El golpe blando a Dilma Roussef en Brasil y la victoria electoral de Cambiemos en Argentina, produjeron un giro geopolítico, en favor de la ofensiva estratégica neoconservadora (Trump, FMI, Pentágono) que, en la disputa global, no están dispuestos a ceder ni un metro sus territorios controlados, entre ellos, América Latina y el Caribe. Los neoconservadores, […]
El golpe blando a Dilma Roussef en Brasil y la victoria electoral de Cambiemos en Argentina, produjeron un giro geopolítico, en favor de la ofensiva estratégica neoconservadora (Trump, FMI, Pentágono) que, en la disputa global, no están dispuestos a ceder ni un metro sus territorios controlados, entre ellos, América Latina y el Caribe.
Los neoconservadores, fortalecidos con la llegada de Trump a la Casa Blanca, no dudaron en avanzar para implementar el «Plan Sudamérica». Fiel al estilo del «Plan Colombia», este programa pretende aumentar la injerencia norteamericana a través del intervencionismo económico, político y militar.
La Estrategia de Defensa Nacional 2018, firmada por el Secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe del Pentágono, James Mattis, afirma la necesidad de «sostener las ventajas en el hemisferio». A su vez, en el último documento estratégico del Comando Sur se exponen los principales desafíos a la «seguridad», entre los cuales se destacan la mayor presencia de China, Rusia e Irán en la América Latina.
Esta situación se agudiza con el resultado de las elecciones en Brasil. Con el 46% de los votos en primera vuelta (más de 15 puntos de diferencia con el candidato del PT Fernando Haddad), Jail Bolsonaro, ex militar y fiel representante de los intereses neoconservadores, coloca en una situación favorable al despliegue de esos intereses, generando una compleja situación, que pone en peligro la paz del territorio. La segunda vuelta electoral será crucial y definirá el futuro de toda la región.
En un escenario de agudización de la crisis capitalista, América Latina resulta de gran interés. Zonas marítimas, recursos naturales y una ubicación clave en la circulación de mercancías del mundo, hace que el control de este territorio se convierta en «asunto estratégico».
Argentina: la clave para cerrar el cerco
El concepto de «guerra híbrida», expresa un cambio en la situación estratégica global, que se observa en la emergencia de nuevos bloques o polos de poder, con ambiciones globales y con un sistema económico, de infraestructura, de inteligencia y militar que les otorgan capacidad de disputar en el tablero mundial.
Esto genera que las fuerzas unipolares (neoconservadores y globalistas) deban dar un giro a su estrategia de control, diversificando los tipos de agresión a través de la combinación de fuerzas irregulares o milicias, fuerzas regulares encubiertas y agresión cibernética.
Los acuerdos firmados en Buenos Aires durante la visita del ex presidente de EEUU, Barak Obama en marzo de 2016, sentaron un precedente en la incorporación de esta forma de guerra en nuestro territorio.
Con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo como eje (sin diferenciar seguridad y defensa), Macri y Obama firmaron acuerdos de asistencia en la Triple Frontera; misiones militares en África; asilo a los sirios que huyen de los bombardeos; centros de fusión de Inteligencia, defensa hemisférica, fuerzas de seguridad en el Comando Sur; cooperación nuclear y apertura comercial irrestricta. Se oficializó además la incorporación de Argentina como socio «extra oficial» a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Posteriormente, en la visita de Macri a Donald Trump, luego de su asunción como presidente de los Estados unidos, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta de cooperación en materia de política cibernética, así como un compromiso para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción, además de un consenso sobre la preocupación de ambos gobiernos por la «grave situación» de Venezuela.
Con la concreción de estos acuerdos y sumado a las bases instaladas en Centroamérica y el Caribe, así como las de Colombia, Perú, Chile, Paraguay y la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas, los neoconservadores lograrán cerrar el cerco de dominación de todo el territorio latinoamericano y caribeño, así como también el antártico.
¿Quién paga los platos rotos?
En Argentina hay hechos que dan un indicio claro de la inclinación del gobierno de la Alianza Cambiemos hacia un plan de militarización de los territorios geopolíticamente estratégicos y el control represivo de la protesta social.
El marco de justificación para llevar adelante este «Plan» está centrado en la lucha (internacional) contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Por eso ya no llama la atención las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien, en su necesidad de criminalizar la creciente protesta social, señaló que «los movimientos sociales han permitido el narcotráfico -la droga en los barrios- como un mal menor».
Bullrich, estigmatizando a los sectores sociales vulnerables, señaló que no hay que distinguir entre los distintos eslabones de la cadena narco y que hay que «pegarles a todos, a los de arriba y a los de abajo», sin distinguir los eslabones más débiles de los grandes carteles ni reconocer la creciente pobreza: la realidad económica de los barrios «no tiene nada que ver».
