México afronta una situación gravísima en materia comunicativa y mediática caracterizada por un déficit democrático extremo, un gravísimo ataque sistemático a los derechos humanos y una constante vulneración de los principios esenciales del Estado de derecho, concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). En el marco de la Sesión sobre Libre Comercio, violencia, impunidad […]
México afronta una situación gravísima en materia comunicativa y mediática caracterizada por un déficit democrático extremo, un gravísimo ataque sistemático a los derechos humanos y una constante vulneración de los principios esenciales del Estado de derecho, concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
En el marco de la Sesión sobre Libre Comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México, el TPP realizó en ciudad de México la audiencia temática final sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, respondiendo a una solicitud de atención, denuncia y justicia formulada por una amplia red de asociaciones, movimientos de jóvenes, trabajadores de la comunicación y periodistas. representantes del mundo académico, de medios libres y radios comunitarias.
Los elementos de la estrategia de los movimientos sociales, expresados en las audiencias del TPP priorizan el respeto a los derechos humanos y la igualdad de los derechos. En estas estrategias los jurados encontraron formas diversas de acción política como las luchas y las resistencias -bajo la consigna de «resistir es crear»-, el reclamo de políticas públicas de igualdad, la búsqueda de una alternativa al pensamiento hegemónico, prácticas concretas de emancipación. Allí hay nuevas concepciones: el rechazo de las desigualdades y de las formas de dominación, el respeto de la naturaleza, la gratuidad, los bienes comunes y los servicios públicos, la democratización de los medios, la protección contra la represión, el rechazo a la criminalización.
En su diagnóstico, el TPP señala que México juega un papel de experimentación muy grave en la evolución mundial: se trata de una estrategia conducida a escala mundial para imponer un monopolio de poder. Las audiencias del tribunal permitieron identificar los elementos que componen esta estrategia mundial de violación de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la comunicación.
Entre ellos se suman el control de los medios de comunicación por el capital financiero asociado al capital internacional; el monopolio de las telecomunicaciones; la subordinación del poder político al poder financiero; la reducción del papel social y protector de los derechos y de la libertades de los Estados; las políticas económicas y sociales neoliberales; el despliegue ilimitado de un pensamiento hegemónico de violación de las libertades individuales y colectivas y de los valores de la igualdad de las personas; la criminalización de los movimientos sociales, la infiltración de las redes mafiosas; la instrumentalización del terrorismo: la intimidación que ha llegado a más de un centenar de asesinatos de comunicadores profesionales y populares.
El Tribunal resaltó que la preeminencia de este modelo económico en México, el semiocapitalismo, se expresa en la relevancia integral que el duopolio posee sobre el conjunto de la economía mexicana, así como en el crecimiento constante experimentado por el sector de la llamada «información en medios masivos» en el conjunto del Producto Interno Bruto de México, al que hay que añadir el impacto económico y el volumen de negocio del conjunto de las industrias culturales en el país.
De esta forma, México funciona como un laboratorio paradigmático en la configuración de un proceso general de reestructuración del modelo de acumulación de capital que no sólo descansa en una liberalización y privatización de la esfera mediática, sino que pone de manifiesto la tendencia paulatina del capitalismo a recombinar sus núcleos de poder situados en las estructuras de producción de bienes y servicios materiales, con la relevancia económica cada vez mayor de las estructuras productoras de signos, subjetividad y sentido, sobre todo en el campo de la comunicación mediática.
El Tribunal señaló que el monopolio mediático sobre la producción y circulación de la información no sólo descansa en una alianza explícita entre el poder político y el poder económico, sino que convierte la actividad mediática en un flujo constante de legitimación del modelo económico imperante y de estigmatización de todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y una racionalidad que difiere del discurso dominante. Esta pauta mediática deja a la sociedad indefensa frente a un único discurso de verdad que, lejos de presentar un carácter democrático, determina la existencia de un ecosistema mediático de índole netamente totalitaria.
