De acuerdo con los más recientes estudios en la materia, en México la esperanza de vida al nacer actualmente ronda los 73 años. De modo que si la edad promedio de jubilación son los 65, el jubilado o pensionado puede tener esta condición durante los últimos ocho años de su vida.
La verdad, no parece mucho. Pero también es cierto que en México existen muchos ancianos que superan los 73 años. Hay quienes tienen más de 80, e incluso son numerosos los que llegan a cumplir 90.
Y así, mientras más se alarga la existencia, más necesaria se vuelve la pensión. Y es más urgente la necesidad de que el monto de las pensiones conserven su poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
Hace poco se hizo público que en la culta y próspera Suiza fue derrotada una intentona del gobierno neoliberal de ese país por aumentar en dos años la edad de jubilación (de 65 a 67). Y que, en contrapartida, fue aprobada una nueva ley que aumenta la pensión de 12 a 13 mensualidades por año. O dicho de otro modo, a las doce mensualidades se adiciona una especie de aguinaldo equivalente a un mes de pensión.
La lección helvética es clara. La lucha social, es decir, la lucha de los trabajadores, debe encaminarse a impedir aumentos en la edad de jubilación, y debe procurar adicionalmente la reducción paulatina pero constante de ese límite.
Salvadas todas las proporciones que haya que salvar, en México hoy se siguen estas vías. Aquí, el gobierno del Presidente López Obrador está empeñado en garantizar constitucionalmente el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Y en tiempos recientes ha reducido la edad de jubilación de 68 a 65 años.
En México, además, hay otros pendientes en la materia. A la pensión universal que, sin contraprestación alguna, ya se otorga a los adultos mayores de 65 años, es necesario y urgente incorporar al sistema pensionario de la seguridad social a millones de trabajadores que carecen de este derecho.
En este renglón hay que anotar a los trabajadores del llamado sector informal de la economía. No se trata, desde luego, de una tarea sencilla. Pero ya es un buen principio la pensión universal para los adultos mayores establecida desde el año 2000 por el gobierno obradorista en la Ciudad de México y que luego fue ampliado a todo el país. Primero, establecer el derecho, y más adelante convertirlo en realidad.
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