El último libro de Roberto Montoya, jefe de Internacional de «El Mundo», es una denuncia documentada y rigurosa de la impunidad conque la administración Bush ha violado y, seguramente, sigue violando los derechos humanos más elementales desde el 11-S al amparo de la llamada guerra global contra el terrorismo. Es una investigación sobre las principales […]
El último libro de Roberto Montoya, jefe de Internacional de «El Mundo», es una denuncia documentada y rigurosa de la impunidad conque la administración Bush ha violado y, seguramente, sigue violando los derechos humanos más elementales desde el 11-S al amparo de la llamada guerra global contra el terrorismo.
Es una investigación sobre las principales investigaciones (públicas y secretas, externas e internas) realizadas hasta ahora sobre el trato de los prisioneros detenidos por los EE. UU. en Afganistán, Iraq y otros frentes de su campaña, y no hay que esperar al final para conocer la conclusión. Desde la primera página hasta la última el autor la va goteando como lluvia fina.
«Cada uno de los sistemas utilizados para ablandar a los detenidos fue autorizado expresamente por Rumsfeld y sus colaboradores más inmediatos, tal como queda demostrado por los propios memorandos desclasificados, aunque esto no tuviera consecuencias judiciales ni políticas», escribe Montoya (pág. 74). Las responsabilidades, sin embargo, no empiezan ni terminan en Rumsfeld. La cúpula del Pentágono no habría podido dar luz verde a los interrogadores para que se saltaran las Convenciones de Ginebra y los derechos más elementales de los prisioneros si el presidente Bush no hubiera creado el estatus de comba- tiente enemigo, violando las reglas más elementales de la guerra, y si la oposición demócrata no hubiera mirado hacia otra parte. Las torturas generalizadas que se denuncian en este libro han podido continuar durante tanto tiempo por la desinformación y la manipulación que tan brillantemente ha practicado la Casa Blanca y por la ceguera de los demócratas, que no mencionaron el escándalo de Abu Ghraib y de otros centros de detención ni una sola vez en la campaña electoral de 2004.
Habiendo sufrido en propia carne la cárcel y la tortura en la dictadura argentina, el autor lleva media vida luchando en libros (Los terratenientes, El caso Pinochet y El imperio global) y en los medios donde ha ejercido el periodismo contra las violaciones más graves de los derechos humanos en el mundo. La impunidad imperial es el último fruto de su cruzada. Sus fuentes principales son los informes, especialmente sus anexos secretos, y manuales internos del Pentágono, el trabajo de organizaciones como Cruz Roja, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y las investigaciones de medios como la CBS, y de algunos periodistas, como Seymour Hersh, de «New Yorker».
En los 106 anexos del Informe Taguba citados por Montoya se reconoce desde la sodomización de prisioneros con linternas fosforescentes y palos de escobas al uso de perros sin bozal para aterrorizar a los detenidos, palizas brutales y vejaciones constantes. ¿Quién ha pagado por ello? Lo máximo que llega a reconocer el Pentágono, en el Informe Fay-Jones, es «la falla o falta de liderazgo en varios escalones». El autor, con buen criterio, no tiene ninguna fe en las investigaciones internas abiertas ni en los juicios celebrados o pendientes porque, como demuestra con los propios documentos oficiales, la administración Bush lleva años buscando escapatorias legales.
Las más importantes son la Orden Militar de 13 de noviembre de 2001, por la que se establecen los tribunales militares fuera del ámbito castrense por primera vez desde los años 40; el Memorándum de 25 de enero de 2002 del entonces asesor legal de Bush y hoy secretario de Justicia, Alberto Gonzales, excluyendo a los detenidos de las Convenciones de Ginebra en contra de la opinión del departamento de Estado; el escrito del presidente Bush de 7 de febrero de 2002, determinando que «ninguna de las provisiones de Ginebra se aplique a nuestro conflicto con Al Qaeda»; dos memorandos de Justicia de 1 de agosto de 2002 en los que Bush redefine la tortura como «sólo los actos más extremos […], deliberados y de una naturaleza cruel e inhumana»; y un informe aprobado por Rumsfeld el 16 de abril de 2003 en el que se incluyen argumentos tan peregrinos como el siguiente: «Un acusado de producir daños físicos a un combatiente enemigo durante un interrogatorio […] podría decir que lo ha hecho para prevenir futuros ataques de la red Al Qaeda contra los Estados Unidos» (pág. 129).
La impunidad imperial. Roberto Montoya
La Esfera de los Libros. Madrid, 2005. 352 páginas