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Panorama político-sindical

Todo el poder a Dujovne… para hacer el ajuste

Fuentes: Rebelión

El ex asesor del senador radical Luis Naidenoff y ex panelista del canal de noticias TN coordinará nueve ministerios (Finanzas, Interior, Trabajo, Energía, Transporte, Agroindustria, Producción, Modernización y Turismo), reemplazando y quitando funciones a «los ojos» de Mauricio Macri, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, los funcionarios más cercanos a Marcos Peña, «la inteligencia» y el […]

El ex asesor del senador radical Luis Naidenoff y ex panelista del canal de noticias TN coordinará nueve ministerios (Finanzas, Interior, Trabajo, Energía, Transporte, Agroindustria, Producción, Modernización y Turismo), reemplazando y quitando funciones a «los ojos» de Mauricio Macri, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, los funcionarios más cercanos a Marcos Peña, «la inteligencia» y el Jefe de Gabinete del Presidente. También será el nexo con el BCRA, en reemplazo de Quintana.

Su principal objetivo será bajar el déficit fiscal de la nueva meta del 2,7% (antes 3,2%) a entre 1,5% y 1,7% el año que viene, para lo cual el Gobierno prepara una batería de medidas en consonancia con el pedido de stand-by al FMI.

Las condiciones del FMI formarán parte del manual clásico: despido de empleados del sector público, una Ley de Reforma Laboral que garantice una mayor flexibilización para poder contratar o despedir, reducción del gasto en obras públicas, como las medidas fundamentales.

Aunque los funcionarios macristas insisten en que el FMI cambió, sus buenos modales actuales buscan disimular su responsabilidad en las crisis de los últimos 35 años, entre ellas recordemos la argentina del 2001.

El reaparecido Domingo Cavallo sostuvo en aquella oportunidad, al comentar la Carta de Intención con el FMI, que la única exigencia era el «déficit cero». Además del aumento de impuestos, se disponía un recorte del 13% en salarios estatales y jubilaciones y pensiones. Sin embargo, La Nación del 1/9/2001 informaba: «El documento señala la puesta en marcha de una Reforma laboral con la renegociación de los convenios colectivos que ya vencieron para lograr mayor flexibilidad en las condiciones de empleo».

Sus políticas, sus cartas y finales son previsibles. Siempre son los mismos. En el informe elaborado para Argentina de noviembre de 2017, cuando Cambiemos gozaba de su momento de mayor gloria prometiendo un «reformismo permanente», los directivos del FMI indicaron que «es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales«.

En su reporte del 29 de diciembre de 2017, el FMI recomienda 4 ejes: bajar las indemnizaciones, flexibilizar las contrataciones, barrer con los convenios colectivos y congelar los salarios.

«Disminuir el nivel de indemnizaciones y simplificar los procedimientos colectivos de despido», señala el Fondo respecto del sistema de cesantías en el país.

Ese ítem además explica la incorporación de los artículos destinados a abaratar indemnizaciones y a crear el fondo de cese laboral en uno de los tres proyectos de reforma laboral que Mauricio Macri le giró al Senado de la Nación.

Además pide: «Facilitar el uso de contratos temporales (incluidos los aprendizajes) y los contratos de trabajo a tiempo parcial». También «limitar la extensión de la cobertura de los convenios colectivos más allá de los signatarios directos», un viejo anhelo empresario.

Por último el FMI dice que: «El Salario Mínimo deberá indexarse de acuerdo a la inflación». En términos prácticos se pide «Suprimir el Consejo del Salario Mínimo y congelar el poder adquisitivo».

El gobernador de Mendoza por Cambiemos indicó durante un discurso que le gustaría que la reforma laboral contemplara «que los convenios colectivos de trabajo no se negocien nacionalmente en cada rama de la actividad, sino que se haga a nivel regional».

Nada nuevo bajo el sol del FMI y los ajustadores neoliberales de todo el mundo: el ajuste será sobre los más vulnerables.

Convocatoria al GAN (Gran Ajuste Nacional)

«Todos los argentinos, con la única excepción de los muy jóvenes, debemos sentirnos responsables de lo sucedido en nuestro país en las últimas décadas. La historia pronunciará al respecto el juicio definitivo, mas hoy adquiere mayor relevancia la responsabilidad que compartiremos, en el acierto o en el error, en la elección de los caminos que nos conducirán al porvenir de grandeza que nuestra dignidad nos exige. El Gran Acuerdo Nacional es el imperativo de la hora presente».

