La nacionalización de Hidrocarburos sigue estando en boca de todos. Unos están muy contentos después de las firmas de contratos con las diez empresas, otros siguen con recelo y cautela todo este proceso, y otros no saben donde meter la cabeza después de haber anunciado a bombo y platillo que no se llegarían a acuerdos, […]
La nacionalización de Hidrocarburos sigue estando en boca de todos. Unos están muy contentos después de las firmas de contratos con las diez empresas, otros siguen con recelo y cautela todo este proceso, y otros no saben donde meter la cabeza después de haber anunciado a bombo y platillo que no se llegarían a acuerdos, y que todo esto sería un fracaso. A última hora, como cualquier película de suspense, sábado noche, a punto de concluir el plazo establecido por el decreto, se firmaron los acuerdos con cada una de las empresas, y éstas aceptaron las condiciones del Estado Boliviano. Se cumplió lo prometido e instaurado en el decreto supremo del Proceso de Nacionalización.
La puesta en marcha de la nacionalización siempre fue precedida de importantes reivindicaciones y movilizaciones sociales. Este es el tercer intento de nacionalización de Hidrocarburos en Bolivia. Los dos anteriores no tuvieron resultados muy fructíferos. Los efectos de intentos pasados fueron escasos y de corta duración. La nacionalización venía acompañada de la contra-nacionalización. La tinta siempre se acaba difuminando en el papel después de un mínimo tiempo, y dichas propuestas se perdían en el limbo. Los hidrocarburos siempre acababan en las mismas manos: privadas y extranjeras. En el año 1937, se puso en práctica la primera nacionalización de hidrocarburos a través de la expropiación a la Standar Oil Co. Años más tarde, en el 1969, se tuvo que hacer lo mismo a la Gulf Oil, lo cual supuso el segundo intento de nacionalización. A la tercera, quizás sea la vencida. Ojalá fuera así, y no sean necesarias nuevas luchas para que los recursos naturales nacionales estén en manos de sus dueños: el pueblo boliviano.
Actualmente, está en marcha este tercer, y quizás definitivo, proceso de nacionalización del gas y petróleo en Bolivia. Este proceso es fruto de una lucha de los movimientos sociales que reivindican la soberanía sobre esta riqueza natural. Esta contienda se inicia fundamentalmente desde el año 2000. Parece paradójico que se precisen tantas marchas y movimientos para poder aplicar algo que ya estaba instaurado en la constitución. A continuación, se describe brevemente tres casos que atestiguan las contradicciones entre las buenas intenciones plasmadas en la constitución y lo que se lleva a cabo en la realidad. Resumiendo, del dicho al hecho, hay un trecho. Ya veréis.
Primero, de acuerdo a lo expresamente dispuesto en los Artículos 136, 137 y 139 de la Constitución Política del Estado, «los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable». Así dice la ley, y ahora viene la trampa. El 4 de Agosto de 1997, se instaura un Decreto Supremo 24806 que aprueba los Modelos de Contrato de Riesgo Compartido. Esta modalidad permite que Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB), en representación del Estado, otorgue a los transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en «boca de pozo». Frente a este decreto, varios parlamentarios del MAS (entre ellos, Evo Morales) interpusieron recurso de inconstitucionalidad. La respuesta del Tribuna Constitucional fue sorprendente. No hubo lugar a dudas sobre el supuesto interés constitucional de proteger la propiedad nacional de los hidrocarburos. El Tribunal Constitucional hizo malabarismo jurídico de muy mal gusto para permitir el incumplimiento de los artículos previamente expuestos. ¿Cómo lo hizo? Tan fácil y descabellado como decir que una cosa son los yacimientos de hidrocarburos y otra cosa son los hidrocarburos. Por favor, ¿quién podría pensar lo contrario? Pensaría el Tribunal constitucional que las demandas sociales (y por ende, su derivado espíritu de la ley) solo deseaban ser dueños altruistas de unos yacimientos sin poseer aquello que verdaderamente está dentro de estos mismos yacimientos. El aparente imparcial Tribunal Constitucional manifiesta que se pueden enajenar los hidrocarburos a través de patentes y regalías justo en boca de pozo, o sea, cuando afloren a la superficie. Me da usted una botella de agua, pero el agua no me interesa, ¡quédeselo!. Hasta un niño de cinco añitos hubiera interpretado mejor la ley. Esta fue otra artimaña del supuesto velador de la constitución y de los supuestos gobiernos defensores del la riqueza nacional para favorecer a las empresas transnacionales y hacerlas propietarias reales de dichos recursos. Después de la nacionalización, llegó la contra-nacionalización desde la ley.
Segundo, por mandato del inciso 5 del Articulo 59 de la Constitución Política del Estado, los contratos de explotación de riquezas nacionales deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo, criterio reiterado en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº. 00 19/2005 del 7 de marzo de 2005. Este texto deja bien claro que la autorización y aprobación de los contratos le corresponde exclusivamente al poder legislativo sin posibilidad alguna de delegar en otro poder o institución. Nada de esto se aplicó, y se salto a la torera. YPFB firmó 70 contratos sin autorización previa del citado poder legislativo, y no se cumplió dicho artículo constitucional.
