La tensión preelectoral se incrementa día a día en Bolivia a las puertas de los esperados comicios generales. Tras el desconocimiento de los resultados electorales en 2019 y el sucesivo Golpe de Estado, hoy confirmado en palabras de los propios perpetradores, el prolongado interinato ha azotado a la población boliviana por 10 largos meses, acarreando consigo una profunda crisis multidimensional: política, económica, social y sanitaria.
El pasado como prólogo
En medio de los numerosos y execrables actos de corrupción de las autoridades transitorias, el desmantelamiento del Estado y el total abandono a las urgencias de la población boliviana, la esperanza de un pronto viraje radica en la necesidad de poder ejercer nuestros derechos políticos para luego recuperar nuestros derechos humanos. Hoy, un órgano electoral solvente juega un rol vital para que los y las bolivianas podamos recuperar la patria, la matria y el ajayu.
En ese sentido, abordamos puntos centrales sobre la necesidad de una labor transparente del Tribunal Supremo Electoral frente a los, ahora, inamovibles comicios del 18 de octubre. Una rotunda imparcialidad y probidad de sus representantes es más que fundamental. Cabe, igualmente, puntualizar que este texto no busca minar la credibilidad de esta entidad, sino señalar que estamos atentos sobre lo que implican los comicios a nivel técnico, institucional, y principalmente, ciudadano.
Primeramente, las únicas dos razones de ser del gobierno interino eran pacificar el país y llamar a elecciones en un plazo de tres meses tras asumida la administración. Por una parte, la denominada pacificación tiene como fatal resultado dos masacres que cobraron la vida de 37 personas y centenares de heridos y detenidos, producto de la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como innumerables violaciones de derechos humanos, principalmente, a exautoridades, exfuncionarios de Estado, a dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo.
A la fecha, se pronunciaron al menos una decena de instituciones internacionales sobre esta vulneración sistemática a los derechos fundamentales por parte del régimen, mediante informes y reiterados llamados de atención, a saber la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH, Human Rights Watch, Amnesty International, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, la Fundación de Derechos Humanos, la Red de Universidades en Defensa de Derechos Humanos, entre otras.
Por otra parte, la convocatoria a los comicios generales excedió los tres meses iniciales de mandato transitorio, estableciendo la fecha electoral para mayo, luego agosto, septiembre y, finalmente, octubre, prorrogándose la duración del interinato en cada ocasión. Trataron de imponer un falso dilema, salud o elecciones, para justificar los aplazamientos.
En la última prórroga y anticipando que el pico de contagios por coronavirus sería a inicios de septiembre (como ya lo fuera en mayo y agosto), el TSE se valió de una única recomendación del Comité Científico de Salud sin publicar criterios técnicos o sanitarios para validar la postergación hasta octubre, pasando por alto a la Asamblea Legislativa y generando mayor inestabilidad política ante la incertidumbre.
El Carter Center respaldó, sorprendente e inmediatamente, la decisión del TSE de posponer los comicios hasta octubre. Paradojas de la vida, simultáneamente se iniciaba el desconfinamiento paulatino a cargo del gobierno central y diferentes gobernaciones.
En todo caso, jamás hubo tal pico de contagios en septiembre y, casualmente a 12 días de los comicios, resurgió el COED sirviéndose del ministro de Obras Públicas como vocero para “advertir que habrán rebrotes y recontagios”, una vez más, sin el mínimo respaldo técnico o respeto a la inteligencia de la población.
Institucionalidad e independencia
Importante es enfatizar en el respeto a la institucionalidad e independencia del TSE. Es únicamente tuición del ente electoral administrar los procesos electorales y, por tanto, cualquier accionar de parte del Ejecutivo en este sentido constituye, esencialmente, la usurpación de sus funciones.