Estas palabras no pertenecen a Mauricio Macri, aunque podrían serlo, sino a Alejandro Lanusse al asumir la presidencia de la Junta de Comandantes en Jefe el 2 de marzo de 1971, sin embargo, el actual Presidente ha elegido ese nombre para convocar a gobernadores del PJ, políticos opositores, empresarios, a la CGT, donde ya cuenta con el apoyo de Luis Barrionuevo quien elogió a Triaca y pidió a los gremialistas más opositores que «no tiren más nafta al fuego», y organizaciones sociales, lo cual fue desmentido por el ministerio de Desarrollo Social.

Los objetivos son múltiples, más allá de la pantalla de abrir el juego a la discusión con los gobernadores del Presupuesto 2019. Y en ese sentido coincide con la convocatoria de 47 años atrás: acordar gobernabilidad, como lo intentaría la dictadura militar lanussista acosada por las luchas populares.

También apunta a objetivos de coyuntura como frenar en el Senado el Proyecto de Ley para rebajar las tarifas de luz y gas, que ya tiene media sanción de Diputados, evitando el veto presidencial mientras esté en desarrollo la negociación con el FMI. Además de la Reforma previsional y la transferencia del PAMI a las obras sociales sindicales.

La recomendación del FMI de noviembre llevó a que el gobierno cambiara a fin del año pasado la Ley de movilidad previsional, que ajustaba los haberes según el sueldo del personal activo y la recaudación del Anses, por otra que prioriza la inflación, con lo que se amortiguan los aumentos. Ahora el FMI va por más: propuso un sistema mixto, en que el Estado solo cubra un básico equivalente al 25% del sueldo promedio del personal activo y el resto surja de una cuenta de ahorro individual, en una nueva versión de las AFJP. Esa medida permitiría bajar el rojo del sistema previsional del actual 3,1% del PBI al 1%.

Al respecto, la canasta de jubilados subió 10% en 4 meses y supera los $ 19.000. Más del 70% no cubre las necesidades básicas. La mitad perciben la jubilación mínima de $ 7.660. Las pensiones no contributivas están peor: $ 5.362 por mes y la Pensión Universal del Adulto Mayor alcanza $ 6.128. Para el Defensor de la Tercera Edad de la CBA, Eugenio Semino, «esto revalida la necesidad de un aumento de emergencia».

Como consecuencia del cambio de la fórmula de movilidad, el deterioro de los haberes se acentuó desde octubre del año pasado, ya que los jubilados recibieron en marzo un aumento de apenas el 5,71%, en lugar del 14,5% que preveía la anterior legislación. En mayo estaban cobrando menos que en marzo porque no percibieron el plus de $ 750 y $ 375, que benefició a 4.800.000 jubilados y pensionados que percibían haberes inferiores a $ 10.000. Los que superaron esa cifra no cobraron ninguna «compensación».

Otra medida que anticipó las sugerencias del FMI fue el plan de retiros voluntarios para empleados estatales con el cual el Gobierno espera reducir 5.000 puestos. Quienes se adhieran podrán mantener la Obra Social y cobrar sus sueldos hasta 36 meses. Al asumir Macri había alrededor de 235.000 empleados públicos, cifra que bajó hasta los 210.000 actuales.

Tanto los gremios UPCN como ATE rechazaron el plan que estará vigente hasta el 31 de julio.

Tarifas

En los planes del Gobierno el precio del gas y de los combustibles crecerá un 20 % por encima de los incrementos que ya están vigentes o planificados para ser aplicados en el futuro. La causa se debe a la decisión de dolarizar su valor al comenzar el proceso de incremento de las tarifas energéticas, para lo cual aprovechó dos circunstancias de la privatización del sector en los 90 que nunca se modificaron: que la producción de gas no es un servicio público y que su precio no está regulado.

A inicios del 2016, el ministro Juan José Aranguren colocó el valor del gas en boca de pozo (PIST) en un promedio de U$S 6,80 el millón de BTU, unidad de medida energética que estaba en U$S 2,50. Al mismo tiempo que arrancaba una quita de subsidios.

