enfrenta una verdadera crisis migratoria por los flujos de refugiados centroamericanos cuyos derechos humanos se violentan constantemente por la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración; cuando está muy cerca de naufragar en el Congreso el estratégico proyecto de reforma al sector eléctrico, y lo está por la estrategia de confrontación elegida por el propio presidente; cuando el escaso producto interno, lejos de redistribuirse entre el conjunto de la población, sigue su imparable proceso de concentración en manos de la muy pequeña oligarquía dueña del país, pese a que “primero los pobres” se siga proclamando en el discurso; cuando la pobreza se ha extendido en vez de verse reducida, pese a los programas asistenciales que con intereses electorales maneja el gobierno de la República; cuando la también vigorosa entrega de las funciones de la vida civil a las fuerzas armadas —mediante declaratorias de prioridades de seguridad nacional y ahora la adjudicación de la administración de bienes nacionales— prosigue también con total enjundia; cuando el número de desaparecidos en el país alcanza la escalofriante cifra de 100 mil, reconocidos por el propio gobierno pero con desdén hacia las víctimas; cuando, en fin, una gama de problemas sigue afectando a la población, aparece, desde la tribuna misma presidencial el tema de la aparentada revocación de mandato como si fuera ésta legítimamente promovida por quienes han perdido la confianza en el presidente.
Pero las reservas que la mayoría del Consejo General del INE ha manifestado para realizar una efectiva consulta con los recursos limitados de los que dispone ha abierto la ocasión para que el presidente, su partido y el presidente de la Cámara de Diputados lleguen a plantear la posibilidad, no remota, de removerlos de sus cargos e incluso reestructurar por completo al instituto, cobrándose así diversas ofensas, como la de haber anulado, en cumplimiento de la ley, las candidaturas de un gran número de postulados por Morena para las pasadas elecciones concurrentes de junio, entre ellos destacadamente la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón Orozco en Michoacán.
La estrategia presidencial, secundada y ejecutada particularmente por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, es muy clara: desde la asignación del presupuesto para 2022, se aplicó un recorte sustancial al INE por más de 2 550 millones, (de un 33 por ciento, aproximadamente) particularmente a la partida solicitada para realizar el proceso de revocación de mandato —que tiene un costo similar a la de una elección presidencial, unos 3 830 millones, según lo estima el Consejo General—; acto seguido se exige que se programe y realice la consulta como si se hubiera asignado el recurso necesario, y cuando el órgano constitucionalmente autónomo reclama el recorte y aduce que tiene que aplazar algunas acciones del proceso hasta contar con los recursos necesarios, se espetan amenazas contra los consejeros que llegan, incluso, a la de hacer denuncias penales contra los consejeros, como lo ha planteado el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna. No sería difícil que, de admitirse las denuncias, la Cámara proceda al desafuero de los consejeros para sustituirlos y cristalizar así el designio presidencial.
Se argumenta, entre varias otras cosas, que la suspensión del proceso o su aplazamiento afectaría incluso derechos humanos a los ciudadanos. En absoluto puede aducirse así. La revocación es un derecho político, sin duda, pero no aplicable en cualquier circunstancia ni incondicionado. El artículo 35 que lo establece condiciona su realización a que previamente se cubra un requisito: que sea un 3 % de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores quienes la soliciten ante el Instituto Nacional Electoral. Ese requisito no se ha cubierto aún, por lo que no hay certidumbre de que la consulta deba realizarse.
Por lo demás, no existiendo realmente impugnaciones de peso a la gestión del titular del Ejecutivo que fundamenten su remoción, no se requiere ninguna ratificación y su gestión terminará, tal como lo establece la sentencia judicial que le entregó la presidencia, el 30 de septiembre de 2024.
Pero para reunir las suscripciones ciudadanas, y conociéndose los altos niveles de popularidad del presidente López Obrador, Morena y algunas organizaciones supuestamente civiles creadas con ese propósito, solicitan el consentimiento de los ciudadanos para realizar no una revocación —único concepto admitido por la Constitución y la ley reglamentaria—, sino para la ratificación del presidente. Increíblemente absurdo que sean los partidarios del gobernante quienes promuevan su falsa revocación; pero así se maneja la política en nuestro país.
Que la Comisión de Receso de la SCJN haya admitido el recurso interpuesto por la Cámara de Diputados contra el acuerdo del INE del viernes 17 de diciembre no resuelve para nada el fondo del asunto: la constitucionalidad o no del recorte que se aplicó a las finanzas del INE, impugnado por éste, así como la de la pregunta, como ésta ha sido formulada para aparecer en la boleta, que no se refiere sólo a la revocación sino a la ratificación. De ello tendrá que ocuparse la Corte el próximo mes de enero para zanjar en definitiva el espinoso asunto en que se ha convertido la demagógica consulta. Y no sería extraño que el máximo tribunal del país ordene a la Cámara asignar al INE los recursos necesarios para que el proceso pueda realizarse el próximo mes de abril conforme a lo prescrito en la Constitución y las leyes secundarias.
Pero nunca más, en principio, debiera hacerse un uso político faccioso como el que el gobierno federal, su órgano partidario y algunos adláteres lo pretenden hacer de un recurso constitucional. La inscripción del derecho a la revocación —que pertenece a los ciudadanos— en nuestro andamiaje jurídico, es un logro sin duda histórico que debe reservarse precisamente para cuando la situación lo exija. Manipulado, como lo está hoy, por el régimen, no viene sino a ratificar una vieja sentencia de la vida democrática: “la política es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos”.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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