A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Cultura y Derecho Indígena es necesario destacar los alcances y significados de ese histórico proceso de diálogo-negociación entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que, a diferencia de otras experiencias en América Latina como Guatemala, El Salvador, Colombia o Nicaragua, se caracterizó por la presencia protagónica de la sociedad civil mexicana, a través de la inclusión como “asesores” e “invitados” de representantes de unos 40 pueblos originarios, dirigentes de sindicatos y organizaciones políticas diversas, escritores, periodistas, intelectuales orgánicos y militantes de variados movimientos, integrantes de la academia comprometida, quienes, “por consenso”, elaborarían las propuestas a presentar por el EZLN y que, en su conjunto, conformarían lo más cercano a un Congreso Constituyente. Incluso, este proceso fue normado por el Congreso de la Unión a partir de la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas.
La forma como se organizaron las sesiones acordadas: a) derechos y cultura indígena, b) democracia y justicia, c) bienestar y desarrollo y d) derechos de la mujer en Chiapas, de las cuales sólo se llevaría al cabo la primera mesa, permitió la discusión ordenada, profunda y democrática entre asesores e invitados, en un ambiente de hermandad y compromiso con una causa justa, que fue forjando una cultura política muy distinta a la impuesta por décadas por el régimen de partido de Estado, caracterizado por la corrupción, el clientelismo, el arribismo y la carencia de principios éticos. El acompañamiento a la delegación zapatista durante interminables sesiones de trabajo impactó a las y los participantes, muchos de quienes han conformado durante estas tres décadas el entorno solidario del zapatismo.
El abril de 2001 publiqué en La Jornada un texto con el significativo título de “Traición en el Congreso”, en el que denunciaba la aprobación de una ley que violaba los acuerdos pactados al: a) reducir el reconocimiento de pueblos y comunidades y sus derechos de libre determinación y autonomía a la correlación de fuerzas en los estados; b) cancelar el ejercicio autonómico al ámbito de uno o más pueblos, y en los niveles que lo hagan valer; c) desterritorializar a los pueblos indígenas y negar el uso colectivo de sus tierras; d) introducir de contrabando un candado que legitimaba las formas de propiedad de la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional, que por acuerdo de las partes se discutiría en la tercera mesa del diálogo; e) negar a las comunidades ser reconocidas como sujetos de derecho público; f) minimizar el derecho de los pueblos a la participación política, al establecer acciones de gobierno negatorias de la autonomía por su franco carácter asistencialista, y por considerar a los pueblos indios como “sujetos víctimas” y objetos pasivos de la acción del Estado.
Para los pueblos indígenas existe una cosmogonía en torno a la “tierra” y el “territorio”. Además de ser la fuente de sus escasos recursos económicos y la base material de su reproducción, son los recintos de sus riquezas espirituales, de su contacto y estancia en el mundo; son el núcleo de sus identidades en tanto pueblos y comunidades; son el espacio de la convivencia familiar; implican el contacto con las generaciones precedentes, los padres, los abuelos y la ligazón con las generaciones futuras, los hijos, los nietos. Desde la tierra y el territorio se mide y se calcula el tiempo. La tierra atrapa el sudor y el sufrimiento, las esperanzas y las alegrías. Desde ahí se vislumbra la mañana y la noche, el frío y el calor. La naturaleza no está escindida de los sujetos, como ocurre en las grandes urbes, sino que existe en estrecha interrelación con los pueblos. La tierra y los territorios, en síntesis, no son para los pueblos indígenas una mercancía más, susceptible de ser enajenada; son, por el contrario, la fuente de su riqueza material y espiritual; las condiciones de su ser en el mundo. Al negar a los pueblos el derecho al territorio y al uso colectivo de la tierra, se niega su contenido social-milenario. En la reforma aprobada por el Congreso privó la perspectiva de la discriminación hacia los indígenas, repleta de candados que expresan el temor de los oligarcas, neoencomenderos y políticos profesionales al ejercicio de las autonomías indígenas. La traición se fraguó en el Senado de la República. En esta Cámara se elaboró el dictamen bajo la supervisión de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y con la complicidad de senadores del Partido de la Revolución Democrática, que compartieron la secrecía del documento, dado a conocer a unas horas de su votación.
De este proceso, fue significativa la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI), que este 12 de octubre celebrará sus 30 años.
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