La tragedia del viernes 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo estaba anunciada. Si no ahí, en cualquiera de los cientos o miles de tomas clandestinas o pinchaduras con que en los últimos tres sexenios se ha operado parte del saqueo a Pemex y a la nación a escala local, sin contabilizar las otras modalidades de […]
La tragedia del viernes 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo estaba anunciada. Si no ahí, en cualquiera de los cientos o miles de tomas clandestinas o pinchaduras con que en los últimos tres sexenios se ha operado parte del saqueo a Pemex y a la nación a escala local, sin contabilizar las otras modalidades de las que ahora sabemos, y que tienen dimensiones más grandes. Los de Tlahuelilpan no son las primeras victimas del conocido huachicol; ya antes hubo explosiones en ductos que cobraron vidas, y otros efectos como la contaminación de tierras y aguas por las fugas. Pero el reciente hecho impresiona ahora por las dimensiones del siniestro y por el contexto en que se da, de tensiones y enfrentamiento entre el nuevo gobierno y las mafias dedicadas al robo y trasiego de combustible.
En las redes habían circulado, días o semanas antes, videograbaciones mostrando la recolección de gasolina en otras fugas, como en Acambay en el Estado de México, y lo extraño es que no ocurrieran ahí las dantescas escenas que vimos en el Estado de Hidalgo.
El presidente López Obrador ha ofrecido, y también lo ha hecho el recién designado fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, que las investigaciones serán exhaustivas. Y eso es, ante la catástrofe y las vidas ofrendadas al robo de gasolina, algo indispensable para establecer responsabilidades de todos los actores: desde quienes abrieron los boquetes en el ducto, a quienes incitaron a los pobladores de la región a acudir a surtirse del mortal fluido, y las autoridades de los tres órdenes de gobierno -incluidos los elementos del Ejército que, en número insuficiente y sin un protocolo claro de actuación intentaron retirar a hombres, mujeres y niños-. La Fiscalía General es recibida con un gran reto, nada fácil de enfrentar.
Todo debe ser cuidadosamente revisado. Acaso el aspecto más difícil sea el del juicio público a los afectados, al mismo tiempo generadores y víctimas de su propia tragedia, y la relación que con ellos deben tener los poderes públicos, más allá de la atención inmediata y humanitaria a los heridos. ¿Debe tratárseles como delincuentes? ¿Como damnificados de la pobreza, la ignorancia y la manipulación? ¿Cómo entender que el efecto masa llevara a esa gente a desafiar no sólo a los soldados y policías que en vano intentaban alejarlos sino también al mortal surtidor de gasolina que a la postre cobró tantas vidas?
También resultará difícil establecer si en los hechos hubo un componente de premeditación y si, incluso no fue accidental el incendio del combustible regado extensamente sobre las tierras de cultivo. Las interpretaciones y prejuicios menudean; desde quienes ven un ardid para desafiar e incluso buscar el desprestigio del gobierno federal que ha iniciado el combate al huachicol, hasta quienes lo verán como un mero accidente provocado por la ambición de pocos pero que recayó en muchos.
Por lo pronto, al parecer, la tragedia y las escenas de dolor parecen haber tenido ya un efecto didáctico. La gente no querrá volver a acercarse a los borbotones, según lo ha declarado Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, conforme a otra experiencia similar unos días después de Tlahuelilpan. Esperemos que se trate de una experiencia definitiva y que, como lo señaló este gobernante, sí haya un antes y un después del 18 de enero, pues riesgos similares se presentan en muy distintos lugares del país que han caído en manos de la rapiña huachicolera. No debe haber más víctimas, y menos las propiciadas por la pobreza y la ignorancia de sectores de la población carentes de oportunidades.
No sé si sea válida la observación desde un punto de vista técnico, pero las escenas presenciadas en Tlahuelilpan no parecen corresponderse con la lógica de la industria de la ordeña de ductos. Según la información difundida por distintos medios en las semanas recientes, son técnicos y expertos quienes instalan en las tuberías válvulas y conexiones para la extracción a través de mangueras (como se descubrió en la refinería de Salamanca). En Hidalgo parece haber sido, en cambio, la simple rotura del tubo, por la que escapó a alta presión el fluido, derramándose en macabra efusión sobre las milpas y bañando a quienes se acercaban. Un desperdicio, desde el punto de vista del lucro, pero sobre todo un riesgo extremo para la población local, incluso para quienes no participan de la recolección del combustible.