En tanto el precio de los combustibles acumula presión por la suba del dólar y el incremento del precio internacional.

El Gobierno y las petroleras acordaron congelar el precio de las naftas y el gasoil hasta el 1° de julio, cuando las empresas ya tenían en carpeta subas de hasta el 12%. No obstante, la semana que pasó el Gobierno autorizó una suba en los precios de los biocombustibles del 8%, que se trasladarán al valor que paga el consumidor final.

Las petroleras ya obtuvieron la promesa de que serán «recompensadas» por el congelamiento de mayo y junio. Por tal motivo, exigen que se actualice el dólar al valor de hoy, en lugar de esperar hasta octubre, mes estipulado para la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).

En el caso de los hogares porteños, desde diciembre de 2015, la incidencia de las tarifas de gas, luz y agua se triplicó de 2,45 al 7,8%. Mientras la inflación a marzo 2018 fue de 89,4%, las tarifas de gas se incrementaron un 360,6%, el servicio de agua 370,80% y la electricidad 1.036,7%. El dato surge del Indice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cual explica la mayor caída de las ventas respecto del interior del país. Durante el primer cuatrimestre, en los negocios porteños y del Conurbano, promedió el 3%, mientras en los comercios del interior fue del 1,1%, ya que «en el AMBA el ingreso hogareño debió derivarse en mayor medida al pago de servicios, reduciendo por consiguiente la disponibilidad excedente para la compra de bienes», explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

«Hoy el 70% de los ingresos de una familia tipo con $ 30.000 de ingresos, se lo llevan el alquiler de la vivienda, expensas, servicios públicos y transporte. Es claro que el costo de los servicios ocupan una proporción más importante ahora, cuando antes era a la inversa», agregó.

De la mano de los incrementos de gas y transporte, la inflación de abril fue 2,7%, por encima de las previsiones de los economistas, aunque el índice es anterior a las remarcaciones que se fueron produciendo en estos días como consecuencia del último aumento del valor del dólar que desde el 28 de diciembre fue del 32%, llegando a los $ 25 actuales. En lo que va de este mes afecta al pan, pastas, aceite, artículos para el hogar, frutas y verduras. A lo que habrá que agregar el incremento previsto para la tarifa del agua. En junio se agregará otro aumento de las tarifas del transporte y está pendiente el de los combustibles, más los nuevos ajustes en las tarifas de luz y gas en el segundo semestre.

Así, la inflación acumulada en lo que va del año, fue del 9,6%, es decir, casi dos tercios de la meta del 15% para todo el 2018. La suba interanual asciende a 25,5% superando la tasa de inflación del 2017 (24,8%).

Pymes y recuperadas quebradas

«No hay una sola PYME que haya cerrado por el aumento de tarifas», afirmó el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Sin embargo, Alberto Calsiano, Jefe de Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), explicó que la suba de los precios en la energía «tiene un fuerte impacto en la industria. Todo esto impacta de manera muy sensible en empresas pequeñas y medianas, sobre todo. Ese universo de empresas pagaba un nivel bajo de tarifas. Cuando uno lo quiere actualizar es muy difícil de absorber. Si no lo puede absorber con una rentabilidad razonable, tiene que cerrar. No hay otra».

La metalúrgica Cooperativa La Baskonia de Gregorio de Laferrere tiene paralizada su producción desde el lunes, ya que la empresa que le provee el gas le interrumpió el suministro y le reclama el pago de 150.000 pesos.

Se trata de una firma recuperada por sus trabajadores en 2002, que se ve afectada por el aumento de las tarifas -le debe 293.000 pesos a EDENOR- y del dólar. Además, para el funcionamiento del horno utiliza carbón, que por kilo pasó a costar de $ 12,30 el jueves a $ 15 el martes.

Los trabajadores de la Cooperativa Chilavert de Artes Gráficas pagaban un promedio de $ 2.500 en 2015 por el consumo de electricidad. En el mes de marzo fue de $ 41.000, una suba del 1.540%.

«Las tarifas hoy en día significan el 20% de nuestros costos fijos», señaló Ernesto González, uno de sus trabajadores. Esta situación derivó en una crisis ya que se tradujo en la reducción de los ingresos individuales. «Hoy nos llevamos menos plata que en 2015. Y a eso tenés que sumarle la inflación», agregó.