La lucha contra el narcotráfico, además, quita el foco de un problema geopolítico central de la Argentina: la ocupación imperialista de Malvinas y el control soberano de los territorios y las riquezas naturales de la Antártida y el Atlántico Sur. Desde la llegada de Macri al gobierno, pareciera que el único problema geoestratégico argentino sólo está en las «fronteras norte» con Bolivia (¿Litio? ¿Evo Morales?) y con Brasil-Paraguay (¿Cuenca Paraná-del Plata?).
Repasemos algunos acontecimientos:
En la agenda de cualquier país que quiera contar con el apoyo de la comunidad internacional aparece la lucha contra el narcotráfico como uno de los principales «motivos» para conseguir ese «apoyo». Esta tiene su expresión en Argentina a través del Plan «Argentina sin narcotráfico» que plantea «designar más jueces para atender delitos federales, reforzar la presencia de la Policía Federal en todo el país, profundizar los controles en las fronteras, potenciar los programas de seguridad urbana y atacar de lleno al narcomenudeo»[1].
Se suma la Ley de derribo, aprobada por decreto en 2016 que faculta a las Fuerzas Armadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza en el espacio aéreo argentino.
Leyes de este tipo ya han sido sancionadas en Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Uruguay es el único de estos países que anunció la decisión de no derribar aviones sospechosos.
En la misma línea, en el mes de julio de este año, el presidente Mauricio Macri modificó el decreto 727/06 que prohibía el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Las Fuerzas Armadas cumplirán ahora un nuevo rol, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La medida implica aunar acciones entre las fuerzas policiales de seguridad interior (gendarmería), prefectura y fuerzas armadas. Además de apuntar al delito complejo como el narcotráfico y el crimen organizado, también pone en la mira la asociación ilícita calificada y hasta una hipotética «asociación ilícita terrorista», que podría justificar un endurecimiento de las acciones contra las organizaciones y movimientos populares.
En agosto de 2018, el gobierno envió un proyecto de ley al Senado para que se autorice a las fuerzas armadas a realizar operaciones militares conjuntas con fuerzas extranjeras, tanto al interior del país como fronteras afuera. El proyecto pide autorización para el ingreso de tropas de, al menos 19 países, para un máximo de 12 operaciones aéreas y marítimas que tendrían lugar en territorio o aguas marítimas nacionales.
En septiembre de este año, el ministerio de seguridad hizo pública la detención en la triple frontera de un «supuesto miembro de Hezbollah». La noticia, aunque aún no está comprobada la identidad del detenido, justifica el gasto y las reformas, al tiempo que refuerza la hipótesis de que el país no puede ni debe estar exento de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, que a nivel internacional ha sido marco de justificación de épicas invasiones a países como Irak, Siria, Libia o Colombia, entre otros varios, poseedores de riquezas naturales.
En el terreno de la batalla contra la corrupción el proceso de judicialización de la política (lawfare), actúa como instrumento de criminalización de cuadros «desobedientes» a sus intereses económicos. Causas judiciales (muchas veces ficticias), son fogoneadas e irradiadas millones de veces, a través de plataformas digitales y virtuales controladas por las corporaciones de la comunicación y las redes. El caso Lula da Silva, en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, son ejemplos de ello.
La intervención en sindicatos, el hostigamiento en universidades, la presencia de gendarmes en las rutas y fronteras, la represión de protestas en todo el territorio nacional haciendo uso del protocolo anti-piquete, fueron construyendo la imposición de un progresivo «estado policial» para lograr el «disciplinamiento» social.
La expresión más extrema, ha sido la desaparición física de Santiago Maldonado en agosto de 2017, en el marco de la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus territorios, en manos de la empresa Benetton. La categoría de terroristas, separatistas, asignada para este pueblo ha permitido justificar también el asesinato por parte de la policía, en el marco de una manifestación a otro joven perteneciente a la comunidad, Rafael Nahuel.
La detención por supuesta corrupción, hace tres años, de la dirigente popular Milagro Sala en el norte del País y la reciente detención del referente de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina) Juan Grabois, en una manifestación contra la arbitrariedad del uso de la fuerza policial, son algunos ejemplos.
Lobo suelto, ¿cordero atado?
En menos de veinte años de comenzado el siglo, Latinoamérica ha sido tratada como un rebaño domesticable, encerrada primero en un «corralito financiero» y ahora en un «corralito militar», sumado al «cerco mediático» en el que ya vivimos hace rato.
Ante esta situación amenazante, se hace necesario instalar en el debate, en la agenda política, en la lucha social, y en las acciones programáticas, que América Latina es un «territorio de paz». A la ocupación «multidimensional» (psicológica, judicial, económica, militar) hay que responder con ocupación social y política organizada, con carácter multisectorial y colectiva, a favor del conjunto de los intereses del pueblo.
Nota
Paula Giménez y Matías Caciabue son investigadores argentinos del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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