El 92% de las señales televisivas están en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa-TV Azteca que además maneja publicaciones impresas, editoriales, casas productoras, portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía satélite, casinos, bancos, casas de préstamos, y se asocia a muchas otras empresas de actividad financiera y bursátil.
El mediático, primer poder
Los testimonios recogidos por el Tribunal documentaron cómo el ejercicio del poder político en México atiende el mandato que la televisión mercantil impone a los tres poderes constitucionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que esta relación la complementan tres factores denominados estructurales.
El primero, la corrupción y la impunidad generalizadas en el sistema de procuración e impartición de justicia: el 98% de los delitos y crímenes de todo tipo no son siquiera denunciados, y del magro porcentaje de denuncias (2%) más de la mitad no recibe sentencia alguna. El segundo, una relación de complicidad entre medios de comunicación y poder político que fue sistemáticamente construida durante décadas de hegemonía de un sólo Partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Arraigadas prácticas de control sobre los medios mediante el uso discrecional de la publicidad oficial, han significado para éstos formas de sometimiento y servilismo. La ausencia de organizaciones gremiales de periodistas, fenómeno complejo y difícil de comprender, apuntala que los comunicadores reproduzcan en su tarea cotidiana ese mismo fenómeno.
En tercer lugar, la precaria profesionalización y la limitada capacitación de los comunicadores que vulnera su situación laboral. En promedio un periodista gana en México entre 300 y 400 dólares al mes, o cobra por nota 60 centavos de dólar. Para satisfacer sus necesidades a veces tiene hasta tres trabajos o redacta hasta diez notas por día. Los dueños de los medios, plegados a los intereses de los gobernantes, son los principales obstáculos para la capacitación de sus reporteros y la mejora de las condiciones laborales.
Según el Consejo Nacional para la Prevención de las Discriminaciones (Conapred) los medios masivos contribuyen a reproducir y alientan todas las formas de discriminación que en México se practican desde el período colonial con sus 300 años de esclavitud: por el color de la piel, la estatura, el aspecto, las edades (niños, jóvenes, ancianos), el sexo, las preferencias sexuales, la procedencia regional, la lengua que se hable (sobre todo si es indígena), la condición civil, las discapacidades físicas o mentales, la pertenencia a ciertos grupos, las creencias religiosas, la vida matrimonial y sus avatares, entre otras muchas cosas . Todas las formas de discriminación son alentadas en la variedad no tan amplia de géneros televisivos y radiofónicos.
Las acusaciones documentaron que el virtual monopolio político ejercido durante más de 80 años por el Partido Revolucionario Institucional, hoy nuevamente en el poder presidencial, requirió para reproducirse del monopolio de los medios radiofónicos, promovido y apoyado desde sus inicios por los presidentes de la República, quienes entregaron frecuencias radioeléctricas al margen de toda normatividad a unos cuantos de sus amigos y aliados.
No exageraba el dueño de Televisa Emilio Azcárraga Milmo cuando dijo a la revista «Proceso» que él y Televisa eran «soldados del Presidente y del PRI». Sin embargo, la relación se invirtió, según los testimonios basados en estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana: de ser Televisa y su dueño soldados del Presidente, a ser el Presidente soldado de Televisa junto con los otros poderes constitucionales.
Más que ciudadanos, consumidores
Destacó el Tribunal que la evolución del sector mediático y de las industrias culturales en su conjunto pone de manifiesto que la producción de subjetividad no constituye únicamente el soporte ideológico para la reproducción del modo de producción imperante, sino que cada vez más se está convirtiendo en un objeto fundamental del mismo: las industrias mediáticas en México subrayan hasta qué punto la producción de subjetividad y la comunicación se han mercantilizado hasta convertirse en espacio de valorización y de negocio.
La transformación de los ciudadanos, en tanto que usuarios y productores de la comunicación y la información mediáticas, en meras audiencias y consumidores, les niega la participación en la toma de decisiones y en la configuración de la cualidad de los contenidos mediáticos.