A partir de la muestra de 73 empresas recuperadas, Facultad Abierta asegura que «el 80% experimentó bajas de producción y un 12% directamente dejó de producir». Con respecto a los salarios, «los montos netos de los retiros bajaron en un 42% de los casos, se mantuvieron en un 32% y subieron en un 15%. Si uno tiene en cuenta la inflación de estos dos años, en todos los casos perdieron poder adquisitivo».

La otra cara son las ganancias netas de Central Puerto que crecieron un 55% entre 2016 y 2015; y un 26% entre 2017 y 2016. Todas esas subas fueron motorizadas por el alza del valor del kilovatio que la empresa genera en siete centrales termoeléctricas y una hidroeléctrica. Además, posee participaciones en dos distribuidoras de gas.

Otro caso es el de la empresa Benito Roggio Transporte SA, dueña del 90,66% de la empresa Metrovías SA, que «como concesionaria del servicio de subterráneos y premetro» recibió subsidios estatales que durante la última administración de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires «han ascendido en 2015 a más de $ 1.600 millones, aumentado más de 60% con respecto a 2014».

Sin embargo, al mismo tiempo que se incrementaron los subsidios, también lo hicieron las tarifas, llevando el aumento desde que la Ciudad se hizo cargo del servicio a 582%.

La empresa concesionaria tampoco ha hecho las inversiones necesarias para prestar eficientemente el servicio pese a los multimillonarios subsidios. Por lo tanto, el fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una investigación por presunto fraude al Estado. La denuncia fue formulada por el economista y ex candidato a legislador, Itai Hagman.

El 15% quedó atrás

El Gobierno insiste con las cláusulas de revisión que ya están firmadas, pero los gremios que aún no han firmado paritarias irán por más.

Las organizaciones sindicales acuden al cálculo de deterioro del poder adquisitivo en dólares. Así precisan que el salario mínimo vital y móvil era en diciembre de 2015 de U$S 807 y hoy apenas llega a U$S 401. Acotan que el tramo comprende el inicio de la gestión del actual Gobierno hasta el presente y que es tácita la necesidad de «revisión» amplia de acuerdo de mejoras salariales barajando que la inflación de mínima llegará al 24% en diciembre. Los gremios que pactaron un dígito de mejora o incluso 12% son los más complicados para «no perder por goleada»; estiman y remarcan que no hay que esperar a fin de año para tener certeza.

De las paritarias todavía en discusión Camioneros validó por escrito su pretensión del 27% y en la dilatada discusión docente en la Provincia de Buenos Aires, uno de los integrantes del frente sindical, Miguel Díaz (Udocba) desempolvó una frase peronista «la única verdad es la realidad, la devaluación del salario ya alcanzó al 20%».

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se convirtió en el mayor sindicato que supera la pauta salarial del Gobierno al pactar un aumento salarial de 18,5% y garantizar un piso de 16.800 pesos en los ingresos de los operarios del rubro, un 25% superior al pactado el año pasado. La negociación, que incluyó una cláusula de revisión a fin de año, terminó en términos casi idénticos al que habían pactado de palabra el gremio y las empresas un mes atrás hasta que el Ministerio de Trabajo exigió reformularlo para que no fuese interpretado como un desafío a su tope de 15%.

En lo formal el entendimiento prevé una suba de 6% por abril y otra de 9% en julio. Pero estipula el pase a remunerativo de $ 4.000 acordados en la paritaria del año pasado, lo que eleva un promedio de 2,5% la base de cálculo del acuerdo de este año. Al ser acumulativo el 15% con la nueva base el incremento real será de 18,5%.
Entre tanto, aceiteros cerraron un aumento de 19% y La Bancaria pactó un 15% con agregados que llevan el saldo a 20,6%.
Lejos de encarrilarse hacia una solución, el conflicto planteado entre el gremio de metrodelegados y Metrovías se profundiza. El sindicato rechaza el 15,2 % de aumento salarial que la empresa acordó con la UTA, la única organización sindical que reconoce.

