Sin avances sustanciales marchan los procesos de justicia y las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en los hechos de violencia y represión social ocurridos hace 14 años, el 3 y 4 de mayo del 2006, durante un operativo policiaco en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en el que fueron torturadas sexualmente 11 mujeres indígenas y detenidos pobladores de manera arbitraria.
Denunciaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organizaciones que representan a las mujeres torturadas sexualmente en esos operativos: Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, María Patricia Romero, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, Ana María Velasco, Suhelen Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, María Cristina Sánchez, Angélica Patricia Torres y Claudia Hernández.
Destacan que las autoridades no han dado resultados concretos en la investigación penal ni tampoco han cumplido con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en diciembre de 2018, entre las que se encuentran fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, crear un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México.
En noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió al recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2016, un comunicado en el que señalaba a «los Estados Unidos Mexicanos como responsables de violencia sexual, violación y tortura cometida en contra de 11 mujeres», se concluyó que «el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso fue resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza con todos».
Las organizaciones representantes consideran que la demora en el cumplimiento de las medidas de reparación no se debe a la emergencia sanitaria por las que está atravesando México igual que en todo el mundo.
Por el contrario, el Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas de estos mecanismos desde hace meses, y no lo ha hecho. De acuerdo con la sentencia de la CorIDH, el Estado cuenta con un plazo de dos años para el cumplimiento de las reparaciones; sin embargo, las demoras prolongadas amenazan con imposibilitar que el Estado de cumplimiento dentro del plazo dispuesto por la Corte».
En un comunicado, indican que «es inaceptable que, frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra sin lugar a dudas que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpliera con las medidas de no repetición de los hechos de tortura y represión ordenadas por un tribunal internacional».
«El caso Atenco y muchos otros más documentados desde ese entonces muestran la persistencia de prácticas generalizadas de tortura sexual a mujeres; encarcelamiento de personas inocentes y falta de investigación de graves violaciones a derechos humanos en México».
Transformar esta realidad lacerante con medidas estructurales es fundamental si México pretende consolidarse como un Estado democrático rompiendo con las prácticas violatorias a derechos humanos del pasado que han permitido la impunidad, destacaron.
Agregaron que, aun cuando existe una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), todavía sigue abierta la pesquisa en la fiscalía local del estado de México, cuyas «serias deficiencias» fueron expuestas en la sentencia emitida por la CorIDH, por ser incompatibles con los estándares internacionales en materia de investigación de casos de tortura.
La CorIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas de reparación: fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y crear un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del estado de México.
Con «respecto al Mecanismo contra la tortura sexual, las mujeres y sus representantes participamos durante meses en reuniones con las autoridades, aportando propuestas e insumos para la ruta de fortalecimiento. Sin embargo, dicho proceso se suspendió de facto desde octubre de 2019, cuando las instituciones informaron que tenían que revisar la propuesta construida. Hasta la fecha, las autoridades no han reactivado este proceso para avanzar en la propuesta».
En la creación del observatorio independiente del uso de la fuerza, «el Estado no ha realizado acción alguna encaminada a su cumplimiento desde que le fue notificada la sentencia en diciembre de 2018. Las organizaciones representantes también hemos aportado insumos para impulsar esta medida, sin resultados».
Por otra parte, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) realizaron una «marcha virtual» para recordar la represión de que fueron víctimas hace 14 años por policías municipales, estatales y federales, por oponerse a la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ex Lago de Texcoco.
Ignacio del Valle, líder del Frente, señaló que, aunque en algún momento hubo detenidos por la situación de Atenco en el 2006, el responsable es el Estado, representado en ese momento por Enrique Peña Nieto.
Recordó que en el operativo donde hubo una gran cantidad de heridos, el estudiante Alexis Benhuma, murió días después por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, y las mujeres que fueron víctimas de agresiones y abusos sexuales, ante la negativa de dar seguimiento al caso y la revictimización de que fueron objeto, presentaron una denuncia en instancias internacionales.