En junio, el presidente del TSE se reunió con Jeanine Añez a puerta cerrada. Cabe cuestionar si lo hizo como mandataria o como candidata por la agrupación Juntos, ya que entonces aún detentaba el doble estatus. ¿Por qué se reunió con ella y no con el resto de las fuerzas políticas en contienda?
Resulta pertinente considerar los recientes comunicados de la visita a Estados Unidos del ministro de Gobierno. Efervescente, Murillo publicó que viajó a cumplir agenda oficial en reuniones con la OEA, el Departamento de Estado y el BID, acompañado del autonombrado agente de la CIA, Erick Foronda.
Pues bien, Murillo usurpa las funciones del TSE y da indicios de la falta de independencia del Órgano Electoral frente al Ejecutivo, ya que en esa ocasión firmaron un acuerdo para el despliegue de una Misión de Observación Electoral (MOE), a la vez de advertir sobre un posible fraude en los comicios venideros (anticipando el incumplimiento del TSE para garantizar los comicios).
Además, se arroga atribuciones de las carteras de Defensa al asistir a la Casa Blanca para tratar “temas de seguridad nacional”, de Planificación y Economía para gestionar créditos y de Exteriores para canalizar todo contacto en el ámbito internacional, supeditando nuevamente a la canciller Longaric, quien, dicho sea de paso, paralelamente recibió una seguidilla de regaños en el Parlamento Europeo por haber confundido su palestra en tal escenario con un mitín electoral.
Observación internacional, NO injerencia
Es imperativo puntualizar que las misiones internacionales de observación electoral tienen la tuición de acompañar los comicios y brindar recomendaciones para mejoría en futuras elecciones en estricto cumplimiento de imparcialidad, objetividad, transparencia, no partidismo y, especialmente, no interferencia en los asuntos internos del Estado que invita a las MOE.
Por tanto, la declaración del Secretario de la OEA, Luis Almagro, respaldando al gobierno ante el inminente fraude electoral “para asegurar la voluntad del pueblo” rebasa sus atribuciones como Observador y raya en la injerencia.
El pasado 21 de diciembre, cuando posesionado como presidente del TSE, Salvador Romero se refirió en los siguientes términos “es valioso el informe de la UE, al igual que el de la OEA, que nos colocan puntos críticos del proceso electoral 2019. Lo asumimos como una hoja de ruta que pone elementos a ser mejorados o cambiados y que nos permitan llegar a la jornada electoral de 2020 con todos los temas resueltos y la confianza de la ciudadanía, que haya elecciones transparentes».
Es contradictorio que nombre a la misión europea como MOE a pesar de no serlo, ya que ésta se compuso de tan solo dos expertos y la resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 2019 precisa que «ninguno de sus miembros u organismos ha recibido el mandato de observar o comentar este proceso electoral en nombre del Parlamento Europeo», por tanto, fue poco honroso hacerlo más que a título personal. Como representante del TSE,
¿Romero erra u obvia que no es un informe oficial de MOE de la UE al momento de servirse de éste ante medios nacionales e internacionales e irradiar la narrativa del supuesto fraude?
Hasta hoy, al menos 6 estudios técnicos y más de 100 expertos en estadística y economía refutaron el informe de la OEA y apuntaron a que la metodología y los datos aplicados son errados e irreproducibles. Por su parte, el Secretario General de la OEA tildó tales refutaciones académicas como “políticas” y sesgadas, evidenciando su propio sesgo al no considerar las valiosas recomendaciones técnicas para mejorar su metodología en futuras observaciones electorales.
Asimismo, la OEA determinó enviar a Bolivia al mismo jefe de MOE que en 2019, el excanciller costarricense, Manuel Gonzalez, a pesar de que los precipitados pronunciamientos preliminares y la falta de rigor de su informe final de 2019 le ha costado la legitimidad y credibilidad a la OEA y a su Secretario General, además de costarle a Bolivia casi un año del gobierno más nefasto y corrupto desde la (entonces) última dictadura militar.