Al respecto, Roberto Fernández, su titular reconoció que «en septiembre comienzan a funcionar las cláusulas de revisión, ya que el famoso 15 % de tope quedó totalmente desactualizado»

Por otra parte, en respuesta a las medidas de fuerza Metrovías empezó a suspender trabajadores y en las últimas horas avanzó con más suspensiones. «Los telegramas de suspensión enviados por la compañía ya ascienden a 114, originados en acciones ilegales tales como la ocupación de instalaciones, apertura de puertas de emergencia y/o liberación de molinetes para facilitar la evasión, o directamente impedir la normal prestación del servicio», indicó Metrovías en un comunicado.

La filial porteña de ATE reclamó la apertura de negociaciones paritarias y para reforzar su demanda movilizó hacia el Ministerio de Modernización.

El titular de la organización sindical, Daniel Catalano, aseveró que determinar «un aumento por debajo de la meta de inflación del 15 %, no abordar el impacto del tarifazo y mantener despidos y precariedad profundizará la crisis», por lo que solo volcando recursos a «los bolsillos de los trabajadores, protegiendo los empleos y fortaleciendo el rol que las políticas públicas deben cumplir a favor de la población podrá mejorarse la economía nacional», concluyó.

Ultimo momento: Represión contra los trabajadores del subte

A las 12:00 comenzó el paro total de las líneas de Subtes y premetro. La decisión exige la libertad de los quince detenidos, incluidos los metrodelegados Néstor Segovia y Pablo Baigorria, luego del descomunal operativo represivo en la Línea H.

Hoy, 22 de mayo por la mañana, uniformados de la Policía de la Ciudad reprimieron el paro que llevaban adelante los metrodelegados en las Líneas H y E. Los trabajadores organizados en la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) se encuentran en un plan de lucha desde hace más de un mes cuando denunciaron el acuerdo al que llegó la UTA en las paritarias por un 15% en 3 cuotas.

Hace unos minutos la prensa de los metrodelegados comunicó:

Paro de subte

«A partir de las 12 se paran las seis líneas de subte y el Premetro hasta que todos los trabajadores del Subte sean liberados.

Solicitamos a los medios, *acercarse a ESTACION LAS HERAS*, que se encuentra sitiada por la Policía de la Ciudad.

Llamamos a la reflexión al Jefe de Gobierno de la Ciudad y aguardamos que tome los recaudos para que se establezca el diálogo y se solucione esta situación de conflicto.»

Marcha Federal docente

Cinco columnas de maestros comenzaron a movilizarse desde cinco puntos del país para confluir este miércoles en la Plaza de Mayo en el marco de un paro general del sector y de la Segunda Marcha Federal Educativa en demanda de la paritaria nacional docente y por una nueva Ley de financiamiento educativo.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar el lunes en la sede central de la CTERA, Sonia Alesso explicó que «el día 23 cada una de estas columnas va a estar llegando a Buenos Aires para realizar el acto en Plaza de Mayo.»

De la convocatoria participarán además de la Ctera, el Sindicato Argentino Docentes Privados (Sadop), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y agrupaciones estudiantiles.

«Marchamos porque estamos exigiendo al Gobierno la paritaria nacional docente y contra los techos salariales del 15% impuestos por el gobierno nacional y en muchos lugares convalidados por los gobiernos provinciales», sostuvo la titular de CTERA, quien agregó: «eso ha generado una gran cantidad de conflictos sin resolver como los de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco, Chubut y Jujuy.»

Un párrafo aparte de su exposición durante la conferencia de prensa fue reservado para manifestar su oposición al pedido del gobierno de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto, la dirigente sindical consideró que «va afectar fuertemente no sólo nuestra jubilación sino también el presupuesto educativo». Acerca de la posible modificación de las leyes previsionales del sector, Alesso negó hoy que se trate de «un privilegio» al explicar que los maestros aportan «más que el resto de los jubilados» a las cajas previsionales.

Por último, la titular de la CTERA expresó su rechazo al cierre de los Institutos de formación docente.

Los docentes de la Provincia de Buenos Aires pararán por 48 horas. La medida será el 22 y 23. Baradel insistió que «no van a firmar una paritaria a la baja» y que la oferta del 10% inicial con revisión para julio se pulverizó por la inflación del primer cuatrimestre. Este será el quinto paro del año.