Impresionantes los testimonios de los pobladores, documentados en varios reportajes. Uno de ellos, recogido por Héctor de Mauleón, consigna: «Si el fuego vino de donde estaban los autos, quiere decir que de ahí salió la chispa, y que esto no fue un accidente sino un asesinato colectivo… A muchos nos consta que los huachicoleros no estaban contentos de que nosotros mismos nos estuviéramos surtiendo» (https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/tlahuelilpan-esto-no-fue-un-accidente-sino-un-asesinato-colectivo).
Casi nadie, entre los actores sociales y políticos, ha regateado su apoyo a la batalla emprendida por el gobierno federal contra el saqueo, aunque muchos en los medios de difusión y en las redes sociales han puesto en duda la eficacia de sus medidas y han demandado la apertura inmediata de las redes de ductos para restablecer de inmediato la distribución de los combustibles en los depósitos y las estaciones de servicio. Trágicamente, los hechos de Hidalgo han mostrado los riesgos de una apertura prematura de esas redes, sin la reparación de las tuberías y sin una vigilancia y protección suficiente. El huachicol ha llegado a ser, según se ha evidenciado en el reciente periodo, un problema mayor, que abarca la corrupción de distintos elementos, que van desde altos administrativos de Pemex -con el conocimiento ineludible de los anteriores presidentes, ha manifestado López Obrador- hasta gente del común que ha visto en él, a pesar de ser un delito, una oportunidad de aliviar los efectos de la pobreza, pasando desde luego por estructuras del sindicato petrolero y autoridades locales. ¿Cómo erradicar un flagelo de esa magnitud que ha llegado a arraigar en escalas antes impensables en diversos grupos de la sociedad?
El desafío para el gobierno federal resulta así múltiple. Éste tendrá que actuar en el terreno de lo penal, en la persecución de delitos, en el de la prevención y seguridad ciudadana, en el de la atención humanitaria a víctimas, en restablecer a la brevedad posible el abasto de gasolinas y, ahora, según lo ha anunciado López Obrador, en el de los programas sociales para evitar que un desastre semejante vuelva a ocurrir. Al mismo tiempo, desde luego, continuar con la persecución del delito y la reordenación administrativa al interior de Pemex para erradicar el cáncer que ha llegado a ser el robo de combustibles en la empresa estatal.
Sin renunciar a la acción penal contras los responsables, ésta no es suficiente para combatir el fenómeno del huachicol. Ya antes López Obrador ha ofrecido el perdón y revisar los expedientes de quienes han caído en la delincuencia por situaciones de necesidad, como en el caso de los campesinos cultivadores de marihuana o amapola; y en este caso, los que aun a riesgo de su vida han recurrido a la extracción «no profesional», por decirlo de alguna manera, ameritan un trato semejante. También el apoyo social y de oportunidades ofrecido a través de los programas sociales buscarán atender esas zonas oscuras del territorio en las que el robo de gasolina ha pasado a ocupar un espacio incluso decisivo en la economía local. La población vecina de los sistemas de distribución debería ser vigilante de los mismos, una vez constatado que se trata de instalaciones de alto riesgo; convendría, por tanto, que Pemex y el gobierno federal establezcan alianzas y mecanismos de coordinación con esas poblaciones, muchas de ellas alejadas de las principales vías de comunicación.
Y sin duda al resto de la sociedad nos toca también un papel más proactivo frente a una actividad ilegal que afecta directamente al Estado y la nación, pero también al tejido social, y ha llegado a convertirse en modus vivendi para diversos grupos, ubicados en los estratos bajos de la sociedad. El delito debe combatirse con acciones enérgicas; la pobreza y la desigualdad también. Desde luego que de nada sirve simplemente inconformarse contra las afectaciones inmediatas por el desabasto de gasolinas. Todos deben saber que la extracción y venta de combustibles robados no será ya un negocio y que puede, en cambio, representar responsabilidades penales, a más del riesgo inminente contra la salud y la vida de quienes lo practiquen. No debe haber ni una víctima más por estas causas, ni un huachicolero impune más, sea del rango que sea.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo -UMSNH
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