Tercero, el Articulo 5 de la Ley Nº 3058 del 17 de mayo de 2005 señala un plazo de 180 días para la suscripción obligatoria de nuevos contratos. Este plazo ya ha expirado. El llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha significado no sólo un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales.
Estos tres casos demuestran la ineficacia e inoperancia de algunos intentos de nacionalizar los hidrocarburos desde leyes constitucionales anteriores. Ahora estamos ante el tercer acto de este entramado. No solo se trata de redactar decretos de nacionalización, sino que dicha nacionalización sea efectiva, y puesta en marcha. En el Referéndum Vinculante del 18 de julio de 2004, a través de la contundente respuesta a la pregunta 2, el pueblo decidió de manera soberana que el Estado Nacional recupere la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país. Después de muchos «dimes y diretes», en Diciembre del 2005, el Movimiento al Socialismo gana las elecciones, y entre sus principales promesas electorales está la redundante Nacionalización de Hidrocarburos. El 1 de Mayo se proclama el Decreto Supremo 28701, también conocido como Héroes del Chaco, de nacionalización de los hidrocarburos. En este mismo decreto se declara literalmente «que es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y recuperar la propiedad de los hidrocarburos, en aplicación a lo dispuesto por la Ley de Hidrocarburos». Merece la pena describir sintéticamente parte del articulado para conocer con precisión que hay detrás de este nuevo intento de nacionalización.
– El artículo 1: (…) se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos.
– El artículo 2: las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a YPFB, toda la producción de hidrocarburos. YPFB asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización.
– El artículo 3: sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país.
– Articulo 4: durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades). Para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período de transición, se mantendrá la actual distribución del valor de la producción de hidrocarburos. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinará, caso por caso y mediante auditorias, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados de las auditorias servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a ser firmados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo.
– Artículo 7: El Estado, recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos. Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Bolivia Refinación SA. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.
Son muchas las voces que manifiestan que este decreto no es una verdadera nacionalización. Algunos consideran que la nacionalización es un solo acto integral, por lo que no seria posible un proceso de nacionalización. Quizás no sea el momento de debatir en términos teóricos. Sería más útil ajustarse a las dificultades prácticas, restricciones jurídicas y límites de una economía globalizada. Esto justifica no llevar a cabo una nacionalización inmediata. Sería aconsejable un proceso de nacionalización que vaya permitiendo las condiciones para una nacionalización efectiva y total.
En este decreto, la reestructuración integral de la empresa estatal debía haberse cumplido a fines de junio. Sin embargo, el 11 de agosto esta disposición fue postergada debido a que la estatal petrolera no contaba con los suficientes recursos para participar en toda la cadena hidrocarburífera (exploración, explotación, refinación, transporte, comercialización e industrialización del gas natural). «La plena vigencia de la participación de Yacimientos en toda la cadena productiva de los hidrocarburos está temporalmente suspendida debido a la falta de recursos económicos de la empresa estatal», sostuvo el ya destituido ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. Ante esta necesidad, el Poder Ejecutivo gestionó ante el Banco Central un desembolso de 180 millones de dólares, con los cuales YPFB operaría en toda la cadena productiva. No obstante, este plan tropezó con muchos problemas, debido a que se debían modificar varios artículos de la Ley del Banco Central. El 25 de agosto, el Ministerio de Hidrocarburos aprobó una resolución para que Petrobras, Repsol y Total realicen el pago sobre el valor de la producción de los principales campos de gas. Los pagos debían ser hechos los días 1, 11, 18 y 25 de septiembre y el 2 de octubre. Con ese dinero, la administración del presidente Morales esperaba fortalecer a la estatal petrolera y asumir el control de toda la cadena hidrocarburífera. En total, YPFB iba a recibir 161,5 millones de dólares. A la fecha, la estatal sólo recibió dos pagos debido a una solicitud que hicieron las petroleras para diferir la cancelación de las otras tres cuotas. El nuevo cronograma establece que la última cuota será cancelada el 15 de diciembre, con lo cual YPFB contaría con los suficientes recursos para participar de la cadena productiva. Por su parte, el presidente Evo Morales Ayma anunció recientemente que la refundación de la empresa petrolera estatal será postergada hasta marzo del próximo año, e industrializar el gas natural. Veremos a ver que sucede con esta promesa postergada. Las intenciones siguen siendo positivas y ajustadas a las promesas electorales, ahora toca esperar si se alcanza esa refundación de YPFB, y por ende, puede repercutir positivamente en la economía del país.
El plazo establecido en el decreto para la firma de los contratos con las compañías que operan en Bolivia expiró el pasado sábado, día 28 de Octubre. La semana pasada fueron muchos los espacios en la prensa dedicados a las elucubraciones: Había predicciones para todos los gustos. Era jueves, a dos días de la fecha anunciada, y no se ha firmado ningún contrato. Las negociaciones no parecían ser fáciles. Todas las compañías habían solicitado una ampliación del plazo. El presidente y su ministro de Hidrocarburos manifestaban que no había marcha atrás, y expresaban que solo faltaban 48 horas para que firmaran contrato o se aplicara el decreto de manera irrevocablemente.