Recordemos que a gobernadora, María Eugenia Vidal, anunció que el mes próximo se les depositará a los docentes 2% de incremento salarial a cuenta y $ 1.000 por presentismo. Con este nuevo incremento, recibirán en total un 10% sólo en la primera mitad del año. Sin tener la paritaria cerrada, en abril recibieron 5% y en mayo 3%.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, adelantó el rumbo que tomará la paritaria docente bonaerense tras la brusca suba del dólar y las remarcaciones de precios de los últimos días: «Vamos a pedir, por lo menos, 25% con cláusula gatillo».

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) ratificó la postura de «darle continuidad al paro progresivo provincial de 96 horas hasta las 24 horas del jueves 24 de mayo de 2018».

En la nota que elevó el secretario general de la Atech a la ministra de Educación, Graciela Cigudosa, se denuncia «el constante incumplimiento de los acuerdos paritarios homologados que entre otros mantiene congelado nuestro salario al mes de junio de 2017».

Además se señala que el paro se ratifica «frente a la prolongación en el transcurso de los meses del pago fuera de los términos legales, en forma escalonada y de carácter parcial frente a la falta de cancelación de los intereses por pago fuera de término con una obra social que funciona de manera irregular».

La Unión de Trabajadores de la Educación (CABA) convocó a un paro y movilización para este miércoles 23 de mayo a las 14:00. Esta acción se encuentra enmarcada en la Marcha Federal Educativa que se realizará ese mismo día.

También lo hizo Ademys. La reapertura de la discusión salarial, una nueva Ley de Financiamiento educativo, la resolución inmediata de los conflictos provinciales, salarios dignos, y rechazar el cierre de los Institutos Superiores de Formación Docente, serán los ejes del reclamo.

Organizaciones gremiales, estudiantiles y de científicos participaron de una marcha de antorchas que finalizó con un acto en la Plaza de Mayo, «en defensa de la Universidad pública» y en rechazo de «una paritaria del 15 %» para los docentes universitarios.

«A eso se suma el recorte de 3.000 millones de pesos a las Universidades públicas y el desfinanciamiento que produce un ahogo presupuestario, impidiendo todo avance en la infraestructura y afectando profundamente los gastos de funcionamiento y el sistema de becas estudiantiles», advirtió el secretario general de la Conadu, Carlos De Feo.

Denunció que, «en tan sólo dos años de gestión, el presupuesto universitario bajó alrededor de un 20 % en relación al PBI».

A más de diez semanas de lucha, se realizó en Neuquén Capital, una nueva marcha en defensa de la Educación Pública.

Esta vez las docentes se concentraron en dos puntos: hospital Heller, en el oeste y Escuela 103 de Barrio Confluencia, en el este. Dos columnas numerosas y ruidosas que contaron con la presencia de estudiantes y familias de varias escuelas. Fue importante la recepción de las y los vecinos que se expresó en saludos y bocinazos de apoyo a la lucha heroica de las maestras neuquinas.

Convocatorias

Una marcha de 40.000 persona se movilizó en el centro porteño. El Movimiento Evita, Libres del Sur, Unidad Popular, el Partido del Trabajo y el Pueblo, Izquierda Popular y Patria Grande confluyeron en la Plaza de Mayo en rechazo a las negociaciones del gobierno nacional con el FMI.

El moyanismo, la Corriente Federal de Trabajadores, las dos CTA y el triunvirato de San Cayetano, anunciaron que junto a los organismos de Derechos Humanos, realizarán un acto el viernes 25 de mayo, en el Obelisco, contra el apoyo financiero por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo la consigna «La patria está en peligro».

El acto se realizará sobre la avenida 9 de Julio, con un escenario central en el Obelisco donde actuarán bandas musicales y luego los organizadores leerán un documento que denominaron «Proclama Popular del 25 de Mayo de 2018: No al FMI», que será muy crítica con la administración de Mauricio Macri por «la política del tarifazo y el ajuste».

Los 19 gremios que integran la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) que lidera Juan Carlos Schmid decidieron un paro nacional de 24 horas para el jueves 24, con movilización hacia el Ministerio de Trabajo, en rechazo de «la grave situación de la actividad y el plan económico que castiga a los trabajadores», entre otras demandas, informó el secretario de Prensa de la organización, Luis Rebollo.

Por su parte, el integrante del triunvirato que encabeza la CGT, Juan Carlos Schmid, convocó a los sindicatos a «preparar el terreno» de cara a una medida de fuerza general en rechazo de los aumentos de tarifas, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y posibles cambios en la legislación laboral.

