Una combinación que los activistas consideran fatídica

Según los oradores de un reciente taller llevado a cabo en Ginebra, debido a la expansión del alcance de las patentes de organismos modificados genéticamente (OMG) y la aplicación de dichos cultivos en la mayoría de los países, los derechos de los agricultores y la biodiversidad están en riesgo, mientras que la seguridad alimentaria ha […]

3D -> Trade – Human Rights – Equitable Economy presentó dicho taller durante un evento sobre el impacto del comercio y las inversiones en el derecho a los alimentos organizado por el Institute for Trade and Agriculture Policy del 24 al 26 de noviembre.

Los derechos de propiedad intelectual constituyen un aspecto fundamental de la expansión de los OMG, aunque la agricultura no siempre estuvo amparada por tales derechos. Según señaló Sangeeta Shashikant de Third World Network, antes de la existencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los países podían excluir algunos sectores industriales y tecnológicos de la protección de la propiedad intelectual, y, en su mayoría, los sectores elegidos eran los medicamentos, los alimentos y las bebidas.

En el Acuerdo sobre los ADPIC, uno de los artículos más controvertidos es el 27.3b. Dicho artículo está relacionado con el derecho de los miembros a excluir de la patentabilidad «las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos», pero, a su vez, exige la protección de las variedades de plantas, ya sea mediante patentes o a través de un sistema sui generis eficaz. Según afirmó Shashikant, el artículo favoreció la industria biotecnológica de los países desarrollados al exigir la concesión de patentes de microorganismos, lo que, en el caso de estos países, constituye una ventaja.

«La cuestión reside en determinar si esto se aplica a los organismos modificados genéticamente y no a los microorganismos naturales», expresó, y agregó que la definición de microorganismos no deja en claro a qué se hace referencia.

Actualmente el artículo 27.3b se encuentra bajo revisión y algunos países, tales como Brasil, la India y Tailandia, solicitan mayor claridad en éste, sostuvo.

Por otra parte, los acuerdos de libre comercio bilaterales también llevan a una reducción de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, reflexionó. Por ejemplo, los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos requieren de la ratificación de la última acta del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales [UPOV]), conocido como Convenio UPOV 91, desde su adopción en 1991. Ésta es la cuarta acta del convenio [pdf en inglés] desde su entrada en vigor en 1961. El principal objeto de la UPOV, según se desprende de su sitio de Internet, es «proteger las obtenciones vegetales por medio de los derechos de propiedad intelectual».

En las últimas décadas, cada versión del convenio ha fortalecido los derechos de los cultivadores de plantas a expensas de los agricultores tradicionales o de mayores actividades de investigación y desarrollo, sostuvo Maria Julia Oliva del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD). El Convenio UPOV 91 confiere una importante protección a los cultivadores de plantas y «por primera vez permite la doble protección de las variedades de plantas, es decir, no solamente el certificado de obtención vegetal, sino también el reconocimiento de que los países concederán, conceden y, quizás, hasta deberían conceder patentes como protección adicional. Sea cual fuere el grado de flexibilidad disponible con los certificados de obtención vegetal, se está perdiendo en el marco de este sistema».

¿Una UPOV poco transparente?

El principal problema de la sociedad civil es hallar la mejor manera de interactuar con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la UPOV. Participar en la OMPI es bastante sencillo, obtener la condición de observador no presenta mayores dificultades y el Programa para el Desarrollo de la OMPI (recientemente aprobado para conferir una dimensión de desarrollo a toda la labor realizada en el seno del organismo) constituye un buen ejemplo de cómo puede funcionar un enfoque anticipatorio, sostuvo Oliva. Por otro lado, la participación en la UPOV ha demostrado ser por demás difícil. «Es necesario cultivar plantas para poder participar», manifestó.

«En la UPOV, no existe representación de la sociedad civil de interés público y la mayoría de los documentos de dicho organismo no se encuentran disponibles públicamente», afirmó Shashikant. «La UPOV no entabla realmente debates. Las decisiones se adoptan rápidamente y los países que desean ser miembros deben asegurarse de que sus leyes guarden conformidad con las normas de la UPOV. Esto se está convirtiendo en un gran problema a medida que aumenta la cantidad de países signatarios del Convenio UPOV 91», concluyó.

Según informó un participante, existen varios países en desarrollo con importantes industrias agroalimentarias que son miembros de la UPOV (aunque, en su mayoría, están regidos por el Convenio UPOV 1978), situación que propicia una mayor diversidad en la posición de los países en desarrollo, en comparación con los demás asuntos de propiedad intelectual que se abordan en la OMPI.

La UPOV presenta informes periódicos ante el Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acerca de las actividades de cooperación técnica que lleva a cabo. Dichos informes contienen vasta información sobre los países a los que la UPOV presta asesoramiento legislativo, así como sobre los seminarios, los talleres y las actividades de capacitación que organiza en los países en desarrollo, señaló el participante. «Es abundante el material disponible que se puede utilizar y analizar a los fines de fomentar la promoción y la participación», manifestó.

