«El Gobierno ha hecho los deberes» para frenar las descargas de contenidos protegidos en Internet. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, explicaba de esta manera ayer, en el Senado, la «disposición final» que se escondía en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, y que contempla el cierre de páginas que vulneren la propiedad […]
«El Gobierno ha hecho los deberes» para frenar las descargas de contenidos protegidos en Internet. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, explicaba de esta manera ayer, en el Senado, la «disposición final» que se escondía en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, y que contempla el cierre de páginas que vulneren la propiedad intelectual. Pero el hecho de que sea el Ministerio de Cultura, y no un juez, quien pueda cerrar una página web, provocó ayer una intensa protesta en la Red española.
El anteproyecto, que modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) especifica que «se actuará contra aquellos que exploten los derechos de las obras ajenas, no contra los usuarios«, en palabras de González-Sinde. También el ministro de Industria, Miguel Sebastián, insistió en que no se perseguirá a los usuarios sino que el Ejecutivo actuará «para evitar que haya páginas de descargas ilegales».
La norma prescinde de los jueces, que han archivado una treintena de casos
Sin señalarlas, ambos ministros hablaban de las páginas de enlaces P2P. Los autores y entidades de gestión habían depositado su confianza en que el Gobierno acabara con la actividad de estas web, después de que los jueces hayan archivado una treintena de denuncias de la industria cultural y hayan llegado, incluso, a ordenar la reapertura de dos de ellas, en una sentencia conocida la semana pasada.
Ahora, el procedimiento previsto por el Gobierno para cerrar estas páginas prescinde de los jueces. La futura ley prevé que sea una refundada Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, a la que Sinde calificó de «comisión independiente compuesta por expertos», la que examine si un prestador de servicios de Internet vulnera los derechos de autor y, en su caso, dar la orden a los operadores que bloqueen esa página.
Estas compañías prefirieron ayer guardar silencio. Tanto la principal operadora, como Telefónica, como la asociación que las engloba, Redtel, aseguraron que no sabían que el anteproyecto incluyera este cambio legal. Por ello, dijeron que tenían que estudiar las implicaciones de la medida «porque entra de lleno en el negocio», dijo un portavoz.
Las operadoras no sabían que el anteproyecto incluía este cambio
Abogados críticos
Los abogados consultados por Público, mientras, coinciden en la misma idea: con las nuevas competencias otorgadas a la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura se sortea a los jueces. «La estrategia antes era judicial y ahora buscan conseguirlo por la vía gubernamental», explica el abogado David Maeztu. Por su parte, David Bravo, que junto a Javier de la Cueva ha defendido a una veintena de páginas de enlaces ante los jueces, es contundente: «Se han quitado de en medio a los jueces», dice. Caso tras caso, los tribunales han mantenido que estos sitios no cometen un delito ni incurren en un ilícito civil. «Ahora, el cierre lo decidirá el Ministerio de Cultura», añade Bravo.
La legislación, en particular la LSSI, ya recogía la posibilidad de que un órgano administrativo cierre una página web pero sólo en cuatro supuestos: salvaguarda del orden público, protección de la salud pública, respeto a la dignidad de la persona y la protección de la infancia; «delitos graves», resume Bravo. Javier de la Cueva considera que se ha consumado una «perversa alteración de valores, anteponiendo la propiedad intelectual a los derechos fundamentales».
La legislación ya recogía el cierre administrativo pero sólo en casos graves
Recopilar datos
La nueva Comisión de Propiedad Intelectual podrá ordenar a los operadores que revelen los datos necesarios para identificar a los dueños de las páginas con las que haya abierto un procedimiento. Para el abogado Carlos Sánchez Almeida, éste y otros puntos de la medida se extralimitan. «Se faculta a un órgano administrativo a imponer restricciones que solo podría imponer un juez», comenta. Y hay un riesgo añadido, coinciden en destacar Bravo y Sánchez Almeida. Esta atribución de funciones especiales a la Comisión de Propiedad Intelectual «abre la puerta a que se convierta este órgano en el censor de la Red», teme Almeida. Bravo asegura que el objeto último de la ley no son las páginas P2P. «Esto afecta a todo prestador de servicios de Internet».
A la oposición parlamentaria tampoco le han gustado las formas del Gobierno. «No es de recibo que se utilice de tapadillo las disposiciones adicionales de cualquier proyecto de ley que pasaba por el Parlamento para solucionar un problema», dicen desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida. Para este partido, la justicia ya cuenta hoy con elementos legales suficientes para «salvaguardar la propiedad intelectual sin necesidad de recortar derechos, como pretende esta modificación». El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, manifestó ayer en un chat con los lectores de Público su preocupación por la medida. «En la defensa de los derechos de acceso a Internet estamos en el principio de los tiempos democráticos», añadió.
Nada más conocerse los planes del Gobierno, destacados líderes de opinión en Internet mostraron ,asimismo, su rechazo. Autores de algunos de los blogs más leídos en España, como Enrique Dans, Julio Alonso o Ignacio Escolar (también columnista de Público), han criticado en sus páginas web la medida, y en el sitio de noticias Meneame.net, los artículos relacionados con este asunto se encontraban ayer entre los más comentados.
Para Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, estas modificaciones «abren la puerta a la censura política previa sin control judicial». Tejerina se muestra convencida de que esta regulación la establece «gente que no conoce la realidad de Internet» y anuncia medidas por parte de su asociación: «Si el anteproyecto sale adelante, se va a impugnar porque los contenidos de Internet están protegidos, en principio, por la libertad de expresión». En cuanto a la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor, la abogada se muestra escéptica con respecto a que estas medidas acaben con esta práctica, y pone como ejemplo los sistemas P2P. «Son legales, es un sistema de comunicación privada entre particulares».
Precisamente ayer, el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, advirtió en Bruselas de que el control de los movimientos de los usuarios en la Red para detectar si incumplen las leyes de propiedad intelectual puede violar los «derechos fundamentales».