Schmid propuso tres puntos para confluir en un paro nacional de todos los sindicatos del país: rechazo al «cuadro tarifario» que nadie puede pagar», rechazo al «retorno a los organismos financieros internacionales» -«todos sabemos lo que ocurre cuando viene el FMI», advirtió- y «no discutir absolutamente nada sobre los convenios y legislación laboral».

Se desarrolló en Neuquén un masivo Encuentro de Trabajadores, convocado por las seccionales opositoras de ATEN en huelga, ceramistas, obreros de MAM y obreras textiles. Se hicieron presentes, representantes de Siprosapue, Municipales, EPAS, PIAP y el Polo Obrero.

Participaron delegaciones nacionales como la diputada nacional, Romina del Plá, Alejandro Crespo, secretario general del sindicato del Neumático y delegaciones del Hospital Posadas y el Subte.

Dentro de las principales resoluciones se acordó: Unificar los reclamos en una jornada provincial de lucha, con el protagonismo del reclamo docente, impulsar un paro nacional activo y un plan de lucha contra el ajuste de Macri y de los gobernadores, no al pago de la deuda externa y el repudio al acuerdo con el FMI. La jornada de lucha será este miércoles 23, en el marco del paro general de Ctera, y comenzará a las 8:00 con un corte a la altura de la Cerámica Zanón. Asimismo se acordó participar de la convocatoria del SUTNA el 24 de mayo, en donde se discutirá el impulso de un Plenario Obrero nacional.

Tras la masiva jornada de lucha del pasado miércoles en todo el microcentro porteño de 27 organizaciones sociales que nuclean a trabajadores y trabajadoras cooperativistas en reclamo de vivienda, educación, trabajo, suba de salarios, empleo digno, en repudio a los tarifazos, el acuerdo con el FMI y en reclamo a la CGT de un paro general activo, algunas organizaciones realizaron durante toda la noche un acampe con olla popular y vigilia en el Obelisco porteño, continuando con la medida de lucha.

Al levantar el acampe, Marianela «Pini» Navarro , vocera de las organizaciones que acamparon, en la asamblea de cierre de la medida, remarcó: «con la movilización de ayer, que fue muy importante y masiva, hemos dirigido nuestros reclamos a los distintos ministerios. Como eje principal pedimos al Gobierno Nacional de que dé respuesta a nuestro reclamo de trabajo. Tenemos cientos de personas en los barrios a la espera de que salga un programa de empleo . Tenemos un montón de nuestros compañeros y compañeras que  apenas perciben $ 4.750, que reciben boletas de luz de $ 2.000 o $ 2.500 . Consideramos una injusticia que a la mayoría de la clase trabajadora se la condene a la supervivencia mientras la riqueza social se va a parar a los paraísos fiscales o, como ha ocurrido todos estos días, los especuladores, los bancos y el Gobierno a la cabeza, que han favorecido a los sectores más ricos «.

El martes 15, Barrios de Pie junto a otras organizaciones sociales cortaron al mediodía un carril de la avenida Corrientes a la altura del Obelisco y desde allí marcharon hacia el Banco Central, donde instalaron ollas populares en rechazo de las Lebac y la bicicleta financiera. En el marco de la renovación de Lebac por 617.000 millones de pesos y después de que el Gobierno recurriera de urgencia a un salvataje del FMI, el colectivo social afirma que no quieren ser ellos los que tengan que «pagar de nuevo los platos rotos».

Gendarmería e Infantería amenazan con reprimir en Cresta Roja

«Ordenaron vallar la 205», afirmaron los trabajadores en las redes sociales. «No alcanzó con Gendarmería y la Policía montada. Ahora se apostan en la 205 Gendarmería, Infantería, PSA, Policía Local, Policía montada y motorizada » , agregaron. «#SomosTrabajadores #NoSomosDelincuentes #NoALaFlexibilizaciónLaboral «, completaron en la red Twitter.

«Están por todos lados, amenazan con llevarse gente», dijo a su vez un delegado a la prensa apostada en la zona. «La gente que vive acá en el barrio también los revisan de pies a cabeza. No sé qué pretende este gobierno», agregó.

«Lo único para destrabar el conflicto es que todas las fuentes de trabajo estén garantizadas», sostuvo también.

