A cuatro días de ocurrida la Masacre en González Catán, donde fueron acribillados cinco ciudadanos pertenecientes a la colectividad boliviana, las declaraciones sobre la expulsión de los migrantes volvieron a estar en la escena política argentina.
Fuertes pedidos de endurecimiento en la legislación por parte de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la insistencia del Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el apoyo de los Diputado por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli y Florencia Arrieto. Sin embargo ninguno de estos funcionarios fue enfático al momento de pedir justicia por las victimas del horrendo asesinato a sangre fría ocurrido el domingo.
El lunes en todos los noticieros de Argentina se difundieron imágenes muy duras del momento en que ocurrió el tendal de muertos en la localidad bonaerense de La Matanza. Las víctimas pertenecen a la colectividad boliviana y aparentemente entre los agresores hay personas de nacionalidad paraguaya. La disputa sería por terrenos para la construcción de viviendas. En 2023 un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización TECHO Argentina, indican que: 1 de cada 3 hogares del país no cuenta con una vivienda adecuada.
Sin embargo al trascender la noticia los medios argentinos no hicieron hincapié en esta situación, tampoco indagaron cual fue el avance respecto de la identificación de los agresores, sino que mostraron su costado racista y xenófobo tomando al extranjero como “culpable” en este entramado. Estas opiniones generan un creciente descontento en la sociedad respecto del migrante, desde comentarios racistas y xenófobos en redes sociales hasta declaraciones que muchas veces no están chequeadas y que simplemente se esparcen como títulos. Este fue el caso de las declaraciones de la Senadora Provincial de Juntos por el Cambio Florencia Arietto, quien declaro en el canal La Nación+ que: «Hay tour de tierras que los traen de Bolivia prometiéndoles un terreno». Ante tan graves declaraciones la funcionaria, no presentó prueba alguna de dicha situación, además de mezclar temas referidos a las organizaciones sociales y situación del migrante.
Ya desde el lunes Patricia Bullrich indicó en una entrevista radial
que: «En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros
que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería
proceder a echarlos del país de manera inmediata”. A estas
declaraciones se suman las del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri,
quien desde su cuenta X luego de ocurrido un robo en la zona de
Balvanera el 11 de enero solicitó que se restituya una modificación a
Ley de Migraciones que había ordenado en 2017 el entonces presidente
Mauricio Macri. El Jefe de Gobierno volvió a insistir ayer en una
entrevista en el canal TN que «En el mundo, si un extranjero es ilegal y
comete un delito es deportado, automáticamente”.
A estas
declaraciones también se sumo Diego Santilli quien indico desde su
cuenta X que: “EXTRANJERO QUE VIENE A DELINQUIR, EXTRANJERO QUE VUELVE A
SU PAÍS” con un retweet de las declaraciones de la Ministra de
Seguridad.
El DNU al que se refieren los funcionarios hacía más ágil la expulsión de los extranjeros que tuvieran alguna criminalidad, dicha ley fue derogada por Alberto Fernández en 2021 debido a que permitía expulsar a ciudadanos ante la mínima vinculación a una causa penal de cualquier tenor y esto iba en contra de los Derechos Humanos, además de vulnerar en algunos casos los derechos de la niñez, ya que al ser expulsados sus padres estos se veían perjudicados. Uno de los casos más resonantes fue la situación que debió padecer la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva, una mujer de 33 años con residencia de más de 15 años en la Argentina. Aquí tenía trabajo como enfermera y vivía con sus tres hijos, argentinos, de 14, 5 y 2 años. Ella fue expulsada del país junto a su hijo más pequeño, por una causa penal relacionada al comercio de drogas que ya había sido cumplida.
Dicho decreto fue observado por Naciones Unidas, organismo que instó al Estado argentino a suspenderlo por atentar contra la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Datos migrantes
Más de la mitad de los migrantes que residen en Argentina viven en la Provincia de Buenos Aires (51%). Si a eso se le suma la Ciudad de Buenos Aires, ese territorio concentra al 73,1% del total de esta población, según los últimos datos del censo 2022 difundidos por el INDEC.
El 4,2% de las personas censadas nació en otro país, de las cuales el 27% eran de Paraguay, con 522.598 residentes; el 17,5% de Bolivia, el 8,4% en Venezuela y el 8,1% de Perú. El primer país no americano que aparece en la lista es Italia, que está séptimo con 68.169 personas.
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