Aunque de momento está entrampada en el debate legislativo en el Senado de la República, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior promovida por la presidencia de la Republica y el PRI no está muerta. No lo está por la presión y aun el cabildeo que las fuerzas armadas del país ejercen sobre el Ejecutivo […]
Aunque de momento está entrampada en el debate legislativo en el Senado de la República, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior promovida por la presidencia de la Republica y el PRI no está muerta. No lo está por la presión y aun el cabildeo que las fuerzas armadas del país ejercen sobre el Ejecutivo y el Legislativo para que sea finalmente aprobada.
Dos trampas son las que encierra esa iniciativa y que se revierten contra la sociedad mexicana. La primera es el introducir en el marco jurídico el concepto mismo de seguridad interior como algo diferente de la seguridad pública, que permitiría al Ejército y la Marina Armada de México actuar en tiempos de paz en actividades relacionadas con la población civil, como es la lucha contra las bandas de delincuencia organizada.
La segunda, que al quedar inscrita en una ley, esa participación militar en la vida civil dejaría de ser una situación excepcional para normalizarse y quedar como permanente.
La participación del Ejército en tareas de seguridad pública no es nueva en nuestro país; pero se intensificó y generalizó desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, quien quizás evaluó que era la única forma de obtener resultados rápidos en materia de seguridad y freno a la expansión del narcotráfico y otras actividades delictivas, que mejoraran su imagen ante su cuestionado y fraudulento triunfo electoral de 2006. Como sabemos, no ha sido así. A lo largo de poco más de diez años, las muertes violentas y ejecuciones, tanto de elementos de las fuerzas del orden como, sobre todo, de la población civil, ascienden a más de 200 mil, y hay más de 28 mil desapariciones forzadas no esclarecidas, además de innumerables violaciones a derechos humanos a cargo de las fuerzas armadas.
La primera consecuencia de la declaración de guerra del entonces recién investido Felipe Calderón contra el narcotráfico fue la militarización no sólo del combate a las organizaciones criminales sino de buena parte de la vida civil. Diez años después, con un gobierno diferente y de otro partido que la ha continuado, es claro por las mencionadas cifras y por la persistencia de la incesante violencia criminal, que se trata de una guerra perdida.
No sólo es la tragedia de esas muertes violentas y ejecuciones, de los desaparecidos y decenas de miles más, no cuantificados aún, de refugiados que han tenido que salir de sus lugares de residencia huyendo de la violencia. Son también las violaciones de todo orden a derechos humanos por las corporaciones estatales que en su inmensa mayoría se mantienen impunes.
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por legisladores priistas como César Camacho Quiroz, y cabildeada en el Congreso directamente por los militares, es una nueva evidencia de esa derrota de los poderes públicos ante la Hidra de Lerna de la delincuencia organizada, a la que se le corta una cabeza sólo para que del cuello mutilado broten otras dos. Pero es también una prueba de la incapacidad del Estado para resolver por vías constitucionales el problema de la seguridad pública. Desde luego que hay inquietud, impaciencia y nerviosismo en los círculos oficiales ante la imparable violencia y la serie de fracasos acumulada durante diez años al respecto. Nuevas evidencias, la matanza de 11 personas jóvenes, nueve varones y dos mujeres en Boca del Río, Veracruz, así como el constante hallazgo de fosas clandestinas en el mismo Estado y en distintas partes del país, la oleada de feminicidios y las cotidianas ejecuciones en los cuatro puntos cardinales.
Frente a todo ello, el gobierno peñista no acierta, pese a todos sus recursos, más que a apoyarse más y más en las fuerzas armadas, aun contraviniendo lo establecido en el artículo 129 de la Constitución general de la República: «En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar».
La iniciativa de ley por la que el secretario de la Defensa ha cabildeado ante los legisladores en diversas ocasiones, y que se presenta como reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que prevé la suspensión temporal de garantías por el presidente de la República, busca ir más allá. No se trata tan sólo de la acción militar en el terreno para enfrentar a bandas criminales armadas, sino de dotar a las fuerzas del orden de poderes especiales para realizar tareas de investigación y consignación por delitos que, también por mandato constitucional, corresponden hoy de manera exclusiva al ministerio público federal o del orden común.
