¿Seguridad Nacional o Seguridad del Modelo Neoliberal?

Lo que ha venido sucediendo en el país desde hace ya 35 años puede ser catalogado, sin temor a equivocarnos, como estancamiento económico con regresiva distribución del ingreso. El modelo neoliberal en el país ha dejado un rastro de lento crecimiento de la productividad del trabajo y, por consiguiente, de la producción; creciente desigualdad, exclusión y marginalidad. Hoy en día cerca del 60 por ciento de la ocupación se concentra en la llamada economía informal, propia de actividades de muy baja productividad y de remuneraciones misérrimas.

Frente a esto las clases populares, principalmente obreros urbanos y campesinos, han mantenido una actitud más bien pasiva con breves episodios de rebeldía social. Un modelo así sólo puede sostenerse si existe una apatía total de la población. O bien, si emergen protestas, por la vía de la represión abierta: ejemplos recientes son el caso de Atenco (2006), Trabajadores de Luz y Fuerza (2009), estudiantes de Ayotzinapa (2014), jornaleros de San Quintin (2015) y el movimiento magisterial-Nochixtlán (2016), por mencionar algunos. Y ante hechos recientes, como el «gasolinazo», pareciera que a las protestas se suman capas medias enfurecidas. Y es posible que los brotes de rebeldía y descontento social sean más prolongados e incluso permanentes. Por otro lado, también cabe esperar una respuesta dura del gobierno: el uso de la coacción física. Esta respuesta se mantiene latente (como amenaza implícita), abierta en los casos señalados y a veces, disfrazada: se dice que el culpable es la delincuencia y los grupos del narcotráfico.

El problema del narcotráfico y la delincuencia organizada se tornó grave en el país durante la primera década del nuevo siglo. Si bien ha existido desde años precedentes es durante el sexenio del presidente Felipe Calderón cuando se desborda. Los cuerpos mutilados, colgados y miles de civiles «dañados colateralmente», junto a tropas y escuadrones del ejército y la policía federal acaparando las calles de diversas regiones del país fue lo característico del sexenio. Como promedio anual, se llegó a una cifra que gira entre los 40-50 mil personas muertas por año.

La llamada guerra contra el narco fue un incentivo fuerte para el descomunal incremento del gasto de gobierno en actividades de seguridad nacional e impartición de justicia y orden público. El gasto pasa de 142 mil 484 millones de pesos en 2006 a 284 mil 400 millones de pesos en el 2012. Es decir, se incrementó en ¡100.0%! en tan sólo seis años.

En los últimos tres años del gobierno de Vicente Fox (2003-2006) el gasto señalado había aumentado en cerca de 32.0, y en los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto el gasto ha aumentado en 26.0%. Dada la disponibilidad de las cifras no hemos podido ir más atrás de 2003, pero según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo el gasto militar (no incluye otros rubros que aquí se han tomado en cuenta) como porcentaje del PIB era de 0.48% en el año 2000. Tan sólo en el periodo que va de 2003 a 2015, el gobierno gastó, en promedio, 215 mil 495 millones de pesos en actividades de seguridad nacional e impartición de justicia y mantenimiento del orden público [1], gasto que representa 1.7% del producto interno bruto.

Los gastos realizados en actividades de seguridad nacional se incrementaron en 148.3%, es decir, a una tasa cercana al 8.0% promedio anual. Mientras que el gasto realizado en impartición de justicia y orden público lo hizo en 261.0%, lo equivalente a 11.3% promedio anual.

Para dimensionar el crecimiento fortísimo de los gastos de seguridad, se puede comparar con el crecimiento del PIB. En el periodo, el producto se incrementó en 36.0%, es decir, a un ritmo de 2.4% promedio anual. El producto agrícola (primer gran sector) creció en 18.1%, o sea, a una tasa de 1.3% promedio anual. Por su parte, sector industrial (manufacturero en específico) se expandió en 30%, lo que significa un ritmo anual de 2.0%. Dado esto, se puede observar que los gastos de seguridad nacional crecieron a un ritmo de poco más de tres veces el del PIB (3.3), de 6 veces mayor al del sector agrícola y de cuatro veces el ritmo del producto industrial. A estos ritmos de crecimiento los gastos de seguridad nacional se duplicarán en 9 años, mientras que el PIB necesitará de ¡30 años! Para duplicarse.

En los cuadros que siguen (1 y 2) se muestra la evolución de los diversos gastos de «seguridad» y cuál es su importancia relativa en relación a algunos indicadores macroeconómicos básicos.