Enviar al mismo jefe de MOE es, por decir poco, una provocación al pueblo boliviano. Si el presidente del TSE conociera nuestra realidad, podría mínimamente reflexionar sobre si tal designación aporta o resta a la inestable coyuntura nacional.
Recientemente, el TSE dio a conocer las entidades nacionales e internacionales que participarán como observadores electorales: OEA, Unión Europea, Unión de Organismos Electorales de América y el Carter Center como delegaciones internacionales. Sin embargo, el 26 de septiembre, la Internacional Progresista denunció haber solicitado reiteradamente la acreditación de una delegación de cinco parlamentarios para acompañar los comicios. El TSE aún no se las otorga.
La Ley del Embudo podría ilustrar sobre la habilitación de unos y no de otros. Romero fue representante de misiones de observación electoral, consultor y asesor del Centro Carter entre 2014 y julio de 2019, también fue nombrado primer director del National Democratic Institute en Honduras entre 2011 y 2014 durante una etapa de alta inestabilidad política y social. Ambas son entidades estadounidenses asociadas financiadas por la NED y USAID. Luego fungió como consultor experto de la OEA para las reformas al sistema electoral de Honduras en 2018.
Como presidente de la entonces Corte Nacional Electoral, nombrado vocal durante el mandato de Carlos Mesa, cumplía disciplinadamente con reuniones informativas a la embajada de EEUU en Bolivia. Diferentes cables de Wikileaks dan cuenta de la periodicidad con la que Romero se reunía con la legación diplomática estadounidense en La Paz.
Nos centraremos en el cable 09LAPAZ11_a, de fecha 6 de enero de 2009, titulado Fraude cantado: denunciando anticipadamente los resultados del referendum, aunque existen 9 cables más… En tal documento, Romero se atribuye la autoría de análisis publicados anónimamente en el diario La Razón y otros medios.
Para tal efecto, Romero y Rafael Loayza idearon una estrategia de tres etapas para: establecer suficientes dudas técnicas en la ciudadanía respecto de la credibilidad frente al referéndum constitucional mediante publicaciones anónimas cada dos o tres días en prensa, generar denuncias desde el Senado y presionar a la comunidad internacional y observadores electorales.
Así nace la narrativa del “fraude” que cuestionaba, por una parte, el padrón electoral, y por otra, el apoyo rotundo al MAS especialmente en municipios de los departamentos de la “Media Luna” con base en los resultados del referéndum revocatorio. Romero se sirve de su conocimiento técnico como expresidente de la CNE para mellar la credibilidad de la institución y proyectar la urgencia de “retomar la democracia”.
Por entonces, Loayza declaraba a la embajada que consideraban la posibilidad de que existan enfrentamientos violentos a raíz de su estrategia, pero que era “un riesgo razonable para resaltar el tema del fraude”. ¿Somera similitud con la reciente coyuntura boliviana?
Medios
Por último, cabe resaltar que el Órgano Electoral debe ser imparcial y neutral a fin de garantizar el ejercicio político de los diferentes partidos, de sus candidatos y militantes, lo cual también contempla los actos de proselitismo. En las últimas semanas, la violencia escaló abruptamente desde los diferentes frentes. Sin embargo, prensa local y “analistas” parecen tener muy claro quiénes son víctimas y quiénes “violentos”, a la sombra del denominado y reciclado voto útil.
En 2019, medios bolivianos locales mostraron total voluntad para amplificar la información procedente de la OEA y contribuir a instaurar una lógica de inestabilidad y terror, pero mantienen un selectivo cerco mediático desde noviembre. Es desde ya escasa la cobertura informativa objetiva en los principales medios nacionales, aún más escasos son los análisis de académicos o intelectuales nacionales sobre los últimos diez aciagos meses.