Después de presentada esa iniciativa por la fracción del PRI el 27 de octubre de 2016, en un desayuno con reporteros de la fuente militar, el secretario Salvador Cienfuegos Zepeda externó sus motivaciones para apoyarla. Los militares, adujo, no quieren seguir en la tarea de perseguir delincuentes, porque no fueron preparados para ello; en realidad quieren regresar a los cuarteles. Pero si van a continuar en esas tareas, necesitan un marco regulatorio y legal. Muchos, dijo en relación con su presencia en las calles, «ya se lo están pensando para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos». Queda claro que la intencionalidad no es evitar esas violaciones sino impedir que miembros de las fuerzas armadas puedan ser juzgados en el país o en cortes internacionales por ellas.
Conforme a la iniciativa, mediante una declaratoria de protección a la seguridad interior emitida por el presidente de la República o por el Consejo Nacional de Seguridad, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, las fuerzas armadas actuarían en «operaciones de restauración del orden» en cualquier parte del país, bajo el mando de un comandante designado por el propio presidente a propuesta del Ejército o la Marina Armada. A ese comandante correspondería dirigir los «grupos interinstitucionales» que se integren para la operación del caso y definir «las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares». El uso de la fuerza por las corporaciones militares se haría «conforme a sus propios protocolos para «controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave», cualquier cosa que el primero de los casos pueda significar para ellos. Todo el contenido de la iniciativa llevaría a las fuerzas armadas a disponer casi sin contrapesos civiles de una gran autonomía y capacidad de decisión para actuar, nuevamente sea dicho, en contravención del artículo 129 constitucional.
Una iniciativa así debiera ser rechazada o modificada de fondo por el poder Legislativo, desde luego. Ha sido resistida por las fracciones del PAN, que presentó a través del senador Roberto Gil Zuarth una propuesta alterna, donde el Congreso tendría mayor capacidad de vigilancia y control sobre la actuación de las fuerzas armadas, y por el PRD, que también tiene su propia iniciativa sobre el tema. También está la oposición del PT y Movimiento Ciudadano en el Congreso y la opinión de los expertos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) contra los posibles efectos de la ley en la militarización del país, y las advertencias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre el posible uso de esta legislación contra la protesta e inconformidad social.
Pero de ninguna manera la iniciativa de ley presentada por los priistas se puede dar por descartada, dada la insistencia de los militares en que sea aprobada. «Si hay otro camino diferente para enfrentar la inseguridad, nosotros no queremos referirnos a él, sino que queremos la Ley de Seguridad Interior ¡ya!», dijo el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, ante diputados y senadores. Y el secretario de la Defensa habló de la «urgencia» de aprobar la iniciativa del PRI. Manifestaciones de ese tipo hacen a un lado al secretario de Gobernación como enlace e interlocutor del Ejecutivo con los otros poderes y convierten a los legisladores del PRI y sus aliados en esta empresa en simples voceros de unas fuerzas armadas que han desarrollado intereses propios, pese a su formal subordinación a los poderes civiles.
En cambio, se han archivado en el Congreso las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que en su momento impulsó el PAN, y se ha frenado la ley reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de garantías individuales en tiempo de guerra, la adecuación a la Ley General de Víctimas, a la Ley contra la Trata de Personas y a la Ley contra la Tortura; y así como la aprobación de la Ley de Mando Único de policías El debate parlamentario ha sido dominado por le iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior, prioritaria para las fuerzas armadas.
El país no está ya para sostener una lucha a la delincuencia al alto costo que la sociedad mexicana ha pagado durante más de diez años. No sólo desde los grupos opositores en el poder Legislativo sino desde la sociedad misma son necesarias más expresiones de rechazo a la creciente militarización y de discusión de las estrategias hasta hoy adoptadas para el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, si no queremos vernos en situaciones de indefensión frente a un, por mencionar la célebre caracterización de Paz, ogro estatal cada vez menos filantrópico y más leviatánico y sin controles sociales.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.