El gasto de gobierno en seguridad nacional representaba 3.27% del gasto de gobierno total en 2003, se redujo para 2006 a 2.7% para terminar el sexenio de Calderón en 3.4%; en 2013 se mantenía en 3.11%. Los gastos en impartición de justicia y mantenimiento del orden público pasaron de 9.14% a 12.64% sobre el gasto de gobierno total. Esto puede explicarse por los elevados sueldos que perciben los jueces y magistrados, así como el tremendo despilfarro que se realiza en las operaciones de los juzgados (papelerías, oficinas, transportes, etc.), así como los elevados gastos que representa mantener las saturadas prisiones del país.

No se debe olvidar que gran parte de este gasto no se esfuma y ya, sino que con cargo a dicho gasto el gobierno adquiere metralletas, rifles, fusiles, chalecos antibalas, cascos y visores de guerra, tanques, etc., es decir, un arsenal a disposición del brazo armado del Estado. Otra parte del gasto se destina a rubros administrativos y remuneraciones a personal burocrático en juzgados, reclusorios y oficinas de control policiaco y militar. Pero en conjunto, conforman un gasto necesario del gobierno para mantener, en el largo plazo, el control y orden del llamado «estado de derecho».

Cuadro 1. Evolución del gasto de gobierno en actividades de seguridad nacional, impartición de justicia y orden público. Porcentajes.

Notas: A: variación porcentual del periodo; B: tasa de crecimiento promedio anual; C: relación sobre PIB, en porcentajes.

Fuente: elaborado a partir de datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, series en precios corrientes.

La situación que así se va perfilando es llamativa.

Primero, tenemos que el modelo neoliberal se traduce en bajos ritmos de crecimiento (se puede hablar de una situación de cuasi-estancamiento), amén de que funciona con una capacidad de absorción ocupacional que es prácticamente nula. En este ámbito, la población que no encuentra un trabajo formal busca diversas salidas: a) migrar al extranjero (a Estados Unidos en especial); b) se transforma en vendedor ambulante u otros modos que asume la informalidad y marginalidad; c) se desliza a actividades ilegales: narco, robo, secuestros, etc.

Ante esta situación, sobretodo la del tipo c), hemos visto que el sistema responde aumentando fuertemente sus gastos en seguridad. O sea, una situación que el mismo sistema genera, da lugar a un gasto adicional para «cubrir» los mismos daños del sistema.

La lógica parece siniestra: primero se crean los criminales y luego las fuerzas policiales y militares que los deben perseguir.

Segundo: estos gastos en la llamada seguridad, son gastos que en términos económicos responden al denominado «trabajo improductivo«. Es decir, el personal de todo tipo comprometido en tareas policiales, militares y conexas, es ajeno a las tareas de producción. Por lo mismo, su existencia obliga a trasladar parte del excedente generado en el sector productivo a la mantención de estas actividades. En las cuales se consumen productos, pero no se generan productos. ¿Cuánto excedente consumen estas actividades? La relación de estos gastos respecto a la plusvalía generada por el sistema es una buena aproximación. En el año 2003 representaba 1.86% de la plusvalía. Al inicio del sexenio de Calderón (2006) se encontraba en 1.76%, para terminarlo en 2.24%. Con Peña Nieto esta relación fue de 2.48%, dato para 2013.

De aquí la pregunta: ¿no sería más eficaz aplicar estos recursos a la acumulación, a crear las ocupaciones productivas que el sistema no viene siendo capaz de generar? Hablar de esa eventual reasignación de recursos es sencillo. Pero, ¿el sistema será capaz de impulsar tales medidas? Esto, parece bastante menos sencillo. Peor aún, quizá sea imposible en los marcos hoy vigentes.

Cuadro 2. Evolución del gasto de gobierno en actividades de seguridad nacional, impartición de justicia y orden público. Porcentajes.

Nota: D: relación sobre gasto en Consumo de Gobierno; E: relación sobre PIB; F: relación sobre masa de plusvalía anual.

Fuente: Cuadro previo y masa de plusvalía estimada por el autor (tesis de doctorado).

Nota:

[1] Contempla actividades de prevención y combate de la delincuencia y el narcotráfico a través de cuerpos de seguridad pública (policías), juzgados y tribunales, reclusorios y control de tráfico vehicular. Así como las actividades de seguridad nacional realizadas por el ejército, la marina armada, fuerza aérea y la guardia nacional.

Juan Salazar Vázquez. Doctorante, Facultad de Economía-UNAM.

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