No obstante, periódicos como el New York Times, The Washington Post, The Guardian o Le Monde Diplomatique analizaron los sucesos a los que nuestra prensa cínicamente cierra los ojos. Algunos de los titulares principales que dan cuenta de ello son: “Una elección amarga. Acusaciones de fraude y, ahora, una reconsideración”, “Bolivia y el coronavirus: la tasa de mortalidad al alza durante la crisis política”, “Mesa y Añez deben pactar para evitar que el MAS vuelva al poder” (NYT, 06, 08 y 07, 2020).
Y, además, “Investigadores del MIT ciernen dudas sobre el fraude electoral boliviano”, “Si se restablece la democracia en Bolivia, agradece a los manifestantes, no a Estados Unidos ni la OEA” (WP, 02 y 08, 2020), “Reina el silencio sobre el Golpe contra Morales en Bolivia con apoyo de Estados Unidos”, “¿Está la presidenta “interina” utilizando la pandemia para prologar su mandato?” (TG, 09 y 06, 2020), “Bolivia, crónica de un fiasco mediático” y “Golpe de Estado mediático” (LMD, 10 y 08, 2020). Ante tan abismal asimetría en la comprensión de los hechos que vivimos en Bolivia, ¿tendrá el árbitro electoral alguna atribución?
Sí, los derechos políticos también contemplan el acceso a información veraz y objetiva sobre las propuestas de los diferentes candidatos. Por tanto, los medios tienen la obligación de brindar la misma calidad y cantidad informativa de todos los partidos. La monopolización del discurso desequilibrado y discriminador atenta seriamente contra la sociedad.
Basta revisar brevemente la agenda mediática diaria para constatar que los partidos políticos no compiten en igualdad de condiciones. Previamente, fue la excesiva presencia de la entonces presidenta candidata en los medios nacionales. Hoy, los medios direccionan la representación sobre una u otra militancia.
Titulares como “Confrontaciones entre masistas y un grupo de personas”, “hordas masistas” o “grupos de salvajes” ilustran cómo la militancia del MAS se enfrenta a una deshumanización y animalización (amén de la persecución política) permanente. ¿Se pronunciará Romero al respecto?
Como Observador Internacional de la UNIORE en el balotaje de las elecciones ecuatorianas de 2017, Salvador Romero llamó enfáticamente a la población ecuatoriana, actores políticos e instituciones a “transmitir el llamado a esperar paciente y serenamente hasta la publicación de los resultados finales (…) a la vez de evitar un clima de crispación”. En esta entrevista, también aseveraba que la institucionalidad electoral en América Latina demostró fortaleza para realizar su trabajo incluso en ambientes polarizados, donde los resultados son muy ajustados.
Entonces, ¿qué opina Salvador sobre el llamado a desconocer la eventual victoria del MAS semanas antes de las elecciones de 2019 por parte de la otrora oposición? ¿o el llamado a la permanente movilización ciudadana por parte de su aliado Carlos Mesa incluso cuando aún no había concluido el conteo oficial de votos, accionar que derivó en la quema de los Tribunales Electorales Departamentales a nivel nacional y la consiguiente pérdida de material electoral?
Esta conducta antidemocrática parece confirmar la hipótesis planteada por el propio Romero en el cable analizado donde postula que la fortaleza del MAS “pondría a la oposición en una mentalidad desesperada de “minoría permanente” que podría llevarla a recurrir a la violencia”.
Finalmente, retomo las palabras de Romero en calidad de observador internacional “aún más importante que tener resultados rápidos es tener resultados que verdaderamente demuestren la voluntad popular”. En ese entendido, ¿garantizará la autoridad electoral que todos los partidos políticos lleguen a los comicios y participen en igualdad de condiciones? Sea quien sea el ganador en estos comicios ¿se respetará la voluntad del pueblo?
Nahí Nascimento. Comunicadora social, con estudios posgraduales en mediación cultural, lenguas, análisis del discurso y política exterior. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégicoi (CLAE, estrategia.la).