En el contexto de una destrucción generalizada del tejido social del país, el ecosistema mediático y de comunicación se ve afectado de manera alarmante y dramática por una violencia que posee un carácter dual. Por un lado, una violencia directa contra la libertad de expresión y de información que toca de manera más dolorosa a los profesionales del periodismo y a los ciudadanos que participan del denominado tercer sector de la comunicación, fundamentalmente iniciativas de comunicación social de naturaleza comunitaria.
Y, por otro lado, una violencia simbólica que impone un discurso, unas narrativas mediáticas y unos imaginarios que diseminan en la sociedad valores, formas de subjetivación, modos de vida e inclinaciones éticas, en definitiva, una cultura, afín al modelo económico imperante y los regímenes de existencia que éste impone.
Tras escuchar y analizar la documentada denuncia de organizaciones y movimientos sociales (campesinos, indígenas, de trabajadores, académicos y juveniles) presentada en la audiencia, el Tribunal dejó en claro que la problemática de la falta de acceso a la información -y de ejercer el derecho humano a la información-, la concentración duopólica de los medios masivos y la continua violencia contra los comunicadores afecta muy gravemente los derechos individuales y colectivos de loa mexicanos.
La reforma del Estado y la reciente alternancia política en el gobierno (2000-2012), no han tocado esta concentración: los gobiernos, los partidos políticos, los legisladores (por ende, las leyes) se han subordinado a los intereses del duopolio Televisa-Televisión Azteca, consolidado con los tratados de libre comercio.
Consideró que la brecha social se acrecenta en un país de enormes desigualdades, que cobija al hombre más rico del mundo y a 50 millones de personas carentes de las condiciones mínimas de supervivencia. Un país que presume de diversidad cultural y lleva adelante políticas de aniquilamiento de sus pueblos originarios, una nación referente por su sus luchas sociales, que hoy criminaliza y elimina todo tipo de protesta ciudadana.
Señaló el Tribunal que México ha carecido y sigue careciendo de una regulación normativa incluyente de todos los sectores sociales en materia de los derechos humanos a la información, la libre expresión y la comunicación, donde persiste la aplicación de leyes que alientan un esquema corporativo monopólico, a la vez que criminalizan de manera manifiesta a los ciudadanos, las organizaciones, comunidades, pueblos que luchan por sus derechos.
Afirmó que la violencia contra la prensa se ha manifestado en ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder; desapariciones de periodistas profesionales y populares; el desplazamiento y/o exilio de comunicadores por amenazas directas en su contra; autocensura de los medios e infiltración de bandas delictivas en las propias redacciones; vejaciones, asesinatos y desaparición de mujeres periodistas; ataques a usuarios de redes sociales que difunden información sobre la violencia, y toda forma de agresiones físicas y sicológicas tendientes a sembrar el temor y el terror entre los comunicadores. Recordó que por todo esto, la Relatoría de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU considera a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.
En lo que va del siglo, según la Procuraduría General mexicana, 102 periodistas fueron asesinados, 18 han sido desaparecidos y hay un número no posible de identificar de desplazados y/o obligados al exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron durante la presidencia de Feljipe Calderón (2006-2012), cuando la aplicación de una estrategia bélica de seguridad dejó 60 mil personas asesinadas y 10 mil desaparecidas. A ello se suma el aumento de asesinatos y agresiones de defensores humanos, en un país donde se extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica en los medios de comunicación.
El Tribunal tomó en consideración que más de mitad de las denuncias presentadas por las organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan que los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes estatales -militares, policías, autoridades locales- y que el 13 por ciento proviene de la delincuencia organizada, en n país donde la aprobación de mecanismos institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la constante durante las últimas tres presidencias. En los primeros nueve meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio de una cada 28 horas.
