La diputada mexicana Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para que el Sistema Nacional de Cuidados cuente con recursos económicos suficientes que permitan su operación y que no quede en letra muerta.
El texto de la reforma, que presentó la también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, deja en claro que los recursos que se otorguen año con año nunca disminuyan; y que las dependencias y entidades encargadas de poner en marcha el sistema puedan solicitar aumentos anuales, con base en las necesidades o vicisitudes que adviertan.
Al presentarla en nombre de su grupo parlamentario, la reforma que propone atiende a la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2020. Ahora se trata de hacerla efectiva, de dotarla de recursos, de trabajar en la ley secundaria, porque el Estado está obligado a tomar todas las medidas a su alcance en el corto, mediano y largo plazo, y de manera expedita y eficaz.
La iniciativa, de la que SEMlac tiene copia, reforma y adiciona los artículos 25 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para garantizar el destino de recursos y hacer efectivo el Sistema Nacional de Cuidados.
Además, destacó la diputada que el cuidado, como derecho, supone asegurar los estándares y principios de derechos humanos, su carácter universal, indivisible e interdependiente.
El texto de la iniciativa, presentada el pasado día 20, recuerda que durante la discusión de la reforma constitucional, del 18 de noviembre de 2020, se determinó que el Sistema Nacional de Cuidados no debía generar ninguna estructura orgánica nueva ni compromisos económicos adicionales, sino que debían aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno.
Todo ello a pesar de que algunos grupos parlamentarios hicieron énfasis en la necesidad de que un sistema de esta naturaleza, dada su complejidad, requiere recursos para su correcta implementación. Pese a esta advertencia, porque la dejaría en letra muerta, reconoció que «la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria».
Pero, además, la reforma constitucional, trascendental para la vida de las personas, no la aprobó todavía el Senado de la República, lo que es de preocupación. Ahora la propuesta trata de enmendar esa advertencia de que no implicaría gasto adicional. La convertiría en una falacia.
El Sistema Nacional de Cuidados, defendido por el Instituto Nacional de las Mujeres, no podría quedar solo en palabras. En todos los países del sistema americano se camina en ese sentido, incluso por las recomendaciones de la Cepal, tras los devastadores efectos de la pandemia y la pérdida de empleo de las mujeres, asunto reconocido y discutido en todos los países.
Uno de los argumentos que recordó la exgobernadora de Yucatán es que el trabajo de cuidados es uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres al tratar de incorporarse al trabajo remunerado y, en consecuencia, avanzar en su grado de autonomía.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la pandemia de covid-19 tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres.
Más de un millón de ellas tuvo que dejar de trabajar por un ingreso; 84 por ciento salió de la fuerza de trabajo de la denominada población económicamente activa, mientras que siete de cada 10 personas de los 2,1 millones que ya no están ocupadas, también eran mujeres.
Otro dato por demás contundente, sostuvo la diputada, muestra que de los casi 30 millones de mujeres de 15 años y más que están fuera de la fuerza laboral, apenas 17 por ciento asegura estar disponible para trabajar y 80 por ciento señala que tiene otras actividades y/o vive en un contexto que les dificulta trabajar.
La pandemia dejó enormes consecuencias sociales y económicas en el caso de las mujeres. Estas pasan por el estrés, los efectos psicológicos y la fatiga que ha dejado el trabajo de cuidados, como, por ejemplo, cumplir el rol de madre combinado con el de asistentes educativas, cuidar personas enfermas y lidiar con una mayor densidad de trabajo doméstico durante el confinamiento. Todo esto tiene efectos sobre su autonomía económica y su calidad de vida.
La iniciativa implica asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados, que consiste en un conjunto de políticas públicas y acciones institucionales que deben coordinarse, no solo en el nivel de la federación, sino también con la concurrencia de los estados, y esta responsabilidad no puede iniciar sin recursos propios, por magros que estos sean.
Argumentó que la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos y que podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria, por lo que se necesita presupuesto suficiente para establecer y ejecutar tales políticas públicas.
Advirtió que no prever una erogación presupuestaria a reformas con tan importante impacto social genera que el texto constitucional sea letra muerta, ya que la ciudadanía se ve impedida para ejercer dicho derecho ante la falta de mecanismos o instituciones donde exigirlo.
En el documento, enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, resalta que la propuesta tiene en su naturaleza la perspectiva de género, toda vez que son las mujeres quienes se encargan de los cuidados.
Aclaró que está pendiente la aprobación de esta reforma en el Senado de la República; sin embargo, espera cuente con un amplio consenso por parte de todos los grupos parlamentarios, como sucedió en la Cámara de Diputados, por ser un tema necesario para la población.
La iniciativa hacendaria está firmada por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y los diputados René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.