Se iba acercando la fecha, y el retraso en el plazo de negociación parecía razonable debido en gran medida a la coyuntura política del país vecino, Brasil, y a las fuerzas internacionales en una economía muy neoliberal y globalizada. Desde Repsol, Antoni Brufau declaraba su optimismo respecto a las negociaciones, aunque nadie daba pistas de ningún tipo. La negociación con la empresa semi estatal brasileña, Petrobras, ha estado marcada por la coincidencia con el proceso electoral brasilero, donde no era electoralmente correcto ceder ante la aprobación del Decreto Supremo en Bolivia. Las elecciones de Brasil, en su primera vuelta no resolvieron el dilema, y esto contribuyó a tensionar aún mas las negociaciones. Estos retrasos se utilizaron maliciosamente como excusas para vilipendiar al ejecutivo. Pocos, ni a la derecha ni a la supuesta izquierda, parecían tener en cuenta las dificultades de una economía global, capitalista y neoliberal, y donde existen infinitas relaciones de interdependencia. Pocos apostaban un peso por el éxito en las negociaciones. No hace falta más que echar un vistazo a las hemerotecas para observar cuáles eran las premoniciones derrotista respecto a la aplicabilidad del decreto supremo de proceso de nacionalización. Muchos otros seguían con sus campañas fatalistas y alarmistas respecto a este proceso de nacionalización.
El viernes se firmaron los dos primeros acuerdos. Uno con la petrolera francobelga, TotalFinalelf, y otro con la estadounidense Vintage, que representan el 16 y 2% de las reservas certificadas. La primera de ella deberá tributar el 82% de los recursos, y la segunda de ella tributará al 50% por operar en campos marginales de gas. A TotalFinalelf se le permitía explotar los campos de Itaú e Icahuasi por 20 años con una inversión de 1880 millones de dólares. Todos seguían esperando con ansiedad contrapuesta qué sucedería antes de las doce horas del sábado definitivo. Quizás se estuvieran ultimando flecos, o quizás no había manera de llegar a acuerdos, o quizás todos estuvieran jugando sus cartas y órdagos, o quizás era manera de hacer más emocionante la película y que todo queda con un final feliz y un exagerado buen sabor de boca. Por fin, el fin. El sábado noche, ya en domingo por pocos minutos, al mejor estilo boliviano, y casi con redoble de tambores, aparecen en escena todos los protagonistas de esta película de suspense. Se firmaron los acuerdos en el plazo establecido con las ochos empresas restantes.
Desde las privatizaciones y capitalizaciones de 1996, las empresas establecidas en Bolivia han generado al gobierno regalías por valor del 18%, en aquellos campos que no estuvieron en producción antes de ese año (el 95% de las reservas actualmente). Este tributo es el más bajo de la región y según el Ministerio de Desarrollo Económico, las condiciones excesivamente favorables para las empresas impedirá al estado el ingreso de 3.152 millones de dólares entre 1996-2006. Cantidad equivalente al 63,5% de la deuda externa. De hecho, sólo las reservas de gas existentes permitirían pagar 13 veces la deuda externa y 130 la inversión pública anual. Estos datos demuestran que las primeras decisiones tomadas por el gobierno de Evo no son tan negativas como muchas voces alertan, sino todo lo contrario. Esta recuperación nacional de hidrocarburos se inicia con un proceso de nacionalización que está dando buenos frutos en cuanto a recaudación fiscal. Una proyección de la Unidad de Programación Fiscal (UPF) del Ministerio de Hacienda señala que el Estado boliviano recibirá de las empresas petroleras 9.050 millones de bolivianos (aproximadamente 1.131 millones de dólares) por concepto del IDH y del IEHD a finales de este año. El Estado boliviano recibirá este año entre 600 y 700 millones de dólares adicionales por concepto de los impuestos que pagan las empresas del sector petrolero. Los primeros resultados son positivos: a finales de año, Bolivia habrá triplicado los ingresos procedentes de las petroleras, lo cuál no me parece un mal comienzo. Después de la firmas, las petroleras aceptaron entregar el 82% de los ingresos al país e invertir 2 mil millones de dólares. Se prevé lograr ingresos de 4 mil millones de dólares anuales para el Estado Boliviano. Los contratos tienen una duración de entre 23 y 30 años.
No me parecen malas cifras aunque éste todavía no sea el objetivo final. Aún espera la nacionalización total que sigue siendo el pastel deseado por todos. Sin embargo, no se debe hacer leña del árbol caído cuando en este periodo de transición, Bolivia ha aumentado considerablemente los recursos fiscales procedentes del nuevo decreto en su artículo cuarto. Todavía quedan muchos flecos por resolver, pero esto no justifica las declaraciones apocalípticas sobre la no nacionalización. El MAS lleva diez meses en el ejecutivo, y en Mayo ya firmó el decreto Supremo de proceso de nacionalización, y hace un par de días se ha hecho efectivo. Ahora toca esperar qué sucederá con la refundación de YPFB, la absoluta y efectiva nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización de los mismos. Pero por ahora, podemos estar contentos y entusiasmados.