Destacó, asimismo, que a dos años de creada la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas – físicas, sicológicas, legales y cibernéticas- que ponen en peligro la integridad física, moral y financieras de las periodistas, ya no solo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por autoridades locales, estatales o mandos federales contra los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de expresión y el acceso a la información.
Tomó nota de lo ocurrido en los últimos 20 meses, cuando 11 periodistas fueron asesinados en los estados del centro-sur y noreste del país (dos en Tamaulipas y Oaxaca, uno en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuaha), y que en 21 de los 32 estados se ha denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos, detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor, ante la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia.
Entre 2002 a 2013 se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas, 60 por ciento de ellos cometidos por servidores públicos, administrativos y policías, incluido el crimen de feminicidio.
La antirreforma y el fin de la privacidad
El Tribunal consideró que la reforma constitucional a la Ley de Telecomunicaciones (2013), que generó expectativas entre muchos sectores de la sociedad, fue completada con una legislación secundaria, aprobada en julio de 2014, que canceló dichas expectativas. El Estado, nuevamente, promovió cambios para consolidar el statu quo.
Constató que la nueva Ley de Telecomunicaciones permite graves violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet, al obligar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a que proporcionen a las autoridades de seguridad y administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de orden judicial.
La reforma establece el derecho de «la autoridad» a desplegar la vigilancia masiva del internet, los celulares, la fibra óptica, la telefonía fija, los servicios satelitales para geolocalizar a los usuarios en tiempo real, dónde están, a dónde hablan, con quién se comunican, qué se dicen y eventualmente bloquear por razones de «seguridad nacional» la transmisión de señales en actos de carácter masivo o de protesta social y censurar previamente contenidos de internet. Los concesionarios, es decir, las empresas, están obligadas a prestar esos servicios de espionaje, localización y de fichaje: tienen la obligación de resguardar los datos de los usuarios al menos por dos años.
La reforma en telecomunicaciones, concebida en lo básico como un intento de disminuir el poder paralelo de los monopolios de la radiodifusión y de la telefonía apabulló al conjunto de leves trazos que dibujaban un posible fortalecimiento de los medios de sentido social. A las radios comunitarias e indígenas se les impuso exigencias semejantes y aún más estrictas que a las concesiones privadas, para obtener una frecuencia en el 10% del espectro o para conservarla. El Tribunal consideró ridícula la potencia de 20 watts que se les concede para transmitir, mientras se les niega, discriminatoriamente, toda posibilidad de acceder a recursos publicitarios que permitieran su sostenimiento.
Para comprender el origen de la reforma en telecomunicaciones consumada en julio de 2014 es indispensable considerar lo que representó en el contexto que se describe la rebelión juvenil de 2012: por primera vez en la historia aparecieron en las calles multitudes ciudadanas reclamando la democratización de la comunicación y el fin del control priísta de la sociedad. Los testimonios juveniles en la audiencia desplegaron en detalle los episodios que originaron y se sucedieron durante el creativo movimiento que ocupó la atención nacional e internacional a lo largo de más de nueve meses.
El Tribunal comprobó que la criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y se usa para encubrir posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y/o culturales. Se utiliza con pretextos de bien común -la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la decencia- pero es empleada como mecanismo de control social para intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La criminalización se construye desde los ámbitos normativo, discursivo, de la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación se usan para señalar, descalificar e invitar a su persecución, omitiendo cualquier consideración a los derechos inalienables de los ciudadanos.
El Tribunal destacó, asimismo, que muchos informadores y opinadores ejercen desde los medios de comunicación -en especial de los que pertenecen al duopolio- la criminalización y el linchamiento (a veces no solo intelectual) de aquellos que osan reclamar sus derechos, en diatribas donde abundan acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la injuria, la incitación al odio y discriminación racial y social y a la discriminación de género.
Nota:
*Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos en la Audiencia final tem ática sobre DESINFORMACIÓN, CENSURA Y VIOLENCIA CONTRA LOS COMUNICADORES, ralizada en Ciudad de México, del 17 al 19 de septiembre de 2014
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