Asimismo, trascendió que los uniformados tienen orden de reprimir si trabajadores de Cresta Roja que llegaran a cortar la ruta 205 como protesta.

El miércoles pasado los empleados de la empresa, quienes hace cuatro meses que no cobran, fueron reprimidos por gendarmes y policías de la Bonaerense, por lo que mantuvieron el acampe hasta el viernes último, cuando lo levantaron con la promesa de que serían recibidos.

Los empleados que desde hace semanas mantienen un bloqueo de la planta reclaman una respuesta sobre su situación laboral desde que la nueva empresa que operará en el frigorífico, Wade, del grupo Granja Tres Arroyos, dio a conocer un programa de reestructuración con una planta mínima de trabajadores.
El plan de la firma, según denunciaban los trabajadores que cortan la ruta 205 y la calle Los Troncos, en Ezeiza, «deja trabajar a 180 empleados y 1.100 quedan afuera».
«Queremos una solución a estos cuatro meses sin cobrar y padeciendo en la calle, sin trabajo ni telegramas ni sueldo», planteó un operario.

«Acá no se habla de sueldos ni de indemnizaciones ni de nada que tenga que ver con plata», señaló otro de los trabajadores tras cuestionar a la jueza Valeria Pérez Casado (quien lleva adelante la quiebra de la ex Rasic) por «dejar a la deriva» a los trabajadores, al Ministerio de Trabajo por «aceptar estas cosas» y al gremio de la Alimentación «por no tomar medidas de fuerza».

El miércoles pasado, los operarios que acampaban frente a la planta ubicada sobre la ruta 205 a la altura del cruce de la estación Unión Ferroviaria, fueron desalojados por efectivos de la Gendarmería y la Infantería de la Policía bonaerense con balas de goma, lo que dejó un saldo de dos empleados heridos, según denunciaron los trabajadores.

Reincorporan a trabajadores despedidos del YCRT y Punta Loyola

En el marco de los reclamos impulsados por ATE para la reincorporación de los trabajadores despedidos en Río Turbio y Punta Loyola, que no aceptaron el retiro voluntario propuesto por la empresa, este jueves 17 se acordó la restitución en sus puestos de trabajo de 167 compañeros con las funciones de revista que desempeñaban antes de la notificación de los despidos.

El dirigente del CDN, Ernesto Contreras, señaló que con las reincorporaciones en curso los trabajadores volverán a cobrar sus salarios que están caídos desde el mes de enero. El dirigente explicó que «esto es así porque los trabajadores no aceptaron el retiro voluntario, por lo tanto tal como hemos sostenido siempre aquí se trató de despidos encubiertos, por ello sólo cabía la reincorporación».

El dirigente informó que está previsto que el día 21 se retomen las tareas tanto en el yacimiento carbonífero de Río Turbio como en el complejo ferro portuario de Punta Loyola y se realizarán asambleas para poner en conocimiento a lo/as trabajadores/as de la actual situación.

Contreras agradeció el apoyo habido por parte de la gente de Río Turbio y 28 de Noviembre y de las distintas organizaciones, que «en unidad resistimos este atropello que sufrimos los trabajadores por parte del gobierno».

Conciliación obligatoria en dos conflictos

El paro de 24 horas previsto en Latam, fue suspendido por los cinco gremios aeronáuticos, luego de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días, ante «un expreso pedido» de la empresa.

El jueves en asamblea los trabajadores resolvieron la medida de fuerza en defensa de sus puestos de trabajo y contra el vaciamiento.

En el marco del Plan de Lucha con Huelga Nacional iniciado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina a las 18:00 del jueves 17, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria desde las 22:00 del viernes. Asimismo dispuso la realización de una audiencia el próximo 24 de mayo a las 12 horas.

La medida de fuerza se cumplió desde el primer momento de forma contundente en todo el país. Fue una demostración rotunda de unidad y solidaridad obrera con la lucha de las compañeras y compañeros despedidos de Cargill. Además, exigen el pleno cumplimiento del acuerdo salarial aceitero en aquellas empresas que no han pagado la suma acordada al día 15 de mayo.

Fuentes: Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, Red Eco Alternativo, marcha.org.ar, argentina indymedia, La Izquierda Diario, www.ate.org.ar, www.cronica.com.ar

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