El pasado miércoles 5 de febrero se inauguró en las inmediaciones del monumento a la Revolución el Congreso Popular. Como se sabe, trátase de un proyecto impulsado sin la participación directa de los partidos políticos o autoridades públicas. Acá reside su fortaleza. Sus debilidades, por otro lado, radican en su virtual parentesco con el programa […]
El pasado miércoles 5 de febrero se inauguró en las inmediaciones del monumento a la Revolución el Congreso Popular. Como se sabe, trátase de un proyecto impulsado sin la participación directa de los partidos políticos o autoridades públicas. Acá reside su fortaleza. Sus debilidades, por otro lado, radican en su virtual parentesco con el programa político de la socialdemocracia mexicana. (Y en esa concordancia casi absoluta con el plan de acción de Morena). Coincidimos con Paco Ignacio Taibo, en su feroz señalamiento al sectarismo de la izquierda nacional. Diferimos, no obstante, en lo concerniente a la necesidad de alcanzar una «unidad» simple en la que converjan personas que deban unirse por encima de cualquier diferencia política. Nótese que acá no nos proponemos incitar esa fractura o fragmentación que atinadamente amonesta Taibo. Al contrario. Para que el proyecto prospere, es preciso fomentar la receptividad para con las posiciones divergentes, a fin de conseguir la ansiada unidad, no «simple» sino inmanentemente «compleja».
Se reproduce a continuación el texto que se turnó a la coordinación del Congreso Popular, y que contiene un breve diagnóstico de la actualidad política, así como un conjunto de propuestas que a nuestro juicio conviene tomar en consideración.
Diagnóstico y antecedentes
Esta iniciativa proto-parlamentaria tiene dos antecedentes epocales básicos:
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La actual condición minimalista de la política: los derechos políticos se reducen básicamente al depósito periódico de boletas en una urna. En las decisiones cruciales, en los procesos deliberativos cardinales, la sociedad no interviene ni participa: la política termina allí donde empiezan los consejos administrativos de las grandes corporaciones, o bien, de las instituciones financieras multilaterales (cabe advertir, los grandes beneficiarios de la reforma energética). La política no se dirime más en las instituciones o tribunas públicas. La democracia electoral no hace más que incorporar selectivamente a ciertos segmentos poblacionales a este hurto sistemático de los derechos políticos fundamentales. Las elecciones sólo se concentran en refuncionalizar la circulación de las élites gubernativas, pero el contenido sustantivo de la política no cambia. Una vez electos, los políticos mandan obedeciendo… pero al poder del dinero.
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La conversión del Estado benefactor en Estado neoliberal. Los zapatistas lo previeron: la neoliberalización de los procesos productivos y la vida pública redundaría en una erosión de los contenidos políticos, económicos, sociales, históricamente conquistados. El Estado no se adelgaza (el creciente gasto militar desmiente esta hipótesis falsaria); sí en cambio, se adelgazan los derechos y patrimonios de los pueblos. México es uno de los países más virulentamente castigados en este contexto de neoliberalización. El paquete de reformas recientemente avalado, donde destaca la reforma energética, constituye una profundización en este proceso de desposesión patrimonial y privación de derechos. Asistimos al réquiem de la libre empresa: los emprendedores no impulsan la innovación ni tampoco invierten en empeños empresariales; la fórmula en boga consiste en apropiarse de patrimonios públicos, lucrar sin consentimientos, y acumular poder con base en la desposesión.
En otra oportunidad se sostuvo: «El vasallaje de la clase política al modelo de desposesión patrimonial, no responde a una lógica procedimental neutral. Es tan sólo la expresión de su impotencia, que estúpidamente asumen extensiva a todos los mexicanos. La modernización vía desposesión-privatización es el mantra de un gobierno lacayo. Punto» (Véase nota completa: http://lavoznet.blogspot.mx/2013/07/pemex-simbolo-poder-e-ideologia.html).
Siete proposiciones
En este sentido, cabe esbozar sucintamente siete propuestas tentativas, unas concretas, otras orientadas a estimular la discusión e intercambio de ideas:
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Recuperar la industria y recursos energéticos por la vía de la desobediencia civil, el boicot económico a las petroleras foráneas, y la ocupación física de predios o lotes consignados para los procedimientos de fracturación hidráulica.
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Creación de un órgano de fiscalización ciudadano, autónomo, que se ocupe de consignar los abusos de empresas domésticas o extranjeras en la explotación y producción de energía e hidrocarburos.
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Incorporar a esta iniciativa a los trabajadores damnificados de PEMEX, bien por despido, liquidación, transferencia o jubilación anticipada.
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Demandar colectivamente la desmilitarización del país. Ambas mociones, la reforma energética y la militarización de la vida pública forman parte de una sola agenda: la del poder.
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Repatriar, redignificar y reconstituir el valor de la política.
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Articular esta lucha particular a las luchas generales contra el proceso global de desposesión.
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Repolitizar la economía. Esto es, dotar de centralidad a la economía en esta iniciativa de politización ciudadana.
Colofón
La existencia de una comunidad política debe ser un plebiscito cotidiano.
Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2014/02/el-pasado-miercoles-5-de-febrero-se.html