La asistencia técnica es clave para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC

El Acuerdo sobre los ADPIC incluyó nuevas áreas de protección de la propiedad intelectual con las que muchos de los países en desarrollo no estaban familiarizados, y la protección de las variedades de plantas fue una de las áreas en las que la mayoría de estos países exhibieron pocos conocimientos técnicos, afirmó Ahmed Abdel Latif, Director del Programa de Propiedad Intelectual del ICTSD. Por lo tanto, muchos países en desarrollo se basaron en gran medida en la asistencia técnica y, específicamente, en el asesoramiento legislativo a la hora de elaborar las leyes nacionales para cumplir con las obligaciones estipuladas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 27.3b brinda a los países en desarrollo la posibilidad de seleccionar la forma de proteger las variedades de plantas, pero no define qué sistema sui generis deben adoptar, agregó.

«Desde esta perspectiva, el Programa para el Desarrollo de la OMPI representa un adelanto positivo que procura garantizar que el asesoramiento provisto a los países en desarrollo para que cumplan con sus obligaciones internacionales integre las flexibilidades estipuladas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluso en áreas como la protección de las variedades de plantas, donde la elección del enfoque de protección por parte de los países en desarrollo debe obedecer principalmente a su nivel de desarrollo, sus prioridades y sus necesidades», declaró posteriormente Latif a Intellectual Property Watch.

Las grandes empresas biotecnológicas amplían su influencia por medio de patentes

Sin la existencia de derechos de propiedad intelectual, los OMG no podrían haberse extendido con tal amplitud y rapidez, señaló Esther Bett de Resources Oriented Development Initiatives de Kenya. Las grandes empresas han consolidado su influencia en el mercado de las semillas, como es el caso de Monsanto, que en la actualidad cuenta con el 33% del mercado mundial de semillas, sostuvo Bett. En 2007, 10 empresas controlaban el 67% de un mercado de $22 mil millones de dólares estadounidenses. Monsanto no solamente adquiere empresas de semillas locales en su esfuerzo de expansión, sino que, además, concede licencias de semillas modificadas genéticamente a otras empresas.

Algunas nuevas tendencias comienzan a observarse en la protección por patente de los productos agrícolas, señaló Bett, como la acumulación de características genéticas, que permite al cultivador patentar dos o tres características modificadas genéticamente en la misma planta. Por ejemplo, el maíz modificado genéticamente de Monsanto incluye dos genes insecticidas además de un gen de tolerancia al herbicida.

Asimismo, se ha incrementado la concesión de licencias cruzadas debido a la creciente colaboración entre las grandes empresas, cuyo objetivo es reducir los costosos litigios sobre propiedad intelectual y, al mismo tiempo, consolidar su poder y expandir sus mercados en los países en desarrollo, agregó Bett. Monsanto y BASF anunciaron una colaboración de $1.500 millones de dólares estadounidenses destinados a la investigación y el desarrollo. «Eso trae aparejados precios más elevados para los agricultores, pero menos opciones disponibles y falta de innovación en el mercado», concluyó la funcionaria.

Por último, señaló que existe una masiva protección por patente de los denominados «genes climáticos». Las empresas procuran obtener el monopolio de patentes de aquellas plantas que resisten condiciones climáticas adversas, tales como la sequía o la salinidad. A la fecha, empresas como Monsanto, BASF, DuPont, Syngenta y Bayer han presentado aproximadamente 500 solicitudes de patentes. Si bien las empresas biotecnológicas hacen pública su preocupación por el medio ambiente, el uso de pesticidas continúa en auge, lo que atenta contra la salud de los seres humanos, según manifestaron los participantes del taller.

Fuerte oposición a la protección por patente de animales y semillas convencionales

Los animales y las semillas convencionales también se ven afectados directamente por la protección por patente, expresó Christina Goethe de Swissaid. Se presentan cientos de solicitudes de patentes ante la Oficina Europea de Patentes, y actualmente la Alta Cámara de Recurso de la EPO estudia un importante caso. El denominado «caso del brécol» involucra una patente que hace referencia a los métodos de producción de nuevas plantas de la familia Brassica, específicamente el brécol. La patente ha sido solicitada por dos empresas, entre las cuales se encuentra la francesa Limagrain.

Cinco organizaciones no gubernamentales (Berne Declaration, Greenpeace, Swissaid, Misereor y Kein Patent auf Leben) han realizado un llamamiento mundial y, además, planean presentar una carta conjunta ante la Alta Cámara de Recurso de la EPO en la que reafirman su oposición a las patentes de animales y semillas convencionales. Cuentan con el apoyo de cerca de 50 organizaciones agrícolas y esperan obtener mayor respaldo de las principales organizaciones agrícolas de todo el mundo.

Según afirman, la decisión de la Alta Cámara de Recurso será vinculante para todas las demás solicitudes de patentes de animales y plantas cultivadas convencionalmente que se encuentran en trámite.

Traducido del inglés por Fernanda Nieto Femenia

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